4A La Prensa Panamá, jueves 20 de febrero de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] DESPERDICIO. La CSS es propietaria de bienes raíces valorados en $466 millones, según el director de Finanzas y Administración de esa entidad, César Herrera. Esas propiedades, ¿cuánto producen en alquileres? ¿Qué rédito o beneficio aportan a la Caja? Si estuvieran generando al menos el 10% de su valor, la entidad debería estar recibiendo, por lo menos, $40 millones al año. 3 GOLPES. El Ministerio de Seguridad Pública destinará casi $5 millones para suministrar alimentos preparados (desayuno, almuerzo y cena) a los migrantes y al personal albergado en las estaciones de recepción migratoria de San Vicente y Lajas Blancas, en Darién. Actualmente, se busca a un proveedor con capacidad para alimentar a 1,200 personas al día, durante un año. Si los contribuyentes están pagando eso, ¿acaso no merecen que les expliquen qué está pasando? Panamá está ayudando a otro país (Estados Unidos) a solucionar la migración irregular que llega a sus fronteras, pero nos estamos preparando para hacer frente a este problema en Darién, por lo menos, durante un año más. ENIGMA. ¿Alguien ha visto el memorando de entendimiento pactado con Estados Unidos, en el que Panamá acepta ser un “puente” para el retorno de los migrantes irregulares a sus países de origen? Es hora de que expliquen en qué consiste nuestra participación en la solución de este problema. SAPIENCIA. Esta semana, el diputado Raúl Pineda presentó un anteproyecto “que adopta medidas para la prevención y control de la ludopatía”. Debe saber mucho sobre este tema: no solo fue miembro de la junta directiva de la Junta de Control de Juegos (JCJ), sino que, en junio de 2024, inauguró un “centro de prevención de la ludopatía” en San Miguelito. ¿Para cuándo un centro de prevención de la mitomanía? COLMO. El mismo día en que La Prensa informó que la Secretaría Nacional de Energía prorrogó por cinco años el permiso de operación a una empresa neerlandesa auditada por la DGI e investigada por dos fiscalías, la Unión Europea (bloque al que pertenece Países Bajos) comunicó que Panamá se mantiene en la lista sancionatoria de paraísos fiscales. ¿Esta es la “reciprocidad” a la que aludía el Presidente? MALA SEÑAL. La Dirección General de Contrataciones Públicas ordenó suspender la licitación para proveer internet en 3,102 planteles oficiales, la cual tenía un precio de referencia de $59.3 millones. ¿Qué pasó con aquella propuesta de $700,000 que la ministra Lucy Molinar mencionó una vez que había recibido? ¿Por qué ahora hay que pagar tanto? Y aún no ha explicado en qué quedó la compra de las laptops. ¿Acaso no aprendió nada de los desaciertos en los que incurrió cuando fue ministra entre 2009 y 2014? El segundo debate del proyecto de ley N.° 163, que reforma la ley orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), avanzó con la discusión de los artículos 2 al 50. Con esto finalizó la discusión del primer bloque de artículos del proyecto, centrados en la gobernanza y la administración de la entidad de seguridad social. Al cierre de esta edición todavía no se había votado las propuestas de modificación al primer bloque, suministradas por los diputados. La conclusión del primer bloque también representa el fin del periodo en que los diputados pueden intervenir en el pleno para expresar su visión sobre la CSS, acordado en un máximo de dos rondas de 30 minutos. Según la metología aprobada, la votación se realizará una vez finalizada la discusión de los tres bloques del proyecto, artículo por artículo. La diputada presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, anunció la inmediata apertura de la discusión del segundo bloque, que comprende los artículos del 51 al 112 del proyecto y que abordan el fondo Así marcha el debate del proyecto de ley 163 en la Asamblea CSS ‘La edad de jubilación puede evaluarse en su momento, ahora no’, advierte Nelva Reyes. LP Trabajadores cierran filas: ‘no negocian’ el sistema solidario Mario De Gracia [email protected] Mario De Gracia [email protected] REFORMAS En entrevista con La Prensa, la secretaria general de la CGTP, Nelva Reyes, insiste sobre la propuesta de las agrupaciones sociales para la CSS. No hay margen para negociar otro modelo de sistema de pensiones que no sea el subsistema exclusivo de beneficio definido, llamado “solidario”. Esta es la posición de Nelva Reyes, secretaria general de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP). Desde el inicio de las consultas impulsadas por el Órgano Ejecutivo para reformar la Ley 51 de 2005, orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), la dirigente ha estado presente. Pero advierte que hasta la fecha, las agrupaciones sociales no han logrado el respaldo necesario para concretar su propuesta de retorno total al subsistema exclusivamente de beneficio definido. Los jubilados actuales dependen de este programa. Los gremios sindicalizados proponen que los afiliados al sistema mixto migren al de beneficio definido, sin modificar las medidas paramétricas y aumentando únicamente la cuota patronal. Sin embargo, la postura del Gobierno y los actuarios de la CSS es que esta propuesta no es sostenible, ya que la esperanza de vida sigue aumentando sin que la cantidad de trabajadores activos se mueva a la misma velocidad. La postura del gremio es inflexible y no negociable. La CGTP se opone a las medidas paramétricas, como el aumento de la edad de jubilación, tal como se planteaba en el proyecto de ley N°163. A pesar de que las modificaciones al proyecto en el primer debate legislativo evitaron el aumento de la edad de jubilación, Reyes advirtió que aún faltan las discusiones en segundo y tercer debate. “La CGTP no puede apoyarlos [las modificaciones de los diputados]. Para nosotros, el sistema solidario es fundamental”, apuntó en entrevista con La Prensa. Sobre la edad de jubilación, Reyes se mostró comprensiva con el argumento de que ha incrementado la esperanza de vida en Panamá, pero considera que no es el momento de hacer modificaciones. “La edad de jubilación puede evaluarse en su momento, ahora no”, indicó. Respecto del sistema solidario, Reyes sustenta que este “permite que los trabajadores reciban una pensión equivalente al 60% de su salario. En cambio, el otro modelo que se plantea [en el Legislativo] no garantiza una tasa definida. Un pensionado podría terminar con el 30% o incluso el 15% de su salario, dependiendo de factores fluctuantes. No podemos apoyarlo”, afirmó. El Gobierno ha propuesto la unificación del llamado sistema solidario con el subsistema mixto, que tiene un componente de ahorro individual. De acuerdo con el proyecto de ley, los rendimientos de este único fondo traería tasas de remplazo por arriba del 60%. Y por otro lado, afirman que el regreso al sistema de beneficio definido no resolvería el déficit financiero de la CSS, que podría alcanzar los $1,250 millones en 2025. Ante este argumento, Reyes subrayó que la propuesta respaldada por al menos nueve agrupaciones sociales durante el perioDino Mon, junto a su equipo, en la discusión de ayer Elysée Fernández de inversiones de la entidad y los servicios de salud. Este bloque ha sido uno de los que más controversia ha causado, tanto dentro del pleno, como en el periodo de consultas ciudadanas en el que participaron distintas agrupaciones gremiales, sindicales y de la sociedad civil. Para el segundo bloque, los diputados también podrán expresar sus posturas en el pleno del Legislativo en un máximo de dos rondas de 30 minutos cada una. Metodología El avance del primer al segundo bloque de discusión se dio dos días después de que iniciara formalmente el segundo debate, que tiene una metodología de discusión en tres bloques. Sin embargo, diputados como José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca), pidieron mayor celeridad en el debate para “evitar que [el Ejecutivo] exija una mayor extensión de dinero para financiar las pensiones y para que el proyecto se pueda evacuar del segundo debate antes de carnavales”. El Ejecutivo ha señalado que por cada mes que pasa sin que se apruebe una nueva ley para la CSS, corresponde destinar hasta $91 millones para cubrir el déficit en el sistema de pensiones. La primera transferencia, correspondiente al pago de pensiones del mes de febrero, fue aprobada a través de la ley 183 el pasado 12 de enero. La medida fue vista por el Ejecutivo como necesaria para garantizar los pagos de los jubilados en febrero. do de consultas previo a la redacción del proyecto de ley incluye un mayor aporte financiero del Estado a la CSS, equivalente a cerca de $1,400 millones. Además, contempla la formalización del empleo y el fortalecimiento de sectores económicos como el agro y el turismo. “Hemos sostenido que el 2% del PIB debe destinarse a la CSS, lo que le daría sostenibilidad a la institución. También planteamos medidas para reducir la evasión de la cuota [morosidad]”, detalló Reyes. En ese sentido, los diputados aprobaron, en primer debate,unaumentoenelaporte estatal a la CSS, que alcanzaría los $1,500 millones. Reyes reconoció que su propuesta no ofrece una solución inmediata, pero insistió en la necesidad de desarrollar políticas que la hagan viable en el futuro cercano. Al final del primer debate del proyecto N°163, la Asamblea implementó topes para la administración privada de los fondos de la CSS que se utilicen para inversiones. Un tope del 10% podrá ser administrado por entidades privadas, mientras que el 90% deberá estar en bancos estatales. Sobre este tope, Reyes tampoco se mostró flexible. “Se va a usar el dinero de la Caja, van a usarlo”, alertó. Notificación periódica para 83 obreros del Suntracs La jueza de garantías Luzmila Jaramillo concedió la medida cautelar de notificación periódica para los 83 miembros del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs) imputados por los delitos de lesiones personales, daños y privación de libertad, tras los enfrentamientos con agentes de la Policía durante una jornada de protesta contra las reformas de la Caja de Seguro Social. La jueza también les aplicó la medida cautelar de impedimento de salida de la provinciadePanamáylaprohibición de acercarse a las víctimas. Los imputados deberán comparecer los días 15 y 30 de cada mes para notificarse ante las autoridades. También se les advirtió que la medida puede ser revertida si no cumplen con lo dispuesto por la jueza. En la audiencia, la fiscalía solicitó la detención preventiva de los obreros, tras alegar que sus conductas generaron una situación de peligro generalizado para la sociedad y ocasionaron graves daños a las instalaciones del nuevo Hospital del Niño, que podrían superar el millón de dólares. También detallaron que los obreros utilizaron objetos contundentes, como pedazos de hierro y bloques, para atacar a los agentes, lesionando de gravedad a varios de ellos. Los abogados defensores alegaron que algunos de los imputados eran trabajadores que no participaron en los enfrentamientos. AUDIENCIA Juan Manuel Díaz [email protected]
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