6A La Prensa Panamá, viernes 7 de marzo de 2025 El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial no admitió un amparo de garantías presentado por Mario Martinelli, quien enfrenta un proceso por la supuesta comisión del delito de peculado a través de la compra irregular de bolsas de granos con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN). La decisión del tribunal fue adoptada el pasado 28 de febrero, pero recién se conoció ayer jueves 6 de marzo, cuando fue divulgada a través de un edicto. El amparo, presentado por los abogados defensores Pedro Meilán y Joel Hernández Arosemena, iba dirigido contra la juez Águeda Rentería. Esta investigación se inició en agosto de 2014, cuando el diputado panameñista José Luis Varela reveló en una entrevista televisiva la supuesta existencia de sobrecostos en las compras de arroz con fondos del PAN. Según la declaración de Varela, el PAN adquirió el quintal de arroz a $80, cuando en el mercado local costaba $25. Eso fue con- rmado en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República en 2015, reveló que se pagaron precios más altos que los establecidos por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y que se desconocía el destino nal de los granos, entre otros aspectos. En el proceso se han nombrado a más de 40 personas, entre ellas Rafael Guardia Jaén, exdirector del PAN; Abraham Williams, quien fue jefe de compras de esa entidad, y Mario Martinelli, comerciante y hermano del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien gobernaba cuando se cometieron los hechos investigados. De acuerdo con el abogado Joel Hernández Arosemena, el llamamiento a juicio de Mario Martinelli viola el artículo 31 de la Constitución, que establece el principio fundamental de “tipicidad en materia penal”. “En este caso, el delito de peculado solo puede ser cometido por un servidor público. Es una exigencia o elemento esencial del tipo penal. Y el señor Mario Martinelli no fue ni nunca ha sido servidor público, por lo que es jurídicamente imposible que pueda cometer ese delito”, armó. Aseguró que, en el informe de la Contraloría sobre este caso, “ni siquiera se mencionó al señor Mario Martinelli” y que el Tribunal de Cuentas “lo excluyó totalmente de responsabilidad patrimonial en este caso”. La juez Rentería no le dio la razón. Tribunal no admite amparo de Mario Martinelli en caso granos del PAN JUDICIAL Hospital de La Chorrera. Archivo Minsa decidió no prorrogar contrato de aseo hospitalario Aleida Samaniego C. [email protected] José González Pinilla [email protected] FONDOS PÚBLICOS El Consorcio Bioseguridad Hospitalaria era para la limpieza y desinfección de hospitales. Se optó por un proceso excepcional para garantizar “mayor transparencia, competencia y eciencia en el uso de los recursos estatales”. El Ministerio de Salud (Minsa) informó, a través de un comunicado, que decidió no prorrogar el contrato para el servicio de aseo, limpieza y desinfección de los hospitales en el país que mantenía con el Consorcio Bioseguridad Hospitalaria por 24 meses, desde enero de 2023 hasta diciembre de 2024. Esta decisión busca promover la transparencia, la competencia y la eciencia en el uso de los recursos del Estado, destacó. En el pasado, el consorcio liderado por Sicarelle Holdings Inc. había extendido su contrato por seis años mediante 10 adendas, pero en esta nueva administración se optó por un procedimiento excepcional de contratación que asegura una selección abierta y competitiva, con ofertas más económicas y de mejor calidad. La institución señaló que este proceso tiene como objetivo garantizar la continuidad de los servicios de limpieza y desinfección en los hospitales, sin interrumpir la operación de estos servicios esenciales. Dado que la preparación de una licitación pública requiere tiempo, el Minsa decidió adoptar un proceso excepcional por un período de seis meses. Durante este tiempo, se elaborará la documentación necesaria para realizar la contratación denitiva de forma “transparente y competitiva”. Esta medida permitió una reducción signicativa de $108,641.11 en comparación con los contratos anteriores. Las tres empresas que participaron en este proceso de contratación fueron: Consorcio Salud e Higiene Hospitalaria, Sicarelle Holdings Inc. y Consorcio Bioseguridad Hospitalaria. Como resultado, se seleccionaron los siguientes proponentes para la provisión de servicios de limpieza y desinfección en hospitales estratégicos: • Consorcio Bioseguridad Hospitalaria: aseo en el Hospital Regional de Veraguas Dr. Luis “Chicho” Fábrega y Hospital Dr. Aquilino Tejeira de Penonomé, con un monto de $2,444,016.96. • Consorcio Salud e Higiene Hospitalaria: aseo en el Hospital Nicolás A. Solano, Instituto de Salud Mental Matías Hernández y Hospital San Miguel Arcángel, con un monto de $2,831,748.75. • Consorcio Salud e Higiene Hospitalaria: aseo en el Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas y Hospital Cecilio A. Castillero, con un monto de $2,600,307.68. Las autoridades de salud aseguran que las contrataciones se realizaron conforme a la Ley 22 de 2006 sobre contratación pública y la Ley 153 de 2020, garantizando la legalidad y transparencia del proceso. La reacción del Minsa surge luego de que La Prensa publicara ayer que tres advertencias de ilegalidad fueron presentadas para impedir la adjudicación de los contratos para el servicio de aseo, limpieza y desinfección de ocho hospitales administrados por el Minsa, los cuales suman $7.8 millones, por seis meses. La convocatoria se realizó en diciembre de 2024, en vísperas de la nalización del contrato vigente hasta entonces para la limpieza de los mismos hospitales a nivel nacional. Sin embargo, en lugar de convocar una nueva licitación, el Minsa dividió el objeto de la contratación en tres actos públicos para ajustar la adjudicación del servicio al procedimiento excepcional. Por ejemplo, en ningún caso el monto a contratar superó los $3 millones. De haber sido así, el Minsa habría tenido que solicitar la aprobación del Consejo de Gabinete. El 6 de diciembre pasado se recibieron las cotizaciones, a pesar de que la convocatoria se divulgó el día anterior, a las 5:49 p.m., lo que seguramente limitó la competencia e impidió que otras empresas presentaran sus ofertas. El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) presentó un informe ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, en el que abordó diversos temas relacionados con la seguridad y el desempeño de la institución. Las cifras indican que, en promedio, cada día son detenidas 18 personas por delitos de microtrá- co o narcotráco. El viceministro de Seguridad, Luis Felipe Icaza, detalló que, en 2024, un total de 58,263 personas fueron aprehendidas, de las cuales 35,282 contaban con órdenes de captura, 6,482 fueron sorprendidas en agrancia y 12,756 fueron detenidas por faltas administrativas. Además, 3,330 personas fueron arrestadas por microtráco y 3,313 por delitos relacionados con el narcotráco. En términos operativos, se llevaron a cabo 19,449 allanamientos y se incautaron 5.5 millones de dólares, 4,254 armas de fuego y 35,386 paquetes de droga. A pesar de estos logros, el viceministro reconoció que algunos delitos han mostrado incrementos preocupantes. En particular, el homicidio aumentó un 6.6% durante el 2024, aunque otros delitos, como el robo, presentaron una reducción del 7.2%. Asimismo, la cantidad de allanamientos disminuyó en un 11.5%, mientras que la incautación de armas de fuego experimentó un aumento del 58.8%. Por otro lado, la incautación de drogas creció un 1% y la cantidad de personas detenidas aumentó un 24%, reejando un impacto directo de los operativos de las fuerzas de seguridad. Depuración de la Policía También estuvo presente en la presentación del informe el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, quien se rerió a la depuración dentro de la institución. El funcionario explicó que actualmente la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) gestiona más de 900 casos, de los cuales 100 ya han derivado en la desvinculación de agentes. Reconoció que, en una organiEl impacto del narcotráfico: 18 arrestos diarios en el país, según el Minseg CRIMEN ORGANIZADO zación con más de 25,000 integrantes, es inevitable que se presenten situaciones negativas, pero aseguró que no existe encubrimiento alguno y que se están tomando medidas para garantizar la honorabilidad de la institución. Además, subrayó el trabajo realizado durante los carnavales, donde la ciudadanía pudo notar la presencia policial en las calles y su compromiso con la seguridad. Retenes y drogas Otro de los temas tratados fue la gestión de incautaciones de droga y su posterior eliminación. Actualmente, la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval mantienen en depósito aproximadamente 45 toneladas de drogas, entre marihuana y cocaína. Para su eliminación, se emplea un incinerador que opera en ciclos de quema constante, procesando casi una tonelada de sustancias ilícitas por día. El director aseguró que el sistema cumple con todas las regulaciones ambientales y que se ha coordinado con la Autoridad del Canal de Panamá y el Municipio de Arraiján para garantizar su funcionamiento adecuado. En cuanto a los retenes policiales, el director explicó que, si bien existe una directriz presidencial para reducir su número, hay situaciones en las que su implementación sigue siendo necesaria. Citó como ejemplo un caso ocurrido en diciembre, cuando una alerta de inteligencia advirtió sobre un posible robo bancario. Aunque reconoció que estos operativos pueden generar incomodidad en la ciudadanía, defendió su utilidad para capturar delincuentes y prevenir crímenes. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] La policía captura cada año toneladas de droga. Archivo Mario Martinelli. Archivo Panorama
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