2A La Prensa Panamá, martes 25 de febrero de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Argumentos, historias de vida, ironías y cuestionamientos resuenan una vez más en el pleno de la Asamblea Nacional. Así transcurre un día más del debate del proyecto de ley Nº 163, que plantea reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS) y que ya entra en la discusión del tercer bloque de artículos en el segundo debate. La extensa discusión ha llevado a la concurrencia casi diaria de Dino Mon, director de la CSS, al Legislativo. Esta vez, atendió las interrogantes de los diputados respecto al proyecto. Mon trajo a colación de inmediato la situación del sistema de pensiones tras un cuestionamiento del diputado Ronald De Gracia, del partido Realizando Metas (RM). “Tenemos un sistema fraccionado: el sistema mixto, por un lado, y el Subsistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD), por el otro. Cualquier dinero que pongamos hoy, con el déficit que tiene el SEBD, no podrá ahorrarse de una manera que aproveche la capitalización que los intereses [de los fondos de la entidad] generan”, indicó Mon. La propuesta del Ejecutivo ha sido la unificación de los sistemas en uno llamado “de capitalización con garantía solidaria”, que, incluyendo un aumento de la edad de jubilación, garantizaría sostenibilidad al sistema hasta pasado este siglo. No obstante, Mon indicó, tras un cuestionamiento de la diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, que si no se logra un aumento en la edad de jubilación, solo habría solvencia financiera en la CSS por 35 años después de la entrada en vigencia de la ley. Prado también cuestionó a Fausto Fernández, viceministro de Economía y Finanzas, luego de que este sugiriera que es muy importante una reforma a la CSS para evitar que Panamá pierda su grado de inversión. No obstante, Prado le recordó que la pérdida del grado de inversión ya se había registrado desde el final de la administración del expresidente Laurentino Cortizo Cohen (2019-2024), por parte de una calificadora, y CSS, finanzas y grado de inversión: Dino Mon enfrenta el debate en la Asamblea REFORMAS que no responde exclusivamente a la eventual reforma del sistema de pensiones, considerando otros factores, como el cierre de la mina Cobre Panamá, en Donoso, Colón. Otro cuestionamiento a Fernández lo hizo el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca), exigiendo el detalle de dónde saldrían los $966 millones el Ejecutivo dijo que destinaría para financiar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). “En la medida que la ley corriente que se está discutiendo no está incluida en el presupuesto del Estado del 2025, los primeros $966 millones, como sea que se acuerde, tenemos que buscarla a través del permiso que se otorgó a partir de la ley de responsabilidad social fiscal, sobre los aportes al Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), el año pasado”, respondió Fernández. El viceministro indicó que a través de esa vía, se recopilarían alrededor de 350 millones de dólares. “El resto va a venir de la revisión de la ejecución presupuestaria del año 2025. Típicamente cerca del 10% de la ejecución presupuestaria de algunas entidades no se termina de ejecutar en el año”, señaló Fernández respecto al resto de fondos que el Estado aportaría a la CSS. Por otro lado, los diputados de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson y Crispiano Adames, manifestaron su desacuerdo con el desarrollo que hasta el momento lleva el proyecto. Adames, incluso, indicó que no era el momento para exigir sacrificios a la población, como el aumento en la edad de jubilación. Mario De Gracia [email protected] Dino Mon, director de la CSS. Isaac ortega A través de un acuerdo de pena, la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual logró la condena de 48 y 60 meses de prisión para cinco personas por los delitos de estafa y otros fraudes en perjuicio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu). Durante la celebración de una audiencia de fase intermedia, y previo acuerdo de las partes, un juez de garantías dispuso aplicar la pena de 48 meses de prisión a cuatro ciudadanos de origen chino y a un exfuncionario del Ifarhu por su participación en la creación de perfiles y el cambio de número PIN de beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U), fondos que posteriormente eran canjeados en comercios locaCondenan a implicados en fraude a través del Pase-U del Ifarhu EDUCACIÓN les de manera ilícita. En las investigaciones realizadas por la Fiscalía, se logró establecer la existencia de un patrón para vulnerar el PIN de seguridad al que está sujeta la transferencia digital, permitiendo el uso indebido de los fondos asignados por el Ifarhu a los estudiantes para realizar compras en comerciosyminisúpers. A los sancionados también se les ordenó el pago de $129,000 como compensación al Estado panameño, suma que debe ser depositada en la cuenta del Tesoro Nacional. El Ministerio Público mantiene en trámite varias investigaciones relacionadas con estafas y fraudes en el pago del Pase-U. En mayo de 2024, nueve personas fueron imputadas por este delito, en su mayoría dueños de locales comerciales de origen chino. Las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especializada contra la Propiedad Intelectual y la Fiscalía Anticorrupción han confirmado la sustracción sistemática de los fondos entregados por el Ifarhu, así como la posible vinculación de otras personas que habrían participado en el cobro fraudulento del Pase-U. El Ministerio Público logró establecer que una de las funcionarias bajo investigación pudo haber alterado hasta siete mil PINes del Pase-U, cuyos fondos fueron desviados a terceros. Juan Manuel Díaz [email protected] Louis E. Sola es el presidente de la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos. Archivo Sola: empleados del Canal pasan por seguridad china Mario De Gracia [email protected] CANAL DE PANAMÁ El gobierno de Panamá, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, ha tachado como una “falsedad” que China tenga injerencia sobre el Canal. El presidente de la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC, por sus siglas en inglés), Louis E. Sola, sugirió la creación de un fondo soberano de inversión para invertir en puertos, instalaciones logísticas y en proyectos de embalse como el de Río Indio, en Panamá. Así lo detalla una nota publicada por la FMC, donde se indica que tras la creación de ese fondo deberían asociarse inmediatamente con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Al mismo tiempo Sola hace la advertencia de que, según él, “los empleados de la ACP, que son críticos para su misión, deben pasar por la seguridadchinaparallegarasulugar de trabajo diario”. Este señalamiento ha sido rotundamente rechazado por el gobierno de Panamá, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, quien ha tachado como una “falsedad” que China tenga injerencia sobre el Canal. Entre las razones expuestas en la nota para la creación del fondo de inversión, se habla sobre la creciente presencia e influencia de la RepúblicaPopularChinaenPanamá, algo que Sola describe como “preocupante”. Anteriormente, en una audiencia en el Senado de los Estados Unidos, en la que Sola participó, los senadores alertaron de la falta de competitividad de Estados Unidos para invertir en Panamá, algo que según ellos, ha facilitado que empresas chinas lo hagan de forma más atractiva. Sola es un exmilitar especializado en contrainteligencia, y empresario que tiene intereses en Panamá. Está vinculado a la empresa Amador Marina, S.A., a la que el Ministerio de Seguridad Pública cedió un terreno de 11.3 hectáreas en la calzada de Amador para el desarrollo privado de un relleno marino en la isla Flamenco, en la entrada del Canal de Panamá. MP recibe denuncia por usurpación de funciones contra asesor de Mizrachi INVESTIGACIÓN Juan Manuel Díaz [email protected] Una denuncia penal por la presuntacomisióndeldelito de usurpación de funciones públicas fue interpuesta en la mañana de ayer lunes, 24 de febrero, contra Alejandro Miranda, quien fungió como asesor de campaña del alcalde Mayer Mizrachi, por desempeñar funciones dentro del Municipio de Panamá sin estar nombrado en propiedad. La denuncia, interpuesta por el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz, sostiene que Miranda, sin estar nombrado en el Municipio de Panamá, participa activamente en reuniones de la junta de directores y gira instrucciones a los proveedores de dicha entidad sin estar debidamente nombrado. Según la denuncia, Miranda, ciudadano estadounidense, participó activamente como coordinador y asesor de campaña del alcalde Mizrachi, pero no está nombrado en calidad de funcionario en el Municipio de Panamá. De acuerdo con la denuncia, la figura de Alejandro Miranda debería estar cubierta por una relación jurídica dentro del Municipio, para que él mismo pudiese seguir participando en reuniones y actividades propias de los funcionarios públicos municipales. También plantea que Miranda, sin tener título universitario o nombramiento formal, usurpa funciones públicas, violentando abiertamente el artículo 359 del Código Penal, pues participa activamente en las decisiones que se toman en la comuna capitalina. Ruiz Díaz precisa que, durante sus actuaciones como secretario general del Municipio de Panamá, cargo del que renunció, observó que Miranda participó en reuniones con proveedores como JC Decaux, Hombres del Blanco y Multibank/ TX, esta última encargada del cobro de impuestos municipales. En la denuncia, Ruiz Díaz solicita al Ministerio Público (MP) que pida información al Servicio Nacional de Migración sobre el estatus migratorio de Miranda y los informes de sus entradas y salidas del país; al mismo tiempo, requirió al Ministerio de Trabajo que certifique si le ha concedido permiso de trabajo a favor de Miranda. En octubre de 2024, el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz decidió renunciar al cargo de secretario general del Municipio de Panamá. Para esa fecha, publicó un video en redes sociales en el que contó que decidía dar un paso al costado porque consideraba que “el trabajo no se estaba haciendo bien”.
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