2A La Prensa Panamá, sábado 15 de febrero de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Mónica Palm [email protected] Luis Cucalón (Izq.) y Cristóbal Salerno. Archivo Corte reabre caso Cobranzas del Istmo en la jurisdicción de Cuentas LESIÓN PATRIMONIAL La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha anulado una decisión del Tribunal de Cuentas que archivó el proceso seguido contra el exdirector de Ingresos, Luis Cucalón, y el apoderado de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), Cristóbal Salerno, por una lesión patrimonial de al menos $8.8 millones, en perjuicio del Estado panameño. La decisión fue adoptada el 27 de septiembre pasado por los magistrados María Cristina Chen Stanziola (ponente), Carlos Vásquez Reyes y Cecilio Cedalise, de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, quienes declararon nula, por ilegal, una resolución del Tribunal de Cuentas que el 30 de noviembre de 2020 ordenó el cierre del proceso y el archivo del expediente seguido a Salerno y Cucalón. La resolución del Tribunal de Cuentas (rmada por Rainier del Rosario, Alberto Cigarruista y Alvaro Visuetti) fue impugnada por Waleska Hormechea, scal de Cuentas hasta julio pasado. Los magistrados Chen, Vásquez y Cedalise han ordenado la continuación del proceso en la jurisdicción de cuentas, para determinar la responsabilidad o no de ambos investigados. CISA es la empresa que, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (20092014), obtuvo en 2010 un contrato de exclusividad con la Dirección General de Ingresos (DGI) para cobrar las cuentas morosas del Estado. Solo en los seis primeros meses de 2014, recibió $30.6 millones en comisiones. Una auditoría determinó que los pagos a CISA en concepto de comisiones no se ajustaron a los porcentajes establecidos en el contrato. Además, la empresa recibió comisiones por cobros que no gestionó y, en algunos casos, hubo “duplicidad” en los pagos. Estos “desajustes” e irregularidades ocasionaron un perjuicio al Estado de $29.5 millones. Salerno reintegró al Tesoro Nacional la suma de $20.7 millones, quedando un “remanente” de $8.8 millones. En diciembre de 2018, el Tribunal de Cuentas acogió una solicitud del entonces scal de Cuentas, Guido Rodríguez, para enjuiciar a Salerno y Cucalón. Ambos presentaron recursos de reconsideración y, en un giro radical, el mismo tribunal emitió una decisión a favor de los imputados y archivó el expediente el 30 de noviembre de 2020. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Cuentas consideró que, dado que ambos ya habían sido condenados en la jurisdicción ordinaria penal, se estaría incurriendo en un doble juzgamiento. Salerno, mediante un acuerdo, fue condenado a 48 meses de prisión por peculado y corrupción de funcionarios. Los $20.7 millones restituidos fueron considerados como una pena accesoria. Cucalón, por su parte, fue condenado a 96 meses de cárcel y a entregar $6.6 millones; ahora goza de la medida cautelar de arresto domiciliario. El Tribunal de Cuentas consideró que las penas accesorias impuestas a Cucalón y Salerno, consistentes en el comiso de $27.2 millones, signicaban que la lesión patrimonial ya había sido restituida al Estado. Sin embargo, la Sala Tercera de la CSJ opinó ahora que no había lugar para invocar la gura del doble juzgamiento y que el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas “cercena el proceso de responsabilidad patrimonial que debía pasar a la fase plenaria, al considerar que se ha acreditado la restitución total del perjuicio”. “Estamos frente a dos procesos con exigencias probatorias distintas”, remarcaron Chen, Vásquez y Cedalise. “El artículo 4 de la Ley 67 de 2008 establece que la responsabilidad patrimonial es independiente de la administrativa, penal o disciplinaria. En virtud de esta independencia, recalcamos que lo denido en la esfera penal no limita ni delimita el proceso de cuentas”, agregaron los magistrados. Recalcaron que los casi $20.7 millones que Salerno reintegró al Tesoro Nacional representan el comiso derivado del proceso penal instaurado en su contra. Además, a los $8.8 millones remanentes deben aplicarse cargos por intereses, lo cual representa $1.1 millones adicionales. En consecuencia, todavía falta recuperar casi $10 millones. Los Correos Nacionales es una de las instituciones cuya eficiencia se analiza. Archivo Reducción del Estado: ¿Qué instituciones podrían ser eliminadas? Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PLANILLA ESTATAL A pesar de las reiteradas promesas para disminuir la burocracia, la práctica de asignar cargos a simpatizantes del gobierno de turno ha impedido avances en la reestructuración estatal. La reducción del Estado en Panamá sigue siendo un reto complejo, condicionado por el clientelismo político y la permanencia de funcionarios sin funciones claras, conocidos como “botellas”. A pesar de las reiteradas promesas de distintas administraciones para disminuir la burocracia, la práctica de asignar cargos a simpatizantes del gobierno de turno ha impedido avances signicativos en la reestructuración estatal. En su más reciente rueda de prensa, el presidente José Raúl Mulino reiteró la necesidad de reducir el tamaño del Estado, aunque no detalló las medidas concretas que implementará para lograrlo. Aunque el Presidente evitó precisar qué instituciones podrían ser eliminadas en el marco de su plan, fuentes revelaron a este medio que dentro del Palacio de las Garzas se han mencionado entidades cuya función ha quedado obsoleta o que no han cumplido con su rol. Algunas de las entidades que están siendo evaluadas con detenimiento son el Ministerio de la Mujer, los Bingos Nacionales y los Correos Nacionales. Además, se pretende reestructurar la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). El Ministerio de la Mujer, antes conocido como Instituto Nacional de la Mujer y adscrito al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), opera de manera independiente desde su transformación en una entidad ministerial durante el gobierno de Laurentino Cortizo (20192024). En 2024, contó con un presupuesto de 12 millones de dólares y una planilla de al menos 125 funcionarios, según datos de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Su creación generó controversia, ya que su presupuesto inicial ascendió a 12 millones de dólares, más del doble de los 4.8 millones que manejaba el Instituto Nacional de la Mujer. Otras entidades en la mira El diputado Neftalí Zamora presentó un proyecto de ley que pondría n a la operación de los Bingos Nacionales, argumentando que su continuidad representa una carga nanciera para el Estado. La iniciativa busca derogar el Decreto Ley N.º 4 de 1982, con el propósito de eliminar un gasto que, según el diputado, es innecesario. “En 2023, el Estado destinó 966,753 dólares al Programa de Bingos Nacionales, mientras que los ingresos apenas alcanzaron 324,753 dólares. Esto genera una pérdida superior a los 600,000 dólares anuales”, señaló Zamora. En la Presidencia de la República también se analizan cambios en los Correos Nacionales. De hecho, durante la pasada administración, el Ministerio de Gobierno presentó una propuesta a la Asamblea Nacional para reformar y modernizar la entidad, pero esta no avanzó. Actualmente, solo la operación de esta institución representa unos 10 millones de dólares anuales para el Estado. Sector agropecuario El exdiputado Edison maneja 90 millones, además del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) y el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP). Broce cuestionó la e- ciencia de esta estructura administrativa y planteó si la multiplicidad de organismos realmente ha impulsado el desarrollo del sector. “Si los problemas se resolvieran creando instituciones, ya seríamos una potencia agropecuaria con alimentos al mejor precio”, armó. Además, advirtió que muchos ciudadanos desconocen la existencia de estas entidades, a pesar de que sus presupuestos se nancian con los impuestos. Para el exdiputado, la urgencia de reducir el aparato estatal radica en garantizar una gestión más eciente y evitar el despilfarro de recursos en un modelo que, según él, no ha dado los resultados esperados. El último dato disponible sobre la planilla estatal re¬eja un incremento en la contratación de trabajadores. En noviembre de 2024, el número de empleados públicos creció en 3,999 nuevos funcionarios, elevando la cifra total a 263,855 empleados. La mayoría de estos nuevos trabajadores se incorporaron al Ministerio de Salud, la Asamblea Nacional, el Ministerio de Seguridad Pública, la Universidad Especializada de Las Américas, la Universidad Tecnológica de Panamá, el Ministerio de la Presidencia y la Procuraduría General de la Nación. Para el analista político José Stoute, no cabe duda de que se requiere una reducción del Estado, ya que se trata de un aparato clientelista que abulta innecesariamente la planilla estatal con adherentes. Su conclusión deja una interrogante: resolver ese gravísimo problema requiere una ley sólida y bien estructurada de Carrera Administrativa, así como otra de salarios y posiciones. Ahora bien, para ello se necesita voluntad política. ¿La tenemos? Broce se rerió al debate sobre el tamaño del Estado, señalando la necesidad de reducir su estructura mediante la fusión de instituciones, la eliminación de duplicidades y la supresión de cargos innecesarios. Como ejemplo, mencionó el sector agropecuario, que cuenta con al menos seis entidades con funciones relacionadas y un presupuesto combinado que supera los 493.5 millones de dólares. Entre ellas están el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), con 265 millones de dólares asignados, y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), que
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