4A La Prensa Panamá, domingo 16 de febrero de 2025 Panorama Con la escenografía montada durante la visita de Rubio el 2 y 3 de febrero, quien gana es Trump que queda como el héroe que rescata a Panamá de caer en manos de Beijing. “Trump puede decir ahora ‘Mulino lo hizo porque yo se lo ordené’, asegura el exdiplomático panameño Luis Aguirre Gallardo. EFE/Archivo La sombra del Pentágono sobre el Canal Cecilia Fonseca S. [email protected] DIPLOMACIA VS PODER ¿Negociar o resistir? Expertos en relaciones internacionales coinciden en que cualquier opción sobre el tapete violenta de alguna manera el Tratado de Neutralidad. Sin embargo, apuntan a algunas vías para poner n al diferendo. Es un hecho —dicho por expertos en el tema— que Panamá no puede modicar o eliminar los peajes que se cobran a los buques de guerra de Estados Unidos que pasan por el Canal de Panamá porque eso se convertiría en una violación al Tratado de Neutralidad, que hace parte de los Tratados Torrijos-Carter de 1977, a la Constitución y a la ley orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Tampoco es posible, sin afectar la seguridad jurídica y que se interprete como una concesión a Estados Unidos, que se saque de los puertos a las empresas chinas, con el argumento, según el coloso del norte, de que su presencia implica un control de la vía y en una eventual con®agración podrían bloquear los accesos Pacíco y Atlántico. ¿Qué caminos le quedan al Gobierno panameño para afrontar la crisis que desató el presidente de Estados Unidos, Donald Trump —basada en falsedades— y cuyo red ag más reciente es la cancelación, por parte del mandatario estadounidense, de la conversación telefónica concertada para el 7 de febrero con el presidente José Raúl Mulino? Euclides Tapia Campos e Irving Arosemena, catedráticos universitarios especialistas en Relaciones Internacionales, coinciden en que cualquier opción que se ponga sobre el tapete viola de alguna manera la normativa nacional. Sin embargo, mencionan algunos caminos que, aunque no estarían exentos de críticas o desafíos jurídicos y políticos podrían poner n a la disputa. Pactar un Montería 2 Tapia destaca que el tema tiene aristas que se pueden analizar de forma individual o conjunta: las económicas, con lo relativo al no pago de peajes, y las político-militares o de seguridad que están relacionadas con la presencia de China en las áreas adyacentes al Canal y ofrece tres propuestas: 1. Negociar el tema de los peajes, vía Protocolo, o a través de un tratado como el que se pactó con Colombia (Tratado de Montería). 2. Vincular a las autoridades del Canal con una agencia de Estados Unidos, rmar un acuerdo de forma simplicada, y que se les elimine el pago de peajes para sus navíos de guerra. 3. Adoptar una decisión entre Autoridad del Canal y Consejo de Gabinete, sobre no cobrar peaje a los buques de guerra de Estados Unidos o jar un cobro simbólico. Tapia advierte que Panamá no contempla en su normativa interna la gura del acuerdo simplicado, aunque —en Panamá siempre hay un resquicio— existe el antecedente del Convenio Alemán Zubieta-Becker de 2002, pactado para hacerle frente a las amenazas terroristas y a los incidentes de contaminación en el Canal, así como el Acuerdo Salas Becker sobre patrullaje en las aguas jurisdiccionales panameñas, que fueron manejados de esta manera, y para allanar ese camino, en el caso del Salas Becker existe un fallo de la Corte que dice que no es inconstitucional. Cuidado que por ahí van los tiros cuando el presidente Mulino ha insistido en que corresponde a la ACP hablar del tema de los peajes —mencionó Tapia— y apunta que a pesar de ser cierto que la Constitución (artículo 319) establece que quien negocia los peajes es la ACP, su decisión está condicionada a la aprobación del Gabinete. ¿Y quién es el primus inter pares? pregunta de forma retórica: El Presidente, por tanto, asegura, “la aprobación de los peajes tiene la aquiescencia del Presidente ipso facto”. Sobre su propuesta de dar gratuidad a los buques de guerra de Estados Unidos, explica que no hay razón para no hacerlo, cuando existe una concesión similar con Colombia —que no es contraparte en los tratados— país vecino que, a partir de la reversión el 31 de diciembre de 1999, mantuvo la prerrogativa a través del Tratado Ozores-Uribe Vargas o Tratado de Montería. Además, indica Tapia, desde el punto de vista económico, una decisión como esta no tendría una repercusión importante sobre el presupuesto o sobre los ingresos de la ACP, ya que Estados Unidos no tiene una ®ota comercial propia y lo que implica el paso de sus buques de guerra es una cifra irrisoria. “El tema es buscar la fórmula jurídica que permita que eso se pueda hacer”, armó el analista. De hecho, en 26 años, desde 1998 al cierre del año scal 2024, de 373,039 buques que transitaron el Canal, apenas 994 fueron tránsitos de buques de guerra y submarinos de la Marina de Estados Unidos. Durante este periodo, los ingresos de tránsito en este concepto sumaron 25.4 millones de dólares. La pregunta que cabe ahora es si pactar un Montería 2 violaría el Tratado de Neutralidad o pondría en riesgo el apoyo de los adherentes Tapia sostiene que no, porque a quien Panamá estaría haciendo la concesión es la contraparte del tratado, y ninguna otra nación tiene esa condición, por tanto, no tienen derecho a reclamar tratamiento similar. Y sobre el riesgo de que los países que se adhirieron al pacto de neutralidad se retiren, destaca que son solo 40 de 193 los países rmantes y muchos de ellos “son muy débiles”. “Salvo que Rusia, en solidaridad con China, que no es miembro del tratado de neutralidad, decida salirse de ese protocolo”, apuntó. En el Tratado de Neutralidad, la exención del peaje a Colombia quedó establecida en el literal 2 del artículo VI. Ahora, precisa Tapia, sería agregar un artículo al tratado que diga que Estados Unidos no pagará peajes para sus buques en tránsito por el Canal, es decir, aprobar un protocolo que incluya esa prerrogativa para Estados Unidos, sin tocar el pacto de neutralidad, para evitar que del lado estadounidense se intenten incluir aspectos que nada tienen que ver con el tema económico. Y aquí surge una pregunta cuya respuesta podría abrir una caja de Pandora, según el internacionalista. ¿La adopción de un protocolo al Tratado de Neutralidad que incorpore esa prerrogativa a favor de Estados Unidos obligaría o no a la realización de un referéndum? El tema es complicado, advierte Tapia, porque el Tratado de Neutralidad, versión dos, es decir, el modicado por el Senado de Estados Unidos, no fue a referéndum, y ahora se obligaría a que los panameños decidamos el tema en una consulta. Tapia y Arosemena remarcan —con disgusto— que el Tratado de Neutralidad, con las enmiendas hechas por el Senado de Estados Unidos fue legalizado en el Canje de Instrumentos de Raticación y no con un referéndum como, insisten, debió suceder. A la misma situación se enfrentaría el país con la opción de negociar un Montería 2, acota el jurista, ya que el tratado que benecia a Colombia tampoco fue llevado a un referendo. ¿Y en cuanto al acuerdo simplificado, si ya existe un antecedente, cuál sería la violación? Tapia reitera que ese tipo de acuerdo no lo contempla la normativa interna panameña, pero, la Corte Suprema dictaminó que el Acuerdo Salas Becker era legal. “Así que a partir de ese momento cualquier cosa que se negocie con visos de tratado de forma simplicada evidentemente no debería ir a referéndum […]”, remarcó. Se reere Tapia al arreglo complementario Salas-Becker, rmado por los entonces ministro de Gobierno y exmagistrado de la Corte Aníbal Salas, y el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Panamá, Frederick A. Becker. Este acuerdo fue demandado por el diputado Pedro Miguel González cuando fue presidente de la entonces Asamblea Legislativa, y en 2019 la Corte falló que no es inconstitucional. ‘Jurídicamente Panamá no puede hacer nada’ El catedrático Irving Arosemena lo dice tajantemente: Jurídicamente, Panamá no puede hacer en absoluto lo que quiere Estados Unidos. “No lo puede hacer. La única forma sería cambiar la ley Orgánica, cambiar la Constitución y eliminar el Tratado de Neutralidad”, asegura. Lo de Estados Unidos, añade Arosemena, es una aspiración de carácter político que apuntala a una nueva violación de la neutralidad, pero que en este caso la haga Panamá. Aunque se atreve a plantear la rma de un tratado con ventajas especiales en materia de peajes, de inmediato asegura que con ello se estaría violando doblemente el régimen de neutralidad porque su principio básico es que todos los países del mundo, independientemente de su origen, destino, armamento o carga pueden pasar por el Canal. ¿Y esa eventual violación le daría a EU pie para hacer algo? Ese es otro tema, en el que también hay una confusión. El artículo quinto del tratado y sobre todo la Condición 1, inclusive la Enmienda 1, hablan de que esos derechos concedidos a Estados Unidos son viables en la medida en que el Canal sea cerrado, obstaculizado o amenazado. Solamente ahí cabe una acción militar o bélica. El tema es, y que mucha gente no lo dice —menciona Arosemena— que si bien no hay un ataque ni se ha obstaculizado el tráco ni hay amenaza china al Canal, son ellos, Estados Unidos, los que determinan si hay una amenaza y son ellos los que determinan qué tipo de acción tomar frente a una amenaza. Y explica: Porque el criterio que establece el tratado en todos los articulados es de la unilateralidad. Ellos, al igual que Panamá, deciden si hay una amenaza y qué acción tomar frente a esa amenaza. Eso les permite a ellos, lógicamente, decir que la presencia de China en los puertos es una amenaza. El Anexo 2 del Tratado de Neutralidad establece las deniciones que aplican para una serie de términos. Así, en el acápite 1 del Anexo A cuando en el texto se habla del Canal “incluye el Canal de Panamá existente, sus entradas y los mares territoriales de la República de Panamá adyacentes a él, según aparece en el mapa adjunto (Anexo B) ...”. Sobre la posibilidad de acordar un Montería2 o adoptar un protocolo para el tema de los peajes —como lo plantea Tapia—, Arosemena señala que “si se pensara en un nuevo texto, en un nuevo documento relativo especícamente a la presencia militar de Estados Unidos, o a la defensa del Canal, y que esas naves que actuarían en esa defensa no pagarían peajes, pues quizás pudiera ser como una salida salomónica”. Ahora, advierte que en la Condición 2 o Reservarum, como también se le conoce, el tratado de neutralidad dice que nada impide que Panamá y Estados Unidos pudieran concertar acuerdos militares posterior al 31 de diciembre de 1999 para la protección y defensa del Canal. Entonces, si le pregunto qué solución tenemos en este conflicto, que es real, porque el señor Trump no va a cesar en su intención de paso gratuito y que China se aleje de los puertos, de que hay una amenaza real, y lo dejaron claro Mauricio Claver-Carone y Marco Rubio en sus entrevistas esta semana, nuevamente... ¿Qué opciones tiene Panamá? “Si me pone en un callejón sin salida, yo le diría que la única solución de Panamá es violar el Tratado de Neutralidad, violar la Constitución, violar la ley orgánica de la ACP, violar el derecho internacional, es decir, Panamá estaría violando todo, toda la normativa internacional para complacer los apetitos expansionistas y personales de este señor. No, no hay otra dentro del marco jurídico o legal. No cabe ninguna solución ni política porque esto sería un suicidio político para este gobierno”, dijo Arosemena. Desde el punto de vista económico, no cobrarle peaje a EU no tendría una repercusión importante sobre el presupuesto o los ingresos de la ACP, ya que esa nación no tiene una flota comercial propia y lo que implica el paso de sus buques de guerra es una cifra irrisoria”. Euclides Tapia Máster en relaciones internacionales Es típico del actuar de las potencias cuando sus solicitudes o exigencias no tienen cabida jurídica, violar el derecho internacional. Lo de Estados Unidos es una aspiración de carácter político (...)”. Irving Arosemena Catedrático en Relaciones Internacionales POLÍTICA Escanee el QR y acceda a más información de este artículo.
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