1A La Prensa Panamá, domingo 16 de marzo de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Domingo 16 de marzo de 2025 - Año 44 - Nº 14957 Hoy por hoy Otra historia de corrupción, despilfarro y desidia se repite en Panamá. La millonaria compra de perforadoras para pozos, realizada en el gobierno pasado, ha resultado en un fiasco. Equipos que no cumplen con los estándares, que no funcionan y que terminan abandonados en algún lote, mientras el Estado solicita una nueva partida de $4.3 millones para hacer lo que ya se había pagado. Este ciclo de corrupción e ineficiencia parece no tener fin. Año tras año, administracióntrasadministración, se repiten los mismos patrones: adquisiciones millonarias que no cumplen con los requisitos, equipos que se dañan y no se usan, y funcionarios que toman decisiones nefastas sin enfrentar consecuencias. La impunidad es el motor que perpetúa estos abusos, y los ciudadanos, una vez más, son quienes pagan las consecuencias. Las denuncias están interpuestas, pero ¿pasará algo realmente? ¿Se sancionará a los responsables o quedará, como tantas otras veces, en el olvido? La corrupción y la desidia siguen drenando los recursos del país mientraslascomunidadescontinúan esperando respuestas. ¿Hasta cuándo? Ellas pa Mujeres profesionales y el miedo a no poder con todo 5B Deportes Una noche inolvidable en el Rod Carew 1B Economía Panamá recibió 2.8 millones de visitantes en 2024 7A Minsa pide $4.3 millones para nuevos pozos Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PERFORADORAS El gobierno del expresidente Laurentino Cortizo gastó millones en perforadoras que resultaron ineficientes y no cumplen con los requisitos técnicos. El Ministerio de Salud (Minsa) solicitó un traslado de partida por $4.3 millones para perforar 122 pozos en 11 regiones del país, luego de que las perforadoras adquiridas por el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo resultaran inservibles y no cumplieran con los estándares de calidad ni con la capacidad de perforación esperada. Estas máquinas, que forman parte de una compra que superó los $10 millones durante la administración pasada, fueron almacenadas en Juan Díaz y están bajo investigación. Mientras tanto, el plan contempla licitar los nuevos trabajos en tres fases, con al menos 140 pozos adicionales proyectados en una tercera etapa. La polémica sigue creciendo, sobre todo porque la investigación busca determinar si las perforadoras compradas eran realmente nuevas o usadas. Además, se conoció que estos equipos fueron importados desde China por Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A. a un precio de $234,392, pero revendidos al Minsa por $1.7 millones, bajo un procedimiento de contratación especial, amparado en el “estado de emergencia ambiental” decretado en mayo de 2023. VEA 2A La Corte revisará otra demanda de Martinelli NEW BUSINESS La Corte Suprema de Justicia analizará una segunda demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Ángel Álvarez contra la condena de 128 meses de prisión y el pago de $19.2 millones al expresidente Ricardo Martinelli por el caso New Business. Aunque la magistrada María Eugenia López propuso no admitirla, cinco de los nueve magistrados votaron a favor de su admisión, asignando la ponencia a Olmedo Arrocha. La demanda alega que la jueza Baloisa Marquínez violó el tratado de extradición con Estados Unidos, aunque ese país ya aclaró que no aplica en este caso. La admisión no suspende la condena, que se mantiene firme, mientras Martinelli permanece en la embajada de Nicaragua para evitar ser detenido. VEA 3A Ricardo Martinelli Archivo Las reformas a la CSS dejan secuelas en Vamos: ¿Hay división? La reforma a la Caja de Seguro Social (CSS) ha desatado tensiones dentro de la bancada de Vamos, evidenciando una fractura interna que sigue sin resolverse. El debate visible más reciente lo protagonizaron ayer los diputados Alexandra Brenes y Jorge Bloise, quienes se enfrentaron en las redes sociales sobre la sostenibilidad del nuevo sistema de pensiones. Mientras Brenes cuestiona que las jubilaciones aprobadas no garantizarán pensiones dignas, Bloise la acusa de usar cálculos erróneos que distorsionan la realidad financiera. La discusión refleja una división que también quedó expuesta en una reciente reunión de bancada, donde surgieron reclamos y gestos que aumentaron el malestar. VEA 2A ‘Hay que subir la edad de jubilación. Algunos no lo admiten porque quieren el control social que no lograron en las urnas’ El director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon dice en el Knockout que la ley aprobada no es ni la mejor ni la peor. Asegura que la desconfianza y los intereses políticos le ganaron a los argumentos técnicos. También reconoce que fácilmente “hay 5 mil botellas en el Seguro”. VEA 4A Falla crítica en la red de hidrantes de Bella Vista En un área de 500 edificios, 69 hidrantes están inoperativos El 30% de los hidrantes de Bella Vista, uno de los corregimientos de mayor densidad y altura de edificaciones en Panamá, está fuera de servicio, lo que representa un grave riesgo para sus más de 500 edificios residenciales y comerciales. En lo que va del año, se han reportado al menos seis conatos e incendios, incluyendo un siniestro en Soho Mall que obligó a evacuaciones. La falta de hidrantes operativos compromete la capacidad de respuesta del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP), cuya labor depende de esta infraestructura para sofocar incendios. La situación es crítica: muchos hidrantes están corroídos, dañados o han sido removidos, mientras que algunos se encuentran dentro de propiedades privadas o sin señalización adecuada. Las autoridades locales y el Idaan han reconocido el problema y trabajan en la obtención de recursos, pero los residentes advierten que, sin soluciones inmediatas, un incendio de grandes proporciones podría tener consecuencias catastróficas. VEA 6A Elysée Fernández
2A La Prensa Panamá, domingo 16 de marzo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Perforadoras compradas por el gobierno de Laurentino Cortizo. Cortesía Perforadoras inservibles y un nuevo gasto millonario: el Minsa solicita $4.3 millones SALUD El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció el 5 de septiembre de 2024 una auditoría por presuntas irregularidades en la compra de bombas y perforadoras para pozos de agua, una adquisición que superó los $10 millones durante el gobierno pasado (2019-2024). Un mes después, el 26 de octubre, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, confirmó que se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público. Sin embargo, esta semana se conoció que dichas perforadoras no pueden ser utilizadas y, además, no cumplen con los estándares requeridos. Ante esta situación, el Ministerio de Salud (Minsa) solicitó un traslado de partida por $4.3 millones para la perforación de 122 pozos en 11 regionales de salud. La petición fue presentada ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y recibió cuestionamientos por parte de los diputados de Vamos, como Roberto Zúñiga, Jhonatan Vega y Betserai Richards. El pedido de fondos ha generado dudas, especialmente porque, al inicio del actual gobierno, se reveló que la administración anterior había adquirido perforadoras por $10 millones. Según informes, estas máquinas fueron entregadas y almacenadas en Juan Díaz. Ante esto, Richards afirma que si ya se habían destinado millones de dólares para equipos de perforación, ¿por qué se requiere una partida adicional para excavar más pozos? El diputado exigió explicaciones a las autoridades del Minsa. El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, aclaró que los $10 millones de la vigencia pasada no fueron destinados exclusivamente a la compra de perforadoras. De ese monto, aproximadamente entre $2 y $3 millones se utilizaron para la adquisición de estos equipos, mientras que el resto se destinó a otros insumos, como 10 vehículos, tuberías y compresores de aire. No obstante, la controversia persiste. Equipo inservible Durante la comparecencia ante la Asamblea, se reveló que las perforadoras adquiridas en el gobierno anterior aún están bajo investigación. Un informe solicitado a una universidad actualmente está en proceso de verificación para determinar si las máquinas son nuevas o usadas. Extraoficialmente, autoridades del Minsa indicaron que se sospecha que estos equipos no cumplen con los estándares requeridos ni con la capacidad de perforación esperada. Además de los problemas con las perforadoras, el Ministerio de Salud enfrenta otro desafío: la falta de personal especializado. Según el viceministro, en el pasado se contaba con 14 equipos de perforación, y ahora solo quedan dos máquinas obsoletas. Frente a este hecho, se tomó la decisión de licitar la construcción de los 122 pozos, contemplando no solo la perforación, sino también la instalación de bombas, tuberías, casetas, filtros y otros elementos esenciales para su funcionamiento. El plan de perforación se ha dividido en tres fases. La primera contempla los 122 pozos ya mencionados, seguida de una segunda etapa con una cantidad similar y una tercera con aproximadamente 140 pozos adicionales. Este esquema busca garantizar una distribución equitativa en distintas regiones del país y atender la necesidad urgente de acceso al agua potable en comunidades vulnerables. Sin embargo, la denuncia sobre el manejo de los fondos en la compra de las perforadoras previas sigue sin respuestas concretas. Uno de los principales cuestionamientos de los diputados de Vamos es por qué, si se hizo una inversión millonaria en equipos, estos no están operativos ni disponibles para atender la crisis hídrica. Además, criticaron que, hasta el momento, no se han identificado responsables ni se han tomado medidas judiciales contra los posibles involucrados en esta irregularidad. Los millones perdidos En respuesta a la crisis hídrica, el 30 de mayo de 2023, el entonces presidente Laurentino Cortizo declaró un “estado de emergencia ambiental”, ya que la sequía prolongada afectaba a todo el país. Como parte de las medidas urgentes, se destinaron $35 millones, de los cuales una parte fue utilizada por el Ministerio de Salud (Minsa) para la compra de perforadoras y bombas de agua mediante una “contratación especial”. Los equipos, importados desde China por la empresa Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A., fueron adquiridos a un costo de $234,392, pero vendidos al Minsa por más de $1.7 millones. El año pasado, el asesor legal del ministro de Salud, Samuel Echeona, explicó que la auditoría interna reveló “ciertas irregularidades” que no le corresponde al Minsa tipificar como delito; por esa razón, se presentó la denuncia ante el Ministerio Público. Con nuevos y cruciales debates en el horizonte, como la posible reapertura de la mina o el embalse del río Indio, la pregunta que persiste es si los miembros de Vamos podrán dejar atrás las tensiones internas. Isaac Ortega Reformas a la ley de la CSS causan fracturas en Vamos Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] POLÍTICA A pesar de la intervención de Juan Diego Vásquez y de la culminación del debate en la Asamblea, las controversias dentro de la bancada de Vamos no cesan. La reforma a la Caja de Seguro Social (CSS) ha dejado en evidencia las tensiones dentro de la coalición Vamos, convirtiéndose en un punto de fricción que aún no se disipa. Lo que inicialmente parecía una diferencia puntual ha escalado a un enfrentamiento prolongado. Tal es el caso de los diputados Alexandra Brenes y Jorge Bloise, quienes mantienen el debate encendido en redes sociales, intercambiando señalamientos sobre la validez de los cálculos y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Mientras las posturas siguen confrontadas, la controversia refleja una posible fractura dentro de la coalición. Inicialmente, Brenes publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que planteaba que el esquema de jubilación aprobado en tercer debate no garantiza montos adecuados para los trabajadores que cotizan durante 20 o 30 años, lo que ha despertado el debate sobre la sostenibilidad del sistema. No obstante, Bloise criticó la metodología utilizada por Brenes en su cálculo de pensiones, afirmando que presentaba errores fundamentales que distorsionaban la realidad del sistema de jubilación. “Compañera, no es responsable faltar a la verdad”, expresó, señalando que la comparación realizada por la diputada mezclaba conceptos financieros incompatibles. Según el diputado, uno de los errores principales en el cálculo de Brenes fue la confusión entre la cantidad total de cuotas aportadas y el esquema de pensión en su conjunto. Explicó que la capitalización de los fondos de jubilación no se limita a los 20 o 30 años de aportes, sino que comienza desde el inicio de la vida laboral y se extiende hasta la edad de retiro. Este proceso, subrayó, permite aprovechar el interés compuesto y maximizar la rentabilidad del fondo de pensión. Posteriormente, Brenes respondió y cuestionó la congruencia de lo señalado por Bloise. “Hay que ser congruentes con los electores, dejar las peras y manzanas y no hacer análisis incompletos y desajustados”, expresó, en referencia a la comparación de conceptos financieros incompatibles que ha marcado el debate. Otras polémicas Pero más allá de quién tiene la razón, estos señalamientos dentro de Vamos han sido muy frecuentes durante y después de la aprobación de la propuesta de ley 163. Solo esta semana se conoció que, durante una reunión de la bancada de Vamos, el ambiente se tensó cuando Jonathan Vega, diputado por el partido opositor, reclamó abiertamente a sus colegas sobre la actitud adoptada durante el debate del controvertido proyecto de ley que reforma la CSS. Según relataron varios testigos a La Prensa, la discusión tomó un giro inesperado cuando Vega, visiblemente molesto, dirigió sus reproches hacia algunos de los presentes, entre ellos, Brenes y la diputada Walkiria Chandler. Fue en ese preciso momento cuando Chandler se acercó a Vega para entregarle una caja decorada con un lazo. “Para que se lo ponga”, dijo, dejando a los presentes en un estado de incredulidad. Posteriormente, fuentes cercanas al Legislativo confirmaron que el contenido de la caja era una tanga, un gesto que se sumó al ya complicado clima dentro de la bancada. nifestó el diputado Manuel Samaniego. Otros, como Yamireliz Chong, en cambio, plantean que desde el principio su postura ha sido en contra, por considerar que este sistema no garantiza pensiones suficientes para la realidad social y económica que vive el país. Lo mismo dijo el diputado Luis Duke, quien manifestó que el sistema de cuentas individuales no se ajusta a la realidad laboral del país. Como se recordará, la bancada de Vamos está compuesta por 20 diputados, de los cuales la mitad votó a favor y la otra mitad en contra en el tercer debate. En el segundo debate, en cambio, la votación se realizó artículo por artículo sobre los más de 200 que conforman el proyecto de ley. En ese contexto, algunos diputados de la coalición aprobaron ciertos artículos, rechazaron otros y se abstuvieron en algunos casos. Los diputados de la bancada de Vamos que rechazaron el proyecto fueron: Alexandra Brenes, Eduardo Gaitán, Janine Prado, Jorge González, Lenín Ulate, Luis Duke, Miguel Campos, Walkiria Chandler, Yamireliz Chong y Yarelis Rodríguez. Los diputados de Vamos que votaron a favor fueron: Augusto Palacios, Carlos Saldaña, Jhonatan Vega, Jorge Bloise, Manuel Samaniego, Neftalí Zamora, Paulette Tomas, Roberto Zúñiga, Betserai Richards y Manuel Cheng. A pesar de la intervención de Juan Diego Vásquez y de la culminación del debate en la Asamblea, las controversias dentro de la bancada de Vamos no cesan. Con nuevos y cruciales debates en el horizonte, como la posible reapertura de la mina o el embalse del río Indio, la pregunta que persiste es si los miembros de Vamos podrán dejar atrás las tensiones internas y fortalecer su unidad como bancada, o si, por el contrario, las disputas seguirán afectando su cohesión política. En medio de esa polémica, el fundador y líder de Vamos, Juan Diego Vásquez, pidió disculpas debido al comportamiento de los diputados. Opiniones divididas A esto se suman opiniones como las de Vega y Roberto Zúñiga, quienes manifestaron que el proyecto de ley no aumenta la edad de jubilación y que se aprobó un artículo para sacar a todas las “botellas” de la entidad; además, los funcionarios de la CSS tendrán que pasar por un proceso de evaluación. También dijo que no se privatizan los fondos y se creó el observatorio del ciudadano. En la misma línea, se ma-
3A La Prensa Panamá, domingo 16 de marzo de 2025 Panorama El presidente de la República, José Raúl Mulino, dio a conocer esta semana la publicación de la licitación para el mantenimiento y rehabilitación de las pistas del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Según Mulino, el daño se ha acumulado a lo largo del tiempo, agravado por la falta de un mantenimiento adecuado. El mandatario también dijo que, al asumir el Gobierno en julio de 2024, decidió anular una licitación previa que, a su juicio, presentaba graves irregularidades. Argumentó que el nuevo acto público busca garantizar la transparencia en el proceso. Según el cronograma publicado en Panamá Compra, la recepción de propuestas y la apertura de sobres se hará el 23 de abril, después de la reunión de homologación programada para el 18 de marzo, es decir, el próximo martes. Allí, las empresas podrán aclarar todas sus dudas sobre este proceso. El precio de referencia del acto público es de $52.3 millones, y el plazo de entrega de la obra es de aproximadamente 1,460 días calendario, o cuatro años. El proyecto contempla el estudio, diseño y restauración de los pavimentos, con el objetivo de garantizar su durabilidad y seguridad. Además, se incluye un mantenimiento preventiRehabilitación de pistas del aeropuerto de Tocumen costará $52.3 millones INVERSIÓN PÚBLICA vo durante dos años posteriores a la finalización de la rehabilitación, asegurando que las infraestructuras se mantengan en óptimas condiciones. De acuerdo con los informes que sustentan la licitación, en 2016, una de las pistas tuvo una intervención mayor de mantenimiento correctivo, que incluyó la rehabilitación de la capa asfáltica de rodadura y la capa intermedia subyacente, además de la inclusión de una geomalla biaxial para reforzar la estructura del pavimento. Sin embargo, tras años de uso intensivo, la capa de rodadura, especialmente en su banda central, ha comenzado a mostrar signos de deterioro, con desperfectos tipo parches que requieren atención inmediata. La otra pista ligada a esta licitación fue construida en 1975 y ha permanecido sin recibir mantenimientos o intervenciones mayores en su pavimento desde su inauguración. El financiamiento masivo de cursos, carreras y programas llevó a la entidad a eliminar el programa de auxilios económicos del reglamento de becas. Archivo Ifarhu: ‘Todos los estudiantes en el exterior se fueron con auxilios’ Mario De Gracia [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] FONDOS PÚBLICOS El director de becas, Santiago Ortega, detalla los cambios al reglamento de becas de la entidad, entre los que se encuentra la eliminación de los auxilios económicos y que una comisión de selección decidirá quiénes reciben becas para estudiar en el extranjero, y quiénes no. “Todos los estudiantes en el exterior se fueron con auxilios económicos”, revela Santiago Ortega, actual director de becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), meses después del escándalo que destapó el otorgamiento del beneficio a personas cercanas a políticos y empresarios. El financiamiento masivo de cursos, carreras y programas de forma flexible llevó a la institución a eliminar el programa de auxilios económicos del reglamento de becas, cuya nueva versión fue aprobada el 30 de diciembre de 2024. Ortega explicó que en la institución “había una discrecionalidad en el otorgamiento de beneficios”, puesto que para recibirlos se debía contar con el visto bueno del director general. “No había métodos de control que realmente dijeran que un estudiante estaba en necesidad socioeconómica o que estaba dentro de una población vulnerable”, dijo. A pesar de que el programa fue eclipsado por el otorgamiento de beneficios a personas cercanas al poder político y económico, el director de becas señaló que también hubo estudiantes que lograron conseguirlo por algún tipo de mérito. “Todos los estudiantes que requerían estudiar fuera de Panamá, por ejemplo, los participantes del Concurso Nacional de Oratoria, Talenpro y otros que quisieran, en general, estudiar en el extranjero, tenían que hacerlo a través del programa de auxilios económicos”, explicó Ortega. La respuesta, sorpresiva, provocó la pregunta: ¿Qué pasará con estos casos ahora? “Todo se va a manejar a través de convenios educativos y se van a establecer ciertos parámetros, que no pueden ser distintos de los parámetros que otorga la institución. Por ejemplo, todos los estudiantes deben tener un promedio de 4.0 en adelante para poder recibir beneficios”, detalló el director de becas. Antes de que se modificara el reglamento, las becas por mérito y las de carácter socioeconómico se otorgaban para cursar estudios a nivel nacional, pero para estudiar en el extranjero, el mecanismo utilizado “usualmente” era el programa de auxilios económicos, según Ortega. Lo anterior provocó lo que Ortega califica como un “sobreotorgamiento de beneficios” en el Ifarhu, por lo que ahora,se endureció el proceso de otorgamiento para que se realice únicamente por convocatoria y concursos generales, para los cuales se establecerá una comisión de selección. En el nuevo reglamento se especifica que una comisión de selección interinstitucional tendrá derecho a voto sobre quién recibe, o no, beneficios para estudios en el exterior. No obstante, las estancias cortas o prolongadas para estudiantes destacados dentro de algún concurso, como el de Oratoria, Talenpro o en instituciones públicas, se llevarán a cabo únicamente bajo convenios específicos y estarán sujetas al cumplimiento de un mérito del estudiante o de una necesidad socioeconómica sustentada. También existirá una Comisión de Selección para determinar los beneficiarios de los convenios. “Nuestra ley orgánica dice que [para recibir un beneficio] deben ser estudiantes o profesionales panameños que tengan un mérito personal o necesidades socioeconómicas. Los convenios educativos no podrían ir en contra de ese principio que tenemos como ley”, detalló Ortega al respecto. Por otro lado, la comisión de selección para el otorgamiento de beneficios en el extranjero estará conformada, con derecho a voz y voto, por las direcciones de becas, Planificación y Finanzas del Ifarhu; así como por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y uno del Ministerio de Educación (Meduca). Por otro lado, con derecho a voz habrá un representante de la Contraloría General de la República. También se establecerá una comisión de selección que decidirá sobre el otorgamiento de becas a estudiantes en el país. No obstante, el director de Ifarhu sería el encargado de hacer la adjudicación de dichas becas, conforme a la selección de estudiantes hecha por la comisión. Devoluciones Respecto a la devolución de fondos otorgados a beneficiarios de auxilios económicos, el director de becas reiteró que estas se mantendrán de forma voluntaria. “Sin lugar a dudas, está el tema de la devolución voluntaria. Nos vamos a comunicar con los beneficiarios para saber si quieren hacer esa devolución”, explicó Ortega. No obstante, también se están revisando unos 2,000 expedientes para ver si los estudiantes presentaron la documentación exigida. En caso de que no se haya cumplido el contrato bajo el cual se otorgó el auxilio, el Ifarhu podría pedir la devolución de los fondos. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) analizará una segunda demanda de inconstitucionalidad contra la condena de 128 meses de prisión y el pago de una multade$19.2millonesimpuesta al expresidente Ricardo Martinelli, por blanquear capitales a través de la sociedad New Business. Esta demanda fue presentada por el abogado Ángel Álvarez y originalmente tenía como ponente a la magistrada María Eugenia López Arias. López era del criterio de que la misma no debía ser admitida. Pero en la reunión del pleno de la CSJ, celebrada el pasado jueves 13 de enero, cinco de los nueve magistrados (una mayoría simple) se opusieron a esa opinión; por tanto, López perdió la ponencia. El ponente ahora es Olmedo Arrocha, ya que él fue el primer magistrado en hacer observaciones a la propuesta de López. Con López votaron las magistradas Myriam Cheng, María Cristina Chen Stanziola y Otilda Valderrama, suplente de Maribel Cornejo. En cambio, a favor de la admisión de la demanda de Álvarez estaban, además de Arrocha, los magistrados Carlos Vásquez, Cecilio Cedalise, Ángela Russo y Ariadne García. Álvarez alega en su reclamo que la juez penal Baloisa Marquínez habría violado el principio consignado en el tratado de extradición pactado entre Panamá y Estados Unidos, al dictar sentencia por blanqueo de capitales en contra de Martinelli. No obstante, Estados Unidos ha manifestaCorte analizará otra demanda de inconstitucionalidad de Martinelli CASO NEW BUSINESS do, en varias ocasiones, que a Martinelli ya no le aplica el referido principio. La decisión adoptada por el pleno el pasado jueves es completamente opuesta a lo ocurrido en enero pasado, cuando los magistrados (también en una votación de 5 a 4) decidieron no admitir otra demanda de inconstitucionalidad contra la condena del exmandatario. La ponente del proyecto de no admisión era López. Aquella vez, Arrocha, Cedalise y Vásquez hicieron observaciones y abogaron (sin éxito) para que la demanda fuera admitida y discutida a fondo. Arrocha ya es el ponente de otra demanda de inconstitucionalidad muy similar, que presentó la abogada Nadia Castillo. La admisión de las demandas no implica de ninguna manera que la condena contra el expresidente ha quedado suspendida o anulada. Lo siguiente que debe hacer el pleno de la Corte es analizar a fondo si la juez, al dictar sentencia, violó o no la Constitución. Desde el 7 de febrero de 2024, Martinelli se encerró en la embajada de Nicaragua en Panamá, a fin de evitar su conducción a prisión, dado que la condena de New Business está en firme. Mónica Palm [email protected] Ricardo Martinelli fue condenado por blanquear capitales a través de la sociedad New business. Archivo Diariamente se registran al meos 400 operaciones de aterrizaje y despegue de aeronaves en el aeropuerto de Tocumen. EFE Santiago Ortega. Isaac Ortega
4A La Prensa Panamá, domingo 16 de marzo de 2025 Panorama El director de la Caja de Seguro Social habla de la patada de seis años al aumento de la edad de jubilación, asegura que la desconfianza y los intereses políticos le ganaron a los argumentos técnicos, y dice que ahora sí la directiva se quedó sin excusas para seguir apadrinando botellas. Su balance de la nueva ley del Seguro Social. No es ni la mejor ni la peor. Llegó hasta lo políticamente viable. ¿Lo que salió es reflejo del cortoplacismo social? Totalmente. Se hizo lo que el pueblo pudo asimilar en este momento. Los mejores cambios. Se salva el IVM por seis años. Los pensionados seguirán cobrando. O sea, ¿se pateó la pelota seis años? Se dejó en manos técnicas, lo cual no está tan mal. Y, por fin, la ley pone al asegurado en el centro. El cambio vital que no se hizo. El aumento de la edad de jubilación. La desconfianza dominó: nadie creía en el estudio de nadie. ¿Qué le da tranquilidad en ese tema que usted consideraba clave en la reforma? Que por seis años habrá estudios actuariales independientes que repetirán lo mismo: la edad debe subir. Es inevitable. Pero si eso ayuda a generar confianza, listo. ¿Cree que esa revisión realmente se hará? Sí. La Caja tendrá que contratar el estudio cada año y licitarlo. Y la Asamblea sería muy cabeza dura si no lo entiende. Se habló de un incremento escalonado. ¿Hubo un debate formal? Muchos desconfían de la mesa tripartita encargada de la edad de jubilación. Porque no es vinculante... Sí, porque el Legislativo tiene el poder de análisis. Pero las pruebas son claras. Ignorarlas los dejaría en evidencia. La propuesta más descabellada que oyó. Descabellada ninguna: solo sin argumentos. Volver al sistema solidario no es descabellado, pero sí inviable técnicamente. La comunidad LGTB alega que no fueron escuchados. Su opinión. A nadie se le cerraron las puertas. ¿Cumplirán la promesa de que todos se jubilarán con el 60% del aporte hecho? La promesa fue garantizar condiciones mínimas para evitar que quienes no contribuyeron recibieran una pensión mediante el “juega vivo”. Eso se corrigió. Quien contribuya de manera constante tendrá tasas de reemplazo del 60% o más. Los del sistema mixto hoy reciben solo el 40%. ¿Recibirán el 60% con la reforma? Mucho más que 65%. Ellos son los más beneficiados. Para quienes estaban en el sistema de beneficio definido, nada ha cambiado: mantienen la misma pensión, el mismo beneficio y la misma edad de jubilación. No confiaron en el nuevo sistema y por eso siguen bajo el esquema anterior. ¿Cuál es la queja? ¿Qué impacto tendrá no subir la edad de jubilación? Ninguno en seis años porque lo asumirá el gobierno, pero después sí se verá el impacto real. Sin el aumento de la edad de jubilación, ¿serán suficientes $966 millones o se necesitará más? No, se requerirán $500 millones adicionales cada año. ¿De dónde saldrá el dinero? Mina, proyectos, financiamiento… Si no hay ingresos suficientes, habrá que subir la edad o aumentar impuestos. ¿De cuánto es la planilla de la CSS? 35 mil 450 empleados, con un costo anual de $1,100 millones. ¿Y las botellas? Fácil, pero fácil, hay 5 mil funcionarios de más en todos los departamentos, incluidos médicos que no trabajan. Una cantidad importantísima de ellos no llegan… Ahora habrá sanciones, ya que, aunque no lo creas, antes no existían en la ley. ¿Los sindicatos podrán seguir interfiriendo en las decisiones de la directiva? No, así que la directiva ya no tiene excusa para mantener a las “botellas”. ¿Cuántas botellas han sido despedidas? 730 entre contratos temporales y “botellas”, pero que no estaban protegidas por el fuero. Con el resto, veremos qué hace la directiva. ¿Cuántos funcionarios tienen estabilidad laboral? Todos los que tienen más de dos años en la CSS. Y muchos usan la regulación para no trabajar. Aquí otro gallo va a cantar. ¿Cuántos jubilados trabajan Knockout Flor Mizrachi Angel [email protected] Cortesía Dino Mon ‘Fácil, pero fácil, hay 5 mil botellas en el Seguro’ “Por seis años habrá estudios actuariales independientes que repetirán lo mismo: la edad debe subir. Es inevitable. Pero si eso ayuda a generar confianza, listo”. en la CSS? 8 mil 668 personas. Y todos están esperando un plan de retiro, para irse con el salario, la jubilación y un bono de salida. Si no hay causal, tienes que pagarle 18 meses… si los quiere aceptar. ¿Cuántos son administrativos y cuántos de la salud? Administrativos: 3 mil 609. De la salud: 5 mil 059. ¿Cuántos tienen 70 años o más? Mil 345. Cobran jubilación y siguen trabajando. ¿Cómo empleo gente más capaz? ¿Cuánta gente trabaja en el programa de Salud y Enfermedad? 23 mil médicos y 12 mil 390 administrativos. 65-35. ¿Esa relación es la adecuada? No. Si rindieran, todavía, pero no. Con 8 mil 500 administrativos funcionaríamos bien. Y no, no tienen que ir a la calle a nada. Hay es que trabajar. ¿La nueva ley permitirá aumentar la eficiencia en las operaciones? ¿En cuánto? Sí, entre 15% y 20% inicialmente, pero hay que llegar a mucho más. ¿Los fondos serán administrados por la banca estatal o también por la privada? No se privatizan, pero se permite que el 10% sea gestionado por administradores privados, como en el SIACAP, y nadie se queja. Es necesario para acceder a ciertos mercados. Se cuestionó su control sobre los fondos. ¿Qué opina? Tuve que ceder. Pero es ilógico que el director, si ya gestiona compras, deba pasar por la directiva para comprar medicamentos recurrentes que superen el millón de dólares. Todas las compras superan ese monto. Eso retrasa los procesos. Aida Maduro dice que no hay cambios medulares. ¿Qué le responde? En su gestión tuvo $966 millones adicionales y un 3% escalonado de la iniciativa privada? ¿Cómo que no hubo cambios? Su análisis es superficial y vacío, como siempre. ¿Se mantiene en que sus estudios tienen derecho de autor? Sí. Nadie entrega su programa, solo sus conclusiones. Yo compartí gratis las mías: no tengo por qué darle mi programa a quien no quiero. Y todas coinciden: hay que subir la edad de jubilación. Algunos no lo admiten porque quieren el control social que no lograron en las urnas. ¿Qué pasó con los informales e independientes? ¿Podrán adherirse fácilmente? Sí, la ley estableció un proceso más flexible con nuevos beneficios para motivar la cotización en una entidad más sexy. ¿Cuáles son esos beneficios? Ahora pueden elegir el salario sobre el cual cotizar, sin un mínimo obligatorio. Si su aporte no alcanza la pensión mínima, el Estado lo complementa hasta $144. ¿Deben pagar aparte por su atención médica? Sí. Deben cotizar tanto para pensiones como para salud, aunque en el último caso hay restricciones. La ley de la CSS no siempre se ha cumplido. ¿Por qué ahora sí? Porque la directiva tiene ahora el control real. Antes, hasta una coma debía pasar por los 27 sindicatos. Por eso no hay, por ejemplo, un protocolo médico de atención. ¿Qué piensa de la política después de estos cuatro meses? Es muy compleja. Ahora entiendo mejor las presiones que enfrentan de la población. ¿Cuántos panameños comprenden la gravedad de la situación? 6 de cada 10, pero no actúan. O trabajan o apoyan, pero entienden el problema. ¿Cuántos siguieron el proceso? Muy pocos. Eso es lo más triste. Una sociedad polarizada, aunque en las calles se percibía apoyo. Pero al final, nos dejaron solos. ¿Cómo fue lidiar con los diputados? Toda una experiencia. Algunos buscan taquilla con insultos y desinformación, vendiendo una imagen falsa. Me llamaron ladrón, sin conocerme, solo porque no hice lo que sus intereses querían. ¿Quiénes promovieron esos ataques? Buchanan, por ejemplo, y luego dicen que “no es personal”. ¿Cómo te dan la mano después de llamarte ladrón? También las tres diputadas de Vamos, que me llamaban mentiroso cuando las que tienen que estudiar son ellas. Lo peor es que no puedes defenderte directo, tienes que depender de que un diputado te ceda su tiempo. Les importa el show, no la verdad. Después de lo ocurrido en su nombramiento, ¿esperaba un comportamiento similar de algunos diputados de Vamos? Sí, lo imaginaba y así fue. ¿Quién fue responsable de la dilatación del proceso? No tanto Vamos, sino la metodología. Por temor a no incluir a la ciudadanía, el primer debate se alargó demasiado. Pasaron el micrófono hasta para que cantaran. ¿En algún momento pensó que no habría ley? No, pero no esperaba que tardara tanto. ¿Cree que con otra Asamblea el proceso hubiera sido más fácil? Sí. Muchos independientes no entendieron el tema: los partidos lo asimilaron mejor. Incluso el PRD, que se opuso y no quiso asumir el costo político, reconoció que era un tema técnico. Algunos de Vamos enfrentaron a sus líderes y merecen mis respetos, porque pese a que se les explicó todo, esos líderes fueron un obstáculo por política. Con la edad de jubilación, ¿ustedes se rindieron en el camino? No, pero entendimos que sin aceptación social no se podía gobernar. ¿Cree que mantuvo su credibilidad durante este proceso? Sí, hice el mejor trabajo técnico posible. ¿Qué pudo haber hecho mejor el gobierno? Prepararse. Aunque actuó con transparencia, debió ser menos incrédulo para contrarrestar las mentiras. El país necesitaba más información. Pero sin los medios, el caos habría sido mayor. ¿Qué ministro, aparte del MEF, fue su mejor aliado en este tema? El de Salud y el presidente. Tuvimos su apoyo irrestricto, fuimos “duro y dale”. ¿Se ve terminando su periodo? 100%. Ahora es cuando voy a empezar. El principal problema hoy. La atención. Hay que mejorar la percepción de maltrato y abuso, desde laboratorios y diagnósticos hasta cirugías. La percepción es la realidad.
5A La Prensa Panamá, domingo 16 de marzo de 2025 Panorama Ernesto Cedeño. Archivo Cedeño : el Gobierno podría operar la mina pero no otorgar concesiones Reyna Katiuska Hernández [email protected] MINA EN DONOSO Según el abogado, la moratoria no excluye la posibilidad de que el propio Estado se dedique a esta actividad y subcontrate ciertas operaciones. El abogado y diputado de Otro Camino, Ernesto Cedeño, afirmó que la Ley 407, que establece la moratoria minera en el país, impide al gobierno otorgar concesiones para la explotación de minería metálica. Sin embargo, explicó, a través de la red social X, que esto no excluye la posibilidad de que el propio Estado se dedique a esta actividad y subcontrate ciertas operaciones. Cedeño subrayó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato con First Quantum Minerals y el Estado panameño, lo que significa que cualquier acción sobre la mina debe respetar dicha decisión. “No puede hacer nada sin contratos, sin acuerdos, sin nada, porque violaría el fallo de la Corte, que es definitivo y obligatorio”, advirtió. Asimismo, dijo que el presidente José Raúl Mulino debe presentar un documento jurídico en el que explique cuáles serán las acciones del gobierno respecto a la mina. “Tenemos que ser veedores ciudadanos para saber qué es lo que va a hacer el gobierno con esa mina que la Corte Suprema de Justicia cerró y expulsó del mundo jurídico”, afirmó. El diputado también recordó que, en una reunión previa con todas las bancadas, Mulino aseguró que en ese momento no se discutiría la moratoria minera en la Asamblea Nacional. Según Cedeño, esto indica que el Ejecutivo no planea eliminar dicha ley, lo que limita la posibilidad de otorgar concesiones a empresas privadas. Por último, el diputado reiteró su oposición a la minería metálica y aseguró que, en caso de que el gobierno impulse la derogación de la moratoria minera, tomará una posición firme en contra. La explicación de Cedeño surge a raíz de las declaraciones de Mulino el pasado jueves, en las que señaló que el futuro de la mina de Donoso es su próximo objetivo. Reiteró que cualquier decisión se tomará con “responsabilidad” y en resguardo de los intereses nacionales. Cobre Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals, anunció que ha instruido a sus abogados para iniciar el proceso de suspensión de los arbitrajes en curso.
6A La Prensa Panamá, domingo 16 de marzo de 2025 Panorama Los rectores de las principales universidades estatales manifestaron su oposición a la propuesta de ley que busca prohibir la reelección inmediata en las instituciones oficiales de educación superior. La iniciativa, presentada por el diputado Ernesto Cedeño Alvarado y respaldada por otros parlamentarios, tiene como objetivo fortalecer la democracia en la gestión universitaria y evitar la concentración del poder en una sola figura. De acuerdo con la propuesta, un rector podrá ejercer su mandato por el período establecido en el régimen orgánico de su universidad, pero no podrá optar por la reelección de manera consecutiva. Según los proponentes del anteproyecto de ley, la medida pretende fomentar la renovación del liderazgo académico y permitir la incorporación de nuevas ideas dentro de las universidades. Argumentan que la permanencia prolongada de un rector en el cargo podría favorecer prácticas autoritarias y afectar la autonomía universitaria. Además, se busca garantizar procesos electorales justos y equitativos, en los que todos los aspirantes cuenten con las mismas oportunidades de postulación, sin la influencia de quien ya ocupa el puesto. El proyecto se encuentra en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, pendiente de su primer debate. Discusión en la subcomisión Una subcomisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional de Panamá llevó a cabo una sesión clave en la que se debatió el documento. Entre los asistentes destacó la presencia del rector de la Universidad de Panamá, Rectores defienden su derecho a la reelección ASAMBLEA NACIONAL Bella Vista en riesgo ante incendios: 69 hidrantes inoperativos Yaritza Mojica [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] SEGURIDAD CIUDADANA Un informe de la junta comunal de Bella Vista, en conjunto con el Idaan, reveló la falta de hidrantes en una zona donde hay al menos 500 edificios y en los últimos meses se han reportado cinco incendios. Los residentes están preocupados. Un total de 69 hidrantes del corregimiento de Bella Vista, en el distrito de Panamá —un 30% del total— no están operativos. La situación, que implica un riesgo para la población, en una zona de alta densidad que cuenta con al menos 500 edificios, entre residenciales y comerciales, preocupa a los residentes del lugar, quienes en los últimos meses han sido testigos de varios conatos de incendio. En lo que va del año, se han reportado entre cinco y seis casos (incendios y conatos) que han sido atendidos por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP). Uno de los casos más recientes ocurrió en el sector de Bella Vista Viejo, en la avenida Cuba, cerca del Hospital Nacional, cuando un viejo caserón se incendió, supuestamente provocado por personas sin hogar. Sin embargo, el más notable tuvo lugar en septiembre de 2024 en Soho Mall, en calle 50, lo que obligó a la evacuación de varias personas y provocó un caos vehicular mientras se controló el siniestro. Estos incidentes resaltan la urgencia de mantener en óptimas condiciones la infraestructura contra incendios en el corregimiento, explicó César Kiamco, representante de Bella Vista. Ante esta preocupación de las autoridades y residentes, la Junta Comunal de Bella Vista consultó al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) sobre el estado de los hidrantes, basándose en información que data de 2018. Al no disponer de datos actualizados, la junta comunal, a través de la oficina de planificación y con apoyo del Idaan, realizó una inspección en diciembre de 2024. De esa acción se generó un informe sobre el estado de los hidrantes de Bella Vista, según el cual de los 222 hidrantes registrados, 77 se encuentran en buenas condiciones; 76 requieren mantenimiento menor, como reposición de tapas o pintura; y 69 necesitan ser reemplazados por estar inoperativos o ausentes. En la mayoría de los casos, los hidrantes se encontraron en mal estado: algunos muy corroídos al punto de estar frágiles e inhabilitados; otros fueron removidos o dañados por accidentes de tránsito; algunos carecían de tapa; mientras que otros se ubicaron dentro de propiedades privadas. El informe también indicó que los hidrantes nuevos (de color rojo) están en buen estado, mientras que los hidrantes antiguos (amarillos) requieren trabajos para la remoción de óxido y pintura. Kiamco destacó que el 30% de la infraestructura contra incendios —de acuerdo con el informe— en Bella Vista no funciona, y que esta es un área con muchos edificios, de gran altura. Agregó que este informe fue entregado a las autoridades del Idaan, a los bomberos y a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) con el objetivo de coordinar acciones que garanticen la funcionalidad de los hidrantes y su accesibilidad. En el caso del BCBP, Kiamco resaltó que “los hidrantes son la herramienta principal de los bomberos en caso de un incendio, o una de las herramientas principales, por lo que ellos deben estar al corriente de la situación de estos equipos”. El rector Eduardo Flores, de la Universidad de Panamá, estuvo presente en la discusión. Cortesía/Asamblea Nacional En el corregimiento de Bella Vista hay hidrantes que han perdido parte de su estructura, como el que está en la foto. Elysée Fernández En cuanto a la ATTT, el representante de Bella Vista explicó que el informe se entregó ya que es la autoridad que debe revisar y asegurarse de que toda la pintura vial y la señalización de los lugares donde hay hidrantes estén adecuadamente marcadas, ya que son espacios que deben mantenerse despejados. Por su parte, Isaac González, gerente de la región Metropolitana del Idaan, explicó que el departamento de Distribución y Control de Redes de la entidad realizó inspecciones técnicas a los hidrantes del corregimiento de Bella Vista durante los meses de noviembre y diciembre de 2024, en apoyo a la Junta Comunal de Bella Vista, logrando revisar 222 hidrantes durante los recorridos. Ante los resultados obtenidos, González señaló que la entidad evalúa el informe a fin de obtener los recursos presupuestarios requeridos para 2025. Agregó que en el presupuesto de 2026 que estarán elaborando, se contempla reforzar el renglón de hidrantes. Además, explicó que trabajan en coordinación con el BCBP para priorizar la colocación y reparación de hidrantes, y adelantan la firma para la renovación del convenio de cooperación entre ambas entidades. González añadió que el Idaan también realiza inspecciones periódicas con el objetivo de contar con un inventario actualizado de los hidrantes en la región metropolitana. Carlos Ayuso, director de Tránsito y Seguridad Vial de la ATTT, explicó que, ante la situación del estado de los hidrantes en Bella Vista, están conscientes de la importancia de mantener estos equipos debidamente señalizados para garantizar la seguridad y una respuesta efectiva ante posibles emergencias. Ayuso informó que han recibido alrededor de 10 solicitudes de demarcación en diversas áreas de la ciudad, muchas de las cuales llevan años sin ser atendidas. En respuesta a estas solicitudes, Ayuso indicó que la ATTT ha iniciado un proceso de planificación para la adquisición del material necesario y la ejecución de los trabajos de demarcación. “Nuestro equipo técnico realizará una verificación exhaustiva de cada hidrante para determinar si requieren señalización y, de ser así, se procederá a realizar los correctivos correspondientes a la brevedad posible”, afirmó. Mientras tanto, los residentes de Bella Vista esperan que las autoridades puedan cumplir y adquirir los hidrantes necesarios para una zona donde de registrarse un incendio mayor, sería complejo controlarlo ante la falta de hidrantes. Eduardo Flores, quien enfatizó que no tiene intenciones de reelegirse. Flores subrayó la inconstitucionalidad del Proyecto de Ley 83, argumentando que la Universidad de Panamá cuenta con un régimen de autogobierno reconocido por la Constitución y ratificado por la Corte Suprema de Justicia. En su intervención, instó a los diputados a respetar la autonomía universitaria y evitar modificaciones sin la debida consulta a la comunidad académica. Durante la sesión también se escucharon voces favorables al proyecto, argumentando que la alternancia en el liderazgo universitario puede prevenir la perpetuación de estructuras de poder y fomentar la renovación académica. Posición de otras universidades El debate también ha alcanzado a la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), cuyo vicerrector académico, Angelino Harris, destacó la importancia de que cada universidad determine sus propias reglas de gobernanza. Harris recordó que, tras una serie de reformas en los años noventa, la UTP eliminó la reelección inmediata de sus autoridades, asegurando que cualquier cambio en el sistema electoral universitario debe surgir desde el propio estamento académico y no por imposición externa. “Las universidades deben analizar su estructura y necesidades sin presiones externas que respondan a intereses ajenos a la educación superior”, afirmó. En el caso de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), su vicerrector de investigación, Pedro González, centró su intervención en la defensa de la autonomía universitaria, señalando que la discusión no debe girar en torno a la reelección, sino en preservar la independencia de las universidades frente a decisiones políticas. González denunció que el presupuesto de la Unachi ha sido recortado en 50 millones de dólares, lo que, a su juicio, representa otra forma de vulnerar la autonomía universitaria. En la sesión también participó el vicerrector de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), Erick García, quien expresó su preocupación por la constitucionalidad de la propuesta. Finalmente, la Comisión otorgó un plazo de cinco días hábiles para que los interesados presenten sus propuestas por escrito, permitiendo que el debate continúe y que se incorporen diversos puntos de vista antes de tomar una decisión final sobre el anteproyecto de ley 83. Se espera que en las próximas semanas continúe el análisis de la propuesta, tomando en cuenta los argumentos presentados por los diferentes actores. Esta semana, el Consejo General Universitario de la Universidad de Panamá rechazó el anteproyecto de ley y advirtió que la iniciativa representa una amenaza para la independencia y los principios fundamentales de la Universidad de Panamá.
7A La Prensa Panamá, domingo 16 de marzo de 2025 Tu opinión nos interesa [email protected] &Negocios @PRENSAECONOMIA Panamá recibió 2.7 millones de visitantes en 2024 El año pasado el gasto turístico –es decir, lo que gastan los viajeros durante su estadía en el país– alcanzó los 6,000 millones de dólares . Alex E. Hernández V. ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] De acuerdo con los datos recopilados por la Contraloría General de la República, Panamá recibió 2 millones 775 mil 405 visitantes en 2024, confirmándose la proyección del sector privado de que no se alcanzaría la meta establecida a inicios del año pasado de 2.9 millones. A pesar de no superarse la estimación oficial, el año pasado se registró un incremento de 265,892 visitantes en comparación con 2023, cuando ingresaron 2 millones 509 mil 513 personas. Del total de visitantes, 2.1 millones fueron turistas, lo que representa un incremento del 12% en comparación con el año anterior. Otros 366,233 ingresaron al país, pero permanecieron menos de 24 horas por compras o negocios. En esta categoría, el número de visitantes aumentó 12%. En cuanto al turismo de cruceros, el año pasado se registró una leve disminución del 0.3%, con un total de 308,834 pasajeros. Yovana Segarra, presidenta de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), señaló que las cifras son positivas y reflejan, en su opinión, el trabajo realizado por el Fondo de Promoción Internacional (Promtur) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) para aumentar la llegada de turistas. No obstante, indicó que el crecimiento en el número de turistas no se refleja en la ocupación hotelera, que se estima cerró el año pasado en 51%. Señaló que un número importante de visitantes no se está hospedando en hoteles registrados, por lo que hizo un llamado a las autoridades a reglamentar esta actividad. Sobre este punto, la administradora de la ATP, Gloria De León, adelantó a La Prensa que, una vez la Asamblea Nacional finalice la discusión sobre la ley de la Caja de Seguro Social, se presentarán cambios a la normativa vigente para que plataformas como Airbnb, Booking y Expedia se conviertan en agentes recaudadores del 10% del impuesto turístico, tal como lo hacen los hoteles. Segarra agregó que es necesario fortalecer la recopilación de datos del turismo panameño para contar con estadísticas más precisas y confiables sobre la entrada de visitantes y el hospedaje. Según la Contraloría, el año pasado el gasto turístico –es decir, lo que gastan los viajeros durante su estadía en el país– alcanzó los 6,000 millones de dólares, superando en 548 millones de dólares las divisas generadas por el turismo en 2023. Esta estimación no contempla el gasto en pasajes aéreos u otros medios de transporte. La estadía promedio de los turistas en Panamá se estima en 8 días, sin embargo, Ovidio Díaz, presidente de la Cámara de Turismo de Panamá (Camtur), discrepa con esta cifra, ya que, según indica, el tiempo real que permanece un turista en el país es inferior a 5 días. “Lo que sucede es que en el cálculo se están incluyenagencias de turismo internacionales, también admitió que Panamá enfrenta desventajas frente a países que nunca detuvieron su promoción durante la pandemia. “Seguimos tocando puertas, pero muchas agencias y operadores ya tenían sus cuentas cerradas cuando nosotros llegamos. No obstante, estamos firmando nuevos acuerdos con aerolíneas y mayoristas de turismo”, indicó. Shamah adelantó que Promtur está desarrollando una marca país para unificar los esfuerzos de promoción y potenciar el comercio y la inversión. Detalló que los avances del proyecto ya fueron presentados al presidente José Raúl Mulino, por lo que la iniciativa pasará a la siguiente etapa: contratar a un experto que se encargue de su desarrollo final y ejecución. Para el presidente de Camtur, es clave que Panamá logre que un número significativo de visitantes que ingresan al país para eventos y convenciones aprovechen su estadía para conocer otros destinos turísticos, especialmente en el interior del país. A la cabeza Aunque el 37% de los visitantes que ingresaron el año pasado procedían de Sudamérica, Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado para el turismo panameño, con un total de 448,360 visitantes, lo que representa un incremento del 11 % en comparación con el año anterior. Después de Sudamérica, América del Norte aportó el 27.9% de los visitantes en 2024, seguido por Europa (14%), América Central (10.8%), las Antillas (5.0%) y Asia (4.7%). En comparación con 2023, todas las regiones registraron un saldo positivo, aunque hubo descensos en algunos mercados específicos, como Alemania (-9%), Perú (-4%) y Venezuela (- 8%). En el caso de Venezuela, la disminución se atribuye a la cancelación de vuelos comerciales entre Panamá y ese país tras la proclamación de la victoria de Nicolás Maduro. TURISMO do a los pasajeros de cruceros que abordan un barco en Panamá y viajan por el Caribe durante 7 días o más. El sistema de migración tabula que permanecieron una semana en el país, lo que está alterando los resultados”, comentó. Díaz destacó la importancia de que las autoridades, en conjunto con el sector privado, encuentren mecanismos para extender la estadía de los visitantes, tal como lo ha hecho Costa Rica, donde el promedio es de 14 días. “Además de seguir promocionando el país para atraer más visitantes, hay que desarrollar productos y estrategias que incentiven a los turistas a quedarse más tiempo y conocer otros destinos fuera de la ciudad capital”, agregó. Planes de promoción Salomón Shamah, director general de Promtur, informó a La Prensa que continúan captando eventos y congresos para impulsar la llegada de visitantes. Adelantó que, hasta la fecha, ya tienen confirmados 70 eventos para 2025 y 2026, de los cuales 20 se lograron con el beneficio del uso gratuito del centro de convenciones para la organización del evento. Explicó que solo los eventos que garanticen 7,500 noches de hotel pueden acogerse a este beneficio, en el cual Promtur asume el costo del Panamá Convention Center de Amador. Indicó que el impacto económico de los 70 eventos programados supera los 340 millones de dólares. Si bien reconoció avances en la captación de visitantes a través de operadores y Presentación de la declaración jurada de rentas 2024 Ventana fiscal Adolfo Campos Barranco economí[email protected] Cada año, los contribuyentes tienen la obligación de presentar su Declaración Jurada de Rentas (DJR), en donde deberán declarar sus ingresos devengados o recibidos, en cumplimiento del artículo 710 del Código Fiscal (CF). Dicho artículo establece que toda persona que sea considerada como contribuyente está obligada a presentar, personalmente o a través de apoderado o representante, una DJR de los ingresos que haya obtenido durante el año o período fiscal anterior. También el contribuyente queda obligado a declarar los dividendos (en caso de que sea una persona jurídica) que haya distribuido entre sus accionistas o socios, así como los intereses pagados a sus acreedores. Los plazos normales (año calendario) para la presentación anual de esta DJR son: i) para las personas naturales, hasta el 15 de marzo; y ii) para las personas jurídicas, hasta el 31 de marzo. Sin embargo, el contribuyente podrá solicitar al Fisco, antes del vencimiento del plazo, una extensión o prórroga de dicho plazo, la cual será otorgada hasta por un período máximo de un mes. Es importante tomar en consideración que los impuestos que resulten de dicha DJR sí deberán ser cancelados al Fisco a más tardar el 31 de marzo: el ISR causado y el Impuesto de Aviso de Operación (IAO). También el contribuyente podrá tener un período fiscal especial (no aplica el año calendario), para aquellos que así lo soliciten y tengan la aprobación de la Dirección General de Ingresos; pero siempre estos períodos estarán comprendidos por 12 meses. Un dato importante, y que no debemos olvidar, es lo que establece el artículo 125 del Decreto Ejecutivo 170 de 1993 (DE 170/1993): toda vez que el Impuesto de Aviso de Operación (IAO) se declara y se liquida a través del formulario de DJR, los contribuyentes que estén autorizados a realizar actividades económicas en Panamá (que tengan un Aviso de Operación vigente), aun cuando no hayan tenido operaciones, están obligados a presentar dicha DJR dentro del término correspondiente, a efectos de liquidar y pagar el IAO, el cual mantiene sus reglas particulares que deben ser tomadas en consideración. Cápsula fiscal Según el artículo 694 del CF y el artículo 81 de DE 170/1993, son contribuyentes las personas naturales o jurídicas, independientemente de su nacionalidad, domicilio o residencia, que perciban o devenguen rentas gravables. También se consideran contribuyentes los fideicomisos constituidos conforme a la Ley, las sucesiones hasta cuando se efectúe la adjudicación de los bienes, así como las sociedades accidentales y cualquier entidad que perciba o devengue rentas gravables. Sudamérica 37 Norteamérica 27.9 Europa 14 Centroamérica 10.8 Asia 4.7 Mercados emisores de turistas para Panamá En porcentaje Fuente: Contraloría/ATP 0 2,000,000 1,000,000 500,000 1,500,000 1,792,322 96,025 309,704 311,462 2,040,238 102,996 308,834 323,337 Puerto de entrada de visitantes Cifras en millones y en miles Fuente: Contraloría/ATP 2023 2024 Aeropuerto de Tocumen Paso Canoas Puerto de cruceros Otros puertos El autor es es abogado especializado en materia triutaria. EMBALSE GATÚN EMBALSE ALHAJUELA 87.07 pies 234.93 pies Nivel de aguas mínimo - 75 pies Nivel de aguas mínimo - 190 pies 77 83 87 195 205 215 Infografía: LP - Fuente: ACP Niveles de lagos afluentes del Canal
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