4A La Prensa Panamá, viernes 21 de febrero de 2025 Panorama El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió revocar un beneficio migratorio que concede un estatus legal a más de medio millón de haitianos en el país. La secretaria de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem, anunció la decisión de revocar la extensión que el mandatario Joe Biden (2021-2025) había dado al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití argumentando que “durante décadas” se ha “explotado y abusado” de ese beneficio. “Biden intentó atar las manos del Gobierno de Trump al extender el TPS para Haití por más tiempo de lo que es justificado o necesario”, indicó en un comunicado. Como consecuencia de la decisión, el TPS para Haití vencerá el próximo 3 de agosto, dejando sin un estatus legal y por lo tanto, vulnerables a la deportación, a los más de 520,000 migrantes haitianos. El TPS es un estatus temporal que el Gobierno de Estados Unidos puede otorgar a los ciudadanos de un país que esté atravesando un conflicto armado o una situación de emergencia. Con este beneficio, las personas pueden vivir y trabajar de manera legal en Estados Unidos sin riesgo a ser deportadas. El caso de los venezolanos En tanto, dos organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes en Estados Unidos presentaron ayer jueves una demanda contra el gobierno de Trump por su decisión de revocar un beneficio migratorio que otorga un estatus legal a miles de venezolanos en el país. La demanda, presentada en una corte federal en California, argumenta que la decisión del Gobierno de terminar el TPS para los venezolanos es ilegal y motivada por discriminación “racista” contra los migrantes de este país. “La secretaria (Kristi) Noem y el presidente Trump han hecho en repetidas ocasiones comentarios atacando a los migrantes que no son blancos y a los beneficiarios del TPS en particular”, indicó el documento judicial. En concreto, los abogados de las organizaciones citan una entrevista que la funcionaria dio en la cadena Fox News en donde se refiere a los migrantes venezolanos que tienen TPS como “porquería”. La decisión de la administración de Trump de anular y rescindir el TPS para Venezuela representa un gran alejamiento de la promesa de nuestra nación de brindar igualdad de protección”, señaló Harold Solis, abogado de la ONG Make The Road New York, que presentó la demanda, en un comunicado. El Gobierno de Biden decidió otorgar el TPS para las personas de Venezuela en 2021 y 2023, asegurando que la “emergencia humanitaria” por la que atraviesa Venezuela impide a los migrantes de este país en Estados Unidos volver de manera “segura”. Antes de salir de la Casa Blanca, Biden decidió extender el TPS hasta 2026, pero esta decisión fue revocada por Noem, titular de la DHS, a los pocos días de ser confirmada en su puesto por el Congreso. Trump también le quita beneficio del TPS a medio millón de haitianos POLÍTICA MIGRATORIA Actual campamento en San Vicente en Metetí. Cortesía Darién, el refugio forzado de un grupo de migrantes expulsados por Trump Eliana Morales Gil [email protected] SERVICIOS INTERNACIONALES MIGRACIÓN La incertidumbre sigue dominando la vida de los 97 migrantes en Darién. La decisión de si pueden quedarse en Panamá, ser enviados a terceros países o enfrentar la repatriación forzosa sigue en el aire. El hotel Decápolis de Ciudad de Panamá fue su primera parada, pero no su destino final. Un grupo de 97 migrantes deportados desde Estados Unidos (EU) se encuentra ahora en el albergue de San Vicente, Darién, sin un rumbo claro. Se trata de personas que, tras ser expulsadas del país que gobierna Donald Trump, han quedado en una situación incierta, pues no desean regresar a sus lugares de origen, donde aseguran correr peligro. En las ventanas del hotel ubicado a pocos pasos de la bahía de Panamá, antes de su traslado, aparecieron carteles con mensajes desesperados. “Salven a las chicas afganas”, se leía en uno de ellos. En otro, una petición desgarradora: “No estamos seguras en nuestro país”. Ahora, desde un albergue en la selva de Darién, su situación sigue sin resolverse. A este grupo de 97 personas, provenientes de países como Afganistán, Irán y China, entre otros, se sumarán en las próximas horas otros ocho migrantes, según informó el Ministerio de Seguridad Pública. Su futuro depende de las gestiones que organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) puedan concretar. “Se nos ha manifestado que son personas que no tienen reportes criminales, tienen familias, fueron capturados en la frontera. Están aquí y la OIM y Acnur los estarán asistiendo”, indicó la semana pasada el vicecanciller Carlos Ruiz-Hernández, quien ha estado al frente del tema. Dinoska Montalvo, ministra de gobierno, aseguró este jueves que tres de los migrantes deportados por Trump solicitaron refugio en Panamá. “Cosa curiosa también es que las mismas personas que invocaron el refugio, también han solicitado a los organismos internacionales (OIM y Acnur) que les faciliten poder hacer el trámite para solicitar refugio en un país como Canadá por ejemplo”, aseguró en el programa Noticia 180 minutos que conduce el periodista Alvaro Alvarado. La ministra añadió que a través de la Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados, se les ha facilitado traductores para el intercambio de comunicación. “Panamá los está apoyando”, añadió. La postura del gobierno El presidente de la República, José Raúl Mulino, defendió la llegada de los migrantes deportados y rechazó las críticas generadas por las dudas sobre la legalidad del proceso. Durante su conferencia de prensa semanal de este jueves 20 de febrero, el mandatario insistió en que no hay “nada escondido”. Manifestó que el operativo de repatriación de personas de EU, está basado en el memorándum de entendimiento firmado entre las dos naciones en julio de 2024. Añadió que el mismo se basa en el principio de “reciprocidad”. También cuestionó la atención mediática que ha recibido el tema. “A mí me sorprende que en este caso, que vienen (los migrantes) en dirección opuesta, es cuando levantan la voz; por 299. Cuando teníamos centenas de miles en Darién hace un año, nadie decía nada”, afirmó. Sin embargo, la realidad es otra. Cuando el país enfrentó la llegada masiva de migrantes a través del Darién, el tema generó un intenso debate nacional y ocupó un lugar central en la agenda mediática. Los medios de comunicación advirtieron sobre la crisis humanitaria en la frontera con Colombia, dando amplia cobertura a la magnitud del problema. 12 familias y 24 menores El mandatario también informó que de los 299 migrantes deportados desde EU, 157 son mujeres, 142 hombres, 12 grupos familiares y 24 menores de edad. Según Mulino, 13 de ellos ya han retornado voluntariamente a sus países. El presidente insistió en que los migrantes están recibiendo un trato digno y negó cualquier maltrato por parte de las autoridades panameñas. “Es falso que los estamos maltratando. Hay que ser bien perverso para pensar que nosotros, como panameños, vamos a maltratar a esa pobre gente que son víctimas de una realidad”, declaró. La incertidumbre de los migrantes Mulino también dijo que la acogida a los migrantes es parte de una estrategia regional en la que participan otros países, como Costa Rica, Guatemala y El Salvador. Además, recalca que los costos del operativo han sido cubiertos por la OIM y no por el Estado panameño. No obstante, el propio presidente adelantó que ha solicitado al canciller Javier Martínez-Acha que inicie la redacción de un nuevo memorándum de entendimiento con EU lo que podría modificar la forma en que se manejen futuras deportaciones. Mientras tanto, la incertidumbre sigue dominando la vida de los 97 migrantes en Darién. La decisión de si pueden quedarse en Panamá, ser enviados a terceros países o enfrentar la repatriación forzosa sigue en el aire. La secretaria de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem. EFE Tal Cual Mónica Palm [email protected] CASTIGO. El director de la CSS, Dino Mon, anunció en la Asamblea que la anterior administración utilizó fondos de otros programas para financiar las pensiones del IVM. ¿Cuándo presentará la denuncia criminal correspondiente? ¿Ya comenzó la investigación de este ilícito o se convertirá en otro caso en el que no pasa nada? FUERA. El loco debería estar buscando una maleta para empacar la hamaca y alistarse para que le den el salvoconducto, luego de que el presidente José Raúl Mulino se reuniera con la nueva embajadora de Nicaragua. Pero ahora resulta que eso ya no está en sus planes. Según su vocero Camacho, ahora quiere quedarse en Panamá. Que esta gente cambie de discurso no es nada nuevo. Hace un año, cuando el gobierno de Cortizo le negó el salvoconducto, Camacho imploró para que la Cancillería “recapacitara” y expidiera el permiso de salida. Después de todo, al “loco” le debe tener sin cuidado la reunión con la embajadora. Si se burla de su condena judicial y de la convención de asilo diplomático, ¿por qué habría de hacer caso a lo que diga Mulino? RED. La ministra Lucy Molinar dijo que tiene “bastante tiempo” trabajando con el director de la AIG. Entonces, ¿por qué sus recomendaciones no fueron incluidas desde un principio en el pliego de cargos de la licitación de $59.3 millones para el internet en las escuelas? Tampoco hizo caso a dos importantes observaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas sobre la modalidad de la licitación y los requisitos exigidos a los proponentes. ¿Cuál es la insistencia en no acatar las recomendaciones de los especialistas y técnicos? Después se molesta cuando alguien piensa mal. IRONÍA. Uno de los magistrados del Tribunal Electoral (TE) pretendía pactar un contrato (dicen que por casi $100,000) para retransmitir la programación del canal digital China TV. Ganas de alborotar a Trump... Además, ¿por qué alguien querría aliar al TE con una televisora de un país que no celebra procesos electorales ni promueve los valores democráticos? El mundo al revés. BOFETÓN. Esta semana, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia negó un recurso presentado por Panama Ports Company (PPC) en contra de la admisión de la demanda que Roberto Ruiz Díaz presentó contra las dos resoluciones de la AMP que prorrogaron automáticamente la concesión de los puertos Balboa y Cristóbal. La impugnación fue presentada en 2023, pero la Corte tardó año y medio en resolverla. Y hace año y medio, Trump no era presidente. PPC debió haberse quedado callada y no hacer nada: así tal vez la demanda ya habría sido resuelta y quién sabe si a la portuaria hasta le habría ido bien. No como ahora, que están bajo la lupa de medio mundo, no solo de Panamá.
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