2A La Prensa Panamá, martes 4 de marzo de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama El diputado Jorge Bloise Iglesias (centro) redactó un documento comparativo de las propuestas presentadas al proyecto de ley 163 que reforma la Ley 51 de la CSS. Archivo Reformas a la CSS: modificaciones contradictorias y riesgos legales Eliana Morales Gil [email protected] PROYECTO DE LEY 163 Algunos artículos tienen hasta siete modificaciones, lo que según el diputado Jorge Bloise supone un reto para la votación. Explicó que, en muchos casos, las reformas propuestas son contradictorias entre sí. Diputados de todas las bancadas presentaron al menos 200 modificaciones al proyecto de ley 163, que reforma la Ley 51 de 2005 Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS). Estas propuestas serán sometidas a votación a partir del próximo jueves, cuando se reanuden las sesiones de la Asamblea Nacional. Un análisis elaborado por el diputado de Vamos, Jorge Bloise, con el apoyo de su colega Janine Prado y un equipo de asesores, revela que las modificaciones se concentran en cuatro temas clave: pensiones, fiscalización, inversiones y transparencia. El estudio compara el texto único, la propuesta original presentada por el Ejecutivo y las modificaciones planteadas por los distintos sectores. Uno de los principales hallazgos del informe es la alta fragmentación de las propuestas. Hay artículos con hasta siete modificaciones diferentes, lo que representa un reto técnico y político al momento de la votación. El diputado Bloise explicó a La Prensa que cada modificación requiere al menos 13 votos para ser considerada, pero ninguna alcanzaría los 36 votos necesarios para su aprobación definitiva, lo que, a su juicio, “es preocupante”. Otro aspecto que surge del análisis es la existencia de modificaciones a un mismo artículo que resultan contradictorias entre sí. Esto podría generar inconsistencias en la normativa, ya que aprobar un cambio en un artículo y rechazar otro en una disposición relacionada podría afectar la coherencia de la ley. El informe, contenido en un documento de 442 páginas, también identificó propuestas que podrían ser inconstitucionales o ajenas a la naturaleza del proyecto. Según Bloise, algunas modificaciones incluyen disposiciones del Código Penal sin una relación clara con la reforma de la CSS, lo que podría generar conflictos legales en su implementación. Artículo 74, epicentro de modificaciones Uno de los artículos que recibió más modificaciones fue el Artículo 74 del proyecto de ley 163, que adiciona el Artículo 105-A a la Ley 51 de 2005 e introduce lineamientos para las inversiones del Fondo de Reserva de la CSS. En total, recibió siete propuestas de cambio. La Prensa analizó estas modificaciones con ayuda de inteligencia artificial y detectó lo siguiente: • Los diputados del Partido Panameñista, Francisco Panchito Brea, Ricardo Vigil y Roberto Archibold, propusieron restricciones sobre las inversiones del Fondo de Reserva y prohibiciones para evitar conflictos de interés. • Los diputados del partido Realizando Metas (RM) y Cambio Democrático (CD) se concentraron en la estructura del Fondo de Reserva y el manejo de sus inversiones. • La bancada de Vamos propuso la creación de la Comisión de Riesgos e Inversiones y lineamientos más estrictos para la supervisión de las inversiones. • Diputados del Movimiento Otro Camino (MOCA) introdujeron cambios en transparencia y mecanismos de control financiero sobre las inversiones de la CSS. • El diputado panameñista Jorge Herrera y otros propusieron modificaciones a los límites de inversión en bonos soberanos y la diversificación de fondos. Principales cambios en las inversiones de la CSS En términos generales, las modificaciones al Artículo 74 incluyen: Límites sobre cómo pueden invertirse los recursos del Fondo de Reserva, la prohibición de invertir en empresas relacionadas con funcionarios públicos, incluyendo miembros de la junta directiva de la CSS, el director y subdirector de la CSS, el Presidente y Vicefondos. En cuanto a los límites de inversión, se establece que la junta directiva de la CSS podría delegar la ejecución del Fondo de Reserva al Banco Nacional de Panamá y a la Caja de Ahorros hasta en un 100% de los recursos. Además, se fijan los siguientes límites de inversión en bonos soberanos: • Hasta 30% de los recursos en títulos de deuda del Estado panameño. • Hasta 5% en bonos de Estados Unidos con calificación de riesgo de grado de inversión. En lo referente a las inversiones internacionales, se permitirá que la CSS invierta en títulos de deuda extranjeros y en instituciones multilaterales de crédito, siempre que cuenten con una calificación de riesgo aceptable. Además, se establecerán criterios para evaluar los riesgos de inversiones internacionales antes de su autorización. El debate sobre la edad de jubilación Otro de los temas más polémicos dentro del debate legislativo es el de la edad de jubilación. Hasta el momento, la única propuesta nueva plantea que la discusión sobre este tema se realice en seis años, es decir, en 2031 aproximadamente. Una mesa tripartita realizará un estudio actuarial que determinará si es necesario aumentar la edad de jubilación para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Si el análisis concluye que es necesario aumentar la edad de jubilación, este ajuste no será mayor a tres años. Si el estudio indica que el Estado debe hacer aportes adicionales, el gobierno deberá hacer el desembolso, pero sin afectar los derechos adquiridos de los afiliados. “Yo me encuentro en el gran debate de que siento que es patear la pelota, y yo no vine a eso a la Asamblea”, aseguró Bloise. El documento que presentó el gobierno del presidente José Raúl Mulino a la Asamblea planteaba elevar la edad de retiro de 57 a 60 años para las mujeres y de 62 a 65 años para los hombres, una medida que generó un intenso debate en diversos sectores. presidente de la República y los ministros de Estado. Además de restricción de inversiones en sectores específicos, como producción de armamento, minería ilegal, explotación laboral, narcotráfico, maltrato animal y juegos de azar. Solo se podrán realizar inversiones en instrumentos con calificación de riesgo no inferior a BBB-, Baa3 o su equivalente. La Comisión de Riesgos e Inversiones, propuesta por Vamos, estaría conformada por representantes de la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Bancos de Panamá y el Banco Nacional de Panamá. Esta comisión deberá establecer un reglamento con lineamientos detallados para mitigar riesgos en la inversión de los Eliana Morales Gil [email protected] José Raúl Mulino, presidente de la República. Cortesía Panamá se alista para recortar el Estado: ¿qué instituciones podrían desaparecer? EFICIENCIA DEL ESTADO Uno de los proyectos del presidente José Raúl Mulino es la reducción del aparato estatal. Su plan contempla la eliminación y fusión de instituciones públicas con funciones redundantes, con el propósito de hacer más eficiente la gestión gubernamental y reducir el gasto público. Uno de los casos en análisis es la posible fusión del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) con el Banco Nacional de Panamá (BNP). Al ser consultado sobre el tema en la rueda de prensa de los jueves, Mulino aclaró que aún no se ha tomado una decisión definitiva, pero se refirió a la compleja situación financiera del BDA. “El Banco Nacional, profesionalmente, es el que tiene más experiencia en créditos agropecuarios en el país. Ellos están haciendo una evaluación de la cartera del BDA. Y así se lo he transmitido al gerente general de ese banco: que coopere. Eso está lleno de plomo, millonario, porque fue un banco explotado políticamente en el tiempo. En este momento, ese banco es un gasto”, afirmó el mandatario. No obstante, el gerente del BDA, Roberto Barría Stanziola, en entrevista con La Prensa, aseguró que la institución no es una carga y que, en los últimos meses, se han recuperado 10 millones de dólares en créditos vencidos, de un total de 78 millones. Barría destacó que el banco sigue funcionando con recursos propios y mantiene una cartera activa de 230 millones de dólares, lo que, según él, demuestra que la entidad es rentable y cumple con su misión de apoyar a los pequeños y medianos productores del país. Un Estado inflado y con funciones duplicadas El abogado René Pardo, en un artículo de opinión publicado en La Prensa, titulado ¿Es posible reducir el tamaño del Estado sin afectar su eficiencia?, recordó que Panamá tiene una estructura gubernamental amplia en relación con su tamaño y población. Según su análisis, actualmente el país cuenta con: 17 ministerios, 34 instituciones descentralizadas, 16 empresas públicas, ocho intermediarios financieros estatales, nueve organismos independientes, 78 municipios, 649 juntas comunales y 13 gobernaciones. A su juicio, este modelo administrativo ha sido señalado como burocrático, costoso e ineficiente. En ese sentido, propone trasladar algunas competencias estatales a los municipios, en lugar de seguir creando entidades que solo aumentan el gasto sin garantizar una mejor gestión. “Eliminar o fusionar instituciones permitiría disminuir el gasto gubernamental, reducir la burocracia y optimizar el uso de los impuestos. También ayudaría a combatir la corrupción, ya que un aparato estatal más grande y con funciones superpuestas genera mayores riesgos de opacidad”, explicó Pardo. ¿Qué instituciones podrían fusionarse o eliminarse? Algunas de las entidades que podrían ser absorbidas, eliminadas o delegadas, a otros organismos, según Pardo son: Autoridad de Pasaportes, Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Empresa de Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, Banco Hipotecario Nacional, Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), Dirección General de Contrataciones Públicas. Otras de las entidades que están siendo evaluadas por la Presidencia de la República son el Ministerio de la Mujer, los Bingos Nacionales y los Correos Nacionales. También se pretende reestructurar la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). CONTENIDO EXTRA Escanee el código QR y lea más sobre las instituciones que podrían eliminarse.
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