7A La Prensa Panamá, viernes 14 de febrero de 2025 Panama Ports Co., subsidiaria del consorcio Hutchison Port Holding, con sede en Hong Kong, responsable de la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, es objeto de una auditoría ordenada por el actual contralor general, Anel Flores, para determinar si la empresa ha cumplido sus obligaciones con el Estado, conforme a los términos de su concesión. Idealmente, esa auditoría debería evaluar la legalidad de los actos que llevaron en 2002 a la entonces presidente Mireya Moscoso a modicar el contrato ley de PPC (Ley No. 5 de 16 de enero de 1997) vía una Resolución para eliminar la anualidad ja de $22.5 millones y el pago anual del 10% de sus ingresos brutos, y las posteriores adendas a dicho contrato ley. Lamentablemente, la auditoría no podrá abarcar el daño económico causado al país por PPC al impedir, primero, el desarrollo del megapuerto de Farfán y, después, del puerto de Corozal. Veamos los hechos. El proyecto de megapuerto de Farfán surgió como resultado de un estudio realizado en 2005 para la Autoridad del Canal (ACP) por la consultora estadounidense Moat & Nichol. El estudio recomendó la factibilidad de un megapuerto en esa área para aprovechar la creciente demanda del comercio y ante la inminente ampliación del Canal. El megapuerto se construiría en alta mar, y conectaría con tierra rme a través de un camellón que se construiría con material excavado de la ampliación del Canal. Para entonces ya se completaban los estudios de la ampliación del Canal y se había establecido que las excavaciones generadas por ese gran proyecto ayudarían a bajar el costo de la inversión. Varios operadores globales, entre ellos Ports America Group y Cosco Pacic, habían expresado interés en el proyecto. Pero he aquí que surge Panama Ports bloqueando el avance del proyecto, al interponer varios recursos ante la Corte Suprema de Justicia. Esto desalentó a los interesados, y luego sobrevino la crisis económica de 2008, con su nocivo efecto sobre el comercio mundial. La ventana de oportunidad se cerró cuando se ejecutó la ampliación del Canal. Superados los efectos de la crisis y reactivado el comercio, el interés expresado por armadores y operadores navieros de que se aumentara la capacidad portuaria en el litoral Pacíco, impulsó a la ACP a estudiar las posibilidades. La escasez de muelles indujo a varias navieras a trasladar sus operaciones a otros países. Frente a esta realidad y ante el eventual incremento en la demanda de servicios de trasbordo cuando el Canal ampliado iniciase operaciones, la agencia canalera contrató a la consultora australiana WorleyParsons y a la estadounidense Mercator International para realizar los estudios de mercado. Conrmada la demanda, contrató a la también estadounidense HDR Inc., para estudiar el diseño conceptual, los costos y el modelo nanciero. Fue de ese ejercicio técnico que surgió la iniciativa, en 2012, de impulsar el desarrollo de una moderna terminal portuaria, eco- PPC, obstáculo a nuestro desarrollo lógicamente amigable, en Corozal Oeste, en donde la ACP dispone de 120 hectáreas justo frente al cauce del Canal. En base a la facultad que le otorgan la Constitución Nacional y su ley orgánica, la Junta Directiva aprobó Resolución el 30 de octubre de 2014 que autorizaba al administrador de la ACP a iniciar “los procesos de precalicación y licitación negociada” para el otorgamiento de una concesión a un operador portuario global para el “diseño, construcción, desarrollo y operación” de un puerto de trasbordo en Corozal Oeste. Por su parte, en diciembre de 2014 el Consejo de Gabinete autorizó al ministro para Asuntos del Canal para que propusiese un proyecto de ley para otorgarle al eventual operador portuario los mismos incentivos scales que disfruta el resto de los operadores portuarios en ambas terminales del Canal. El panorama era promisorio, habida cuenta de que el Canal ampliado, inaugurado el 26 de junio de 2016, aumentó la conectividad de la vía a 144 rutas marítimas que conectan a 1,700 puertos en 160 países. Las perspectivas eran tan favorables, que trece operadores internacionales demostraron interés, de los cuales siete precalicaron. Pero Panama Ports se rehusaba a aceptar más competencia en su feudo. Se interpusieron un chorro de 28 demandas legales contra todas las acciones emprendidas para impulsar el ambicioso proyecto. Esto desalentó a los operadores, que no querían enfrentarse a posibles litigios legales luego de haber invertido cientos de millones de dólares. Fue así como PPC fulminó lo que prometía ser un exitoso proyecto portuario. Pero las acciones desleales de PPC hacia el Estado no terminan allí. El contrato (artículo 2.1) le otorga la opción de utilizar parte de Diablo e isla Telfers para “extensión futura”, otorgándole plazo de 15 años, contados desde la vigencia de la concesión (1997). El plazo expiró en 2012, pero PPC no solo no ha devuelto dichos predios, sino que mantiene alquilados espacios en Isla Telfers a 5 arrendatarios. Estos clientes le generan más de $9 millones anuales, suma superior a los $7 millones anuales que se comprometió pagar luego de la extensión del contrato. Con base en los elementos descritos, considero que el gobierno debe renegociar la salida de PPC de Panamá, pues no solo ha violado compromisos pactados, sino que ha actuado de mala fe contra el Estado panameño. El autor es periodista. Jimmy Carter, Alejandro Orfila (secretario de la OEA) y Omar Torrijos durante la firma del tratado en 1977. Archivo Archivos desclasificados de la NSA revelan intrigas en las negociaciones canaleras Luis Aguirre Gallardo ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Franklin Castrellón TRATADOS DE 1977 Los Tratados Torrijos Carter fueron ideados por un gobierno republicano (Nixon, Ford, aconsejados por Henry Kissinger). Ese es un hecho. Jimmy Carter solo puso su rma. La Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha desclasicado documentos sobre las negociaciones del Canal de Panamá, incluyendo información de expresidentes estadounidenses y panameños clave. Estos archivos, liberados bajo la Ley de Libertad de Información, abarcan de 1962 a 1977 y contienen registros de la CIA, el Departamento de Estado y la Casa Blanca. Contexto de la desclasificación La Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act) obliga a que documentos clasicados sean liberados tras un período determinado. Esta reciente desclasicación coincide con la revelación de archivos sobre el asesinato de John F. Kennedy, que ocurrió cinco semanas antes del 9 de enero de 1964. Para historiadores, estos archivos son un tesoro invaluable que permite comprender cómo se desarrollaron las negociaciones que llevaron al n del Tratado de 1903, que ningún panameño rmó. Entre los documentos, hay grabaciones de llamadas telefónicas, como una conversación en 1964 entre el presidente Roberto F. Chiari y el presidente Lyndon B. Johnson. 1962: Chiari y Kennedy En 1962, el presidente panameño Roberto F. Chiari viajó a Washington para reunirse con John F. Kennedy. Durante la reunión: Chiari expresó que el Tratado de 1903 generaba un creciente malestar en la población panameña y pidió su revisión. Kennedy rechazó renegociarlo y propuso trabajar dentro de su marco vigente. Chiari advirtió sobre una posible crisis política si no se lograban avances. El resultado más concreto de la reunión fue el acuerdo de que la bandera de Panamá ondeara junto a la de Estados Unidos en la Zona del Canal. Sin embargo, el incumplimiento de este acuerdo por parte de estudiantes estadounidenses en 1964 llevó a la crisis del 9 de enero. Henry Kissinger y el Canal Henry Kissinger, asesor de Seguridad Nacional y luego secretario de Estado, jugó un papel clave en las negociaciones. En un memorando de 1975 dirigido al presidente Gerald Ford, Kissinger advirtió: “No es un asunto que podamos justicar ante el mundo. Parece puro colonialismo.” También previó que la falta de un nuevo tratado generaría protestas, ataques a embajadas y una crisis diplomática global. Negociaciones bipartidistas Las negociaciones del Canal se llevaron a cabo bajo gobiernos de ambos partidos: -Demócratas: Lyndon B. Johnson y Jimmy Carter. -Republicanos: Richard Nixon y Gerald Ford. Un memorando de Zbigniew Brzezinski, asesor de Carter, detalla que en 1977 el presidente se reunió con negociadores panameños para rearmar su compromiso con un nuevo tratado y discutir asistencia económica para Panamá. Ford, la presión política y la estrategia de Torrijos Gerald Ford enfrentó resistencia interna a la rma de un nuevo tratado. Kissinger le advirtió que ignorar la situación provocaría disturbios en Panamá y problemas en la OEA. Ford aceptó continuar las negociaciones. Los documentos muestran que en Estados Unidos se tomaron en serio las amenazas del general Omar Torrijos, quien advirtió que Panamá podría convertirse en un nuevo Vietnam si no se lograba un acuerdo. Los Tratados Torrijos-Carter Inicialmente, la administración Ford planeaba rmar un tratado después de las elecciones de 1976, suponiendo la reelección de Ford. Sin embargo, tras la victoria de Jimmy Carter, su administración nalizó las negociaciones y rmó los tratados en 1977, estableciendo la entrega gradual del Canal a Panamá. Estos documentos conrman el impacto de la presión internacional y la movilización panameña en la decisión de Estados Unidos de ceder el control del Canal. La historia demuestra que la soberanía panameña se logró tras décadas de resistencia, diplomacia y negociaciones estratégicas. Para muchísimos más detalles, se puede entrar al sitio web de la NSA y la GWU* https://nsarchive.gwu.edu/brie- ng-book/2025-02-03/ panama-canal-treaty-declassi ed) * El autor es diplomático de carrera, ex-representante alterno ante las dos sedes de ONU en Ginebra y en Viena. Vista del puerto de Balboa. Elysée Fernández Jimmy Carter y Omar Torrijos se estrechan las manos luego de firmar el tratado que devolvería a Panamá el Canal el 31 de diciembre del año 1999. Archivo
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