2A La Prensa Panamá, miércoles 19 de febrero de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama El artículo 20 de la Constitución Política de la República de Panamá dice en su primera frase lo siguiente: “Lospanameñosylosextranjeros son iguales ante la Ley…”. Al menos 297 ciudadanos y ciudadanas de diversos países del mundo han sido privados de su libertad y se encuentran bajo control total de las autoridades panameñas que no les han garantizado el derecho a un debido proceso migratorio ni les han respetado las garantías establecidas en los tratados de derechos humanos. La República de Panamá y Estados Unidos de América firmaron el 1 de julio de 2024, el mismo día de la toma de posesión del presidente José Raúl Mulino Quintero, un memorando de entendimiento de seis páginas de extensión suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez Acha Vásquez y el entonces secretario del Departamento de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas. El memorando articuló un mecanismo de cooperación en materia migratoria por el cual, el gobierno de Estados Unidos facilitaba el transporte aéreo a aquellos migrantes y otros extranjeros a los que la República de Panamá, luego de reconocerles su derecho al debido proceso, decidían deportar o expulsar del territorio panameño. Ese memorando no puede ser el fundamento jurídico del traslado de migrantes de Estados Unidos a Panamá para su deportación o expulsión ulterior, dado que la retención en el territorio panameño y su traslado hacia el extranjero se darían en violación de la Constitución y las convenciones internacionales de derechos humanos. Las garantías de los migrantes El propio memorando de entendimiento hace alusión al Decreto Ejecutivo N° 5 de 16 de enero de 2018 que desarrolla la Ley 5 de 26 de octubre de 1977, que ratificó la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. En otras palabras, el marco jurídico dentro del cual Panamá y Estados Unidos deUna catástrofe jurídica ANÁLISIS berían estar operando es el de los Estatuto de los Refugiados, así como la Constitución y las leyes panameñas. La primera definición de “refugiado” contenida en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo 5 de 2018 dice: “Toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, género, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad o de residencia habitual, y no pueda o a causa de dichos temores no quiera acogerse a la protección de tal país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o a causa de dichos temores no quiera regresar a él”. El primer derecho de todo refugiado o de todo extranjero que solicite refugio, es reconocido por el artículo 7 del citado Decreto Ejecutivo como la “no devolución” que implica que el extranjero no puede ser devuelto al país del cual salió huyendo. Basta que la persona le comunique por la vía que sea a la autoridad panameña que tiene la intención de solicitar refugio, para que Panamá deba desarrollar todo el trámite correspondiente. Dado que los extranjeros y extranjeras remitidos por Estados Unidos al territorio panameño no son criminales y no fueron calificados como amenazas al orden público, y no han tenido acceso al ejercicio de todos los derechos que la Constitución y las leyes le reconocen, solo bastaría con una acción de habeas corpus, ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia para liberarlos de su estatus de indefensión jurídica, y colocar al Estado panameño en la encrucijada de someter a cada caso al trámite que le corresponda. El gobierno del presidente Mulino debe solicitar asistencia de los organismos internacionales pertinentes para facilitar el reasentamiento en terceros países seguros de los migrantes deportados, así como para asumir sus responsabilidades con aquellos extranjeros que pidan refugio en Panamá. De lo contrario, Panamá estaría en infracción directa de sus obligaciones emanadas de los tratados de derechos humanos y el país podría ser sometido a muy graves responsabilidades internacionales por estas serias violaciones a los derechos humanos. Si el gobierno de Estados Unidos se dio el lujo de violar su Constitución, las convenciones internacionales y otras normas jurídicas Panamá no puede repetir dicho ejemplo. Los vuelos de migrantes deportados sin debido proceso deben terminar. Los migrantes están hospedados en el hotel Decápolis. Elysée Fernández Las secuelas de la maquinaria de deportación de Trump Eliana Morales Gil [email protected] Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] DEPORTACIONES El ministro de Seguridad Frank Ábrego aseguró que los migrantes están en Panamá están en calidad de ‘protegidos’, pero la Defensoría del Pueblo pide emitir una resolución para determinar el estatus de estas personas en el territorio panameño. Los mensajes son contundentes. Parecen escritos con urgencia y desesperación: “No estamos a salvo en nuestro país”, “Salva a las chicas afganas”, “Ayuda”. Desde las ventanas del hotel Decápolis, una mole gigante de cemento y vidrio ubicada a pocos pasos de la bahía de Panamá, decenas de migrantes que llegaron al país deportados de Estados Unidos (EU) claman por auxilio. Agitan papeles con mensajes escritos a mano, levantan los brazos y buscan llamar la atención de quienes pasan por la acera. Desde sus habitaciones, convertidas en refugios temporales, observan con incertidumbre el mundo exterior. Hombres, mujeres, niños. Son de Afganistán, China, Irán, Siria, Nepal, Sri Lanka, Uzbekistán, Turquía, India, Vietnam... Algunos están en Panamá desde el pasado 12 de febrero, cuando aterrizó el primero de los tres vuelos procedentes de EU. El Ministerio de Relaciones Exteriores dice que están en el país con base en los acuerdos de cooperación bilateral en materia migratoria pactados con el país del norte. Todo esto ocurre en medio de las tensiones entre los dos países a raíz de la amenaza de Donald Trump de retomar el control del Canal de Panamá, alegando que está controlado por China, hipótesis que Panamá niega de manera rotunda. En el grupo de migrantes alojados en el Decápolis está una familia de un país de Asia que representa la abogada Susana Sabalza. Esta jurista narró a La Prensa Desde las ventanas del hotel Decápolis los deportados de Estados Unidos agitan papeles con mensajes escritos a mano. Elysée Fernández Personal de seguridad custodia los migrantes en el hotel Decápolis. Elysée Fernández que sus familiares la contactaron para que les brindara asistencia legal en Panamá. “Hay un menor de edad. Me preocupa su alimentación. Oficialmente no se me ha dicho nada sobre lo que pasará con ellos. Todo es un rumor de pasillo. La falta de respuestas genera incertidumbre”, dijo. Ella mencionó que la Defensoría del Pueblo visitó el hotel, por lo que espera que esta institución pueda brindar respuestas sobre el bienestar del menor y de las familias afectadas. La Defensoría recomienda En efecto, esta institución planteó una serie de recomendaciones al gobierno de José Raúl Mulino. Pide que el Servicio Nacional de Migración emita una resolución en la que se determine el estatus de estas personas en el territorio panameño mientras se gestionan los procedimientos de repatriación o reasentamiento. Propone asegurar que aquellas personas que soliciten la condición de refugiado sean atendidas por la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados, exige garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes, asegurando su acceso a educación, salud y un entorno seguro. Además, propone implementar un protocolo estandarizado para la recepción de vuelos de repatriación, que incluya la participación de la Defensoría del Pueblo y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. El tema, incluso, llegó hasta las páginas de The New York Times, diario que este martes 18 de marzo publicó una nota titulada: Mientras Trump “exporta” deportados, cientos quedan atrapados en hotel de Panamá. La noticia recoge testimonios de algunos de estos migrantes. “En el hotel, al menos una persona intentó suicidarse, según varios migrantes. Otra se rompió una pierna al intentar escapar. Una tercera envió un mensaje lastimero desde un teléfono móvil oculto: ‘Solo un milagro puede salvarnos’”, se lee en el reportaje, firmado por cinco periodistas. En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, explicó que están bajo la protección de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Y tal como lo informó la Cancillería, Ábrego dijo que llegaron al país bajo el marco del memorándum de entendimiento firmado entre Estados Unidos y Panamá para la deportación y repatriación de ciudadanos extranjeros. De acuerdo con el ministro, 171 migrantes ya aceptaron el retorno voluntario a sus países. Se irán de Panamá tan pronto la OIM les entregue sus boletos aéreos, contó. También agregó que una ciudadana de Irlanda tomó un vuelo y ya aterrizó en su país. El ministro afirma que están en Panamá bajo el estatus de “protegidos”. No obstante, juristas conocedores del tema alegan que el caso encarna “una catástrofe jurídica”. El vicecanciller Carlos Ruiz-Hernández dijo el pasado jueves en una conferencia de prensa que los migrantes han sido debidamente registrados y que no presentan antecedentes criminales. El financiamiento del traslado, según indicó el vicecanciller, está a cargo del gobierno de Estados Unidos a través de la Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR. Los costos incluyen el hospedaje y transporte de los migrantes mientras permanezcan en Panamá, previo a su salida hacia sus respectivos países de origen. Ese día, Ruiz-Hernández recordó que la cooperación con Estados Unidos ha resultado en una disminución del 90% en los cruces irregulares por la selva del Darién en enero de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior. Durante la visita que realizó el secretario de Estado de EU a Panamá, Marco Rubio, el tema migratorio fue puesto sobre la mesa. El presidente José Raúl Mulino anunció que Panamá deportaría migrantes de EU a través de una pista en Metetí, Darién.
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