2A La Prensa Panamá, domingo 16 de febrero de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Yasser Yánez García [email protected] Así quedó la avenida Balboa luego de las protestas Archivo Procesan a trabajadores del Suntracs; hoy definirán medidas cautelares INVESTIGACIONES La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial, Luzmila Jaramillo Fuentes, le imputó cargos a los 83 trabajadores del Suntracs que fueron detenidos en los disturbios del pasado miércoles en las inmediaciones de la avenida Balboa. Los cargos, que fueron impuestos en el segundo día de la audiencia, son por la presunta comisión de los delitos contra los servidores públicos, contra la seguridad colectiva, contra el patrimonio económico (daños), contra la libertad individual y contra la vida e integridad personal (lesiones personales), adelantó el Órgano Judicial. Se decretó un receso hasta hoy domingo, a las 9:30 a.m., para empezar la fase de aplicación de medidas cautelares. El Ministerio Público (MP) había solicitado la imputación de estos cargos contra los 83 trabajadores del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), detenidos tras los enfrentamientos registrados el miércoles en el edicio en construcción del nuevo Hospital del Niño. El viernes 14 de febrero, el MP legalizó la aprehensión de los obreros, tras lo cual la defensa presentó una solicitud de reconsideración. El tribunal rechazó el recurso, argumentando que no existían fundamentos sólidos que lo justicaran. Ayer, las partes expusieron sus argumentos en relación con la aprehensión de los obreros. No obstante, se mantuvo la medida. Entre las pruebas presentadas por la scalía guran informes del Instituto de Medicina Legal, testimonios de las presuntas víctimas, así como reportes del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional sobre los hechos ocurridos. Dirigentes del Suntracs y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) han armado que las detenciones forman parte de una “persecución sindical” y han solicitado la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En la misiva, enviada a Gilbert Houngbo, director general de la OIT, el sindicato acusa al gobierno del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024) de haber utilizado entidades estatales, como el Consejo de Seguridad, la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, para ejecutar una “conspiración política” en su contra. Según la denuncia, estas acciones incluyeron la apertura de investigaciones penales, el cierre de cuentas bancarias del sindicato y su cooperativa de ahorro y crédito, además de la divulgación de información con- dencial con señalamientos de terrorismo y lavado de dinero, sin que existieran cargos formales en su contra. Con la llegada del gobierno de José Raúl Mulino, el sindicato sostiene que la situación ha empeorado. Aseguran que, a pesar de un sobreseimiento penal y un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo sobre la violación de su libertad sindical, sus cuentas en la Caja de Ahorros siguen cerradas. Además, reiteran que el gobierno ordenó el congelamiento indenido de sus cuentas en el Banco Nacional y el cierre de la cuenta de su cooperativa. Mario De Gracia [email protected] Firma de abogados de EU recibió hasta $6.9 millones de la ACP CABILDEO La rma de abogados estadounidense Vinson & Elkins ha recibido 6 millones 963 mil 742 dólares de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) desde noviembre de 2024, según un documento que la empresa presentó al Departamento de Justicia de Estados Unidos publicado por la agencia Reuters. En medio de las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, sobre el Canal de Panamá, la rma reportó el dinero en cumplimiento del Acta de Registro de Agentes Extranjeros de EU (FARA, por sus siglas en inglés), que exige a los bufetes de abogados divulgar ciertos trabajos para clientes fuera de la nación. La rma detalla el dinero recibido como “desembolsos y gastos relativos a servicios jurídicos no registrables”. Vinson & Elkins también adjuntó los términos de referencia (TDR) del acuerdo con la ACP, que explican los servicios de “asesoramiento legal y estratégico” que ofrece la rma en relación con las políticas estadounidenses sobre la vía interoceánica, al tiempo que incluye facilitar el “posible acercamiento a funcionarios del gobierno estadounidense”. Los TDR fueron rmados el 29 de enero de 2025 entre la ACP y un socio de Vinson & Elkins. En los términos de referencia de la ACP, se detalla que 13 abogados relacionados con la rma prestarán servicios a la ACP cuyos honorarios oscilan entre 315 dólaresy1,500dólaresporhora. Uno de los abogados es Zachary Terwilliger, exscal federal del distrito este del Estado de Virginia durante la primera administración de Trump, a quien se le pagarían 1,500 dólares por hora, cuando sus servicios sean requeridos. Los servicios que presta Vinson & Elkins a la ACP se dan a conocer luego de que el Gobierno panameño, por su cuenta, contrató a la rma de cabildeo BGR Group, de la que es directivo David Urban, exfuncionario de la primera administración de Trump en EU (2017-2021) y, previamente, un crítico de la administración panameña del Canal. No obstante, de acuerdo a Reuters, Panamá también ha suscrito un acuerdo con otra empresa de cabildeo: Vantage Knight. Las rmas de cabilderos o lobistas en EU se encargan de representar los intereses de distintos sectores en las instancias de poder de la nación norteamericana. El objetivo principal es in- ®uir en las decisiones políticas de los congresistas y, en algunos casos, en la opinión pública. Este trabajo estaría a cargo de VantageKnight y BGR Group en favor de Panamá, pero hasta el momento, las autoridades panameñas no han brindado mayores detalles o actualizaciones al respecto. La Prensa preguntó a la ACP sobre la contratación de Vinson & Elkins, pero no hubo una respuesta inmediatamente. El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió el año pasado con los dirigentes sindicales, para tratar la reforma a la CSS. Archivo $14 millones para capacitación sindical cada año: ¿Cómo se usan? Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] FONDOS PÚBLICOS El manejo de estos fondos ha llamado la atención de la Contraloría General de la República, que recientemente anunció el inicio de una auditoría para evaluar su correcta administración. Cada año, entre $13 millones y $14 millones del Seguro Educativo se destinan a programas de educación y capacitación sindical a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). El manejo de estos fondos ha llamado la atención de la Contraloría General de la República, que recientemente anunció el inicio de una auditoría para evaluar su correcta administración. La revisión busca esclarecer si los recursos han sido utilizados conforme a su propósito y garantizar la transparencia en su asignación. El pasado 15 de enero, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, advirtió que la entrega de los fondos de capacitación sindical estará sujeta a condiciones más estrictas, exigiendo a los sindicatos la presentación oportuna y adecuada de los informes correspondientes. Según la funcionaria, muchas de estas rendiciones de cuentas no se entregan en tiempo ni en la forma estipulada por la normativa vigente, que incluye la obligatoriedad de usar la facturación electrónica. En aquella ocasión, Muñoz recalcó que los sindicatos que no presenten sus reportes no recibirán desembolsos, mientras que quienes lo hagan deberán ajustarse a los requisitos legales. La auditoría Esta semana, la Contraloría anunció que hará una auditoría para determinar la correcta administración de los fondos del Seguro Educativo, especícamente aquellos destinados a la “capacitación sindical”, en el período comprendido entre enero de 2012 y el 30 de junio de 2024. Si se toma en cuenta que, en este período de 12 años, se han entregado entre $13 y $14 millones anuales para capacitación sindical, la Contraloría deberá auditar el uso de entre $156 millones y $168 millones. “Como ente scalizador, la Contraloría llevará a cabo las diligencias necesarias para recopilar los elementos de juicio que permitan esclarecer los hechos. Para ello, los auditores realizarán entrevistas, designarán peritos y efectuarán las inspecciones que sean necesarias, aplicando las normas, pruebas técnicas y procedimientos de auditoría instituidos por la ley”, dijo la institución en un comunicado. Los fondos de capacitación son gestionados por el Mitradel a través del Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL). Posteriormente, estos recursos son entregados a los sindicatos para la capacitación de los trabajadores. Esta no es la primera vez que se anuncia una auditoría sobre el uso de estos fondos. En 2009, cuando la ministra era Alma Cortés, también se llevó a cabo una revisión. La decisión de auditar los fondos destinados a los sindicatos surge luego que el presidente José Raúl Mulino anunció una revisión exhaustiva de los recursos que el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) recibe de diversas entidades gubernamentales. Mulino advirtió que la Contraloría no autorizará ningún desembolso a esta ni a ninguna otra organización sindical hasta que concluyan las auditorías. El mandatario fue enfático al rechazar el uso de fondos públicos para lo que calicó como “subvención de la anarquía”, señalando que que se abordan temas clave para los trabajadores, como sus derechos y deberes según el Código de Trabajo y los convenios de la OIT. En el caso de la CGTP, esta forma parte del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), donde convergen seis centrales sindicales y tres federaciones. No obstante, Reyes aclaró que cada organización mantiene su autonomía en la gestión de sus recursos y actividades. El Suntracs es parte de la Confederación de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), lo que implica que los fondos destinados a su capacitación y funcionamiento deben ser gestionados a través de esta última organización. Así se distribuye el Seguro Educativo Del 73% del Seguro Educativo asignado cada año, la mayor parte, un 58%, se destina a becas y préstamos para estudiantes. Otros rubros incluyen la formación profesional (14%), la educación sindical (5%) y la educación agropecuaria (6.5%). Además, el 6% se dirige a SerTv, el 3% a educación continua, el 1.5% a educación dual y el 1% a la capacitación gremial docente, re- ®ejando una distribución enfocada en diversas áreas de formación y apoyo educativo. El otro 27% del Seguro Educativo se destina al Fondo Especial de Compensación Educativa (FECE) y se distribuye de la siguiente manera: el 94% se asigna a la Cuenta Fondo Especial de Educación, utilizada para mejorar la infraestructura y los recursos en escuelas públicas; el 4% se destina a la capacitación docente, mientras que el 2% restante cubre los costos administrativos del FECE, garantizando su operatividad. estos recursos provienen del bolsillo de los panameños y deben ser manejados con transparencia y responsabilidad. Actualmente, en el Mitradel hay unas 400 organizaciones sindicales registradas que, de alguna manera, se benecian de estos recursos. Se consultó a la entidad cuánto recibe cada sindicato, y al cierre de esta edición no hubo una respuesta. Este medio pudo conocer que la distribución de los recursos depende de la cantidad de aliados. El uso La dirigente de la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP), Nelva Reyes, defendió el uso de los fondos del Seguro Educativo destinados a la capacitación sindical, asegurando que estos recursos provienen directamente de los trabajadores y no del gobierno. Según explicó, el 5% del Seguro Educativo se asigna a la formación que imparten los sindicatos, distribuyéndose en un 60% para programas educativos y un 40% para gastos administrativos. La dirigente enfatizó que estos fondos deben ser entregados conforme a la normativa vigente y no a discreción del Ministerio de Trabajo ni del presidente de la República. Reyes también destacó la importancia de la capacitación sindical, señalando que la CGTP organiza al menos tres seminarios al mes en los
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