10A La Prensa Panamá, martes 25 de febrero de 2025 turación impuesto por el Gobierno de Panamá, bajo el mando del presidente Rodolfo Chiari, quien buscaba someter a este pueblo. Un personaje preponderante y clave en la lucha del pueblo guna fue el saila Simral Colman, oriundo de una comunidad del sector de Cartí. Este destacado líder fue reconocido por Panamá como un prócer de la lucha indígena, debido a su contribución al respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y a la separación de Panamá de Colombia, reconocido por la Asamblea Legislativa panameña en la Ley 41 de 2001, publicada en la Gaceta Oficial. Fue un líder nato, con amplios conocimientos de historia universal, de los virreinatos y de las conquistas españolas. Dominaba la vida de Jesucristo y otros saberes universales. Sin duda, su inteligencia y erudición lo hicieron adelantado a su tiempo. Desde el inicio de nuestra vida republicana, los gunas se habían convertido en actores políticos en el ámbito nacional e internacional, junto a nombres como Nele Kantule, Charles Robinson y otros que serán recordados como hombres que contribuyeron notablemente al desarrollo social, administrativo, político y cultural de la comarca Guna Yala. El Dr. Aiban Wagua (Q.E.P.D.), historiador guna, investigador, escritor y miembro honorario de la Academia Panameña de la Lengua, expone en su libro Así lo vi y así me lo contaron algunas de las causas del levantamiento de 1925: “Las causas del conflicto fueron diversas y extremas, incluyendo la represión de sus ceremonias, la imposición forzada de vestimenta occiEstados Unidos y Panamá Política exterior Muchos consideran que fue un error haber iniciado relaciones diplomáticas con la República Popular China, pues lo ven como una decisión equivocada y creen que la confrontación actual entre Estados Unidos y Panamá es consecuencia de ello. No lo veo de la misma manera. Creo que fue una acción acertada, considerando la importancia de ese país, que es una de las naciones más pobladas del mundo y una potencia económica. China tiene alrededor de 1,410 millones de habitantes, es miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y posee un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, con derecho a voto. Además, es uno de los principales usuarios de la vía interoceánica. China mantiene relaciones diplomáticas con aproximadamente 180 países, que la reconocen como la única China. En contraste, la República de China (Taiwán) solo tiene lazos diplomáticos con 12 naciones. Desde hace más de 40 años, la política de Beijing ha sido la de “una sola China”, lo que implica que cualquier país que la reconozca debe romper de inmediato relaciones con Taiwán, al que considera una provincia rebelde. El establecimiento de relaciones diplomáticas con China continental fue una decisión acertada; sin embargo, así como se aceptó la condición de romper lazos con Taiwán, Panamá debió exigir que China suscribiera el Tratado de Neutralidad Permanente. La situación no se manejó correctamente porque los intereses nacionales no fueron adecuadamente representados. Lo más cuestionable fue la forma precipitada y bochornosa en que se rompieron relaciones con Taiwán, sin tomar en cuenta los años de cooperación técnica y económica que este país brindó. Aún no se sabe con certeza el destino de los fondos que manejaron los diferentes gobiernos. Además, las motivaciones para establecer la relación con China continental y la intención de donar un terreno para su embajada en la entrada del Canal de Panamá (lo que no se concretó debido a la oposición en su momento) estuvieron influenciadas por una presunta donación millonaria al gobierno panameño, cuyo paradero también es desconocido. El enojo del presidente Donald Trump radica en la fortaleza comercial de China continental, que fabrica una enorme cantidad de productos y ha penetrado prácticamente todos los mercados del mundo. Además, su creciente poder militar y económico le han permitido consolidar su presencia global. El crecimiento comercial chino fue impulsado por empresarios de Estados Unidos y otros países que trasladaron sus fábricas a China en busca de mano de obra barata y ventajas comerciales, sin medir las consecuencias que ahora enfrenta Estados Unidos ante el gigante asiático. Trump también expresó su interés en recuperar el Canal de Panamá, argumentando los altos costos de peaje que pagan los barcos militares al transitar por la vía interoceánica y señalando erróneamente que el Canal está manejado por los chinos. Afirmó que el Canal fue entregado a Panamá para que sus beneficios llegaran a la población, pero muchos panameños sienten que esos recursos no han impactado a los sectores más necesitados. Además, la reciente renovación de los contratos de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal con la empresa Hutchison por 25 años, bajo condiciones que han generado pocos o nulos beneficios para el país, ha sido otro factor que ha provocado la reacción de Trump y del gobierno estadounidense. Por su parte, el presidente José Raúl Mulino ha manifestado que él es la única persona autorizada para tratar el tema del Canal de Panamá, recordando que esta vía es patrimonio de todos los panameños. La población espera conocer los avances en estas conversaciones y los compromisos que asumirá el país en estas negociaciones. La política de criminalización de la migración Actualidad mente, se extiende a los hijos de migrantes de primera generación con la finalidad de quitarles sus derechos adquiridos por nacimiento. Un ejemplo de esto son las intenciones de quitar la nacionalidad estadounidense a los nacidos en los Estados Unidos de padres extranjeros. La convergencia entre la ley penal y la ley migratoria respecto a la migración no ocurre por casualidad. Está estrechamente relacionada con las fluctuaciones económicas. En momentos de inflación y aumento del desempleo, la percepción hacia la inmigración se torna negativa; en cambio, cuando la economía mejora, el sentimiento hacia los migrantes se vuelve más hospitalario. Debemos partir del principio de que ninguna persona es ilegal debido a su condición de migrante. Lo que existe son migrantes en situación de irregularidad. La migración irregular puede ser entendida como el desplazamiento de personas que cruzan las fronteras internacionales sin cumplir con los requisitos administrativos o formales de inmigración del país al que ingresan. La migración irregular puede suceder por diversas razones, como la búsqueda de mejores condiciones de vida, oportunidades económicas o educativas, la huida de conflictos armados o políticos, inseguridad, falta de desarrollo personal, o debido a amenazas a su vida y violaciones de derechos humanos en su país de origen. El término correcto es migrante irregular, como referencia a la situación administrativa en que se encuentra una persona. Es necesario reconocer que, en su mayoría, los migrantes irregulares carecen de la documentación adecuada o incumplen los procedimientos establecidos por diversas razones. Esto se traduce en que deben enfrentar numerosos desafíos y riesgos tanto para su seguridad personal como para sus derechos. Frecuentemente, estas personas no poseen ningún estatus jurídico formal, lo cual puede resultar en la imposibilidad de acceder al empleo y a servicios básicos durante largos períodos. La migración, al ser un derecho humano fundamental, requiere el uso correcto de los términos adecuados para describir a las personas migrantes. Esto es crucial, ya que influye en la comprensión y percepción del fenómeno migratorio por parte de la sociedad. El llamar a una persona “inmigrante ilegal” deshumaniza a las personas, dejando a un lado su dignidad y haciéndola más Tomás Cristóbal Alonso Sandoval [email protected] La revolución dule en su centenario Dignidad inquebrantable Es poco probable que hayas escuchado sobre las luchas de los gunas que tuvieron lugar en Panamá durante el siglo XX. Estas comenzaron en febrero de 1925, con un acontecimiento trascendental e histórico que no podemos pasar por alto, pues es parte de nuestra rica historia nacional. La lucha del pueblo guna ha marcado un antes y un después, no solo para quienes se identifican con la etnia, sino también como inspiración para otros pueblos en la defensa de su territorio y cultura. En los últimos años, se han escrito artículos, libros y se han realizado foros, auspiciados por organizaciones privadas y gubernamentales a nivel nacional e internacional, con el objetivo de reflexionar sobre lo ocurrido en la comarca Guna Yala. Providencialmente, hoy se cumplen 100 años de este movimiento conocido como la “Revolución Dule de 1925”. La Revolución de los gunas fue un conflicto significativo que estalló en la comarca Guna Yala, cuando se enfrentaron a la represión de la policía colonial por la lucha por su territorio, autonomía y las costumbres de su pueblo. Este levantamiento fue una respuesta al proceso violento de aculdental, encarcelamientos injustos, y la expropiación de tierras. Además, las gunas sufrieron abusos graves como violencia y asesinatos a manos de la policía. Este levantamiento no solo representó una lucha por la libertad y la identidad cultural, sino también un grito de resistencia”. Concuerdo también con lo planteado por la antropóloga que realizó trabajos de campo con el pueblo guna, la Dra. Mónica Mauri, quien argumenta que “la nueva República no estaba dispuesta a tolerar otra pérdida de territorio y su soberanía, y menos por un grupo de indígenas”. Recordemos que Panamá ya había cedido su territorio a perpetuidad a Estados Unidos, y pensar que eso ocurriera en las islas podría haber sido un gran problema. Sin embargo, el pueblo guna no doblegó sus rodillas ante distintas amenazas, sino que luchó por su territorio con mucha vehemencia. Como guna, me enorgullece la diplomacia que ejercieron nuestros líderes gunas ante los gobiernos, con el objetivo de preservar su identidad, lengua y costumbres, un legado que perdura hasta hoy. La memoria colectiva es una herramienta de resistencia que permite aprender de los aciertos y errores de quienes nos precedieron. La revolución continúa: sigue vigente no solo para el pueblo guna y para el continente, sino para todos los pueblos originarios del mundo. ¡Dios bendiga nuestro país, nuestros pueblos y nuestro territorio! EL AUTOR es administrador de empresas. EL AUTOR es educador y egresado del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana (LLAC). EL AUTOR es abogado, profesor y doctor en Derecho. Joaquín Carrasquilla [email protected] vulnerable ante su situación administrativa. También este concepto aumenta los prejuicios y estigmas en contra de los migrantes, con la finalidad de que sean vistos como una amenaza y generen miedo y ansiedad en la sociedad, haciendo que las demás personas pierdan la comprensión y empatía hacia estos. El uso repetitivo de llamar a alguien “inmigrante ilegal” consolida los falsos estereotipos sobre los migrantes, distorsionando la opinión pública y dejando a un lado las contribuciones positivas de los migrantes a la sociedad. Denominar a una persona migrante como ilegal es considerado un trato denigrante. Debemos recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 2, establece que todas las personas tienen los mismos derechos y libertades “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Asimismo, en su artículo 3 se estipula que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, y en el artículo 5 se menciona que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Más que nunca debemos tener en cuenta el concepto de “aporofobia” de Adela Cortina, que no se rechaza al extranjero por ser inmigrante, se le rechaza al extranjero por ser pobre. El respeto y la protección de los derechos humanos de los migrantes son herramientas clave para una gestión eficaz de las fronteras. Es importante considerar que las políticas de criminalización de la migración implican elevados costos económicos y sociales. Los recursos utilizados para la detención y deportación de migrantes podrían ser invertidos en programas de integración, empleo y apoyo tanto para los migrantes como para la comunidad en general. Las políticas de criminalización no siempre disuaden la migración irregular. Las personas migran por situaciones desesperadas como el temor por su vida, persecución o extrema necesidad económica. Estas políticas empujan a los migrantes a rutas peligrosas y a ser víctimas del tráfico y trata de personas. Un fenómeno que ha sido impulsado por la desinformación en los últimos años y que ha cobrado verdadero impulso con el gobierno de Trump y su política migratoria es la “criminalización de la migración”. Este fenómeno no se inventó con Trump, pero el hecho de usar la migración como excusa política y populista para ganar elecciones y encuestas no es nuevo. Un ejemplo de esto en la actualidad son los nuevos gobiernos y grupos políticos de extrema derecha en Europa, que poco a poco han ido ganando cada vez más espacio político, utilizando a los migrantes como enemigos a combatir para obtener votos y ser tendencia en las redes sociales. Buscan lo popular pero no lo correcto. La reciente política migratoria estadounidense ha introducido el concepto de “crimigración”. Este término se refiere a la integración del derecho penal con el derecho de inmigración, tratando ambas disciplinas como una sola. En este contexto, diversas instituciones del orden público están autorizadas para detener a cualquier persona debido a su estatus migratorio irregular, independientemente de si son agentes o policías de inmigración. Esta práctica ha contribuido a asociar la inmigración con la comisión de delitos, cuando en realidad debería ser considerada una falta administrativa. Además, esto ha incrementado la percepción social errónea de que todos los migrantes son delincuentes que vienen a cometer ilícitos en el país, junto con otros malentendidos, tales como que los migrantes vienen a quitar empleos y a abusar de subvenciones y del Sueño Americano. Un aspecto crucial es que el fenómeno de la crimigración comienza con los migrantes en situación irregular y posteriormente se extiende a aquellos con estatus migratorio regular. Infracciones o sanciones administrativas que no constituyen delitos penales pueden resultar en la deportación de residentes permanentes que han ingresado y residen legalmente en el país. PosteriorHernando Henríquez [email protected] Opinión
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