5A La Prensa Panamá, miércoles 12 de febrero de 2025 Al grano Flor Mizrachi [email protected] La mina cerró. Listo. ¿Pero se arreglaron los problemas o se siguen profundizando? ¿Esta es una factura que podemos o que no podemos pagar? Inicialmente, se proyectó que se perderían 40 mil empleos formales directos e indirectos. Ya van 54 mil, según la Cámara Minera entre el proyecto en sí, sus proveedores y las 22 comunidades impactadas. Ayer lo decía la Cámara Minera: en 2024, el cierre de la mina representó una pérdida de 888 millones de dólares en compras locales y 225 millones en salarios. Más los 2,514 millones en exportaciones que no se hicieron. ¿Si esos números son reales o inflados? Solo ellos lo saben. Pero aunque la mitad sea cierto, el problema ya es grande. Ahí está por otro lado el comunicado de 400 proveedores de la mina, varios al borde de la quiebra con inventarios enormes de productos que solo la mina usa. Productos que, en este clima donde se oxida hasta el acero inoxidable, ya se están deteriorando. Más allá de si uno está a favor o en contra de la mina, ahí estaba y representaba el 4.8% del PIB. Y en 2023 el gobierno estableció una larga lista de pasos para su cierre definitivo, entre esos, auditorías de procesos, económicas, financieras y ambientales. Apenas se abrió la consulta pública para la auditoría ambiental, y ni siquiera ha ido a licitación. De las demás, no tenemos información. El gobierno pasado, tratando de salvar la elección, no aprobó ni el plan de cierre ni la venta del concentrado procesado antes del cese de operaciones. Y el actual llegó con la frase “abrir para cerrar”. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo? ¿Por cuánto? Y si no la van a abrir, ¿cómo cubrirán la pérdida fiscal? Hay muchas preguntas sin respuesta: ¿Qué pasa con los empleos perdidos y los aportes al Seguro sin miles de cotizantes? Ahí le entraban al Seguro como 160 millones al año. ¿Y los arbitrajes, cuyos reclamos podrían llegar a 30 mil millones de dólares? El Estado va a litigar todo eso? ¿Quién operará la mina, la empresa, o el Estado hasta que haya licitaciones? ¿Qué harán cuando la mina, como ya lo advirtió, se quede sin los 15 o 20 millones de dólares que gasta al mes en mantener la estabilidad física y química que el Estado les ordenó? El hueco, literalmente, es enorme. ¿Cómo lo van a tapar? Ojalá el país estuviera lleno de árboles y pajaritos, pero la realidad es otra. Como país tenemos un compromiso con las clases necesitadas, y eso empieza por incluirlas en el carril del desarrollo. ¿Cómo se logra eso? Con empleos formales. Y sí, su impacto ambiental es innegable. Pero como dice Rubén Blades, esa pelea debió darse hace 20 años, antes de hacer el hueco, no ahora. Ojalá nunca lo hubieran abierto. Pero el hueco ya está. ¿Qué hacemos ahora? ¿Sacamos la plata que pretendíamos obtener cuando se abrió y la usamos para mitigar los daños ambientales? ¿O reemplazamos esos empleos? Porque sí, el oro de Panamá puede ser verde (fosforescente si quieren), pero, ¿qué hacemos con ese oro? Esto no le corresponde a la empresa. Le corresponde al gobierno. El hambre no espera. Los empleos tampoco. Si no es por ahí, listo. Pero que digan por dónde, entonces. No podemos dejar todo esto en pausa por Trump. Tenemos que poder caminar y masticar chicle a la vez. La multa impuesta a Silvana Mancini de De Obarrio es de $12 mil. Archivo Juez reemplaza pena de cárcel a madre de Chichi de Obarrio por multa ÓRGANO JUDICIAL Juan Manuel Díaz [email protected] El juez de cumplimiento José Cárdenas concedió el pago de una multa de $12,000 a favor de Silvana Manzini de de Obarrio como reemplazo de la pena de 28 meses de prisión que le había sido impuesta por los delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado. Durante una audiencia que inició a las 2:00 p.m. y concluyó a las 3:38 p.m., el juez acogió la petición presentada por Eduardo Sequeira, abogado defensor de la sancionada, la cual no fue objetada por la fiscal anticorrupción de cumplimiento, Johaira González. Sequeira alegó que su cliente cumplía con los requisitos legales para que la pena de prisión impuesta le fuera reemplazada por una multa que deberá pagar al Tesoro Nacional. Durante su intervención, Sequeira explicó que su clienta era delincuente primaria, no tenía antecedentes penales y había alcanzado un acuerdo de pena que fue validado. El juez dispuso que Manzini de de Obarrio deberá pagar los $12,000 en un plazo de un año y que, en caso de incumplimiento, deberá cumplir con la pena de prisión impuesta. Además, el juez aplicó un impedimento de salida del país, el cual permanecerá vigente hasta que se cumpla con el pago de la multa. También le redujo la pena original de 48 meses, ya que se le descontó el tiempo que estuvo detenida de forma preventiva; además de las medidas cautelares de impedimento de salida del país y notificación periódica que le fueron aplicadas durante el proceso, quedando una pena líquida de 28 meses de prisión. Imagen ilustrativa DIRÍJASE A SU HIJO DE FORMA CLARA Y CONSISTENTE FRENTE A UNA MISMA SITUACIÓN. #RealidadAutismo DIRÍJASE A SU HIJO DE FORMA CLARA Y CONSISTENTE FRENTE A UNA MISMA SITUACIÓN. #RealidadAutismo Panorama
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