6A La Prensa Panamá, miércoles 12 de febrero de 2025 La existencia de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) pende de un hilo. El presidente Donald Trump busca cerrarla y argumenta que es un desperdicio de dinero y que está dirigida por “lunáticos”. Esta decisión dejaría en el limbo miles de millones de dólares en ayuda. Las repercusiones serán inmediatas: pondrá fin a programas de salud globales que salvan vidas, sistemas de alerta temprana y campañas de seguridad alimentaria. En Panamá, varias organizaciones que trabajan el tema del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) quedarán sin fondos para operar o llevar adelante sus proyectos, ya que recibían fondos, de forma directa o indirecta, de Usaid. Por ejemplo, la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (Ahmnp) está preocupada por perder el local que tienen en el área de la Gran Estación, ya que reciben fondos de Usaid, a través de Pasmo (Organización Panamericana de Mercadeo Social, por sus siglas en inglés), que promueve comportamientos saludables en Centroamérica utilizando técnicas empresariales y de mercadeo social para incrementar el acceso a información, productos y servicios de salud. Ricardo Beteta, presidente de Ahmnp, indicó que, de manera sorpresiva, han perdido el financiamiento y están en peligro de perder el local donde llevan más de cuatro años atendiendo a sus usuarios en el área de San Miguelito. El alquiler del local asciende a 80 mil dólares anuales. Además, señaló que tres proyectos que llevaban adelante se verán afectados por esta decisión del presidente Trump. Estos proyectos son: un estudio sobre migrantes y el fortalecimiento institucional, una encuesta sobre la población gay y hombres que tienen sexo con hombres, y otro destinado a brindar asesoramiento y acompañamiento para evitar que los pacientes abandonen su tratamiento. La organización tampoco tiene fondos para pagar a un tecnólogo médico que realice las pruebas de VIH durante la campaña o en el mismo local. En tanto, la Fundación Iguales, que acompaña iniciativas jurídicas de reclamos de derechos, sostiene que la ayuda al desarrollo es un componente clave para mejorar las condiciones de vida de millones de personas en el mundo. Las agencias de cooperación internacional han jugado un papel crucial en la preservaEl fin de Usaid: impacto en proyectos de salud y derechos humanos en Panamá EFECTOS DE UNA DECISIÓN ción de vidas y el bienestar de comunidades vulnerables, especialmente en áreas donde los gobiernos no han podido o no han querido intervenir de manera efectiva. Sin embargo, el debate sobre el futuro de estas agencias, como la Usaid, resalta la importancia de reflexionar sobre la responsabilidad gubernamental y las prioridades en torno a temas sociales que han sido invisibilizados durante años. En el contexto de la situación actual, la Fundación Iguales considera imprescindible que los gobiernos, como el de Panamá, reflexionen sobre el papel que desempeñan en el abordaje de cuestiones sociales como la pobreza, la desigualdad y las necesidades de grupos históricamente marginados. Si bien las agencias internacionales han suplido las carencias del Estado, es urgente que los gobiernos asuman con mayor responsabilidad la atención de estos problemas estructurales, especialmente en un contexto donde la cooperación externa podría disminuir, plantea la fundación. Minsa busca estrategias El jefe del Programa Nacional de VIH/ITS del Ministerio de Salud (Minsa), Carlos Chávez, manifestó que diversas organizaciones de base comunitaria reciben fondos del gobierno de Estados Unidos para fortalecer la atención en salud en Panamá. No obstante, mencionó que el Minsa ha brindado apoyo técnico para el desarrollo de actividades en las clínicas de terapia antirretroviral y las clínicas amigables en varias regiones del país. Este respaldo incluye principalmente recursos humanos e insumos, lo que ha permitido contar con personal suficiente para cubrir la creciente demanda en 27 clínicas de terapia antirretroviral y 11 clínicas amigables. Subrayó que están buscado estrategias para enfrentar la suspensión de fondos por el gobierno de Estados Unidos sobretodo en el componente de prevención al VIH. El pago de peajes y otras tasas por servicios que presta la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a los barcos de todas las naciones que transitan por la vía interoceánica tiene una regla fundamental: el principio de igualdad de peajes para todos los usuarios. EFE Opciones jurídicas de Panamá ante los planteamientos de Estados Unidos Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] ANÁLISIS Podría lograrse un acuerdo bilateral de cooperación en seguridad marítima entre Panamá y Estados Unidos que incluya entrenamiento, vigilancia y asistencia médica, financiado por Panamá, superando el costo de los peajes y preservando el Tratado de Neutralidad. E l secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró el 6 de febrero: “Me parece absurdo que tengamos que pagar cuotas en una zona donde tenemos la obligación de protegerla en momentos de conflicto”. Sus declaraciones se refirieron al pago de peajes que la marina de guerra estadounidense debe realizar al transitar por el Canal de Panamá. El cobro de estos peajes a los navíos militares de Estados Unidos inició al mediodía del 31 de diciembre de 1999, cuando el Canal fue transferido a manos panameñas. Lo puntualizado por Rubio esbozó el trofeo que la administración de Donald Trump espera obtener de las presiones públicas contra Panamá. Esta petición de exoneración de peajes, junto con el tema de la concesión portuaria a la empresa Panamá Ports Company, filial de la multinacional china CK Hutchinson, representa la fuente más evidente de la controversia entre Panamá y Estados Unidos. Como hay un proceso de auditoría en desarrollo por parte de la Contraloría General de la República sobre la concesión portuaria, lo legítimo es esperar su resultado para tomar una determinación al respecto. En cambio, los peajes son otro asunto. El problema jurídico de los peajes El pago de peajes y otras tasas por servicios que presta la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a los barcos de todas las naciones que transitan por la vía interoceánica tiene una regla fundamental: el principio de igualdad de peajes para todos los usuarios. En virtud del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y al Funcionamiento del Canal de Panamá, ese es uno de los mandatos fundamentales que Panamá y Estados Unidos aceptaron el 7 de septiembre de 1977, cuando se firmaron los tratados en Washington. Si la norma que establece el cobro universal de peajes a todos los navíos sin importar su pabellón está contenida en un tratado internacional, en principio el requerimiento de la administración Trump en favor de la marina de guerra estadounidense solo se podría obtener con una modificación al Tratado de Neutralidad. Que Panamá y Estados Unidos acuerden modificar el Tratado de Neutralidad implica dos riesgos importantes. El principal es que la administración Trump aproveche la oportunidad para introducir otras reformas sobre distintos temas, y que el gobierno panameño deba aceptarlas por presión. El otro riesgo es que, al modificar el tratado para complacer a Estados Unidos, otros países firmantes decidan no respaldar la modificación por considerar que la neutralidad ha sido vulnerada, dejando sin efecto el acuerdo. Esto implicaría la terminación del régimen de neutralidad del Canal de Panamá como pilar del comercio mundial y del Derecho Internacional Público, exponiendo al país a un mayor riesgo geopolítico. Una solución bilateral Como a Panamá le conviene preservar el régimen del Tratado de Neutralidad, una ruta que podría explorarse es un acuerdo binacional de cooperación en seguridad marítima, navegación y pesca. Este acuerdo debería suscribirse como un mecanismo de apoyo técnico y colaboración para promover los fines que el Estado panameño necesita cumplir en esas materias. Así, el servicio de guardacostas y la marina de Estados Unidos podrían proveer al Servicio Nacional Aeronaval (Senan) entrenamiento en combate al narcotráfico, búsqueda y rescate, y vigilancia de la pesca y la navegación. Además, podrían apoyar a Panamá en el control de la flota mercante que lleva su pabellón, en especial la flota pesquera internacional, cuestionada por prácticas que debilitan el control y verificación de la pesca sostenible. La marina de Estados Unidos también cuenta con barcos hospitales que visitan periódicamente puertos panameños. Se podría negociar un programa de visitas más frecuentes a áreas marginadas y la capacitación del personal de salud panameño en esos barcos. A cambio, Panamá aportaría recursos humanos, infraestructuras y recursos financieros para sufragar estos programas. Esos costos deben superar los peajes que paga la marina de Estados Unidos cuando cruza el Canal de Panamá. De esta forma, se mantienen intactos los peajes y cobros del Canal, se respeta el principio de igualdad y se evita el riesgo de perder el Tratado de Neutralidad. En el acuerdo bilateral se establecería que Panamá le pagaría al servicio de guardacostas y a la marina estadounidense por sus servicios al final de cada año fiscal. El presupuesto del Ministerio de Seguridad para el presente año fiscal es de unos 1,032 millones de dólares, por lo que el costo del acuerdo de cooperación podría limitarse a un rango del 3% al 5% de ese presupuesto, superando con creces los peajes pagados por los navíos del gobierno de Estados Unidos. Panorama El 3 de febrero, la Administración Trump anunció el cierre de la agencia de ayuda internacional. EFE
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