8A La Prensa Panamá, martes 11 de marzo de 2025 cione eficientemente desde planta central hasta cada escuela. La burocracia centralizada ha demostrado ser un obstáculo para responder ágilmente a las necesidades locales. No requerimos nuevos organismos de seguimiento; los actuales como el Consejo Permanente Multisectorial para Implementación del Compromiso Nacional por la Educación o Copeme (2018), la Concertación Nacional para el Desarrollo (2008), el Consejo de Educación (2004), o la Comisión Coordinadora deben proporcionar el apoyo necesario y cumplir con sus funciones establecidas por ley y decreto. Es imperativo que las autoridades del Ministerio de Educación estén a la altura de implementar la política pública educativa y cumplan con lo establecido en el marco legal vigente. No necesitamos más proyectos cosméticos o reinventar la rueda. La ruta es clara. En cuanto a la calidad educativa, es momento de dar el salto hacia un aprendizaje basado en competencias. Debemos adoptar sin más retrasos los Derechos Fundamentales del Aprendizaje e implementar efectivamente las guías pedagógicas. El mundo avanza aceleradamente mientras nuestros estudiantes siguen atrapados en modelos educativos obsoletos que no desarrollan las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Un sistema educativo moderno requiere evaluación y medición de resultados. Es fundamental fortalecer los sistemas de medición educativa y garantizar la realización de pruebas nacionales e internacionales como CRECER, ERCE y PISA. Solo tomando decisiones basadas en datos concretos podremos identificar con precisión dónde están nuestras fortalezas y debilidades. Los datos no le pertenecen al servidor, sino a la ciudadanía. Nuestro llamado a las autoridades educativas es contundente: los procesos adPolítica criminal y criterios de oportunidad Justicia En el contexto de nuestras prioridades como país, se mantiene vigente el debate en torno al sistema procesal penal, en donde es ineludible la consideración sobre la transformación de la política de las penas, reconociendo que ambos son dos caras de una misma moneda. En nuestro país, el proceso penal se inspira y aspira en ser garantista, por lo que la norma constitucional sea la que garantiza a todos el acceso a un trámite de procedimiento penal con todas las garantías, tomando en cuenta a la víctima y, desde luego, al posible infractor. Reconocemos que la ciudadanía critica que dentro de este esquema hay más derechos para el imputado, aunque si revisamos y valoramos los antecedentes sobre tal consideración, podemos concluir que cuando ha existido un sistema procesal no garantístico, no se ha defendido ni a los imputados ni a los defendidos. Tampoco han sido eficientes dichos sistemas en frenar o disminuir la criminalidad. Por otro lado, el proceso penal debe ser racionalmente corto, pero debe darle a la defensa oportunidad real y efectiva para que pueda intervenir; no obstante, al revisar el derecho comparado, nos permite resaltar que la solución que se le ha otorgado ha sido la de ponerle no un plazo al proceso, sino un plazo máximo a la prisión preventiva. Cumplido el mismo, el imputado debe ser puesto en libertad, sin perjuicio de que el proceso continúe, siempre que la acción penal no haya prescrito, logrando superar el dilema práctico y humano del sujeto acusado del delito, sin descuidar los derechos de las víctimas. El debate se nutre aún más con las teorías absolutistas de la pena contempladas en las ideas de Immanuel Kant (1724–1804) y Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770– 1831) en cuanto a que todo hecho en apariencia delictivo debía traducirse en una acusación y en un proceso penal, lo que hoy es imposible. Basta reconocer que las víctimas en muchas ocasiones no denuncian porque no tienen interés en hacerlo; la policía, al igual, selecciona, enfocando su actividad en casos de especial relieve social. Estas selecciones nos permiten aterrizar en el texto del artículo No. 212 del Código Procesal panameño, en donde se establece meridianamente cuándo los agentes del Ministerio Público pueden suspender o prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal, de forma racional, con criterios de política criminal cabalmente discutidos y reconocidos, tal cual se expone en la norma comentada: si el autor o partícipe haya sufrido, a consecuencia del hecho, un daño que haga desproporcionada la pena; también cuando se trate de un hecho que no afecte gravemente el interés de la sociedad y, desde luego, cuando la acción penal esté prescrita o extinguida. Desde luego, lo anterior debe conformar parte importante de la política criminal de un Estado, que permitiría mayor efectividad de las fuerzas del orden público, menor hacinamiento en las cárceles y, claro, comunicación a la víctima para que establezca si está o no de acuerdo. Sin obviar que el juez, en última instancia, definirá. La singularidad de la inteligencia y sus mitos Desde la psicología especial la inteligencia, se transforma y se construye en relación con el mundo. Mucho se ha hablado de la inmutabilidad, estabilidad y heredabilidad de la inteligencia como proceso cuantificable para interpretar y adaptarse al mundo. En algunas circunstancias históricas, ha sido utilizada ideológicamente (como en el Tercer Reich), como aval para el colonialismo, la explotación imperial e incluso para atenuar las violaciones de la ley o la normativa: “es un depravado, pero es inteligentísimo”, como se diría de Hannibal Lecter, mientras almorzaba una de sus víctimas. Teóricos como Howard Gardner (1983, 1994), Robert Sternberg (1996, 1999) y Reuven Feuerstein (1993) proponen una reconceptualización más acorde con la diversidad y singularidad cambiantes, contextuales e interdependientes de la inteligencia propia y ajena. Parece de sentido común pensar que “al que le tocó, le tocó”, pero esta afirmación encierra un craso error implícito, pues los genes podrán ser determinantes, pero no suficientes. La dotación como posesión y uso de capacidades destacadas, llamadas aptitudes (Robert Gagné, 2003), y el talento como dominio destacado de capacidades sistemáticamente desarrolladas, nos sugieren una dicotomía básica que hace referencia a la transformación del potencial y los catalizadores intrapersonales y ambientales involucrados, los cuales expresarán finalmente la producción tangible o intangible de la inteligencia. No controlamos el paquete genético que nos tocó, ni la familia, ni el ambiente social en el que nos desarrollamos (o padecemos), pero las posibilidades de manifestar esas características pueden surgir en las permutaciones del azar o la casualidad. La simplicidad de “el que quiere puede” se fragmenta ante la complejidad e incertidumbre de los referidos catalizadores. En gran medida, gestionamos lo que nos tocó; algunos más y otros menos. La idea de que la inteligencia se mide únicamente con pruebas debe toAlejandro Carrasquilla Jiménez [email protected] La negligencia educativa que condena el futuro de Panamá Gestión Al iniciar el año escolar 2025 es momento de reflexionar sobre el estado de nuestro sistema educativo. Reafirmamos un principio fundamental: todos los niños, niñas y jóvenes de Panamá merecen una educación de calidad, incluyente y equitativa. Sin embargo, a pesar de contar con más de 17 acuerdos e iniciativas como el Compromiso Nacional por la Educación, “19 para el 19“ y ”24 para el 24”, “La Ruta a seguir: 30 años de Diálogos por una Educación de Calidad” y el Pacto del Bicentenario, la implementación efectiva de estos consensos sigue siendo una asignatura pendiente. La situación actual resulta preocupante. Los recientes hurtos en centros educativos evidencian problemas recurrentes de seguridad que afectan directamente el entorno de aprendizaje. Es imperativo implementar el Programa Escuelas Seguras para garantizar la protección física de los estudiantes y el acceso a servicios básicos indispensables: agua, saneamiento, electricidad e internet. Un entorno seguro dentro y alrededor de las escuelas constituye la base mínima para cualquier proceso educativo efectivo. La gestión educativa demanda una transformación profunda. Necesitamos urgentemente un modelo eficaz, técnico y descentralizado del Ministerio de Educación que está pendiente de implementar desde 2022; que mejore la gestión administrativa y pedagógica; se amplíen las oportunidades de aprendizaje y que funministrativos no deben afectar el inicio de clases. La modernización del sistema debe convertirse en prioridad absoluta basado en los consensos y planes operativos. A los educadores, pilar fundamental de todo sistema educativo, les instamos a renovar su compromiso con los estudiantes, ofreciendo oportunidades de aprendizaje significativas. A los estudiantes, razón de ser del sistema educativo, les animamos a participar activamente en su proceso de aprendizaje. Su esfuerzo, dedicación y perseverancia son fundamentales para su desarrollo personal y profesional. No solo tienen el derecho, sino también la responsabilidad de exigir una educación de calidad. La ciudadanía debe comprender que la educación es un derecho humano que no puede seguir vulnerándose. La desigualdad en el acceso a una educación de calidad afecta especialmente a los menos privilegiados, perpetuando ciclos de pobreza y marginación que lastran el desarrollo integral del país. El momento de actuar es ahora. No podemos permitirnos más demoras, más promesas incumplidas, más generaciones de jóvenes panameños recibiendo una educación insuficiente que no los prepara para el empleo ni para cotizar en la CSS. Debemos involucrarnos y exigir que se hagan los cambios necesarios. La educación es el factor más determinante para el desarrollo sostenible de Panamá. El futuro de nuestro país depende de las decisiones que tomemos hoy en materia educativa. Es hora de pasar de los acuerdos a la acción, de las palabras a los hechos, por el bien de todos los niños, niñas y jóvenes de Panamá. EL AUTOR es docente universitario. EL AUTOR es integrante de Jóvenes Unidos por la Educación. EL AUTOR es psicólogo y magister en altas capacidades y educación inclusiva. Rodrigo A. Frago M [email protected] marse con cautela. En la mayoría de los casos, estas pruebas son solo un fotograma de un proceso sujeto a múltiples criterios de mediación cognitiva (Reuven Feuerstein) u oportunidades. Su variabilidad puede ser congelada, bloqueada, invisibilizada o enriquecida, dependiendo de los factores mencionados. El trauma, la pobreza y el analfabetismo son algunos de los factores (entre otros) que impedirán al más experimentado de los evaluadores determinar la famosa cuantificación del Cociente Intelectual (C.I.), tan seductoramente esperado. La segregación o discriminación, en cualquiera de sus variantes, es otra práctica normalizada de anulación de la inteligencia. Vale la pena mencionar a las mujeres superdotadas atrapadas en el dilema de destacar o callar (Carmen Sanz Chacón, 2023). Estas mujeres invisibilizan sus talentos frente a sus pares masculinos para apaciguar su apetito depredador. El costo en salud mental es enorme, con una alta probabilidad de manifestación del síndrome de la impostora (Pauline R. Clance y Suzanne A. Imes, 1978). Las sutiles o descaradas prácticas de acoso laboral a las que son sometidas agravan su inestabilidad emocional. Solo con ver de cerca la amenaza, da miedo. La cultura conspira contra ellas y normaliza esas prácticas oprobiosas que cercenan su futuro prometedor desde el parvulario. Su dotación genética puede caer en desuso si no reciben el reconocimiento social, cultural y laboral que merecen. Al igual que ellas, otros colectivos (minorías étnicas y sociales) requieren que desmarquemos mitos y respetemos la singularidad de la inteligencia, que nace y se expresa en sociedad, y que también se transmite, nos guste o no, culturalmente en un continuo histórico. Muchos desearían, para su tranquilidad o conveniencia ideológica, que la venerada inteligencia fuera una condición completamente heredable e inmutable, ajena a las circunstancias del contexto y al continuo de la interacción social que vivió su portador(a) mientras construía su vida. Esta veneración ha sido histórica, y no pocas veces perseguida. Tener más o menos inteligencia puede generar problemas. No es la inteligencia en sí misma, sino quién la posee. Y, si somos precisos, hay que añadir a esa persona el contexto histórico y cultural que le tocó vivir, lo que valoriza, ya sea por supervivencia, estética o pragmatismo, los productos cognitivos o intelectuales. Sembrar y cosechar, navegar y orientarse ante el peligro, comunicarse con los dioses, educar, o dominar el arte de la guerra, con sus luces y sombras, son ejemplos claros (entre otros) de la operatividad de la inteligencia. Los psicólogos nos encargamos de satisfacer ese afán de cuantificarla e interpretarla de la manera más objetiva posible. Sin embargo, la verdad es que cuesta mucho entenderla cualitativamente si la separamos del marco cultural en el que se desenvuelve. La cultura dota al ser humano de herramientas, lenguaje, conexión social y, sobre todo, configura al cerebro con el espíritu de la época. Preguntarnos qué amo, qué odio, en qué creo o valoro son cuestiones recíprocas entre el sujeto y el contexto, y eso no viene en los genes. No hay supervivencia en el vacío, ni ente pasivo que sea productivo de la nada. En otras palabras, nuestra mente, con todos sus atributos, y en Yair Velásquez G. [email protected] Opinión
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