2A La Prensa Panamá, miércoles 5 de marzo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Yaritza Mojica [email protected] Escuelas de manejo en la mira; no pasaron la inspección de la ATTT SEGURIDAD VIAL En una reciente actualización e inspección realizada por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en todo el país, se descubrió que muchas escuelas de manejo no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente, especialmente con el Resuelto No. 380 del 4dediciembrede2000,que regula la enseñanza vial y la capacitación en el manejo de vehículos a motor. Este Resuelto indica que las escuelas deben pasar por una inspección ocular anual realizada por la ATTT, lo cual no se había cumplido durante los cinco años de la administración pasada(2019-2024). De acuerdo con la información disponible, la inspección más reciente había tenido lugar en 2018. La ATTT inició las inspecciones en septiembre del año anterior, y tras revisar las escuelas de manejo, se identificaron irregularidades como la falta de documentos esenciales, entre ellos el registro, el aviso de operaciones, el paz y salvo de la Dirección General de Ingresos (DGI), y la hoja de vida de los facilitadores. Además, muchas escuelas no contaban con la certificación de inspección anual, lo que es obligatorio para operar legalmente. Osiris Gratacós, directora de Educación Vial de la ATTT, indicó que en el país existen no menos de 100 centros de enseñanza para conductores, y al menos 12 de ellos no cumplían con los requisitos establecidos. Parte de los hallazgos en las inspecciones incluyeron malas prácticas como vehículos en mal estado para las pruebas de manejo, la contratación de instructores sin licencia de conducir y la oferta de cursos incompletos, es decir, que no cumplían con el mínimo de horas de formación exigido por la normativa. Sobre esto último, la norma establece que deben ser al menos 20 horas teóricas y 16 horas prácticas, distribuidas en seis días de clases. También se detectó que algunas escuelas reducían la cantidad de horas de capacitación, afectando la calidad de los futuros conductores. Para dar oportunidad a las escuelas regularizaran su situación, la ATTT otorgó un plazo hasta enero de este año, y 12 de las 100 escuelas no entregaron la documentación requerida, lo que hizo que sus casos fueran trasladados al departamento legal. Las sanciones para las escuelas que incumplen las normativas pueden oscilar entre $50 y $500, según lo estipulado en el Resuelto 380 de 2000. Sin embargo, no todas las inspecciones fueron negativas. En algunas regiones, como Changuinola (Bocas del Toro), David (Chiriquí), Chitré (Herrera) y Santiago (Veraguas), se encontraron escuelas que cumplían con los requisitos establecidos, incluyendo vehículos en buen estado y prácticas adecuadas de capacitación. El costo de los cursos de manejo varía entre $60 y $321, dependiendo de si es la primera vez que se obtiene la licencia o si es una ampliación. Actualmente, la ATTT está revisando la Resolución 380 con el objetivo de actualizarla y cubrir vacíos legales, trabajo que está desarrollando en colaboración con el Ministerio de Gobierno y representantes de las escuelas de manejo. Este proceso busca mejorar la seguridad vial y asegurar que la formación de los conductores esté alineada con los avances en infraestructura y vehículos. FCC Construcción S.A.. Cortesía La DGI perdonó $16 millones en impuestos a FCC; el MP investiga Eliana Morale Gil [email protected] EXONERACIÓN FISCAL Se presentó una denuncia penal contra exfuncionarios de la DGI por eliminar indebidamente una deuda fiscal de FCC Construcción, S.A. de $16.3 millones, lo que habría causado un perjuicio económico al Estado por irregularidades en el proceso. Una denuncia penal por la presunta comisión de delitos contra la administración pública fue presentada ante la Procuraduría General de la Nación en contra de quienes resulten responsables de eliminar indebidamente una millonaria deuda fiscal que mantenía la empresa FCC Construcción, S.A. con la Dirección General de Ingresos (DGI). La denuncia, presentada ante el Ministerio Público el 10 de octubre de 2024 por el abogado Ademir Montenegro Cortés en representación de la DGI, advierte que la decisión del exdirector general de Ingresos, Publio De Gracia, provocó una lesión patrimonial al Estado por $16,318,108.51. Así se eliminó la deuda FCC Construcción, S.A., una empresa extranjera registrada en Panamá desde 2005, dedicada a la construcción de caminos y vías férreas, y vinculada a varios casos de corrupción, acumuló obligaciones tributarias derivadas de diversas resoluciones de la DGI. Entre ellas destacaba la Resolución 201-1961 del 31 de marzo de 2017, que exigía el pago de $16,318,108.51 en concepto de impuesto sobre la renta y complementario correspondiente a los períodos fiscales 2013, 2014 y 2015. Además, la empresa mantenía otras resoluciones de mayo de 2017 que sumaban $3,892,036.95 en impuestos sobre remesas al exterior. Sin embargo, el 11 de agosto de 2023, la DGI, bajo la dirección de Publio De Gracia, utilizando la figura del acuerdo de pago extraordinario, emitió la Resolución 201-7728, que revocó la Resolución 201-1961 de 2017 y dejó vigente únicamente el cobro de los $3,892,036.95. Con esta acción, la empresa quedó liberada del pago de $16,318,108.51, lo que según la denuncia representa un perjuicio económico al Estado. Para revocar la deuda, la DGI aplicó disposiciones sobre moratorias y amnistías tributarias establecidas durante la pandemia de la covid-19. “Este actuar, contrario al debido proceso, generó una lesión patrimonial al Estado por $16,318,108.51, siendo malversados, con el consentimiento del administrador tributario Publio De Gracia”, dice la acción legal que está en manos del Ministerio Público. FCC no calificaba para el beneficio El documento también destaca que FCC Construcción, S.A. no podía acogerse al acuerdo de pago extraordinario, ya que la Ley 337 de 14 de noviembre de 2022 excluye a contribuyentes investigados o condenados por evasión o defraudación fiscal. No obstante, FCC Construcción tenía una investigación activa desde 2017 por posible defraudación fiscal. De hecho, entre enero de 2021 y julio de 2022, el propio exdirector de la DGI, Publio De Gracia, firmó tres resoluciones en las que delegaba funciones de investigación sobre el caso. No obstante, en diciembre de 2022 permitió que la empresa accediera al acuerdo de pago, afirmando que no tenía investigaciones en curso. Esto, según la denuncia, “en apariencia formal, permitió a esta sociedad aplicar al beneficio”. Presuntas omisiones e irregularidades También se habrían cometido “inconsistencias” en la tramitación del acuerdo de pago extraordinario. El acta de audiencia del 11 de enero de 2023, donde se formalizó el beneficio para FCC, de acuerdo con la denuncia, no fue firmada por todos los funcionarios de la DGI que supuestamente comparecieron. Además, no se habría realizado la segunda audiencia requerida por la ley para concluir el proceso. Según la acusación, estas omisiones no solo afectaron la transparencia del proceso, sino que facilitaron que la empresa quedara exenta de pagar gran parte de su deuda tributaria. Posibles delitos y sanciones El documento presentado ante la Procuraduría General de la Nación, que desde el pasado 2 de enero está bajo el mando de Luis Carlos Gómez Rudy, sugiere que la conducta de De Gracia y otros funcionarios podría encuadrarse en delitos como: abuso de autoridad e infracción De Gracia respondió que la base del acto administrativo para revocar la resolución que establecía la obligación de pago es la Ley 337 de 2022. Añadió que esos acuerdos tenían como finalidad, alcanzar entendimientos extraordinarios, con contribuyentes que a la fecha mantuviesen obligaciones apeladas o recurridas, y de esta manera impactar positivamente en la recaudación tributaria; como fue el caso, evitando así extensos procesos de inciertos resultados para la administración tributaria. “Durante la aplicación de la ley decenas de contribuyentes aplicaron medidas similares al desistir de apelaciones o recursos para acceder a las posibilidades que esta Ley ofrecía”, añadió. Dijo que no tiene a mano mayores detalles de dicho acto considerando que mientras ejercía el cargo de director general de Ingresos se atendieron, no miles sino decenas de miles de solicitudes de contribuyentes. “Ni puedo por mandato legal referirme a procesos de contribuyentes”, dijo. “Este y todos los actos administrativos rubricados por mí se hicieron con apego a la ley, por lo cual considero que la denuncia que hace mención no tiene fundamento ya que mal puede haber una lesión patrimonial al Estado cuando la obligación tributaria en cuestión se encontraba en reconsideración, lo que significaba que el Estado pudiera perder la oportunidad de recaudar”, añadió. Manifestó que si este contribuyente o cualquier otro hubiese mantenido un proceso por evasión fiscal que guardase relación con los tributos objeto de su solicitud, el mismo se rechazaba de plano. de los deberes de los servidores públicos, según el Código Penal, malversación de fondos públicos, al permitir que el Estado dejara de percibir una suma millonaria, y omisión dolosa en el cumplimiento de funciones, dado que el exdirector de la DGI tenía conocimiento de la investigación por defraudación fiscal contra FCC Construcción, S.A. El procurador Gómez Rudy y su equipo, ahora deberán determinar si existen méritos suficientes para abrir un proceso penal contra los implicados y esclarecer cómo se permitió la eliminación de una deuda tributaria millonaria en favor de FCC Construcción, S.A. El director de la DGI actualmente es Camilo Valdés. Lo que dice De Gracia La Prensa contactó a Publio De Gracia para que diera su versión del tema.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==