1B La Prensa Panamá, lunes 17 de febrero de 2025 Tu opinión nos interesa [email protected] &Negocios Promotores del interior en crisis Los promotores y desarrolladores de viviendas de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé señalan que la paralización de los créditos preferenciales en bancos públicos y privados limita el acceso de las personas a la adquisición de sus casas. Debido a la lentidud del sector la recaudación de impuestos municipales también ha caíd Elysée Fernández Reyna Katiuska Hernández [email protected] La situación del sector de la construcción y venta de viviendas en el interior del país se presenta como crítica. Las consecuencias son graves: pérdida de empleo y disminución de la recaudación de impuestos municipales. A esto se suma el abandono de cientos de familias, que han quedado en el limbo debido a la nulidad de cartas de crédito previamente aprobadas por bancos tanto públicos como privados. Distintos promotores y desarrolladores de viviendas de provincias como Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé señalan la gravedad de la situación. Jacobo Bentolila, desarrollador inmobiliario de Coclé, explica que “el 95% de la construcción de viviendas está parada a nivel nacional y, adicionalmente, casi todas las promotoras han tenido que reducir las planillas administrativas”. A su juicio, la situación se ha agravado especialmente después de la expiración del Fondo Solidario de Vivienda, que otorgaba un bono inicial de 10 mil dólares para la compra de viviendas de hasta 70 mil dólares. A partir de ese momento, los bancos estatales no solo dejaron de financiar ese segmento, sino que también aumentaron los requisitos y, en muchos casos, cancelaron las cartas de crédito que ya habían sido preaprobadas. “La banca estatal, especialmente el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros, ha endurecido sus criterios para la aprobación de créditos hipotecarios, lo que ha dificultado que los compradores obtengan financiamiento. Lo más grave es que clientes que ya contaban con hipotecas aprobadas y cartas promesa irrevocables de pago han sido notificados de la desestimación de sus casos”, comentó Bentolila. Según él, esta situación representa una amenaza seria a la seguridad jurídica y socava la inversión privada, dado que los promotores de vivienda estructuraron sus proyectos basados en aprobaciones previas otorgadas por el Ministerio de Vivienda. Bentolila recordó que, según el artículo 21 de la Ley del Fondo Solidario de Vivienda, el Estado debe reconocer el pago del bono solidario de 10 mil dólares para los proyectos en curso que hayan sido previamente aprobados. Sin embargo, la negativa de los bancos estatales a cumplir con compromisos adquiridos pone en riesgo cientos de proyectos habitacionales y deja a miles de familias sin la posibilidad de acceder a una vivienda propia. En los últimos meses, los bancos estatales también han comenzado a exigir a las promotoras un pago del 3% como requisito para tramitar las hipotecas de los clientes. “Lo más preocupante de este cobro es la falta de transparencia, ya que no se deja constancia por escrito, y los promotores son informados únicamente a través de llamadas telefónicas o reuniones presenciales en las sucursales bancarias”, alertó Bentolila. A esta problemática se suma la falta de pago por parte del Estado del subsidio al interés preferencial, deuda que asciende a 300 millones de dólares. Esta situación ha provocado que muchos bancos privados también se abstengan de financiar viviendas de entre 50 mil y 120 mil dólares. Even Chi Pardo, economista que representa a los promotores de Azuero y Coclé, expone que estas circunstancias han ocasionado la suspensión y el cierre de numerosos proyectos inmobiliarios. “Los cambios en las políticas de crédito afectan tanto el acceso a la vivienda como el despido de personal en dichos desarrollos. “Es urgente que el Gobierno promulgue una nueva Ley de Intereses Preferenciales para reactivar los préstamos subsidiados y brindar claridad”, insistió Roberts. Para Rosa María Espino, directora de la Asociación de Promotores de Viviendas de Azuero, el nuevo marco legal debe considerar la situación del mercado de viviendas en el interior del país, beneficiar a las personas más vulnerables y servir como un mecanismo legal tanto para bancos públicos como privados, garantizando seguridad jurídica. “Las nuevas políticas de los bancos estatales han cercenado prácticamente el derecho de las personas a adquirir una vivienda”, denunció Espino. El Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial tienen previsto presentar el martes la propuesta de reforma de la Ley de Intereses Preferenciales. Una de las iniciativas contempla reducir el tope máximo del subsidio a viviendas de hasta 100 mil dólares, aunque la ley vigente mantiene esta subvención hasta viviendas de 120 mil dólares. Por su parte, representantes de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) y de los promotores de viviendas de todo el país se reunirán mañana para analizar la situación del sector. PROYECTOS INMOBILIARIOS el empleo en la construcción y en actividades conexas con este sector. Es urgente que se apruebe una nueva Ley de Intereses Preferenciales que tenga en cuenta la realidad del interior del país”, expresó Chi Pardo. Desde la perspectiva de José Roberts, presidente de la Asociación de Promotores de Viviendas de Coclé, muchas personas que optaban por adquirir viviendas han sido rechazadas por los bancos, lo que ha provocado la suspensión de proyectos y Juan Manuel Díaz [email protected] Sala Tercera definirá si revierte aumento de la tarifa eléctrica SERVICIO PÚBLICO Una demanda de nulidad contra la cesión del contrato entre la empresa Sinolam Smarter Energy y la empresa Alternegy (parte del grupo Efragen), que podría significar un aumento considerable en los costos de electricidad y un alza generalizada para los clientes de la empresa Electra Noreste S.A. (ENSA), fue presentada ante la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia. La demanda interpuesta por la abogada María Fábrega a título personal ataca directamente la resolución AN No. 1996-Elec de 5 de febrero de 2024 expedida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), por la cual se emiten instrucciones a la empresa de distribución ENSA respecto del contrato suscrito entre Sinolam Smarter Energy para el suministro de energía y el precio de la potencia. Según la demanda, los efectos de la orden impartida por la ASEP implican una grave afectación a las comunidades, ya que obligaría a ENSA a comprar energía en el mercado ocasional (spot) con un mayor precio para todos los usuarios de ENSA. El documento plantea que, en este caso, los clientes de ENSA se verán obligados a pagar una energía a un mayor precio. La demanda cita un informe de la Secretaría Nacional de Energía de noviembre de 2024, en el que se detalla que las modificaciones introducidas al contrato impactarán considerablemente la tarifa eléctrica para todos los clientes durante la vigencia del contrato, que se extiende hasta el 31 de marzo de 2039. ternegy, de capital estadounidense. Bajo la tutela de la ASEP, a dicho contrato se le hicieron enmiendas que implicaban dos cosas: un alto costo de la potencia y una reducción en la cantidad de energía que se debía entregar, lo que obligaba a ENSA a suplir la diferencia vía licitaciones adicionales o en el mercado ocasional (spot), donde el costo de la energía era más alto. En septiembre de 2024, el secretario de energía, Juan Urriola, anunció la presentación de una demanda de nulidad contra la cesión del contrato ordenada por la ASEP. El precio de la energía en el mercado spot varía según la temporada, por ejemplo, durante los últimos seis meses de 2024 estuvo a un precio bajo debido a mayor generación hidroeléctrica. De acuerdo con el recurso legal, la ASEP omitió seguir las directrices de la Secretaría Nacional de Energía, que mediante nota del 19 de octubre autorizó la adenda al contrato, ya que encarece los costos de energía para ENSA, lo que a su vez afecta la tarifa de sus clientes. Recalca que el acto demandado no permite tener una disponibilidad de oferta energética eficiente, tomando en cuenta que en el contrato inicial se solicitaban plantas nuevas, y lo que se está contratando con el esquema actual ordenado por la ASEP son plantas ya usadas al mismo precio. Originalmente, la compañía de capital chino Martano, que luego asumió Sinolam Smarter Energy LNG Power, tenía un contrato para el suministro de energía y potencia firme con ENSA. Pero como Martano no construyó su planta de generación, terminó cediendo el contrato que tenía con ENSA a la empresa AlEMBALSE GATÚN EMBALSE ALHAJUELA 87.60 pies 245.74 pies Nivel de aguas mínimo - 75 pies Nivel de aguas mínimo - 190 pies 77 83 87 195 205 215 Infografía: LP - Fuente: ACP Niveles de lagos afluentes del Canal Cifras de la crisis inmobiliaria 95% De la construcción de viviendas está detenida a nivel nacional, lo que evidencia la magnitud de la crisis en el sector. $10 mil Era el monto del bono inicial otorgado por el Fondo Solidario de Vivienda para la compra de viviendas de hasta 70 mil dólares. $300 Millones, es la deuda del Estado por el subsidio al interés preferencial, lo que ha llevado a que muchos bancos privados se abstengan de financiar viviendas dentro del rango de 50 mil a 120 mil dólares.
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