1A La Prensa Panamá, jueves 20 de febrero de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 20 de febrero de 2025 - Año 44 - Nº 14935 Hoy por hoy La democracia es, ante todo, disenso. No se trata solo de elegir autoridades, sino de aceptar que existen diversas maneras de ver el mundo, intereses en conflicto y estilos de vida distintos. El debate sobre la reforma a la Caja de Seguro Social es un recordatorio de ello. El corazón de la discusión —la edad de jubilación y las cuotas— no es solo un tema técnico, sino una decisión que marcará el futuro del país. Disentir es legítimo, pero implica más que oponerse: exige compromiso, información y apertura al diálogo. En 2006, Panamá logró reformar la Caja de Seguro Social mediante el consenso. Hoy, el reto es el mismo. No se trata de imponer ni de bloquear, sino de construir soluciones viables a través de la participación y la escucha. La violencia y la intransigencia solo conducen al estancamiento. Una democracia fuerte no teme el debate, lo necesita. Es momento de sumar esfuerzos para garantizar un sistema sostenible para todos. Panorama El secreto del éxito de los estudiantes de la UP 6A Nelva Reyes: trabajadores no ceden con las jubilaciones 4A Panorama Deportes Panamá busca fortalecer juego colectivo frente a Paraguay 9A Economía Panamá busca respaldo para salir de las listas de la UE 4B ‘Pura mentira’; China refuta a EU Getzalette Reyes [email protected] CANAL DE PANAMÁ La reacción surge luego que la embajada de EU en Panamá dijera que el nuevo jefe del Comando Sur llega al país para hablar de cómo “resguardar el área del Canal de la influencia y control del Partido Comunista Chino”. La llegada del jefe del Comando Sur de Estados Unidos a Panamá ha avivado la polémica sobre la supuesta injerencia china en áreas del Canal . La Embajada de Estados Unidos en Panamá expresó que la presencia de Alvin Holsey, entre otras cosas, tiene el propósito de “discutir los desafíos regionales críticos, incluidos los esfuerzos para proteger el área del Canal de la influencia y control del Partido Comunista ChiDejan en libertad a 83 obreros del Suntracs Una jueza de garantías decidió anoche dejar en libertad, aunque con la medida de notificación los 15 y 30 de cada mes, a 83 obreros del Sindicato Único Nacional de Trabajdores de la Construcción (Suntracs) que fueron detenidos tras protagonizar violentos disturbios en el marco de una protesta contra las reformas a la Caja de Seguro Social. VEA4A Juan Manuel Díaz [email protected] Deportaciones de Estados Unidos bajo la lupa, ¿hay respaldo jurídico suficiente? Eliana Morales Gil [email protected] El memorándum de entendimiento firmado en julio de 2024 entre Panamá y Estados Unidos (EU) no contempla la deportación de extranjeros a territorio panameño, según su contenido oficial. Sin embargo, las autoridades se aferran a este documento para sustentar la repatriación de migrantes desde EU a Panamá. Aunque el presidente José Raúl Mulino aseguró que dicho memorándum se ampliaría, se desconoce si ya fue reformado y qué establece el nuevo acuerdo. El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, ha dicho que el tema se discutió “al más alto nivel en Policías vigilan en el Decápolis. Elysée Fernández la Casa Blanca”. Por su parte, el vicecanciller Carlos Ruiz-Hernández, dice que fue un pedido “muy específico” de Washington. VEA 2A Ciudad de las Artes Lectura y arte en armonía Una de las bancas literarias de la Ruta de la Lectura, ubicada en la Ciudad de las Artes, en Llanos de Curundu, rinde homenaje a escritores panameños. Esta iniciativa conjunta del Ministerio de Cultura, Bi Bank y ‘La Prensa’, fusiona literatura y espacio público con acceso digital a sus obras. VEA 10A Alexander Arosemena ARIAS, ÁBREGO, LÓPEZ & NORIEGA no”. Como reacción, el portavoz de la embajada de la República Popular China en Panamá aseguró que “China nunca ha participado en la gestión ni la operación del Canal de Panamá” y remarcó que “el supuesto argumento de ‘China controla el Canal’ no es más que una pura mentira. Por el contrario, ha sido justamente Estados Unidos quien ha amenazado una y otra vez con retomar el Canal (...)”. Holsey se reunirá con el presidente José R. Mulino, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez. VEA 2A
2A La Prensa Panamá, jueves 20 de febrero de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Miembros de la Fuerza Pública en las instalaciones del hotel Decápolis. Elysée Fernández Panamá recibe deportados de EU sin tener claridad legal Eliana Morales Gil [email protected] MIGRACIÓN El fin de semana afloraron las tensiones por el manejo del tema. El Servicio Nacional de Migración se enfrentaba al siguiente dilema: ¿cómo repatriar a los migrantes si ingresaron a Panamá con el consentimiento de las autoridades locales? El traslado de 300 migrantes deportados por Estados Unidos (EU) a Panamá ha puesto bajo la lupa el acuerdo que respalda esta medida y ha abierto interrogantes sobre su legalidad. El memorándum de entendimiento firmado en julio de 2024 entre ambos países no contemplaba la deportación de extranjeros a territorio panameño, según su contenido oficial. A esto se suma que, en diciembre pasado, la Cancillería, citando el derecho internacional, afirmó que Panamá no tiene la obligación de aceptar deportados de otras nacionalidades distintas a la panameña. Sin embargo, tras la difusión de imágenes y videos de migrantes de diversas nacionalidades asomados desde las ventanas del hotel Decápolis pidiendo ayuda, las autoridades panameñas no han aclarado en qué marco jurídico se sustenta esta medida. Cuando le consultan sobre el tema, el ministro de Seguridad Pública Frank Ábrego, repite el mismo libreto: el memorándum de entendimiento firmado entre Panamá y EU. En medio de la reciente visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, a Panamá, el presidente José Raúl Mulino anunció que se ampliará ese documento, pues Panamá había ofrecido deportar migrantes desde la pista de Nicanor, en Metetí, Darién. No obstante, hasta el momento se desconoce si ese acuerdo ya fue reformado y qué establece. Hasta ahora, nadie lo ha visto. El diputado Ernesto Cedeño solicitó a la Cancillería una copia de ese documento. “No debemos constituirnos en el Guantánamo de Centroamérica”, advirtió. Un acuerdo ‘al más alto nivel’ El ministro Ábrego también ha dicho que el operativo se conversó “al más alto nivel” en la Casa Blanca, con los asesores del presidente Donald Trump. Y cuando le consultan por qué Panamá se incluyó en esta triangulación, afirma que es un asunto que le corresponde responder a la Cancillería. El vicecanciller Carlos Ruiz-Hernández, en una conferencia de prensa realizada el pasado jueves en la sede del ministerio, informó que EU les hizo la solicitud de cooperación. Esa petición, dijo, “es muy específica”. La respuesta del vicecanciller surgió cuando un periodista le consultó por qué EU no deporta directamente a los migrantes y por qué deben pasar por Panamá. “El presidente Mulino, en alianza con las autoridades, ha estado completamente dispuesto a cooperar con esta solicitud”, añadió. Muzaffar Chishti, miembro senior del Migration Policy Institute, dijo a The New York Times que el plan de Panamá es parte de “una era totalmente nueva de aplicación de la ley”, en la que Washington está coaccionando a otras naciones para que se conviertan en parte de su “maquinaria de deportación”. No en vano el tema surgió en un contexto hostil para Panamá. Donald Trump, presidente de EU, amenaza con retomar el control del Canal de Panamá, alegando que su operación está bajo interferencia china, asunto que las autoridades panameñas niegan rotundamente. El vicecanciller Ruiz-Hernández también dijo que los perfiles de los migrantes no los escoge Panamá. “Simplemente se nos ha manifestado que son personas que no tienen reportes criminales, tienen familias, fueron capturados en la frontera. Están aquí y la Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR los estarán asistiendo”, manifestó. ¿Crisis interna? Aunque el ministro Ábrego y el vicecanciller presentan ante los medios un discurso similar, a lo interno del gobierno el tema ha generado fricciones y posturas encontradas. China “nunca ha participado en la gestión ni la operación del Canal de Panamá” ni ha intervenido en los asuntos de esta vía acuática, afirmó la Embajada de China en Panamá en respuesta a la nota de prensa emitida por la Embajada de Estados Unidos en el país. El pronunciamiento chino surge luego de que Estados Unidos anunciara la visita del almirante de la Marina estadounidense Alvin Holsey, comandante del Comando Sur, quien estará en Panamá del 19 al 20 de febrero. Durante su estancia, Holsey se reunirá con autoridades panameñas para fortalecer la cooperación en seguridad y abordar “desafíos críticos para la región”. Según la nota de la Embajada de Estados Unidos, en la agenda de la visita también se contempla el análisis de temas de seguridad, “así como abordar otros temas de seguridad tales como resguardar el área del canal de la influencia y control del Partido Comunista Chino”. En respuesta, la Embajada de China calificó la afirmación como falsa. “El supuesto argumento de ‘China controla el Canal’ no es más que una pura mentira. P or el contrario, ha sido justamente Estados Unidos quien ha amenazado una y otra vez con ‘retomar’ el Canal, en un intento de volver a controlar la vía interoceánica”, declaró la delegación diplomática china este miércoles 19 de febrero. China advierte que EU miente sobre el manejo del Canal de Panamá POLÉMICA DIPLOMÁTICA Durante su estancia, el comandante se reunirá con el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y el canciller, Javier Martínez-Acha. Asimismo, tratará la crisis migratoria en la región y los esfuerzos conjuntos para contener el tráfico ilegal de personas. El almirante también sostendrá una reunión con Ricaurte Vásquez, administrador del Canal de Panamá, para analizar la importancia estratégica de la vía interoceánica y explorar nuevas áreas de colaboración. El secretario de Defensa de Estados Unidos y jefe del Pentágono, Pete Hegseth, también tiene previsto visitar el país en el mes de abril. Este sería la tercera visita de un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos, tras la del secretario de Estado, Marco Rubio, del 1 al 3 de febrero. Getzalette Reyes [email protected] Alvin Holsey es recibido por miembros de la Fuerza Pública. Cortesía/Embajada de EU en Panamá La Prensa conoció que el fin de semana afloraron las tensiones por el manejo del tema. El Servicio Nacional de Migración se enfrentaba al siguiente dilema: ¿cómo repatriar a los migrantes si ingresaron a Panamá con el consentimiento de las autoridades locales? El interrogante fue planteada al Ministerio de Relaciones Exteriores, que en ese momento tenía pocas respuestas. A esto se suma que ningún funcionario de EU habría firmado el manifiesto del vuelo, que no se describieron las condiciones de los deportados y que varios de ellos son de nacionalidades restringidas según la ley panameña, lo que complica los tramites de repatriación. No obstante, las autoridades panameñas se aferran al papel que la OIM y ACNUR están haciendo para garantizar su retorno de manera segura. “Están bajo nuestra custodia para su protección. Nosotros no conocemos la identidad a fondo, salvo el nombre y los datos que nos da la biometría de Interpol, que nos proporciona los datos de identidad básicos. A manera de prevención, estas personas no pueden circular por nuestro país precisamente para garantizar la seguridad y la paz de los ciudadanos panameños”, aseguró el ministro Ábrego cuando periodistas le preguntaron por qué los migrantes están encerrados. Un grupo dejó Panamá, otro está en Darién Ábrego informó ayer que la noche del martes 10 personas de Uzbekistán y una de India dejaron el país. Tomaron un avión desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Otro grupo fue trasladado en buses hasta el campamento de San Vicente, en Metetí, Darién. The New York Times reportó que serían al menos 100, pero oficialmente no se ha confirmado una cifra exacta. En tanto, otros permanecen en el Decápolis. “La opción que teníamos era colocarlos en un hotel de la localidad mientras se prepara el lugar en Darién”, aseguró el vicecanciller refiriéndose en el albergue de San Vicente, en Metetí. El ministro de Seguridad también estima que las 170 personas que aceptaron retornar voluntariamente a sus países permanecerían en Panamá hasta el domingo de carnaval, el 2 de marzo. Se fugó y fue encontrada En la mañana de este miércoles, el Servicio Nacional de Migración reportó que una ciudadana china de nombre Zheng Lijuan se fugó del hotel. Sin embargo, en horas de la tarde, el ministro Ábrego informó que había sido ubicada. “Responsablemente comunico que hemos localizado a la ciudadana de origen asiático, quien había escapado del centro de recepción provisional para migrantes en tránsito, en complicidad con un grupo de traficantes de personas que la abandonaron cerca del CATEM Costa Rica”, dijo el ministro a través de su cuenta en la red social X. A la cadena de acontecimientos se sumó otro elemento durante la tarde de este miércoles: la llegada al país de Alvin Holsey, nuevo comandante del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. De auerdo con la embajada de EU en Panamá, se reunirá con el ministro Ábrego, y el canciller, Javier Martínez-Acha, para discutir estrategias de cooperación en seguridad y la protección del Canal de Panamá “ante posibles influencias externas”. El hotel está ubicado en la avenida Balboa. Elysée Fernández
3A La Prensa Panamá, jueves 20 de febrero de 2025
4A La Prensa Panamá, jueves 20 de febrero de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] DESPERDICIO. La CSS es propietaria de bienes raíces valorados en $466 millones, según el director de Finanzas y Administración de esa entidad, César Herrera. Esas propiedades, ¿cuánto producen en alquileres? ¿Qué rédito o beneficio aportan a la Caja? Si estuvieran generando al menos el 10% de su valor, la entidad debería estar recibiendo, por lo menos, $40 millones al año. 3 GOLPES. El Ministerio de Seguridad Pública destinará casi $5 millones para suministrar alimentos preparados (desayuno, almuerzo y cena) a los migrantes y al personal albergado en las estaciones de recepción migratoria de San Vicente y Lajas Blancas, en Darién. Actualmente, se busca a un proveedor con capacidad para alimentar a 1,200 personas al día, durante un año. Si los contribuyentes están pagando eso, ¿acaso no merecen que les expliquen qué está pasando? Panamá está ayudando a otro país (Estados Unidos) a solucionar la migración irregular que llega a sus fronteras, pero nos estamos preparando para hacer frente a este problema en Darién, por lo menos, durante un año más. ENIGMA. ¿Alguien ha visto el memorando de entendimiento pactado con Estados Unidos, en el que Panamá acepta ser un “puente” para el retorno de los migrantes irregulares a sus países de origen? Es hora de que expliquen en qué consiste nuestra participación en la solución de este problema. SAPIENCIA. Esta semana, el diputado Raúl Pineda presentó un anteproyecto “que adopta medidas para la prevención y control de la ludopatía”. Debe saber mucho sobre este tema: no solo fue miembro de la junta directiva de la Junta de Control de Juegos (JCJ), sino que, en junio de 2024, inauguró un “centro de prevención de la ludopatía” en San Miguelito. ¿Para cuándo un centro de prevención de la mitomanía? COLMO. El mismo día en que La Prensa informó que la Secretaría Nacional de Energía prorrogó por cinco años el permiso de operación a una empresa neerlandesa auditada por la DGI e investigada por dos fiscalías, la Unión Europea (bloque al que pertenece Países Bajos) comunicó que Panamá se mantiene en la lista sancionatoria de paraísos fiscales. ¿Esta es la “reciprocidad” a la que aludía el Presidente? MALA SEÑAL. La Dirección General de Contrataciones Públicas ordenó suspender la licitación para proveer internet en 3,102 planteles oficiales, la cual tenía un precio de referencia de $59.3 millones. ¿Qué pasó con aquella propuesta de $700,000 que la ministra Lucy Molinar mencionó una vez que había recibido? ¿Por qué ahora hay que pagar tanto? Y aún no ha explicado en qué quedó la compra de las laptops. ¿Acaso no aprendió nada de los desaciertos en los que incurrió cuando fue ministra entre 2009 y 2014? El segundo debate del proyecto de ley N.° 163, que reforma la ley orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), avanzó con la discusión de los artículos 2 al 50. Con esto finalizó la discusión del primer bloque de artículos del proyecto, centrados en la gobernanza y la administración de la entidad de seguridad social. Al cierre de esta edición todavía no se había votado las propuestas de modificación al primer bloque, suministradas por los diputados. La conclusión del primer bloque también representa el fin del periodo en que los diputados pueden intervenir en el pleno para expresar su visión sobre la CSS, acordado en un máximo de dos rondas de 30 minutos. Según la metología aprobada, la votación se realizará una vez finalizada la discusión de los tres bloques del proyecto, artículo por artículo. La diputada presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, anunció la inmediata apertura de la discusión del segundo bloque, que comprende los artículos del 51 al 112 del proyecto y que abordan el fondo Así marcha el debate del proyecto de ley 163 en la Asamblea CSS ‘La edad de jubilación puede evaluarse en su momento, ahora no’, advierte Nelva Reyes. LP Trabajadores cierran filas: ‘no negocian’ el sistema solidario Mario De Gracia [email protected] Mario De Gracia [email protected] REFORMAS En entrevista con La Prensa, la secretaria general de la CGTP, Nelva Reyes, insiste sobre la propuesta de las agrupaciones sociales para la CSS. No hay margen para negociar otro modelo de sistema de pensiones que no sea el subsistema exclusivo de beneficio definido, llamado “solidario”. Esta es la posición de Nelva Reyes, secretaria general de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP). Desde el inicio de las consultas impulsadas por el Órgano Ejecutivo para reformar la Ley 51 de 2005, orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), la dirigente ha estado presente. Pero advierte que hasta la fecha, las agrupaciones sociales no han logrado el respaldo necesario para concretar su propuesta de retorno total al subsistema exclusivamente de beneficio definido. Los jubilados actuales dependen de este programa. Los gremios sindicalizados proponen que los afiliados al sistema mixto migren al de beneficio definido, sin modificar las medidas paramétricas y aumentando únicamente la cuota patronal. Sin embargo, la postura del Gobierno y los actuarios de la CSS es que esta propuesta no es sostenible, ya que la esperanza de vida sigue aumentando sin que la cantidad de trabajadores activos se mueva a la misma velocidad. La postura del gremio es inflexible y no negociable. La CGTP se opone a las medidas paramétricas, como el aumento de la edad de jubilación, tal como se planteaba en el proyecto de ley N°163. A pesar de que las modificaciones al proyecto en el primer debate legislativo evitaron el aumento de la edad de jubilación, Reyes advirtió que aún faltan las discusiones en segundo y tercer debate. “La CGTP no puede apoyarlos [las modificaciones de los diputados]. Para nosotros, el sistema solidario es fundamental”, apuntó en entrevista con La Prensa. Sobre la edad de jubilación, Reyes se mostró comprensiva con el argumento de que ha incrementado la esperanza de vida en Panamá, pero considera que no es el momento de hacer modificaciones. “La edad de jubilación puede evaluarse en su momento, ahora no”, indicó. Respecto del sistema solidario, Reyes sustenta que este “permite que los trabajadores reciban una pensión equivalente al 60% de su salario. En cambio, el otro modelo que se plantea [en el Legislativo] no garantiza una tasa definida. Un pensionado podría terminar con el 30% o incluso el 15% de su salario, dependiendo de factores fluctuantes. No podemos apoyarlo”, afirmó. El Gobierno ha propuesto la unificación del llamado sistema solidario con el subsistema mixto, que tiene un componente de ahorro individual. De acuerdo con el proyecto de ley, los rendimientos de este único fondo traería tasas de remplazo por arriba del 60%. Y por otro lado, afirman que el regreso al sistema de beneficio definido no resolvería el déficit financiero de la CSS, que podría alcanzar los $1,250 millones en 2025. Ante este argumento, Reyes subrayó que la propuesta respaldada por al menos nueve agrupaciones sociales durante el perioDino Mon, junto a su equipo, en la discusión de ayer Elysée Fernández de inversiones de la entidad y los servicios de salud. Este bloque ha sido uno de los que más controversia ha causado, tanto dentro del pleno, como en el periodo de consultas ciudadanas en el que participaron distintas agrupaciones gremiales, sindicales y de la sociedad civil. Para el segundo bloque, los diputados también podrán expresar sus posturas en el pleno del Legislativo en un máximo de dos rondas de 30 minutos cada una. Metodología El avance del primer al segundo bloque de discusión se dio dos días después de que iniciara formalmente el segundo debate, que tiene una metodología de discusión en tres bloques. Sin embargo, diputados como José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca), pidieron mayor celeridad en el debate para “evitar que [el Ejecutivo] exija una mayor extensión de dinero para financiar las pensiones y para que el proyecto se pueda evacuar del segundo debate antes de carnavales”. El Ejecutivo ha señalado que por cada mes que pasa sin que se apruebe una nueva ley para la CSS, corresponde destinar hasta $91 millones para cubrir el déficit en el sistema de pensiones. La primera transferencia, correspondiente al pago de pensiones del mes de febrero, fue aprobada a través de la ley 183 el pasado 12 de enero. La medida fue vista por el Ejecutivo como necesaria para garantizar los pagos de los jubilados en febrero. do de consultas previo a la redacción del proyecto de ley incluye un mayor aporte financiero del Estado a la CSS, equivalente a cerca de $1,400 millones. Además, contempla la formalización del empleo y el fortalecimiento de sectores económicos como el agro y el turismo. “Hemos sostenido que el 2% del PIB debe destinarse a la CSS, lo que le daría sostenibilidad a la institución. También planteamos medidas para reducir la evasión de la cuota [morosidad]”, detalló Reyes. En ese sentido, los diputados aprobaron, en primer debate,unaumentoenelaporte estatal a la CSS, que alcanzaría los $1,500 millones. Reyes reconoció que su propuesta no ofrece una solución inmediata, pero insistió en la necesidad de desarrollar políticas que la hagan viable en el futuro cercano. Al final del primer debate del proyecto N°163, la Asamblea implementó topes para la administración privada de los fondos de la CSS que se utilicen para inversiones. Un tope del 10% podrá ser administrado por entidades privadas, mientras que el 90% deberá estar en bancos estatales. Sobre este tope, Reyes tampoco se mostró flexible. “Se va a usar el dinero de la Caja, van a usarlo”, alertó. Notificación periódica para 83 obreros del Suntracs La jueza de garantías Luzmila Jaramillo concedió la medida cautelar de notificación periódica para los 83 miembros del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs) imputados por los delitos de lesiones personales, daños y privación de libertad, tras los enfrentamientos con agentes de la Policía durante una jornada de protesta contra las reformas de la Caja de Seguro Social. La jueza también les aplicó la medida cautelar de impedimento de salida de la provinciadePanamáylaprohibición de acercarse a las víctimas. Los imputados deberán comparecer los días 15 y 30 de cada mes para notificarse ante las autoridades. También se les advirtió que la medida puede ser revertida si no cumplen con lo dispuesto por la jueza. En la audiencia, la fiscalía solicitó la detención preventiva de los obreros, tras alegar que sus conductas generaron una situación de peligro generalizado para la sociedad y ocasionaron graves daños a las instalaciones del nuevo Hospital del Niño, que podrían superar el millón de dólares. También detallaron que los obreros utilizaron objetos contundentes, como pedazos de hierro y bloques, para atacar a los agentes, lesionando de gravedad a varios de ellos. Los abogados defensores alegaron que algunos de los imputados eran trabajadores que no participaron en los enfrentamientos. AUDIENCIA Juan Manuel Díaz [email protected]
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6A La Prensa Panamá, jueves 20 de febrero de 2025 La Alcaldía de San Miguelito encabezó una reunión interinstitucional para abordar el problema de la gestión de los residuos en el distrito. En la actividad, que tuvo lugar ayer, participaron representantes de los ministerios de Ambiente, Salud y Economía y Finanzas. La alcalde Irma Hernández presentó un informe sobre el estado actual de la recolección de la basura, servicio que está concesionado a la empresa Recicladora, Vida y Salud, S.A. (Revisalud) hasta enero de 2026. Hernández manifestó que en sus 25 años de concesión exclusiva la empresa solo ha cumplido con el 51% del plan operativo de ruta de recolección, y como consecuencia de ese hecho el distrito ha caído en una crisis que ha llevado a que se decrete una alerta sanitaria. Hernández remarcó que la acumulación de basura por la deficiencia en el servicio afecta la calidad de vida de los residentes, impactando sus hogares, parques y escuelas, y que, dada la densidad del distrito, y su importancia para la capital, se necesita priorizar la solución. La alcalde planteó que este acercamiento busca el respaldo temporal de las autoridades para manejar el problema de la basura, es decir, mientras expira el contrato con Revisalud y se completa el proceso de licitación para elegir a una nueva empresa. Irma Hernández pide apoyo al gobierno central para manejar residuos sólidos SANEAMIENTO “Estamos buscando el apoyo y auxilio por parte del gobierno central, que nos puede respaldar con más fondos, más equipos y más personal para combatir el problema temporalmente, hasta que nosotros estemos más estables con las nuevas empresas que llegarán al distrito de San Miguelito”, explicó. Durante su intervención, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, dijo que “la gestión de residuos en Panamá es un desastre y requiere mejoras con la colaboración de la ciudadanía”. Con respecto a San Miguelito, Navarro considera que la alcaldesa está impulsando acciones para mejorar la recolección, en un trabajo conjunto con el director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD). “Nosotros, en MiAmbiente, estamos conscientes de la realidad que hay a nivel nacional con la basura, la contaminación y el estado del relleno sanitario de cerro Patacón, por lo que, junto con otras autoridades, estamos evaluando la situación para ofrecer apoyo”. Al final de la reunión, Navarro manifestó a la alcalde su respaldo para solucionar el problema, sin embargo, advirtió que el estado tanto ambiental como financiero en que se encontró el país requiere de un trabajo conjunto para salir adelante. En la reunión de ayer también participaron el secretario general del Ministerio de Salud, Julio Arosemena; el viceministro de Finanzas (MEF), Fausto Fernández; el director de la AAUD, Ovil Moreno, y los representantes de corregimiento. Concluido el encuentro, la comitiva interinstitucional realizó un recorrido por el Centro de Operaciones Municipales, donde evidenciaron, a través de las cámaras de vigilancia, la acumulación de desechos en los diferentes sectores. La directora de Admisión de la Facultad de Medicina, Maricela Urroz, la decana Oris Lam de Calvo y el vicedecano Américo Lombardo. Itzaly Pérez El secreto del éxito de los estudiantes de medicina de la UP Aleida Samaniego C. [email protected] Yaritza Mojica [email protected] EDUCACIÓN SUPERIOR Autoridades de la Facultad de Medicina indican que un mayor nivel de preparación facilita el logro de mejores puntajes en el examen de certificación, y destacan como uno de sus pilares que las asignaturas son secuenciales: un estudiante no avanza de semestre si no ha aprobado la asignatura previa. Los resultados del examen de certificación básica en medicina, a los que La Prensa tuvo acceso, han revelado que los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP) obtienen los mejores puntajes en comparación con otras universidades del país. De acuerdo con el informe del Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina, entre 2014 y 2024 un total de 10,381 médicos graduados de universidades oficiales y privadas de Panamá presentaron este examen. De estos, 4,670 no lograron superar la evaluación, que se aplica tres veces al año (enero, mayo y agosto). Esta prueba tiene como objetivo garantizar que los aspirantes al internado posean el conocimiento mínimo necesario para ejercer la medicina con seguridad y calidad. Sin embargo, los resultados reflejan que una proporción significativa de los graduados no alcanza el nivel mínimo requerido. El desglose de los resultados muestra grandes disparidades entre las universidades públicas y privadas del país. En la Facultad de Medicina de la UP, el porcentaje de fracaso es solo del 5%, con 106 de 2,079 graduados que no aprobaron la prueba. En contraste, la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) presenta un porcentaje de fracaso más alto, alcanzando el 29% (178 de 615). Las universidades privadas enfrentan una situación aún más crítica, con un 57% de los egresados de estas instituciones (4,386 de 7,687) que no lograron superar el examen de certificación. Evaluación Este panorama ha generado un intenso debate sobre la formación académica y los métodos de evaluación de los estudiantes, especialmente en cuanto a los puntajes y el número de intentos permitidos para aprobar el examen final de la carrera. Las autoridades de la Facultad de Medicina de la UP han expresado su posición sobre el tema, defendiendo la necesidad de revisar y mejorar los procesos de evaluación, con el fin de mantener la calidad educativa sin perjudicar la trayectoria de los estudiantes. En relación con el límite de intentos para presentar el examen, la decana de la Facultad de Medicina de la UP, Oris Lam de Calvo, advirtió que limitar a dos o menos los intentos podría poner en riesgo el futuro académico y profesional de los estudiantes. Lam de Calvo subrayó que una medida de este tipo podría resultar en una pérdida significativa de tiempo y recursos, no solo para los estudiantes, sino también para sus familias, que a menudo financian sus estudios mediante préstamos educativos. La directora de Admisión de la Facultad de Medicina de la UP, Maricela Urroz, enfatizó que los estudiantes de la UP enfrentan altos costos educativos, lo que hace aún más preocupante la posible limitación de intentos. Además, las autoridades académicas recalcaron que el puntaje mínimo de aprobación, fijado en 41.5%, no debe ser considerado un indicativo de bajo rendimiento. Este resultado es producto de un proceso técnico y riguroso, que tiene en cuenta diversas variables y ajusta el puntaje según los estándares internacionales. Lam de Calvo destacó que este puntaje es el resultado de un análisis estadístico basado en los exámenes de un grupo amplio de estudiantes, lo que asegura su precisión y conformidad con los criterios internacionales. De hecho, la comparación con otros sistemas de evaluación, como el de Estados Unidos, muestra que los estudiantes que alcanzan este puntaje en Panamá están alcanzando estándares comparables a los de otros países. Tanto Lam de Calvo como Urroz subrayaron la importancia de mejorar la formación académica desde los primeros años de la carrera. Un mayor nivel de preparación en el aula podría facilitar el logro de mejores puntajes en el examen de certificación. En este sentido, señalaron que el verdadero desafío no consiste únicamente en elevar el puntaje mínimo, sino en fortalecer el sistema educativo en su conjunto para preparar mejor a los estudiantes desde el inicio de su formación. ¿Por qué? Porque las asignaturas aquí en nuestra facultad son asignaturas secuenciales. Y para dar una asignatura de X semestre, él debe tener una base de las asignaturas que se dieron en el semestre previo. Nosotros no concebimos que el estudiante avance de semestre si no ha aprobado la asignatura previa, Ese es un aspecto que quizá marca una diferencia entre esta carrera y otras carreras tanto en la Universidad de Panamá como en el resto del país. Nuestro reglamento de promociones, nuestro reglamento de calificaciones, añadió el vicedecano de la Facultad de Medicina, Américo Lombardo. Un dato relevante que resalta la decana de la Facultad de Medicina es que, en la última década, en 10 ocasiones las promociones de la UP que han realizado el examen de certificación del National Board of Medical Examiners de Estados Unidos lograron un 100% de aprobación. En la última promoción MD17, 134 médicos recién graduados aprobaron el examen de certificación internacional, y 43 de ellos superaron el puntaje de referencia de 73. Entre los casos más destacados está Winston Reyes, quien obtuvo un puntaje de 96. Asimismo, Jorge Sinclar, quien presentó el examen en 2018, logró la puntuación más alta en la historia de Panamá y, hasta el momento, es el único en alcanzar un puntaje perfecto. En cuanto al costo del examen de certificación básica, que asciende a $135, Lam de Calvo aclaró que la Universidad de Panamá no recibe ingresos por este concepto. El costo está destinado a cubrir los honorarios de la empresa extranjera encargada de organizar la prueba. La decana también respondió a las preocupaciones sobre la transparencia del proceso, afirmando que la gestión del examen se realiza de manera estricta para asegurar que nadie tenga acceso al contenido del examen antes de la prueba. “Los estudiantes reciben un acceso individualizado con un password único, y el examen les llega directamente a su correo. La universidad no tiene acceso al contenido de la prueba; cualquier intento de ver el examen solo podría ocurrir si se compran bancos de preguntas de años anteriores, pero eso está disponible para todos los interesados”, explicó Lam de Calvo. En resumen, los resultados del examen de certificación básica en medicina en Panamá muestran importantes disparidades entre las universidades públicas y privadas del país, pero también destacan los logros de la Universidad de Panamá, que continúa siendo un referente en la formación de médicos con altos estándares académicos. Sin embargo, los desafíos persisten en cuanto a los procesos de evaluación y la preparación de los estudiantes, lo que requiere una reflexión profunda para mejorar la calidad educativa y asegurar que todos los egresados puedan cumplir con los requisitos necesarios para ejercer con seguridad y responsabilidad en el campo de la medicina. La reunión interinstitucional tuvo lugar en el Concejo. Cortesía/Alcaldía Panorama Datos de interés Servicio y consultoría En San Miguelito viven unas 280 mil personas, y por día se generan al menos 350 toneladas de basura. Sin embargo, las autoridades municipales afirman que, en los operativos de recolección de basura en puntos críticos, se recogen aproximadamente 300 toneladas de desechos. La Alcaldía contrató los servicios de Linvestor Group por $36,000 para desarrollar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Con esta información se confeccionará el pliego de condiciones, los términos de referencia y los requisitos que deben cumplir las empresas interesadas en la concesión.
7A La Prensa Panamá, jueves 20 de febrero de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Varela. Para entonces, la empresa Hutchison Whampoa llevaba 20 años operando los puertos de Balboa y Cristóbal. Además, una semana antes de ese encuentro, Panamá había establecido relaciones diplomáticas con China. Sin embargo, la reunión entre Trump y Varela tuvo un tono positivo. Trump destacó: Durante su mandato, Trump no consideró necesario designar un embajador en Panamá ni expresó preocupaciones sobre la operadora portuaria de Hong Kong. Pero cuatro años después, en las primarias republicanas de 2024, desató una camLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Ley Anti-Bloque, la importancia de alejar la violencia del debate político Propuesta Uno de los mayores retos que enfrenta nuestra democracia es la erradicación de la violencia en el debate político. Es un mal que nos ha aquejado crónicamente gobierno tras gobierno, presidente tras presidente, partido tras partido. Una parte de la población sigue creyendo que la mejor forma de participar en el debate político es cerrando calles, atentando contra la propiedad pública y privada, y perjudicando con ello al pueblo. Un pueblo que no solo debe soportar a los incompetentes políticos que lo gobiernan, sino también los tranques, los retrasos en sus trabajos y escuelas, así como la inestabilidad económica que toda esta situación genera. Esto repercute finalmente en el costo de vida, cada vez más alto. Lo peor de todo es que siempre son las mismas organizaciones, los mismos cuatro gatos, que no participan de la vida pública más que (literalmente) con piedras en las manos. Cada vez que han intentado postularse para algún cargo o incluso formar un partido político, el pueblo panameño les ha dicho que no quiere escucharlos. Sin embargo, en lugar de reformar sus estrategias políticas, afilar su discurso o mejorar su imagen, prefieren perjudicar al pueblo del cual se autoproclaman defensores. Con estos actos nos demuestran lo evidente: estas organizaciones y estas personas no son demócratas, desconocen la democracia y la voluntad popular de la silenciosa mayoría de los panameños. Una mayoría que no desea la panacea soviética que estos delincuentes nos ofrecen, sino más bien un Panamá de crecimiento, bienestar, paz social y, lo más importante, democracia y libertad. Esto no es un alegato en contra de la participación ciudadana, sino un llamado a participar por los medios que nuestra democracia nos brinda. Una participación digna, que no tenga como costo el bienestar de nuestros conciudadanos y la estabilidad económica de nuestro país. Los lugares donde se toman las decisiones son conocidos por todos. Si los diputados están votando un proyecto perjudicial para la nación, la ubicación de la Asamblea Nacional es de conocimiento público. Si el presidente de turno está actuando en contra del interés nacional, la Presidencia de la República lleva más de un siglo en el mismo lugar. Entonces, ¿qué sentido tiene cerrar las principales vías de la capital más que perjudicar al ciudadano de a pie? ¿Qué sentido tiene bloquear las arterias del país si esto no afecta más que al panameño trabajador? Por ello, hemos presentado la iniciativa ciudadana titulada Ley Anti-Bloque, la cual busca otorgar herramientas al Estado para sancionar a las organizaciones que tienen el cierre de calles y los disturbios como deporte olímpico. Asimismo, busca hacerlas responsables de los daños al patrimonio público y privado, así como de cualquier lesión causada a unidades policiales o terceros. En pocas palabras, esta iniciativa pretende que se hagan responsables del desastre que generan cada vez que salen a las calles. Esta propuesta no es innovadora, sino que sigue el ejemplo de las mayores democracias de Occidente, como Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, que han enfrentado problemas similares en el desarrollo de sus democracias. Al fin y al cabo, la democracia siempre ha tenido enemigos. Afectación a la soberanía sobre el Canal de Panamá Relación con EU contra el dueño de una vía de agua navegable como el Canal de Panamá (Condición 1 o Reserva de Concini). 2- Cuando se impide al Estado disponer libremente de su recurso natural más importante que, en el caso de Panama sería su posición geográfica. Y esto se realiza cuando se le ha otorgado a Estados Unidos cierta injerencia, en la forma como Panama manejaría el Canal, proveerá servicios conexos para el tránsito y fijará los peajes (artículo III, literales a, b y c del Tratado de Neutralidad Permanente). Como también cuando Panamá tome en consideración cinco exigencias, antes de proceder a hacer cualquier ajuste en los peajes (Entendimiento 1). Como antecedente histórico para conocer el contexto actual, mencionamos la Convención de Constantinopla firmada el 29 de octubre de 1888, relativa a la libre navegación del Canal de Suez, en la que no se incluyeron ni figuró nada relativo a la operación ni el funcionamiento, salvo que las tarifas y peajes sean justas y equitativas. Para referirnos a implicaciones legales relacionadas a la afectación de la soberanía, debemos establecer quienes están violando los tratados, en este caso el Tratado de Neutralidad Permanente. Siendo su fundamento y soporte la defensa, protección y el mantenimiento de un régimen de neutralidad permanente o de neutralización (artículo IV), y no los intereses geopolíticos, comerciales, de seguridad, militares o económicos de Estados Unidos, quien está violando el Tratado de Neutralidad a través de ameJulio Ernesto Linares Franco [email protected] Decálogo de un ‘con artist’ Donald Trump Al calor de las primarias del Partido Republicano en 2016, uno de los aspirantes, el senador Marco Rubio, manifestó en una entrevista lo siguiente: Pregunta: Senador Rubio, ¿cómo califica usted a Mr. Trump? Respuesta: “Mr. Trump es un con artist. No podemos permitir que se apodere del movimiento conservador del Partido Republicano”. Pregunta: ¿Cómo considera que sería un gobierno de Mr. Trump? Respuesta: “Sería un caos”. En inglés, con artist se traduce como “estafador” o “embaucador”. A pesar de estas declaraciones, en enero de 2017, Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos. En junio de ese año, recibió en la Casa Blanca al presidente de Panamá, Juan Carlos paña de cuestionamientos sobre la supuesta presencia de soldados chinos en Panamá y el presunto control del Canal por parte de Hutchison Whampoa. Incluso, en un inusual discurso de toma de posesión, convirtió este tema en una de las principales preocupaciones de su gobierno. En algo tenía razón el senador Rubio en 2016: su actual jefe es un maestro del engaño. En su momento, creí en su promesa de Make America Great Again y posiblemente habría votado por él en noviembre. Aún no comprendo qué hay detrás de tantos agravios contra Panamá ni por qué no existe voluntad de nombrar una comisión independiente que aclare con objetividad estas preocupaciones. Una inspección in situ en los cinco puertos, una revisión de los archivos del Canal y el cumplimiento estricto del Tratado de Neutralidad serían medidas razonables. En mi próxima entrega para La Prensa, presentaré mis hallazgos sobre estos diez puntos. Ojalá sirvan tanto a tirios como a troyanos. Opinión EL AUTOR es estudiante de Ciencias Políticas y analista. EL AUTOR fue embajador de Panamá en Washington. EL AUTOR es abogado. Jhonny Othon [email protected] nazas, además dirigidas al uso ilícito de la fuerza para retomar el Canal serían Estados Unidos. La implicación legal es que al basarse estas amenazas en la acción unilateral que les permite el Tratado de Neutralidad a Estados Unidos de ocupar la República de Panama, incluso a través del uso de fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares, su objeto es ilícito. Y el objeto ilícito constituye un vicio de nulidad absoluta que, por su naturaleza, no puede ser saneada o convalidada; porque viola la soberanía panameña, considerada esta en el derecho internacional público como una norma imperativa de derecho internacional general. También afecta la soberanía, como queda dicho, el hecho de que Panamá no pueda disponer de su recurso natural más importante, su posición geográfica, porque tiene que someter el funcionamiento del Canal, así como la fijación de tarifas y peajes y la provisión de servicios conexos para el tránsito de naves, a la injerencia de los Estados Unidos. A pesar de que el Tratado de Neutralidad no contiene una cláusula de arbitraje obligatorio, como tampoco una cláusula que reconozca la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, lo que significa que demandarlo en estas jurisdicciones requiere el consentimiento de los Estados Unidos; resulta que por tratarse de vicios de nulidad absoluta que no pueden ser saneados ni convalidados, la existencia tan a perpetuidad como el tratado de tales vicios, exime a Panama de la obligación de tener que cumplirlo de buena fe. Habrá que esperar si en algún momento las circunstancias geopolíticas, hagan factible esta posibilidad de que Panamá pueda dar por terminado el Tratado de Neutralidad, por adolecer de vicios de nulidad que no pueden ser saneados o convalidados. La soberanía es para Estados lo que la libertad es para el individuo. Es el poder de obrar del Estado, sin más limitaciones que las que establece el derecho internacional público. La soberanía es consustancial al Estado y no a las personas naturales o jurídicas. Es, además, uno de los atributos del Estado, como lo son el territorio, el gobierno y la población. Los tratados internacionales pueden afectar la soberanía de un Estado o sobre una vía de agua navegable, cuando estos en su redacción la debilitan, mediatizan o destruyen, vulnerándose de esta manera la soberanía como atributo que lo caracteriza. Dentro de este contexto, la soberanía es una norma imperativa de derecho internacional general, como lo serían la integridad territorial, la independencia política, la legítima defensa y la igualdad jurídica de los Estados. Porque son inherentes al Estado al no admitir acuerdo en contrario. Un Estado no puede existir sin ese concepto abstracto pero inalienable como la soberanía y sin la existencia del Estado, tampoco ésta podría existir. La posible vulneración de la soberanía de parte de un tratado internacional, se puede dar en las siguientes situaciones: 1- Cuando el objeto del tratado es ilícito porque otorga a una de las partes contratantes, un supuesto derecho de agresión sobre la otra. Agresión que se ejerce o se practica al permitirse la amenaza o el uso ilícito de la fuerza en todo su territorio nacional, de manera unilateral e incluyendo la utilización de la fuerza militar; incluso contra actos cometidos por el Estado territorial o en el caso nuestro, Durante su mandato, Trump no consideró necesario designar un embajador en Panamá ni expresó preocupaciones sobre la operadora portuaria de Hong Kong. Pero cuatro años después, en las primarias republicanas de 2024, desató una campaña de cuestionamientos sobre la supuesta presencia de soldados chinos en Panamá y el presunto control del Canal por parte de Hutchison Whampoa. Roberto Alfaro Estripeaut [email protected] La soberanía es una norma imperativa de derecho internacional general, como lo serían la integridad territorial, la independencia política, la legítima defensa y la igualdad jurídica de los Estados.
8A La Prensa Panamá, jueves 20 de febrero de 2025 ca con pensadores como Locke, Rousseau y Kant. Sin embargo, la versión moderna del concepto se gesta partir de los inicios de la Revolución Industrial en Europa en el Siglo XIX, cuando las condiciones de explotación extrema de la clase obrera eran deplorables: los bajos salarios, jornadas laborales superando las 12 horas diarias, el trabajo infantil sin restricciones, la carencia de seguridad social ni del derecho a huelga. Millones de trabajadores y sus familias se batían en condiciones insalubres, con acceso limitado a educación y salud. Ante este escenario dantesco se despertó la denuncia y la demanda de reformas en defensa de los derechos laborales. En los siglos XIX y XX, la justicia social se convirtió en un principio central en la lucha contra la explotación laboral. Por ejemplo, la Doctrina Social de la Iglesia, formulada primero por el Papa León XIII en Rerum Novarum en 1891, promovió la protección de los trabajadores y una distribución justa de la riqueza. Con el tiempo, la lucha obrera y las reformas sociales trajeron avances significativos, como la reducción de la jornada laboral, la implementación de salarios mínimos y la creación de sistemas de protección soArmas, transparencia fiscal y Europa Nueva realidad chen, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoció que el gasto militar de los países de la Unión Europea (UE) debe incrementarse, desde el actual promedio cercano al 2% del PIB, hasta más allá del 3%. Incluso prometió medidas comunitarias para permitir más espacio fiscal para que esta meta se alcance. Un analista político de The Guardian escribió el pasado domingo 16 de febrero, que en el Reino Unido, la necesidad de incrementar el gasto militar pasó de ser un consenso silencioso entre todas las corrientes políticas, para transformarse en alarma. En fin, que Europa de seguro gastará más en defensa, lo cual pondrá una presión extra, muy fuerte, en los presupuestos de los países que la integran y en los que comparten su esquema de defensa. Esos números arriba citados han sido pensados partiendo de que la amenaza vendrá solamente desde el Este, sin embargo, en estos tiempos MAGA ya ni eso está seguro, vistos los amagos imperiales de Estados Unidos sobre Groenlandia, el patético discurso antieuropeo de J.D. Vance en la Conferencia de Seguridad en Alemania y el cortejo a Rusia que Estados Unidos parece emprender, cada vez con menos pudor. Para completar el panorama presupuestario tétrico para las haciendas europeas, está la guerra comercial iniciada por Estados Unidos, la cual puede generar inflación, la caída del comercio mundial, lentitud generalizada de la inversión, a la espera de lo que pueda ocurrir. En suma: esa reducción del movimiento económico también podría agregar presión sobre el panorama fiscal europeo, en este caso por el lado del ingreso. Más gasto por la presión del tema militar. Inestabilidad o hasta posible reducción de la recaudación por la guerra comercial. Ese dilema de los diversas haciendas de Europa, solamente se puede enfrentar por una combinación de aumento de recaudación, inremento de deuda y/o reducción del gasto en otros servicios públicos. Ninguna es agradable. Hablemos de la recaudación. Es importante recordar que la UE no es un estado federal. La potestad soberana de recaudar impuestos corresponde a cada uno de sus miembros. Evidentemente hay coordinaciones desde Bruselas de algunos temas que impactan la recaudación de impuestos como ciertas reglas sobre el IVA, patrones jurisprudenciales sobre los incentivos fiscales (ayudas de Estado) y otros, pero la estructura del sistema normativo tributario y la forPublio Ricardo Cortés C. [email protected] En defensa de la justicia social Punto de vista El concepto de justicia social ha sido un elemento clave en la construcción de las sociedades contemporáneas, y su evolución se ha nutrido de diversas corrientes filosóficas, religiosas y políticas. Por otro lado, hay quienes que, de manera militante, lo denuncian como un artificio dañino para el progreso, argumentando que la intervención del Estado en la economía, en aras de mejorar la equidad social, atenta contra la libertad individual y la propiedad privada. Por ello, es oportuno examinar el devenir del concepto y su implementación, sobre todo a partir de la transformación productiva introducida por la Revolución Industrial en el Siglo XIX, resaltando sus logros en la construcción del Estado moderno y el trasfondo de las críticas que despierta, resaltando los intereses económicos detrás de su rechazo. Desde la antigüedad, la justicia social ha sido un ideal en la organización de las sociedades. Platón y Aristóteles la entendían como armonía social y equidad en la distribución de bienes. Durante la Edad Media, Santo Tomás de Aquino integró estos principios con la teología cristiana, enfatizando el bien común. La Ilustración aportó ideas sobre derechos naturales e igualdad políticial, al menos en las sociedades más industrializadas. A lo largo del Siglo XX, la implementación de políticas redistributivas, como impuestos progresivos y programas de bienestar, ha reducido la desigualdad y fomentado la movilidad social, generando importantes avances en la calidad de vida de los trabajadores. En el ámbito social, la vocación por una mayor justicia social ha promovido los derechos laborales básicos, la igualdad de género y la protección contra la explotación, así como el acceso a educación y salud pública. Además, ha sido clave en la defensa de grupos vulnerables como minorías étnicas, migrantes y personas con discapacidad. Es un hecho innegable que la sociedad capitalista moderna, con todos los problemas que persisten en cuanto a las inequidades persistentes y los retos para la sostenibilidad ambiental, se ha estabilizado enormemente, sobre todo a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, con la implementación de enfoques orientados a mejorar la equidad y promover el acceso más igualitario a las oportunidades sociales y económicas. Por otro lado, los libertarios critican la justicia social desde principios filosóficos y económicos que priorizan la libertad individual y la propiedad privada. Consideran que la redistribución de la riqueza es coercitiva y que el mercado libre es el mecanismo más eficiente para asignar recursos. Estas ideas provienen del liberalismo clásico y la Escuela Austriaca de Economía, con pensadores como Friedrich Hayek y Ludwig von Mises, quienes argumentaban que la planificación central y la redistribución limitan la libertad individual. EL AUTOR es médico salubrista. EL AUTOR es abogado, experto en tributación y fue jefe de la Dirección General de Ingresos entre octubre de 2014 y febrero de 2018. ma de operar de sus administraciones tributarias, son autónomos. En el caso de los países geográficamente europeos, pero que no son parte de la UE, como Inglaterra o Suiza, esa autonomía es total. Teniendo muy en cuenta lo anterior, el escenario de inevitable aumento del gasto de defensa y la posible contracción de la actividad económica, originada en la guerra comercial en desarrollo, colocará a las administraciones tributarias europeas, sean o no miembros de la UE, ante el gran reto de aumentar la recaudación. Las herramientas son las mismas de siempre, puestas en modo crisis: aumentar impuestos, recaudar mejor y cerrar fuertemente las barreras de la evasión, todo ello con aplicación de todas las herramientas a disposición, entre las cuales destacan los convenios internacionales y el uso de la tecnología. Es aquí donde entra la transparencia fiscal y los mecanismos de intercambio de información tributaria, lo cual impacta a Panamá. Porque es importante que la comunidad panameña sepa que para los europeos, al igual que para todas las administraciones tributarias, el intercambio de información en materia fiscal es, a la vez, una herramienta de recaudación de impuestos y de combate a la evasión. Contrario a lo que algunos desinformados piensan, el intercambio de información entre países con fines fiscales, no es para Europa o Sudamérica, un arma secreta para “atacar” a Panamá, porque somos tan chéveres que nos tienen envidia. Ojalá fuéramos tan importantes o tan temidos. Los “enemigos” reales de cada una de esas Administraciones Tributarias, son sus propios contribuyentes que podrían estar tratando de utilizar espacios de opacidad en la legislación de Panamá, para intentar no pagar impuestos en sus respectivos países. Si un ciudadano francés y un súbdito británico son socios de una sociedad panameña que es dueña de un maravilloso hotel en Bermuda, cuyos dividendos anuales se depositan en una cuenta en un banco en Hong Kong, dicha utilidad podría ser gravable en Reino Unido y en Francia. A las administraciones tributarias de esos países les inteEl pasado 12 de diciembre, el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, ofreció un discurso en Bruselas donde dijo muchas verdades sobre la defensa europea y su capacidad de enfrentar sus amenazas. De forma cruda afirmó que la OTAN no está lista para los retos que se le pondrán en el camino en los próximos 4 ó 5 años. Más adelante agregó que para preservar el modo de vida en territorio OTAN “es hora de cambiar a una mentalidad de guerra”. Todos los preludios del discurso lo llevaron a lo que calificó como el “principal punto” de su exposición: el gasto de defensa. Luego de destacar que ahora la OTAN gasta más que hace una década, dejó claro que dicho gasto es mucho menor que en la guerra fría, cuando los europeos dedicaban a defensa un monto por encima del 3% del Producto Interno Bruto (PIB). Agregando que en 2023 la OTAN acordó que el gasto de defensa debía ser al menos de 2% del PIB, pero que él podía decir que realmente se necesitaría mucho más. El nuevo monarca de Estados Unidos y emperador del mundo le viene diciendo, desde enero de este año, a sus “socios” europeos de la OTAN, que deben alcanzar el 5% del PIB en gasto de defensa. Meta de lo más curiosa, especialmente porque el propio Estados Unidos el año pasado dedicó a defensa 3.4% de su PIB. “The International Institute for Strategic Studies (IISS)”, quizás el más importante “think tank” de temas de defensa, lanzó el pasado 12 de febrero la última edición de su famoso estudio anual Military Balance Report. Entre tantos datos del IISS, sobresalió uno fundamental y nuevo: Rusia, como consecuencia de la guerra de Ucrania, ha logrado en 2024 un crecimiento de su gasto militar muy grande, 40% mayor que el año anterior, tan alto que supera a todos los países de Europa juntos, lo cual va combinado con una reforma importante de su complejo militar-industrial. El pasado 14 de febrero, en su discurso ante la Conferencia de Seguridad de MünLa lucha obrera y las reformas sociales trajeron avances significativos, como la reducción de la jornada laboral, la implementación de salarios mínimos y la creación de sistemas de protección social, al menos en las sociedades más industrializadas. Juan Antonio Casas Zamora [email protected] El nuevo monarca de Estados Unidos y emperador del mundo le viene diciendo a sus “socios” europeos de la OTAN que deben alcanzar el 5% del PIB en gasto de defensa. El año pasado Estados Unidos dedicó a defensa el 3.4% de su PIB. resa que Panamá les comparta toda la información posible de esos caballeros, para darles seguimiento y cobrar el impuesto o aplicarles sanciones. Ese es todo el cuento. Si Panamá no colabora o lo hace de mala gana, de tal forma que la eficacia del sistema no logra su objetivo, entonces esos países toman medidas que buscan bloquear el camino a sus contribuyentes evasores. Eso no se limita a las listas que afectan la reputación de Panamá. De hecho, lo de las listas se queda en el campo de la imagen. El verdadero golpe a la evasión viene con lo que ellos llaman “medidas defensivas”. Para ilustración veamos algunos ejemplos de la vida real: En Austria, los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta no se pueden deducir las gastos asociados con sociedades de países que están en listas de la UE. En Bulgaria, si un contribuyente hace un pago a una sociedad de Panamá deberá hacer una retención de impuesto de castigo, porque estamos en la lista de la UE. Y así hay mucho más. Todas esas medidas son de Derecho Doméstico de cada país y no veo forma diplomática, comercial o militar que Panamá tenga, para obligarlos a hacer algo diferente. Según mi modo de ver, dado que el incremento de la recaudación es especialmente importante para todos los países de Europa, en estos momentos de aumentos casi que desesperados de los gastos de defensa, eso provoca la necesidad ineludible de que los países de Europa, sean o no parte de la UE, incrementen el uso del intercambio de información fiscal, que es uno más de los diversos instrumentos de recaudación. La necesidad anterior no desaparecerá si los MAGA, en su afán aislacionista, deciden acabar con la OCDE o destruir al Foro Global. Incluso asumiendo ese escenario extremo, igual cada país europeo tiene su propio Fisco, cada país tiene la necesidad de incrementar su gasto de defensa y de atender sus servicios públicos, por lo que es muy probable que cada país europeo siga utilizando los convenios de intercambio de información fiscal, porque son una herramienta de recaudación. El tiempo dirá si estoy en lo correcto. Con el auge del neoliberalismo en los años 70 y 80, las críticas libertarias cobraron fuerza. Líderes como Milton Friedman, Ronald Reagan y Margaret Thatcher promovieron políticas de desregulación y reducción del Estado de bienestar, de paso favoreciendo a las grandes corporaciones y élites económicas, que medraron enormemente con la reducción de regulaciones laborales y ambientales, así como de la privatización de servicios públicos. La eliminación de la justicia social beneficiaría a sectores que prosperan en entornos de alta desigualdad y menor intervención estatal. Sin regulaciones, las empresas pueden reducir costos y aumentar sus márgenes de ganancia. Además, la privatización de servicios esenciales como salud y educación genera oportunidades de negocio para corporaciones privadas, afectando el acceso equitativo a estos derechos básicos. Estos son las motivaciones profundas que animan los proyectos destructores del Estado tipo Javier Milei o de los ultra-billonarios como Elon Musk, quienes despliegan hoy con desparpajo sus “motosierras”, en defensa de los intereses económicos que, con el afán de eliminar las regulaciones y maximizar las ganancias, buscan llevarnos de nuevo al mundo deshumanizado del capitalismo salvaje de hace doscientos años, En conclusión, la justicia social ha sido fundamental para mejorar las condiciones de vida de millones de personas y reducir las desigualdades. El debate sobre el papel del Estado en la sociedad es clave para garantizar un futuro más equitativo y sostenible. Como en su momento dijera Leonel Jospin, primer ministro de Francia a principios del Siglo XXI: “Sí a la economía de mercado, no a la sociedad de mercado”. Opinión
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