3A La Prensa Panamá, miércoles 19 de febrero de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] CALLE. El presidente de la Capac, Alejandro Ferrer, advirtió que la protesta convocada por el Suntracs para este jueves 20 de febrero no es una “huelga legal”, sino un “paro de hecho”. Por lo tanto, aquellos que no acudan a trabajar a su respectivo proyecto de construcción no cobrarán. A la dirigencia eso debe importarles bastante poco. Total, viven de la cuota sindical y no del simple salario de un obrero. PENSIÓN. El diputado Neftalí Zamora compartió información que indica que hay 40,000 pensionados trabajando en entidades del Estado. De esa cantidad, 8,000 están en la CSS. Estas son personas que reciben su cheque de jubilación, pero continúan ocupando un cargo y, por ende, cobrando un salario. No es una buena estrategia tener a estos jubilados en planilla en momentos en que se le está pidiendo a la población que haga sacrificios para salvar el programa de pensiones. VOLTERETAS. Ayer continuó el segundo debate del proyecto que modifica la ley orgánica de la CSS. La mayoría de los diputados, al finalizar su intervención, anunciaba que se anotaba para participar en la “segunda vuelta”. Si los siguientes dos meses son así, el Minsa ya puede ir redactando el proyecto para transferir $91.6 millones adicionales al IVM y así pagar las pensiones de marzo. Esta debe ser una de esas extrañas ocasiones en las que se puede cuantificar con precisión el costo de las tácticas dilatorias en el pleno legislativo. CÓDIGO. La Comisión Nacional de Reformas Electorales iniciará sus sesiones a partir de marzo. Volverán a intentar enderezar las normas que rigen los procesos electorales, y seguramente lograrán avances y consensos. Hasta que lleven el proyecto de ley a la sala de estética del doctor Frankenstein en la Asamblea Nacional y lo deformen nuevamente. CASUALIDAD. El Ministerio de Relaciones Exteriores autorizó un incremento en el presupuesto de la embajada de Panamá en España de 135%: El Gabinete del 11 de febrero autorizó al Meduca a realizar una licitación para contratar internet de banda ancha. Foto: Cortesía de la Presidencia Se suspende la licitación para el servicio de internet en las escuelas Mónica Palm [email protected] La Dirección General de Contrataciones Públicas, dirigida por Javier Marquínez Dejud, consideró que hubo errores y omisiones en el pliego de cargos. La licitación de $59.3 millones, convocada por el Ministerio de Educación (Meduca) para proveer de internet a 3,102 planteles en todo el país, ha sido suspendida debido a errores y omisiones en el pliego de cargos. La orden de suspensión fue dictada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), bajo la dirección de Javier Raúl Marquínez Dejud, ayer martes apenas una semana después de que el Consejo de Gabinete autorizara a la ministra de Educación, Lucy Molinar, a convocar al acto público. Entre otras cosas, se advirtió que a los futuros proponentes se les está exigiendo documentación que limitaría la participación y que se “aparta” de las disposiciones ordenadas en el “Instructivo de mejores prácticas en la creación de pliegos de cargos para los procedimientos de selección de contratistas”, elaborado por la DGCP. Tampoco se tomaron en cuenta importantes observaciones realizadas por la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG). En la Resolución DSDF-117-2025 del 28 de febrero, Marquínez apuntó que el Meduca exige a los oferentes que presenten cartas de garantía, un requisito considerado irrelevante, ya que el futuro contratista tendrá que aportar una fianza de cumplimiento correspondiente al 10% del valor del contrato. Esta situación es contraria a lo establecido en el instructivo de mejores prácticas, pero también al contenido de la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas y a la normativa emitida por la Contraloría General de la República. LaDGCPtambiénadvierte que en el pliego de cargos (de 156 páginas) consta un “modelo de contrato” que no contiene información significativa y presenta varios espacios en blanco, “que resultan ser notoriamente importantes, como son las obligaciones del contratista”. “Es una obligación de la entidad licitante completar la información específica en el modelo de contrato, en aspectos sustanciales como el objeto de la contratación, los derechos y obligaciones de las partes para el logro del objetivo de la contratación, las garantías, el plazo de entrega, el valor o monto del contrato, la forma de pago, las cesiones, las multas, los aspectos relacionados con la resolución administrativa del contrato, los niveles de servicio, entre otros aspectos que son de suma importancia y que deben ser de conocimiento por parte trataciones Públicas. Asimismo, se recomienda que, dado que se trata de un servicio de “alto nivel de complejidad”, se realicen los estudios y análisis correspondientes para evaluar la conveniencia de realizar la adjudicación por mejor valor. La DGCP ordenó que el acto sea suspendido hasta que se hagan las correcciones necesarias para ajustar el pliego de cargos a lo que dicta la ley de contrataciones públicas, el instructivo de mejores prácticas y a la nota de la AIG del 13 de febrero pasado. El Meduca pretende recibir ofertas (de forma electrónica) para la “adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha del servicio de acceso a internet para planteles educativos a nivel nacional” hasta el próximo 7 de abril. Por tanto, el servicio no estará disponible cuando inicie el calendario escolar 2025, el próximo 10 de marzo. El periodo de ejecución del contrato es de 2,005 días calendario (casi cinco años y medio). Los primeros seis meses serán para que el proveedor implemente, configure y ponga en marcha la red. En los centros educativos que no tengan electricidad, el proveedor deberá suministrar sistemas de paneles solares con soporte suficiente para cargar hasta 10 computadoras conectadas simultáneamente. de los interesados en participar en el acto público”, remarcó Marquínez en la Resolución DS-DF-117-2025. El Meduca también ignoró “18 puntos relativos a observaciones técnicas” que la AIG realizó al pliego de cargos. Esto fue comunicado por escrito al Meduca el pasado 13 de febrero. No obstante, “la entidad licitante no ha atendido las observaciones advertidas y no ha emitido respuesta alguna”, advirtió el director de ConMario De Gracia [email protected] Walkiria Chandler y Nefatlí Zamora Archivo Diferencias en la coalición Vamos por la ‘solidaridad’ en el sistema de pensiones ASAMBLEA NACIONAL El debate del proyecto de Ley N°163 sobre la reforma a la Caja de Seguro Social (CSS) evidenció divisiones dentro de la coalición Vamos, especialmente entre los diputados Neftalí Zamora y Walkiria Chandler. Zamora comparó la crisis del sistema de pensiones con un iceberg, advirtiendo que el Subsistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD) es insostenible y el Subsistema Mixto ofrece jubilaciones bajas. Criticó que el debate se enfoque en la edad de jubilación y medidas paramétricas, señalando que, incluso si los patronos morosos pagaran, el déficit del SEBD alcanzará $1,250 millones en 2025. Propuso mejorar el rendimiento de las inversiones de la CSS para elevar las pensiones, en línea con el Ejecutivo. Chandler cuestionó esta visión, argumentando que el problema va más allá de cifras y debe priorizarse la solidaridad del sistema. Destacó que más de 30 mil empleadores evaden cuotas y pidió sanciones más severas. Refutó a Zamora con una gráfica sobre los aportes al subsistema mixto y rechazó su enfoque en inversiones, afirmando que, si fuera la solución, no habría crisis de pensiones en el mundo. Además, instó a considerar propuestas sociales como reducir la evasión fiscal y formalizar a los trabajadores. Mientras tanto, gremios y el Ejecutivo mantienen el debate en torno a la edad de jubilación y medidas paramétricas. Zamora insistió en ampliar la discusión, que ya inició con el análisis de artículos sobre la gobernanza de la CSS. Al cierre de esta edición los diputados continuaban la discusión del segundo debate de la reforma, Apenas se analiza el primero de los tres bloques del proyecto. de $20,000 ahora pasará a ser de $47,000 cada mes. El embajador es Héctor Infante Jr., socio de la firma de abogados a la que pertenece el canciller Javier Martínez Acha. Aunque están de licencia, la foto y el currículum de ambos aún adornan la página en internet del bufete. Para rematar, el fundador de ese despacho es Héctor Infante padre, miembro del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores. Podrían designarlo presidente ad honorem del club de padres de familia del cuerpo diplomático. UI UNIDAD INVESTIGATIVA
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==