2A La Prensa Panamá, lunes 17 de febrero de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama EFE. Palma de Mallorca, España Ricardo Martinelli se atrincheró en la embajada de Nicaragua. Cortesía Martinelli, imputado en España por violencia de género al espiar a examante JUSTICIA Un juzgado español ha imputado al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) por un presunto delito de violencia de género, acusado de espiar en 2020 a su examante a través de cuatro guardias civiles y personal de seguridad privada. La que fuera pareja de Martinelli entre 2015 y 2020 relató en mayo de 2022 ante una jueza de Palma de Mallorca (Islas Baleares) que se sintió espiada durante el verano de 2020 en la isla. Tras interponer varias denuncias en julio de ese año, el servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil abrió una investigación y averiguó que cuatro agentes, el dueño de una empresa de escoltas y un vigilante de seguridad habían estado siguiendo a la mujer por encargo de Martinelli, que quería saber si le era infiel. La víctima detectó que la seguían por toda la isla, incluso colocando balizas y geolocalizadores en su coche y llegando a poner en peligro su integridad física, según relató. Los registros en las viviendas de los seis detenidos permitieron incautar componentes tecnológicos para llevar a cabo actividades de vigilancia y seguimiento. Los agentes también hallaron diversa documentación manuscrita relativa a la planificación y organización del espionaje. La denunciante declaró asimismo que Martinelli era celoso y muy controlador y que la obligó a perder una gran cantidad de contactos, según el diario Última Hora. La fuente no identifica a la denunciante. El polémico millonario, implicado también en el caso Odebretch por presuntos sobornos, la forzó a dejar su trabajo en una galería de arte, le asignó un sueldo de unos 8.000 euros y le pagaba el alquiler de un chalet en Miami, según contó la mujer. Martinelli fue condenado en Panamá a 10 años y seis meses de prisión y a una multa de 19 millones de dólares por un delito de blanqueo de capitales. Eliana Morales Gil [email protected] La Cámara y la Iglesia condenan la violencia en medio del debate de la CSS TENSIONES Otra semana crucial para las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS). En medio de un tenso escenario, marcado por las protestas de grupos que se oponen a la reestructuración de la entidad, la Asamblea Nacional se prepara para discutir en segundo debate el polémico proyecto de ley 163, que busca reformar la Ley 51 orgánica de la CSS. Esta discusión, que podría definir el futuro del sistema de seguridad social, se desarrolla luego de que el pleno legislativo, compuesto por los 71 diputados, leyera los más de 200 artículos de la iniciativa que impulsa el gobierno de José Raúl Mulino. El proyecto de ley 163 mantiene la edad de jubilación en 62 años para hombres y 57 para mujeres, e incrementa el aporte del Estado para cubrir el déficit del programa de Invalidez, Vejez y Muerte en $1,457millones. Originalmente, el proyecto del Ejecutivo proponía aportar $966 millones. En un comunicado divulgado ayer, domingo, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá afirmó que “el futuro de Panamá no se construye con violencia”, en relación con los disturbios que protagonizaron miembros del Suntracs, el principal sindicato de la construcción, el pasado miércoles 12 de febrero en las instalaciones de la obra del Hospital del Niño, que arrojaron 16 agentes policiales heridos, además de daños en la infraestructura y varios detenidos. Una jueza imputó a 83 afiliados a la agrupación por la supuesta comisión de los delitos contra la seguridad colectiva, contra el patrimonio económico (daños), contra la libertad individual y contra la vida e integridad personal (lesiones personales). “La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá repudia de manera categórica cualquier acto de violencia como mecanismo de presión para la resolución de conflictos. En un país democrático, el respeto a la ley y el diálogo son los únicos caminos legítimos para encontrar soluciones a los desafíos nacionales, incluyendo la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS)”, indicó el gremio empresarial. Mientras que el arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa, abogó por la unidad y la reconciliación. Durante la misa de ayer, domingo, Ulloa advirtió que no se puede ignorar el clamor de quienes sufren exclusión, desigualdad y falta de oportunidades, especialmente en temas tan sensibles como la situación de la Caja de Seguro Social. “Pero tampoco podemos caer en la trampa de responder con más violencia, porque la violencia solo engendra más violencia”, expresó, pocos días después de que la avenida Balboa fuese escenario de violentos enfrentamientos entre agentes policiales y obreros de la construcción. El proyecto de ley 163 también contempla que la junta directiva de la CSS estará conformada por 11 miembros y que los suplentes no podrán cobrar dietas cuando el principal esté presente y activo en reuniones. Además, se acordó que la CSS podrá manejar sus propios recursos; sin embargo, podrá delegar su ejecución al Banco Nacional o a la Caja de Ahorros. También se permitirá invertir un pequeño porcentaje en el extranjero si los rendimientos locales no son suficientes. La sede de la embajada de Nicaragua en Panamá se ha convertido en un centro de actividades políticas. Alexander Arosemena El permanente desa o de Martinelli a la justicia y a las instituciones Eliana Morales Gil [email protected] IMPUNIDAD El salvoconducto para que el expresidente se traslade a Nicaragua es un tema que está sobre la mesa. Su vocero dice que Martinelli quiere quedarse en Panamá, pero no dentro de una embajada. Martinelli le lanza combustión al fuego. En medio del clima social y político que vive Panamá, producto de las protestas de grupos organizados por el proyecto de ley 163 que reforma la Ley 51 orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), y pese a que el expresidente José Raúl Mulino habló de “poner orden” para evitar que las embajadas sean usadas como centros políticos, el expresidente de la República agita a sus seguidores a través de redes sociales. El pasado sábado 15 de febrero, el exgobernante, atrincherado en la Embajada de Nicaragua y sin facultad legal para hacer política, pagó un anuncio en X en el que usó una metáfora bélica y etiquetó a su partido Realizando Metas para darle visibilidad a una actividad de uno de los gremios que avivan los reclamos. “Los profesores y maestros sonando los tambores deguerra.Hayqueevitartodas las confrontaciones @ somosrmpa”, se lee en la publicación, que está acompañada por un video en el que se observan escenas de la asamblea general de la Asociación de Educadores Veragüenses. “¿Por qué alguien pautaría para que esto salga continuamente? Aquí pensando”, preguntó Lina Vega, presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, en la misma red social. En Instagram, Martinelli también compartió un video en el que se ve a un grupo de indígenas caminando entre las montañas. “Bajando de la montaña”, dice en el clip, tal vez sugiriendo que este grupo se uniría a otros que han protestado en las calles contra las reformas a la CSS. ¿Busca el expresidente mantener relevancia política y avivar el descontento social desde su refugio en la Embajada de Nicaragua? En julio de 2022, durante el gobierno de Laurentino Cortizo, grupos indígenas se unieron a asociaciones de educadores, sindicalistas y otros sectores sociales para cerrar las principales vías del país en protesta por el alza del combustible y de la canasta básica de alimentos. Un panorama similar ocurrió en octubre y noviembre de 2023 en contra de la minería. Ricardo Martinelli, condenado a 128 meses de prisión por blanqueo de capitaEn diciembre pasado, el presidente José Raúl Mulino reveló que había instruido al canciller Javier Martínez Acha para que presentara un reclamo al Gobierno de Nicaragua por las actividades políticas de Martinelli en la embajada nicaragüense en Panamá. Mulino expresó su intención de “poner un poco de orden” y garantizar el cumplimiento de los convenios de asilo. Además, destacó que el objetivo es evitar que “ni esa [la de Nicaragua] ni ninguna otra embajada se convierta en un centro político”. Días después, Consuelo Sandoval Meza, entonces embajadora de Nicaragua, renunció al cargo. El tema volvió al debate el pasado 30 de enero, cuando Mulino dijo que en los próximos días conversaría con Jessica Yaoska Padilla Leiva, nueva embajadora de Nicaragua en Panamá, sobre darle el salvoconducto al expresidente para que se traslade al país centroamericano. “En los próximos días, creo que mañana, sino la otra semana, la nueva embajadora de Nicaragua presentará credenciales ante el canciller. Ahí se hablarán muchos temas que no se podían abordar con la anterior. Ahora lo vamos a hablar. El salvoconducto es uno de ellos”, afirmó Mulino. Jessica Yaoska Padilla Leiva, la nueva embajadora, ya está en Panamá. No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores aún no ha recibido sus credenciales. Luis Eduardo Camacho, vocero de Martinelli y diputado de RM, ha dicho que el exgobernante quiere quedarse en Panamá, pero no dentro de una embajada. les en el caso New Business, también publicitó por estos días otro mensaje en X con la siguiente frase: “El país necesita paz y yo necesito justicia”. Además de quejarse de su situación legal, el expresidente también ha cuestionado su situación jurídica. Incluso ha alabado el perfil del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pese a su amenaza de retomar el control del Canal de Panamá.
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