3A La Prensa Panamá, jueves 13 de febrero de 2025 Panorama La respuesta de la Defensoría del Pueblo a la situación registrada en varios centros integrales de atención de adultos mayores— marcada por denuncias de negligencia, abusos y sobredosis de medicamentos, entre otros hechos—expuesta por La Prensa esta semana, ofrece pocas explicaciones sobre las acciones que se tomarán frente a esta problemática. A través de una nota de prensa, la Defensoría informó que ha sostenido un encuentro con representantes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y miembros de la sociedad civil, con el objetivo de proteger, defender y garantizar los derechos humanos de las personas mayores. Además, señaló que, durante la reunión, se acordaron diversas acciones para reforzar los mecanismos de protección existentes, aunque sin detallar cuáles serán esas medidas. En Panamá, los adultos mayores que dependen de cuidados en centros de atención integral enfrentan una situación de vulnerabilidad, agravada por la falta de supervisión efectiva y la ineficiencia de las autoridades encargadas de garantizar sus derechos. Según un informe elaboLo que dice la Defensoría sobre los abusos en centros de adultos mayores PRONUNCIAMIENTO rado por seis organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos, esta falta de seguimiento ha dado lugar a denuncias de negligencia, maltrato y violaciones a los derechos humanos en diversos centros de atención. El informe se basa en una inspección realizada en 11 centros de atención integral para personas mayores, de los cuales 10 se encuentran en la provincia de Panamá y uno en la provincia de Veraguas. Durante la inspección, se documentaron condiciones preocupantes que afectan la calidad de vida de los residentes. La mayoría de los centros operan en espacios reducidos y presentan condiciones de higiene y seguridad cuestionables. De los 11 centros visitados, solo cinco mostraron condiciones aceptables en cuanto a infraestructura y servicios. El ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego , junto a su homólogo de Costa Rica, Mario Zamora, en un encuentro el pasado martes en Chiriquí. Cortesía/Ministerio de Seguridad Crisis migratoria: Panamá y Costa Rica trabajan en protocolo de retorno Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] DERECHOS HUMANOS El endurecimiento de la política migratoria en la frontera estadounidense, ha elevado el número de migrantes que están varados en Centroamérica. En la frontera con Costa Rica hay al menos 200. Las autoridades de Panamá y Costa Rica avanzan en la implementación de un protocolo para facilitar la migración inversa de personas que, tras no lograr ingresar a Estados Unidos, buscan regresar a sus países de origen. Este fenómeno, impulsado por el endurecimiento de las políticas migratorias en la frontera estadounidense, ha provocado un aumento en el número de migrantes varados en Centroamérica. Actualmente, se ha informado que en la frontera con Costa Rica hay al menos 200 migrantes. El plan en desarrollo entre ambos países contempla la identificación y registro de estas personas en centros de atención temporal, así como la coordinación de su traslado por vías seguras hacia Colombia, Ecuador o Venezuela. El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, subrayó que hay un cambio en la dinámica migratoria de la región, con un creciente flujo de personas que buscan regresar a sus países de origen desde Estados Unidos. La política migratoria de la administración de Donald Trump ha endurecido las condiciones para los migrantes, lo que ha originado este fenómeno de migración inversa, particularmente hacia Costa Rica y Panamá. Aunque el flujo migratorio desde Sudamérica hacia el norte aún persiste, la cantidad de personas intentando regresar ha aumentado considerablemente. En los últimos días, la llegada de migrantes a la frontera entre Costa Rica y Panamá ha oscilado entre 50 y 100 personas diarias, en contraste con las cifras más reducidas de semanas anteriores. La estrategia El modelo propuesto se asemeja al procedimiento que Panamá ya aplica con los migrantes irregulares que cruzan la selva de Darién. En este esquema, las personas son trasladadas a Metetí, Darién, un punto de recepción en Panamá, y luego son llevadas a la frontera con Costa Rica. Ahora, con el flujo en sentido inverso, el gobierno panameño plantea un sistema similar para el retorno de migrantes, pero con la diferencia de que se busca evitar el tránsito por la selva. Para ello, las autoridades panameñas han considerado el uso de transporte aéreo o marítimo en colaboración con aliados estratégicos. El objetivo es reducir los riesgos asociados con el viaje terrestre y agilizar el proceso de retorno. Sin embargo, este plan aún está en fase de negociación y requiere el compromiso de los países de origen para garantizar la recepción de sus ciudadanos. Actualmente, Panamá cuenta con acuerdos migratorios con Colombia y Ecuador, lo que facilita la repatriación de ciudadanos de estos países. No obstante, la situación con Venezuela es más complicada, ya que no existen relaciones diplomáticas directas con su gobierno. Según Ábrego, la Cancillería panameña ha iniciado gestiones para buscar alternativas y establecer contactos que permitan el retorno de ciudadanos venezolanos, ya sea de manera directa o a través de terceros países. Costa Rica Mientras se concretan estos acuerdos, las personas en tránsito deben presentarse en el Centro de Atención Temporal a Migrantes (CATEM) en Costa Rica, donde se les realizará un registro y un control biométrico. Este proceso tiene el objetivo de verificar su identidad y descartar cualquier alerta de seguridad internacional antes de que puedan continuar su viaje hacia Panamá. El plan contempla la movilización de los migrantes desde el CATEM hasta Metetí y otros puntos designados en Panamá, como los Planes de Gualaca. En un inicio, los traslados terrestres seguirán siendo costeados por los propios migrantes, mientras que las autoridades panameñas negocian la financiación de vuelos y traslados marítimos para facilitar el proceso de repatriación. En cuanto a la infraestructura de acogida, los migrantes que esperan su retorno permanecerán en centros de atención en Panamá, como los ubicados en San Vicente y Lajas Blancas, en Darién. Estos espacios cuentan con alimentación, servicios básicos y atención médica, lo que garantiza condiciones adecuadas para su estadía mientras se organizan los traslados. El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales desestimó una petición presentada por David Murcia Guzmán, investigado por el delito de captación ilegal de fondos, para que se le devolvieran los bienes decomisados por el Ministerio Público. La investigación contra Murcia Guzmán, iniciada en 2008, aún no ha sido cerrada, ya que nunca ha comparecido al proceso. Fue deportado a Estados Unidos y posteriormente a Colombia para cumplir penas de prisión, mientras continúa reclamando sus propiedades. A través del edicto No. 128, fijado en la sede del juzgado el pasado 3 de febrero, se comunicó a las partes la decisión de la jueza Águeda Rentería de negar la solicitud de Murcia Guzmán para levantar las medidas cautelares sobre sus bienes. Durante la investigación, el Ministerio Público decomisó diversos bienes inmuebles y automóviles de lujo pertenecientes a Murcia en Panamá, incluyendo 10 carros (seis de ellos deportivos), dos apartamentos, tres motocicletas, cuadros de pintores famosos, mobiliario de oficina, ropa y $1.3 millones depositados en cuentas bancarias. Todos esos bienes permanecen bajo custodia de la Dirección de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas hasta la conclusión del proceso judicial. En febrero de 2024, la Sala Penal de la Corte rechazó un recurso de casación presentado por el fiscal adjunto César Pereira contra un fallo del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales que declaró prescrita la pena de 10 años de prisión Murcia reclama sus propiedades en Panamá, juzgado las mantiene cauteladas JUSTICIA impuesta al colombiano David Murcia Guzmán por el delito de captación ilegal de fondos. El tribunal determinó que, según el artículo 393D del Código Penal de 1982, la pena para el delito de captación ilegal de fondos es de 3 a 5 años de prisión, y que en este caso ya había transcurrido el tiempo de aplicación de la pena. Murcia Guzmán fue capturado en 2008 en Panamá y posteriormente deportado a Estados Unidos, donde cumplió una condena de nueve años de prisión. Luego fue enviado a Colombia, donde se encuentra detenido cumpliendo una pena de 22 años de prisión por los delitos de lavado de activos y captación ilegal de fondos. En Panamá y Colombia, Murcia operó a través de la empresa DMG (David Murcia Guzmán), un sistema de inversión piramidal que prometía ganancias mensuales a cambio de pequeñas inversiones, pero los inversionistas no recuperaron su dinero. Murcia ha afirmado en medios colombianos que los cargos en su contra en Panamá carecían de sustento legal y ha alegado que su arresto fue ilegal. Juan Manuel Díaz [email protected] David Murcia Guzmán. EFE El costo en los centros de atención integral de adultos mayores oscila entre $700 y $1,500. Archivo Panamá evalúa forma de trasladar a venezolanos Con la nueva situación de “flujo migratorio inverso” que se da de norte a sur por el endurecimiento de las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump, Panamá estudia varias posibilidades, entre ellas, la de trasladar a los venezolanos directamente a su país o, al no existir relaciones diplomáticas con Venezuela, utilizando a un tercero, informaron fuentes oficiales.
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