4A La Prensa Panamá, sábado 22 de febrero de 2025 Panorama La situación actual de Panamá es complicadísima. José Raúl Mulino tiene muchos frentes abiertos y transita por caminos minados. Su “protegido” –el refugiado– no le está haciendo la vida fácil, porque, sin importar el precio que deba pagar Mulino, él quiere llevar la vida loca fuera de las cuatro paredes de su encierro diplomático. No quiere irse a Nicaragua, quiere quedarse, porque es que ahora está en la papa y hay una gran piñata que aún falta por repartir y ni hablar de su inagotable sed de venganza. Los problemas inmediatos son la aprobación de las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) y desanimar o anular potenciales huelgas y manifestaciones por este tema, algunas de ellas, alimentadas con fuego amigo. Luego la mina. Eso de abrir la mina para cerrarla es, como diríamos de Trump, un cuento chino, porque nunca fue descartada como fuente de aportes económicos a la CSS. La necesitan tanto como subir la edad de jubilación. Si Mulino usa mano dura con el tema de la CSS y las manifestaciones, se enfrentará a todo el país por la mina. Su desgaste será terrible. En medio de todo, la familia Martinelli. No para de exigir el pago que supuso convertir a Mulino en Martinelli. Y lo que quiere es simple pero costoso: que la justicia no alcance a sus miembros. Después de todo, la papa es para eso, pero Mulino está atrapado: si mueve un dedo en esa dirección, perdería mucho capital político. No olvidemos que estamos por decirle adiós al último vestigio de la calificación de riesgo, aunque en la práctica ya es un hecho. Eso hace más costosos los créditos que pide Panamá porque la austeridad prometida fue otro cuento de camino: jamás llegó. Por el contrario, el presupuesto de la Nación se aprobó con un enorme déficit en los ingresos –y, además, pagando por ello–, por lo que el Gobierno tendrá que recurrir a costosos créditos para cubrir las necesidades de la politiquería barata y chantajista. Mulino le dio el sí a Estados Unidos, y ahora tenemos migrantes en un campo de refugiados en Darién, que habrá que pensar muy bien qué hacer con ellos. Pese a esta vergonzosa concesión, Trump quiere seguir exprimiendo más. Y es que, ni agachando la cabeza, el Presidente consiguió que su colega norteamericano abandone su campaña de infundios contra Panamá. Mi hermana –distinguida socióloga– me envió una cita de Winston Churchill que describe sabiamente la situación: “Quien se humilla para evitar la guerra se queda con la humillación… y con la guerra”. Trump ha agregado salsapicanteaestesancocho de inestabilidad en Panamá, pero sigue insatisfecho. Y, hablando del tema, este año se empieza a construir un embalse que debió haber comenzado al mismo tiempoqueseamplióelCanal.No sé cuánta gente vive a lo largo del río Indio, pero estoy seguro de que habrá resistencia a las reubicaciones, por lo que tampoco hay que descartar protestas y manifestaciones. Y, una vez más, bajo el liderazgo de Mulino, habría más represión. Y a ello hay que sumarle lo que estaba en el manual: aumento de tasas de interés bancario –que ya empezaron, incluso en bancos estatales–, por lo que las casas costarán más, y poco o nada recibirán los esperanzados en un subsidio del Estado; aumentos al ya encarecido costo de vida; empleos formales que no suben ni tampoco lo hace la inversión extranjera; el costo de viajar en metro subirá, pues el Estado no puede seguir subsidiándolo, mientras que carreteras, calles y pasos vehiculares elevados necesitan urgente mantenimiento y señalización. Veo difícil la construcción del tren, salvo que el Gobierno pretenda dejarnos el Tesoro Nacional en las latas. Por todo esto, sigo sin comprender de qué se alegró Mulino cuando ganó las elecciones. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] La Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la admisión de una demanda de nulidad presentada para que se declaren nulas dos notas expedidas por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) por las cuales se autorizó la prórroga del contrato entre el Estado y la empresa Panamá Ports Company (PPC) en 2021. A través del edicto No.432 colgado ayer en la secretaría de la Sala Tercera se informa a las partes de la decisión asumida por los magistrados Cecilio Cedalise y María Cristina Chen Stanziola. La demanda interpuesta por el abogado Enrique Ruiz Díaz fue admitida el 29 de junio de 2023, pero la firma Morgan & Morgan, en representación de PPC, presentó una apelación contra esa decisión. Finalmente, los magistrados desestimaron la apelación de Morgan & Morgan, por lo que ahora se procederá a resolver el fondo de las actuaciones realizadas por AMP. La demanda de nulidad presentada por Ruiz Díaz es para que se declaren nulas las notas ADM-1123-- 062021-DGPIMA-CON de 28 de junio de 2021 y la certificación SG No. 021-062021 también de 28 de junio de 2021 expedidas por la AMP en la que se le concedió la prórroga automática para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal a PPC por un lapso de 25 años. En esa ocasión, la AMP alegó que PPC había cumplido con las obligaciones básicas estipuladas en el contrato Ley No.5 de 6 enero de 1997 y que por lo tanto se mantienen vigentes los derechos de concesión otorgados. El pasado 3 de febrero también se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el contrato suscrito entre el Estado y AMP bajo escrutinio: Avanza en la CSJ demanda de nulidad a contrato con PPC ÓRGANO JUDICIAL PCC. El citado recurso quedó radicado en el despacho de la magistrada Ángela Russo, quien corrió traslado al procurador Luis Carlos Gómez para que emita concepto. La demanda fue interpuesta a título personal por los abogados Julio Macías y Norman Castro, quienes alegan que el citado contrato viola varios artículos de la Constitución. Según el recurso, el contrato firmado entre el Estado y PPCcontienelosmismosvicios legales que el contrato suscrito con Minera Panamá y que fue declarado inconstitucional por la Corte. Así mismo, la Contraloría General de la República mantiene en curso una auditoría forense a PPC que pretende evaluar la correcta administración de los recursos y verificar el cumplimiento de los términos de la concesión, un contrato que ha sido cuestionado por falta de claridad en los beneficios que genera al Estado. Estos hechos se dan en el marco de las acusaciones hechas por el presidente de Estados Unidos en las que sostiene que la empresa de origen chino, como lo es PPC, mantiene un control sobre actividades portuarias relacionadas con el Canal de Panamá. Un donante debe esperar tres meses para volver a sacarse sangre, y en el caso de la donación de plaquetas, un mes. Archivo Sangre Panamá advierte que es ilegal la venta de sangre y plaquetas Yaritza Mojica [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] SALUD La fundación y la CSS manifestaron que la ley prohíbe la venta de sangre o cualquiera de sus componentes y que, incluso, hay riesgos porque la clandestinidad de esta práctica impide saber cuán a menudo la persona se extrae la sangre. Aunque la Ley 35 de 30 de mayo de 2018 prohíbe la compra y venta de sangre, esta práctica sigue ocurriendo en la clandestinidad, alimentada por la desesperación y el lucro inescrupuloso. En los alrededores de los hospitales, individuos comercian con la vida misma. Aprovechándose de la desesperación de los familiares de pacientes que aguardan una cirugía, imponen un precio a algo que debería ser un acto de solidaridad. José Sánchez fue víctima de estas personas y se vio en la necesidad, según él por desconocimiento, de comprar una pinta de sangre para su esposa, quien estaría sometiéndose a una cesárea urgente en la maternidad del Hospital Santo Tomás. Recuerda que pagó 40 dólares a la persona que fue a donar la sangre. “Entregué el nombre y la cédula de mi esposa para que la sangre quedara registrada y, al terminar, él me entregó el papel que confirmaba la donación y le pagué”, narró Sánchez. Según información recabada, la sangre es vendida a 40 dólares y las plaquetas hasta en 100 dólares en el “mercado negro”. Gabriel Rebollón, presidente de la Fundación Sangre Panamá, pide que esta mala práctica termine. Destacó que la compra y venta de sangre y plaquetas está prohibida por la ley y constituye un acto punible. “Exhorto a la población a donar voluntariamente y, si alguien cobra por donar, que no acepte esa sangre y lo denuncie”. Advirtió que esta acción además conlleva riesgos, tanto para el donante como para la persona que recibe la sangre, ya que, no se cumple con el tiempo de espera necesario entre una donación y otra. “Estas personas pueden mentir en los cuestionarios que deben llenar para donar sangre o plaquetas con el fin de recibir el dinero”, indicó. Un donante debe esperar PPC administra puertos en Balboa y Cristóbal. Archivo tres meses para volver a sacarse sangre, y en el caso de la donación de plaquetas, un mes. “Pedimos a los pacientes, familiares y a la comunidad que no caigan en manos de estafadores que lucran con la necesidad de otros”. Rebollón agregó que en la Fundación Sangre Panamá están comprometidos con salvar vidas a través de la donación voluntaria, ética y gratuita. Sobre el tema, la Caja de Seguro Social (CSS) reiteró a la población que la donación de sangre debe ser siempre un acto altruista y sin interés de ningún tipo, sobre todo en épocas como el Carnaval, cuando pueden aumentar las emergencias en los centros hospitalarios. Anabella Rivera, tecnóloga médica en el Banco de Sangre del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, recordó que la Ley 35, que regula la donación y transfusiones sanguíneas, prohíbe expresamente la compra, venta y cualquier intercambio de beneficios en torno a las donaciones de sangre. La especialista agregó que “las sanciones por incumplir esta ley podrían ser de tipo penal. Por lo tanto, evite contratiempos y, si va a donar sangre, hágalo de la forma correcta: voluntaria, altruista y gratuita”. Destacó que todos los órganos del cuerpo funcionan gracias a la sangre. “Donar es dar vida, sin pedir nada a cambio. La sangre no puede fabricarse, por ello es importante la donación, ya que se pueden salvar muchas vidas”, concluyó.
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