1A La Prensa Panamá, martes 11 de febrero de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Martes 11 de febrero de 2025 - Año 44 - Nº 14926 Hoy por hoy El llamado a huelga de la AMOACSS pone en riesgo la salud de miles de asegurados, usándolos como rehenes en un debate sobre el futuro de la Caja de Seguro Social, en el que hasta ahora poco han aportado. Aunque han sido activos en la defensa de los intereses de sus agremiados, han carecido de propuestas concretas para salvar el sistema de pensiones y garantizar la sostenibilidad de la CSS. El director de la CSS, Dino Mon, advirtió que no tolerará medidas que afecten a los pacientes. Y aunque sus declaraciones pueden sonar duras, lo cierto es que muchos de los médicos que ahora protestan han sido testigos pasivos de decisiones que han debilitado la institución. El sistema de pensiones necesita ajustes urgente y los gremios médicos deben asumir su rol con responsabilidad. No se puede negociar a costa de los pacientes, quienes ya han sufrido suciente por la mala administración de la CSS. ¿Dónde queda el juramento hipocrático cuando se llama a una huelga que pone en peligro vidas? La discusión debe ser seria y responsable, sin recurrir a estrategias que solo profundizan la crisis. Centro de Alto Rendimiento busca adenda de $16 millones 8A Deportes Lo que quieren los funcionarios de Etesa: 15% de incremento anual y energía gratis El sindicato de Etesa negocia beneficios como consumo eléctrico gratuito, aumentos salariales anuales del 15%, indemnizaciones millonarias y más viáticos. También exigen bonos por asistencia (incluso con ausencias) y nuevas festividades. El acuerdo debe cerrarse en un mes o intervendrá Mitradel. VEA 4A Mon: aumento de la edad de retiro no puede soslayarse Mario De Gracia Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, aseguró que el aumento de tres años en la edad de jubilación, incluido en el proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo para reformar la institución, no REFORMAS Gremios empresariales advirtieron que lo aprobado hasta ahora en la Asamblea no salva las jubilaciones . La propuesta de los diputados solo echa manos del sco y del aporte de los patronos. puede soslayarse. Su reacción surge luego de que la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional eliminara el artículo sobre dicho aumento en la propuesta del Ejecutivo. El tema ahora se discutirá en segundo debate. Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura advirtió que lo aprobado por la Comisión “Esos médicos que están hablando de huelga son unos irresponsables”, aseguró el director de la CSS, Dino Mon. El funcionario destacó que los asegurados han sufrido demasiado como para que “tres sinvergüenzas, que efectivamente no quieren trabajar, nos pongan en entredicho los servicios que la CSS tiene que brindar”. VEA 6A ‘Los médicos que hablan de huelga son unos irresponsables’ Donald Trump EFE Trump contra la FCPA: ¿El fin de la lucha contra la corrupción? Donald Trump, presidente de Estados Unidos, suspenderá a través de una orden ejecutiva la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), una normativa vigente desde 1977 que prohíbe a empresas y ciudadanos estadounidenses ofrecer sobornos a funcionarios exLEY ANTISOBORNOS Familias denuncian maltratos y negligencia Adultos mayores en centros de atención en Panamá sufren abusos, negligencia y mala alimentación. Familias denuncian falta de supervisión y medidas urgentes. Más testimonios de una realidad oculta. VEA 5A ADULTOS MAYORES José González Pinilla [email protected] Con 44 votos a favor y tres en contra, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer en segundo debate el proyecto de ley 90, que establece la posibilidad de que los policías utilicen cámaras corporales. La iniciativa, presentada por el diputado del Movimiento Otro Camino, José Pérez Barboni, busca promover una gestión más e- ciente y transparente de los procedimientos policiales, como ocurre en otros países. El proyecto establece que este sistema permitirá proteger tanto a los policías como a los ciudadanos al momento de obtener pruebas en caso de investigaciones. POLICÍA NACIONAL Avanza proyecto sobre las cámaras corporales GRATIS con Aliado no garantiza la sostenibilidad de la CSS. Los diputados mantuvieron el aumento de tres puntos porcentuales en las contribuciones empresariales y propusieron que los aportes del Estado ya no sean de $966 millones, como plantea el Ejecutivo, sino de $1,457 millones, lo que podría abrir la puerta a una reforma scal. VEA 6A Corredor Sur suma nueva conexión desde Costa del Este La empresa mexicana Dycusa avanza en la construcción de un nuevo puente sobre el Corredor Sur, que facilitará el acceso desde Costa del Este hacia el centro de la ciudad. Esta obra forma parte de un contrato de $20.8 millones que incluye la creación de nuevas rampas de acceso y salida para optimizar el ¤ujo vehicular. Además, se analiza la ampliación del Corredor Sur y su interconexión con el Corredor Norte, dentro de un plan estratégico que prevé inversiones de al menos $30 mil millones en los próximos años. VEA 1B tranjeros para obtener o retener negocios. Trump considera que la FCPA pone en desventaja a las empresas estadounidenses frente a sus competidores internacionales, muchos de los cuales operan en mercados con regulaciones menos estrictas sobre prácticas comerciales. VEA 4B
2A La Prensa Panamá, martes 11 de febrero de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama El decomiso fue realizado por la Agencia Tributaria y la Guardia Civil de España. Foto ilustrativa tomada de @guardiacivil. Decomisan 304 kilos de cocaína en un contenedor de piñas que llegó a España desde Panamá NARCOTRÁFICO EFE. VALENCIA, ESPAÑA Agentes españoles decomisaron 304 kilos de cocaína oculta en un doble fondo de un contenedor que transportaba piñas, que llegó al puerto de Valencia (este) procedente de Panamá. En la operación, llevada a cabo por miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil, se detuvo a dos personas cuando trataban de extraer la droga intervenida, según un comunicado de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil. La operación tuvo lugar el pasado 3 de enero en la localidad de Els Mojons (Barcelona), después de analizar una partida sospechosa con origen en Panamá, descargada en una de las terminales de contenedores del puerto de Valencia. Tras la salida del contenedor del puerto valenciano, los agentes lo siguieron hasta un polígono industrial del municipio barcelonés y allí sorprendieron a los dos individuos cuando iban a manipular el contenedor para extraer la droga. Según la fuente policial, una de las maneras de operar de los narcotracantes cuando trasladan grandes cantidades de cocaína por vía marítima es la utilización de dobles fondos en los contenedores, para que la droga no sea detectada durante una inspección rutinaria, un modo de ocultación frecuente en la introducción de cocaína en España procedente de Sudamérica. En este tipo de actividad, las redes necesitan herramientas especícas y un lugar donde manipular la estructura del contenedor contaminado; y una vez extraída la cocaína, lo reparan para no levantar sospechas. Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo. Archivo Sin fuero ni respaldo: el Parlacen ignora a Laurentino Cortizo y a José Gabriel Carrizo Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] JURAMENTACIÓN Pese a que el expresidente y el exvicepresidente solicitaron su juramentación como diputados del organismo regional el año pasado, la directiva ha optado por no darle prioridad al trámite. El Parlamento Centroamericano (Parlacen) ha optado por ignorar la solicitud de juramentación del expresidente de Panamá, Laurentino Cortizo, y del exvicepresidente José Gabriel Carrizo. Tradicionalmente, el organismo ha dado cabida a exmandatarios como diputados regionales, otorgándoles fueros y privilegios. Por ello, la falta de respuesta en este caso ha despertado interrogantes en el ámbito político. Cortizo y Carrizo solicitaron su juramentación ante el Parlacen el año pasado, pero hasta la fecha el organismo no ha incluido el tema en su agenda. La falta de denición ha generado posturas encontradas, incluso entre los propios diputados panameños que integran el Parlacen. Algunos deenden el derecho de los exmandatarios a ocupar un escaño, mientras que otros sostienen que el tema no es una prioridad en estos momentos. Carlos Outten, diputado de Realizando Metas (RM) y vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlacen, con- rmó que la juramentación de Cortizo y Carrizo se encuentra suspendida hasta nueva orden y que no gura como una prioridad en la agenda del organismo internacional. En cambio, el también diputado del Parlacen por RM, Dorindo Cortez, expresó su preocupación por la falta de juramentación del expresidente y del exvicepresidente, subrayando que este es un derecho de los exmandatarios y una obligación del organismo. Cortez cuestionó por qué el proceso no se ha llevado a cabo y señaló que la Junta de Dirección Política del Parlacen tiene la responsabilidad de incluir el tema en la agenda, algo que hasta el momento no ha ocurrido. Desde su perspectiva, la situación representa el desconocimiento de un derecho y, al mismo tiempo, un incumplimiento por parte del Parlacen, lo que añade más tensión al debate sobre el futuro de ambos exgobernantes en el organismo regional. El rechazo En octubre pasado, ocho diputados de la bancada panameña del Parlacen se pronunciaron en contra de la solicitud de juramentación de Cortizo y Carrizo, calicándola como una “pretensión inoportuna y desafortunada” para el país. No obstante, aclararon que no desconocen el derecho que tienen ambos, según el Tratado Constitutivo del Parlacen. Sin embargo, resaltaron que Panamá enfrenta importantes retos políticos, sociales y económicos que requieren transparencia y rendición de cuentas. Como se recordará, el pasado 17 de octubre, el abogado y exembajador Guillermo Cochez denunció penalmente a Cortizo por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado. Según explicó, la denuncia está relacionada con el desembolso de al menos 711,288.64 dólares para pagar cirugías bariátricas a 46 personas durante la pasada administración. Ese mismo día, el exprocurador Javier Caraballo informó que en su despacho hay dos denuncias contra Carrizo. Juan Manuel Díaz [email protected] David Ochy Archivo El proceso de extradición de David Ochy sigue estancado; se le acusa de blanqueo JUSTICIA El proceso de extradición de David Ochy desde Costa Rica, investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso New Business, se encuentra estancado luego de que la Corte Suprema de Justicia enviara al Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales un recurso de habeas corpus presentado por sus abogados. El habeas corpus, presentado por la defensa de Ochy, buscaba que la Corte deniera la competencia de quién corresponde procesar a su cliente, al argumentar que Ochy, por ser diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), debe ser investigado por esa corporación de justicia. Según los abogados de Ochy, en este caso, el pleno de la Corte debe asumir el conocimiento del habeas corpus y nombrar un magistrado scal y un magistrado juez de garantías e iniciar el proceso por el caso New Business. El 13 de diciembre de 2023, la Cancillería panameña formalizó la solicitud de extradición ante las autoridades costarricenses; sin embargo, más de un año después, esta petición aún no se ha concretado. Fuentes judiciales revelaron que el proceso se ha dilatado en exceso por variedad de recursos legales que se han presentado y que Ochy en Costa Rica mantiene abierto un proceso penal que no ha concluido. Ochy fue detenido en Costa Rica en mayo de 2023 por supuestas actividades de blanqueo de capitales. Posteriormente, Panamá solicitó su extradición, requerido por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales en el proceso del caso New Business. El 19 de agosto pasado, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales conrmó una decisión de la jueza Águeda Rentería que negó la petición de la defensa de David Ochy para que se le reconociera su condición de miembro del Parlacen y se dejara sin efecto la alerta roja emitida por Interpol para su detención. En esa ocasión, el juzgado alegó que no tenían certi- cación alguna de que Ochy hubiese sido juramentado como diputado del Parlacen, por lo que el trámite del proceso en su contra debía seguir en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales. Juan Manuel Díaz [email protected] Madre de Chichi De Obarrio pedirá un reemplazo de pena en audiencia JUSTICIA Una solicitud de reemplazo de pena será presentada hoy, martes, ante un juez de cumplimiento por la defensa de Silvana Manzini De Obarrio, condenada a 48 meses de prisión por enriquecimiento injusticado y blanqueo de capitales. Fuentes judiciales con- rmaron que sus abogados solicitaron una audiencia para que la pena de 48 meses sea conmutada por días-multa. De Obarrio alcanzó un acuerdo con la scalía dentro del proceso que se sigue contra su hijo, Adolfo Chichi’ De Obarrio, también imputado por enriquecimiento injusticado y blanqueo de capitales. La condena impuesta se divide en dos sanciones de 24 meses cada una: la primera por enriquecimiento injusticado y la segunda por blanqueo de capitales, en ambas como cómplice primaria. En la audiencia del 20 de noviembre de 2024, la jueza primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería, validó el acuerdo, pero su abogado defensor, Eduardo Sequeira, solicitó la conmutación de la pena por días-multa. Sin embargo, la jueza explicó que esa petición debe presentarse ante un juez de cumplimiento. Adolfo De Obarrio, quien fue secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), salió de Panamá en diciembre de 2014. Este proceso se inició tras una auditoría de la Contraloría General de la República, que reveló que De Obarrio no pudo justicar $3 millones en su patrimonio. En el marco de esta investigación, la scalía ordenó la aprehensión de dos propiedades de De Obarrio en Punta Barco y San Carlos, en Panamá Oeste, además de otros dos bienes inmuebles en el corregimiento de San Francisco. De Obarrio enfrenta, además, una condena de 120 meses de prisión por el caso Blue Apple, en el que también se le impuso el pago de $5,091,486.92 al Tesoro Nacional, monto que debe cancelar en un plazo de 24 meses una vez cumplida su pena principal.
3A La Prensa Panamá, martes 11 de febrero de 2025
4A La Prensa Panamá, martes 11 de febrero de 2025 Panorama Hasta diciembre de 2024, Etesa tenía una planilla de 551 trabajadores. Archivo Sindicato de Etesa exige más fiestas, bonos y dinero Mónica Palm [email protected] Que el contralor general de la República, Anel Bolo Flores, haya anunciado “restricciones” a los ajustes salariales en el sector público no ha sido un obstáculo para que Sitiespa presente un plan de aumento general de salario, con incrementos cada año. Consumo eléctrico residencial gratuito, un aumento salarial del 15% cada año para toda la planilla, tres estas adicionales, vale de alimentos, viáticos y todo tipo de boni- caciones: de vacaciones, de desempeño, de gravidez, de jubilación, de Navidad, de asistencia (incluso para aquellos que se ausenten 20 días laborales al año), etc. Esos son algunos de los benecios que reclama el Sindicato de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares (Sitiespa), que, a partir de este lunes, se ha sentado con la gerencia de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), para renegociar los términos de la convención colectiva para el bienio 2025-2027. El sindicato presentó una propuesta de 58 páginas que, entre otras cosas, contempla que ningún trabajador pagará por la energía eléctrica que se consuma en su residencia. Además, quedarían exentos del pago del depósito de garantía que las distribuidoras exigen a sus clientes. Si algún trabajador opta por la instalación de paneles solares en su residencia, la empresa cubrirá todo el costo de instalación y equipos. Aumento salarial cada año Que el contralor general de la República, Anel Bolo Flores, haya anunciado “restricciones” a los ajustes salariales en el sector público no ha sido un obstáculo para que Sitiespa presente un plan de aumento general de salario, con incrementos cada año. De este modo, cada uno de los 551 trabajadores de Etesa recibiría un aumento del 15% de su salario base en los 30 días siguientes a la entrada en vigencia de la nueva convención colectiva. En adelante, la empresa realizará un ajuste salarial cada año, considerando los resultados del índice de precios al consumidor (IPC): si el IPC es inferior al 10%, se tendrá como base para el cálculo un 10%; si el IPC es superior al 10%, el tope del ajuste será de hasta el 10%. La empresa mantendrá su escala salarial, la cual será revisada anualmente. Según esta escala, por ejemplo, un liniero de alta tensión ingresa a la plantilla de Etesa con un salario base de $2,200 mensuales. También existe reparto de dinero por la evaluación de desempeño, aunque ese desempeño sea mediocre: el sindicato propone boni- cación para todos aquellos que obtengan un puntaje de 30% o más en la evaluación, siempre que el trabajador esté al día en el pago de la cuota sindical. Si obtiene un puntaje de entre 30% y 50%, la boni- cación será equivalente a un mes de salario base. Si el puntaje es superior al 70%, se duplica: 200% de salario base. Las indemnizaciones La propuesta de Sitiespa contempla que ningún trabajador pueda ser despedido sin el “consentimiento” del sindicato. En caso de salir de la empresa (ya sea por despido unilateral o por mutuo acuerdo), el trabajador recibiría una “indemnización” equivalente a 8 meses de salario base, como mínimo; esa cantidad se incrementaría según su antigüedad en la empresa. Por ejemplo, la indemnización propuesta para un trabajador con nueve años de servicio sería de 50 meses de salario base. Esta indemnización la recibiría incluso el trabajador que sea despedido con causa justicada. Igualmente, aquellos que se retiren de la empresa para acogerse a su jubilación recibirían una bonicación de $30,000 y disfrutarían de un 100% de descuento en el consumo residencial de energía eléctrica “hasta su defunción”. El gerente, el subgerente y los directores de Etesa no son trabajadores sindicalizados y, por tanto, no se benecian de la convención colectiva. No obstante, podrán acogerse a la indemnización, en cuyo caso “la empresa deberá descontar la cuota sindical” correspondiente. En junio de 2024, justo antes del cambio de gobierno, el entonces procurador de la Administración, Rigoberto González, opinó que no es jurídicamente viable que los miembros de las juntas directivas de las empresas públicas autoricen mutuos acuerdos contrarios a las disposiciones contenidas en la ley. La opinión de González, que fue remitida al Ministerio de Comercio e Industrias (cuyo titular preside la junta directiva de Etesa), surgió luego que se aprobara el pago de una indemnización por mutuo acuerdo de $249,195 al entonces gerente general de Etesa, Carlos Mosquera. En tanto, el subgerente Óscar Rendoll recibiría $306,615, al igual que otros directivos de aquella época. Hasta donde se sabe, esos pagos no se hicieron efectivos. La semana pasada, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 23, que establece que los cargos de alta gerencia en las empresas estatales (como Etesa) quedan excluidos del benecio de las indemnizaciones establecidas en convenciones colectivas. Viáticos y gratificaciones Sitiespa también propone un viático de $100 mensuales para todo aquel que resida a más de 10 kilómetros de distancia de su ocina; cuatro vales de alimento de $500 cada tres meses (es decir, $2,000 en total al año); una “graticación” de $500 por el nacimiento de un hijo, y, en diciembre, un bono equivalente al 100% de su salario, más una bolsa de comida por valor de $350 cadauna.Además,envacaciones, se recibiría otro bono: del 50% de su salario, adicional al mes de salario que ya le corresponde por vacaciones. La gran paradoja es la del premio por asistencia, al que se harían acreedores incluso aquellos que tienen inasistencia. El premio se entregaría cada seis meses y consistiría en la entrega de $200 a cada trabajador que no se ausente más de 10 días en un semestre (ya sea enero-junio o julio-diciembre); el premio bajaría a $100 si su registro muestra entre 11 y 20 ausencias. Otra incongruencia son los viáticos. Si este documento es aprobado, los trabajadores de Etesa en “misión” o que requieran dormir fuera de su residencia recibirían un viático superior al de un ministro, diputado, magistrado o procurador. El viático de estos funcionarios de alto rango es de entre $400 y $600, dependiendo de si el destino está en la región latinoamericana, Estados Unidos, Europa, Asia o África. En cambio, los de Etesa cobrarían entre $550 y $800. Fiesto Sitiespa, que tanto defendió la esta celebrada la Navidad pasada (a pesar de la orden expresa de la Presidencia de la República de suspender todos los agasajos), ahora plantea incorporar tres más: una con motivo del Día del Padre (el tercer domingo de junio), otra por el Día del Ingeniero (el 26 de enero de cada año) y una más, el “día de las asistentes administrativas y secretarias” (una efeméride inexistente, aunque podrían referirse al Día de la Secretaría, que se conmemora el 26 de abril). La convención actual de Etesa ya contempla la celebración del Día de la Madre, del Electricista y del Lindero (el último jueves de octubre) y del CND, siglas que corresponden al Centro Nacional de Despacho (en mayo), además de la Navidad, ocasiones en las que la empresa obligatoriamente debe organizar y pagar una gran esta. El sindicato busca no solo ampliar la cantidad de festividades, sino también los días de fiesta o duelo nacional. Ahora quieren que el último viernes de octubre y el día en que toma posesión el presidente de la República sean “días de descanso obligatorio”. Las partes tienen un mes, a partir de hoy, para renegociar la convención colectiva. De no llegar a un acuerdo, intervendrá el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). La nueva convención estará vigente a partir de su firma y ese simple acto será conmemorado con otro bono: de $300 para todo el personal Tal Cual Mónica Palm [email protected] BOCACHANCLAS. La Contraloría General de la República comunicó que el contralor Anel Flores y el director de Ingresos, Camilo Valdés, acudirán este martes a las oficinas de Panama Ports Company (PPC), “con el fin de complementar el trabajo de auditoría que lleva a cabo la institución”. Como si se tratara de una excursión o un día de picnic. ¿Por qué anuncian que se llevará a cabo esta diligencia en lugar de hacerlo en silencio, para que sea una sorpresa? Para colmo lo hacen con varias horas de anticipación, tiempo suficiente para que PPC ponga a buen recaudo todo aquello que pueda resultarle perjudicial. Seguro ya deben tener hasta el café preparado para recibirlos. CHICLE. Por cierto, en la planilla de la Contraloría todavía figura Zenia Vásquez, la exsecretaria general de esa entidad que supuestamente había sido destituida por Flores. Vásquez, quien fue socia de Odila, aparece con un salario de $5,500 mensuales. Gana como si fuera la directora de un departamento, pero supuestamente su cargo es de “asistenta ejecutiva”. Nos están viendo cara de tontos. CASTIGO. La Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la CSS (Amoacss), cuyo secretario general es Fernando Castañeda, ha “invitado” a sus pacientes a tomarse sus medicamentos “para resistir juntos una posible huelga nacional”, en rechazo al proyecto de ley 163. ¿Esto es una broma o es en serio? ¿Habrá dimensionado esta gente la gravedad de lo que está ocurriendo en la CSS? PASADO. Jorge Quijano recordó que en 2018, como administrador de la ACP, le correspondió atender al entonces senador republicano Marco Rubio, “y jamás me dijo que Panama Ports era un problema y que los chinos estaban administrando el Canal”. Será falta de memoria o de vergüenza. ESCONDIDOS. El diputado Jhonathan Vega presentó una denuncia “por la renovación irregular” del contrato ley de PPC. Como se recordará, esa concesión fue prorrogada “automáticamente” por 25 años adicionales a partir de 2022, UI UNIDAD INVESTIGATIVA por mandato de la junta directiva de la AMP. El único miembro de ese cuerpo colegiado que en esa ocasión mostró cierto interés por renegociar a favor del Estado fue el entonces viceministro de Finanzas, Jorge Almengor, quien planteó la posibilidad de que el Estado se asegurara un pago mínimo de dividendos anuales, revisara las tarifas y recuperara terrenos que están en el polígono de concesión y que la portuaria subarrienda (inclusive al Estado). Al final, ni siquiera fueron capaces de aplicar la tasa de inflación.
5A La Prensa Panamá, martes 11 de febrero de 2025 Los mayores de 65 años representan 9.8% de la población del país. Elysée Fernández Sobredosis, abusos y comida vencida Aleida Samaniego C. [email protected] REALIDAD OCULTA Hijos e hijas denuncian condiciones alarmantes en varios centros de atención para adultos mayores, incluyendo sobredosis de medicamentos, administraciones erróneas y comida vencida. Las historias que emergen desde los centros de atención integral para adultos mayores en Panamá están generando alarma y preocupación entre las familias. Lo que comenzó como un acto de conanza, al entregar a sus seres queridos para que recibieran atención en estas instituciones, se ha convertido en un relato de sufrimiento y angustia. Hijos e hijas, han descubierto situaciones de alarma al visitar a sus padres: sobredosis de medicamentos, administraciones erróneas de fármacos y, lo que suma, comida vencida que se les sirve como parte de su dieta. Además, las familias están pagando entre $700 y $1,500 al mes por el cuidado de sus seres queridos, una cifra que no garantiza ni la calidad ni la dignidad que esperan. Por razones de seguridad, los nombres de los afectados han sido cambiados para evitar represalias. Una de las historias más impactantes es la de Clara (nombre cambiado), quien llegó un día a visitar a su madre en el centro donde se encontraba internada. Al entrar en la habitación, encontró a su madre visiblemente alterada, con signos claros de haber recibido una sobredosis de medicamentos. La angustia y el miedo la invadieron mientras pedía explicaciones a la responsable del albergue, quien no supo darle una respuesta coherente ni justicable. ‘Me pregunté cómo podían hacerle esto a una persona tan vulnerable’, relató Clara, quien también mencionó que algunos cuidadores temen hablar sobre lo que sucede en estos centros por miedo a perder su empleo José (nombre cambiado), otro hijo afectado, también vivió una mala experiencia cuando fue a ver a su padre, quien padece enfermedades cardíacas. Al llegar, una cuidadora le comentó discretamente que le habían administrado un medicamento no indicado para su estado de salud, lo que provocó una reacción adversa. “¿Cómo es posible que a nuestros seres queridos, ya tan vulnerables, les den medicamentos que no les corresponden?”, se preguntó al narrar el sufrimiento que su padre había experimentado por el desinterés de los encargados de su cuidado. Estas situaciones son solo una muestra de lo que muchos adultos mayores viven en el anonimato de estos centros. La falta de supervisión, la escasez de personal capacitado y los recursos limitados son factores que se suman a una triste realidad en la que la vida de quienes más necesitan atención corre peligro debido a negligencia y maltrato. Las familias exigen con urgencia que las autoridades tomen medidas inmediatas para evitar que más personas mayores sufran en silencio. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en Panamá hay 517,488 adultos mayores, y se espera que para este 2025 la cifra supere los 600,000. Procedimiento para denuncias La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, sostuvo que las denuncias son investigadas conforme al procedimiento administrativo general establecido por la Ley No. 38 de 31 de julio de 2000, la cual regula el acceso a los expedientes y establece que solo las partes involucradas tienen acceso a dicha información. De acuerdo con el artículo 70 de la mencionada ley, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) no está autorizado para divulgar detalles sobre los centros o albergues contra los que se han presentado denuncias, lo que limita la posibilidad de informar públicamente sobre los nombres de los centros afectados. Sin embargo, el Mides ha detallado la cantidad de denuncias recibidas y atendidas en los últimos años: -En 2023, se reportaron y atendieron un total de dieciséis (16) denuncias. -En 2024, se reportaron y atendieron doce (12) denuncias. -En 2025, se han reportado y atendido hasta el momento dos (2) denuncias. Es importante destacar que los correctivos y el seguimiento a estas denuncias dependen de las irregularidades detectadas en cada caso. Una vez identi- cados los problemas, se procede a poner el asunto en conocimiento de la entidad competente, para que se tomen las medidas correspondientes. Los familiares indican que hoy, más que nunca, es necesario un cambio profundo en la forma en que se gestionan estos centros de atención integral. Los adultos mayores, quienes merecen respeto y dignidad en la etapa nal de sus vidas, no pueden seguir siendo víctimas de errores médicos, desidia y negligencia. Este medio conoció que hoy en un albergue se brindaba pan vencido a los abuelos residentes. La situación fue planteada en un informe elaborado por seis organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos. El informe se basa en una inspección realizada en noviembre de 2024 en 11 centros de atención integral para personas mayores, de los cuales 10 se encuentran en la provincia de Panamá y uno en la provincia de Veraguas. Durante la inspección, se documentaron condiciones preocupantes que afectan la calidad de vida de los residentes. La mayoría de los centros operan en espacios reducidos y presentan condiciones de higiene y seguridad cuestionables. De los 11 centros visitados, solo cinco mostraron condiciones aceptables en cuanto a infraestructura y servicios. Un hallazgo en la inspección fue la insuciencia de personal en la mayoría de los centros, lo que genera una sobrecarga de trabajo y compromete la atención que reciben los residentes. En varios de estos centros, se reportó que un cuidador debe atender entre 8 y 10 personas mayores, lo que reduce drásticamente la calidad de los cuidados. Además, la mayoría de los centros no ofrece servicios de geriatría, lo que obliga a los familiares a cubrir estos gastos adicionales.
6A La Prensa Panamá, martes 11 de febrero de 2025 La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate la propuesta de ley 186, una iniciativa que busca transferir fondos por 91.6 millones de dólares al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS). Con un décit estimado del 22% para 2025, la propuesta de ley tiene como objetivo asegurar el pago de las pensiones en febrero, mientras la Asamblea Nacional discute la propuesta de ley 163, que plantea reformas a la CSS. Aunque el proyecto de ley 163 fue presentado el 6 de noviembre de 2024 y convocado para su discusión en sesiones extraordinarias Comisión de Economía aprueba transferir $91 millones al IVM PROYECTO DE LEY PUENTE hasta el 31 de diciembre del mismo año, hasta la fecha no se ha aprobado una reforma que permita solucionar el décit nanciero del sistema. El décit de fondos se ha manejado hasta ahora con las reservas del subsistema, pero se prevé que, en 2025, las prestaciones económicas para cubrir las pensiones ascenderán a 2,748 millones de balboas. No obstante, las reservas disponibles no alcanzarán para cubrir el 100% de las pensiones, y se calcula un décit de 615.7 millones de balboas, lo que representa un 22% de los fondos necesarios. Esta situación pone en riesgo la estabilidad nanciera del sistema y la garantía de pensiones dignas para los bene- ciarios. La sustentación Durante su intervención ante la Comisión de Economía, el ministro de Salud, Fernando Boyd, defendió la urgencia de aprobar la propuesta de ley 186, que busca garantizar los fondos necesarios para cubrir el pago de pensiones en febrero de 2025. Boyd recordó que el dé- cit del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte asciende al 22%, lo que representa un faltante de 615.7 millones de balboas, cifra que pone en riesgo la estabilidad del sistema. Según explicó, el objetivo inmediato es asegurar la transferencia de 91.6 millones de balboas para cubrir las necesidades del mes de febrero, mientras continúa el debate sobre la modicación de la Ley Orgánica de la CSS. El proyecto de la reforma a la CSS aún no ha sido incluido en la agenda del día del segundo debate de la Asamblea Nacional. Isaac Ortega ‘Necesitamos maximizar los ingresos de la CSS’ Mario De Gracia Ohigginis Arcia J. [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] REFORMAS Tanto el director de la CSS, Dino Mon, como gremios como la Cámara de Comercio y el Sindicato de Industriales criticaron que la propuesta de los diputados evada el tema de la edad de jubilación. La propuesta de modi- caciones a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), aprobada en primer debate por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, es “comprehensiva” para el director de la entidad, Dino Mon Vásquez. Pero considera que no es la “ley del futuro” que requiere el país. Así lo expresó en una entrevista con La Prensa este 10 de febrero, donde advirtió que aún falta mucho para que esta norma cumpla las expectativas de la población. Las modicaciones están contenidas en el proyecto de ley No. 163, presentado por el Ejecutivo y que pasará al pleno para su segundo debate, en medio de advertencias de veto del presidente José Raúl Mulino. Mon reconoció que los diputados han analizado la propuesta del Gobierno y realizado ajustes prudentes. No obstante, al ser consultado sobre su conveniencia, armó: “Si usted me preguntara hoy si esa es la ley del futuro de Panamá, Dino Mon le tendría que decir que no lo es”. Uno de los cambios es el aumento del aporte estatal de $966 millones a $1,500 millones, con el cual Mon Vásquez no está de acuerdo. “La ley implica un aporte estatal de $1,500 millones al año, que ya hemos visto que no podemos afrontar. Es un tema a discutir por el Ejecutivo”, señaló, adelantando que el Gobierno buscará revisar este punto en el segundo debate. Los diputados también eliminaron el aumento en la edad de jubilación (de 57 a 60 para las mujeres y de 62 a 65 para los hombres) planteado inicialmente por el Ejecutivo. “El tema de la edad de jubilación no puede ser soslayado. Nunca se podrá contar con una fuerza de cotizantes que, a través de una pirámide, cubra las pensiones. Necesitamos maximizar los ingresos de la CSS con mayores cuotas y una reforma paramétrica que incluya la edad de jubilación, así como una mayor contribución del sector patronal y del Estado para hacer viable este sistema en el futuro”, sostuvo Mon Vásquez. Como alternativa, planteó un aumento escalonado tanto en la edad de jubilación como en la cuota patronal. Gremios empreariales se pronuncian En tanto, a Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) expresó su profunda preocupación por la reciente aprobación en primer debate del proyecto de ley 163, que reforma la Ley Orgánica de la CSS. Según el gremio empresarial, los cambios realizados en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional no representan una solución efectiva para la crisis que enfrenta la entidad de seguridad social. Juan Arias, presidente de la Cciap, cuestionó el resultado de tres meses de discusión en dicha comisión, asegurando que no se ha presentado una propuesta razonable que garantice la sostenibilidad de la CSS. “Después de tres meses de discusión y debate sobre el tema más relevante para el futuro de todos los panameños, la comisión no ha logrado presentar una solución viable”, señaló Arias. El principal problema, según el gremio, es el décit nanciero de la CSS. Arias advirtió que la institución enfrenta un grave desbalance actuarial y que las modicaciones aprobadas en primer debate no plantean estrategias concretas para eliminarlo a largo plazo. En este sentido, destacó que el aumento de la edad de jubilación es una medida clave para aliviar la crisis del sistema, pero su ausencia en la reforma impide encontrar una solución sostenible. Por su parte, el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) expresó su inquietud ante la crisis que enfrenta la CSS. La organización gremial subrayó que el segundo debate representa una oportunidad crucial para que los diputados analicen con responsabilidad las propuestas en discusión y consoliden una reforma viable para garantizar la estabilidad del sistema. Según el SIP, la demora en la toma de decisiones pone en riesgo el futuro de miles de jubilados y trabajadores que dependen de un sistema sólido y sostenible. El gremio respaldó la propuesta presentada por el Ejecutivo, al considerarla la opción con mayores fundamentos técnicos, y reiteró su apoyo a un modelo basado en solidaridad y ahorro individual como solución sostenible. “El tiempo apremia”, advirtió el SIP, llamando a los diputados a tomar decisiones responsables que garanticen el bienestar de las futuras generaciones. El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, lanzó una advertencia a los médicos que se declaren en huelga por las reformas a las que será sujeta la entidad, que ya fueron aprobadas en primer debate en la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. A pesar de que el propio Mon tiene algunas discrepancias con el proyecto No. 163, que contiene las modi- caciones, aseguró que no tolerará ninguna medida que afecte la atención de los asegurados. “De entrada les voy a decir que este director apoya el servicio y la calidad a sus asegurados y pensionados. Médico que quiera ir a huelga, médico que nanciará su huelga”, señaló Mon en entrevista con La Prensa. Justo el 9 de febrero, la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Anes de la CSS (Amoacss), emitió un comunicado instando a colaboradores del sector salud y a pacientes de la CSS a prepararse para una posible huelga nacional. “Se aprobaron reformas cosméticas con pocos cambios positivos en materia de administración (...). Lo más cuestionable de lo aprobado es que permanece el sistema de cuentas individuales”, reza la agrupación en su comunicado. Invitan a los pacientes a “cumplir con sus medicaciones para resistir juntos una posible huelga nacional”. Al respecto, Mon señaló que “esos médicos que salieron y que están hablando son unos irresponsables. Que le digan a nuestros asegurados que se tienen que apropiar de medicamentos para enfrentar una huelga, yo creo que eso es muy osado”. De acuerdo al director de la CSS, la agrupación gremial no representa ni el 4% del total de colaboradores que trabajan en la entidad. “Ya bastante han sufrido nuestros asegurados y nuestros pensionados para que tres sinvergüenzas, que efectivamente lo que no quieren es trabajar, nos pongan en entredicho los servicios que la CSS tiene que brindar. Eso no lo vamos a permitir”, destacó. Entre las razones que detalla la Amoacss para estar alerta por una eventual huelga, se encuentra su oposición al nuevo sistema de pensiones de capitalización solidaria y al aumento de la edad de jubilación, que se eliminó en el primer debate, Director de la CSS lanza advertencia a médicos que hablan de eventual huelga PRONUNCIAMIENTO pero que sigue en la agenda del Ejecutivo para aprobar en el segundo debate legislativo. Precisamente sobre este último punto, Mon Vásquez detalla que es una medida paramétrica necesaria para una reforma que describió como “innita en el tiempo”, algo que ha generado discrepancias con gremios de trabajadores, docentes o médicos. Tanto autoridades del Gobierno como los distintos gremios han mantenido conversaciones sobre las reformas a la CSS desde el pasado mes de agosto de 2024. Sin embargo, a la fecha no hay acuerdo de unicación de criterios. “Yo creo que el primer debate fue un ejercicio importante para comprender lo que ciertos sectores esperan, los que fueron directamente a la Asamblea, los que nunca tienen tiempo para trabajar, sino que tienen tiempo para estar en otras cosas (...). En la Asamblea no se oyó necesariamente la voz de toda la sociedad. La voz de toda la sociedad la tienen los 71 diputados, esas son las fuerzas vivas de la sociedad, y en el segundo debate, es donde se van a oír todas las voces”, sentenció Mon Vásquez. Para la Amoacss, las modicaciones hechas por los diputados al proyecto reformas a la ley de la CSS no limitan lo que describen como “poderes imperiales” del director de la entidad, alegando que le permitirían el abuso de los recursos nancieros y humanos de la CSS. Entre los supuestos poderes que el proyecto otorgaría al director de la CSS, según los gremios, se incluye el monto por contrataciones que el director puede ejecutar sin pasar por aprobación de la junta directiva de la entidad. La más reciente modicación hecha por los diputados redujo de un tope de $3 millones a $1 millón el monto por el que el director puede hacer contrataciones sin pasar por la directiva. Mario De Gracia [email protected] Dino Mon, director de la CSS. Melvin Bohórquez Panorama
7A La Prensa Panamá, martes 11 de febrero de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. En algún momento fue Europa, después la URSS, los terroristas de Oriente Medio y ahora la China “comunista”. En la década de los ochenta por ejemplo, el presidente republicano Ronald Reagan justicó su invasión a la isla de Granada supuestamente porque la misma había caído en manos del “bloque comunista” bajo el liderazgo de la Unión Soviética, propulsor del “comunismo a nivel internacional”. Luego vinieron los bombardeos a Libia y la ayuda en armamentos para la “Contra” en Nicaragua. Todo para sustentar el dominio y mostrar el poderío bélico de Estados Unidos. Ahora bien, es importante tener en cuenta que los momentos más signicativos en los cuales el “Destino Maniesto” sale nuevamente al escenario mundial son precisamente donde se pone en cuestionamiento el papel de Estados Unidos como líder mundial. Recordemos que antes de la llegada de Reagan al poder, Estados Unidos estaba pasando por una especie de “trauma” por la derrota en Vietnam y el fracaso en operaciones de rescate como la de los rehenes en Irán (1979) que puso en entredicho la imagen del “Rambo gringo” que no falla en sus misiones. El segundo mandato de Trump con un mundo multipolar y con una economía en picada recoge parte de la ideoLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. El silencio de Panamá Desinformación Panamá está mudo en el exterior. Las mentiras que el presidente de Estados Unidos dice no están siendo desmentidas. Tenemos un pocotón de grandes “comunicadores” incapaces de llevar la verdad de nuestro país al exterior: nadie tiene colegas en otros países que les den espacios para hablar de nuestra causa, o simplemente no quieren (o no saben) hacerlo. No olvidemos que un título no convierte a nadie en profesional óptimo de lo que ha estudiado: hay licenciados en periodismo, pero pocos periodistas; o licenciados en magisterio, pero pocos maestros, y así todas las profesiones. Hay, incluso, a quien votan para la Presidencia, pero no son presidentes. Es una lástima que, entre el inquilino de Las Garzas y los comunicadores del patio, se haya orquestado, sin querer queriendo, un silencio que sorprende. El rofeo presidencial de la pasada rueda de prensa a todos los medios no ayuda; decir que no necesita compañeros de viaje, menos, pero, sumado todo, parece que nadie quiere salir movido en la foto, y se hace patente lo que se viene observando desde hace años: nos hemos comido el cuento de país, patria y patrimonio a fuerza de olvidar lo que nos vincula; creímos poder sobrevivir sin tener una mirada lúcida sobre quiénes somos. Hay que asaltar el relato en todas partes del mundo. Funcionó al dictador con su causa sobre el Canal en los setenta, y funcionará a la democracia para defender la misma causa, que siempre ha sido justa. Pero necesitamos cómplices. A falta de voces que de verdad quieran argumentar a nuestro favor, toca llamar a todas las puertas posibles, a ver si contestan. ¿Será que nadie puede defendernos, ni el Chapulín, o que no conviene defendernos porque quedaríamos muy expuestos? Lo cierto es que esta coyuntura debe servirnos para volver a recordar el discurso de nuestra justa causa. Nos llevan semanas de ventaja, y cada minuto que pasa, los del norte parecen tener la razón de su lado. Desde el cerro Ancón Canal de Panamá presas locales. Por ende, existe en el Mitradel un control de la cantidad de extranjeros que pueden laborar en cada uno de los puertos de Panamá. Tampoco es cierto, como repite el señor presidente, que los chinos podrían a su antojo maniobrar las naves y obstruir el canal, pues los capitanes tienen que ceder a priori el mando total de sus barcos a un piloto panameño y, además, dichas naves son propulsadas por remolcadores, también controlados por panameños. Debido al “aparente” desconocimiento de nuestra histórica relación, creo conveniente recordarles que, después de la estrepitosa quiebra de la Compagnie Universelle du Canal Interoceanique du Panamá y de que el Congreso de Colombia rechazó la oferta de Estados Unidos para reactivar la construcción del Canal, un exfuncionario de la compañía francesa, Philippe Bunau-Varilla, sin estar acreditado, negoció en Washington con el secretario de Estado John Hay, a nombre de la futura república, el tratado espurio Hay-Bunau Varilla. Dicho acuerdo incluía, entre otros, un pago al francés de millones, no de un dólar, y la garantía de protección a la recién establecida República de Panamá contra cualquier reacción de Colombia. Hasta el secretario John Hay así lo reconoció en una posterior carta al presidente Roosevelt: “Usted y yo sabemos muy bien cuántos puntos hay en el tratado que todo patriota panameño objetaría”. Sin embargo, los panameños lo consentimos y respetamos hasta su transferencia en 1999. Hoy, 25 años después, Trump descali- ca el tratado Torrijos-Carter e interpreRoberto Alfaro Estripeaut Donald Trump y la reedición del ‘Destino Manifiesto’ Estados Unidos La sustentación ideológica del llamado “Destino Maniesto” que debía colocar a Estados Unidos como una potencia mundial con derecho a expandir sus fronteras se basa en un “derecho divino” que le da al país en mención su opción de intervenir y hacer la guerra para expandir “la democracia” y la “libertad” hasta donde sea posible. La ideología se expresó claramente en varios eventos bélicos, como la guerra contra México (1846), cuando Estados Unidos se apoderó de varios territorios del norte de México; la guerra contra España (1898), en la que se apoderó principalmente de Puerto Rico, y la intervención en Cuba. A raíz de dicha doctrina, han existido otras variantes intervencionistas como la famosa “Doctrina Monroe”, en la cual el quinto presidente de la nación norteña proclama que “ningún país de Europa” debe tener injerencia en América, la cual ya es considerada como parte de la esfera de in- ¤uencia de Estados Unidos. Resulta irónico que los distintos presidentes que ha tenido Estados Unidos hayan realizado intervenciones donde se limita la autodeterminación de los pueblos y, por ende, su sistema democrático interno, todo ello bajo la justicación de la libertad. El “Destino Maniesto” siempre ha necesitado de la gura de “enemigos de Estados Unidos y la libertad” para poder justicar sus acciones militares intervencionistas. logía del “Destino Maniesto” cuando el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, de origen cubano, declara abiertamente que las fronteras de “Estados Unidos van más allá de su propio territorio”. Pero también se añade el componente de la Doctrina “Monroe” que señala a China como un peligro para la democracia y la esfera de in¤uencia de Estados Unidos, en especial en América Latina con la cual ya tiene “negocios”. Esta vez la nueva “Doctrina Monroe” suaviza su discurso contra países con presidentes “fuertes” y los endurece contra aquellos que considera débiles o todavía vasallos. Con Costa Rica y Panamá se recurre a la amenaza y el “ultimátum” si no se ciñen al mandato de Trump, sin embargo, con El Salvador que mantiene lazos comerciales fuertes con la “China Comunista” del discurso “Trumpiano” se le va la mano en elogios. Honduras le responde de “tú a tú” a Estados Unidos por el tema de los deportados y ya contra Venezuela el discurso agresivo bajó de tono. En Costa Rica se percibe la imagen de un presidente tico casi en actitud de “mayordomo” cuando habla con Rubio, y en Panamá, una bochornosa toma de un canciller con las manos en actitud de súplica despidiendo a Rubio en el aeropuerto, lo que nos cubre a todos con el paraguas del “Estado neocolonial”, precisamente la in¤uencia contra la cual luchamos durante décadas, por la cual recuperamos el Canal y sus áreas revertidas, y que ahora nos amenaza con revertir, debido a funcionarios blandengues que han aspirado toda su vida a un autógrafo de Mickey Mouse. Opinión EL AUTOR es escritor. EL AUTOR es sociólogo. EL AUTOR fue embajador de Panamá en Washington. Pedro Crenes ta a su conveniencia el vigente acuerdo de neutralidad. A pesar de que dicha negociación no solo tomó 13 años y ocupó a dos gobiernos demócratas y dos republicanos, sino que también sufrió el duro escrutinio y las aprobaciones de ambas cámaras legislativas, para nalmente atravesar un período de implementación de 23 años a partir de su rma. Otras falacias populistas son que el Canal ha elevado mucho el peaje en detrimento del consumidor norteamericano. Desconocen que las tarifas por contenedor las establecen las navieras y que todo ha subido en los últimos 25 años. Además, el peaje del Canal representa solo una parte en la cadena de costos de las navieras. La verdad es que la ampliación les ha permitido a las naves de 14 mil contenedores utilizar el Canal y no tener que atravesar el Cabo de Hornos, ahorrándose 10 días y enormes sumas en combustible y gastos. El secretario de Estado, Marco Rubio, luego de visitar las esclusas de Mira¤ores, manifestó: “Justo encima de mí había un barco naviero de Hong Kong, por lo que su presencia en el Canal es muy preocupante”. Cotejemos eso con lo que establece textualmente el artículo II del Tratado de Neutralidad: “Panamá declara la neutralidad del canal para que, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, este permanezca seguro y abierto para el tránsito pacíco de las naves de todas las naciones en términos de entera igualdad”. Más incomprensible aún, esa nave venía procedente de un puerto en los Estados Unidos. Una y otra vez insisten en que Panamá le entregó la operación del Canal a la República Popular China para justicar la temeraria aspiración de: “We’re gonna take it back, or something very powerful is going to happen”. Tales incongruencias son un gravísimo error que innecesariamente pondría a su país en violación de tratados internacionales. Ojalá prevalezca la razón y pronto se puedan aclarar las divergencias y retornar a la armónica convivencia que siempre ha existido entre ambas naciones. Resulta muy difícil y preocupante concebir que el mandatario de una nación aliada, rodeado de tantos expertos en todos los campos, haga públicas declaraciones imprecisas o medias verdades sobre nuestra vía interoceánica, que afectan 122 años de excelentes relaciones y nos obligan a enfrentarnos con asombro. Pareciera que desconocen el Tratado de Neutralidad que propuso y aprobó su propio Senado en 1977, el cual claramente establece que no pueden hacer lo que quieren hacer, pero siguen presionando para lograr propósitos que desconozco. De ser lo segundo, me preocupa más, ya que podríamos caer en concesiones que puedan estar al margen y viciar dicho tratado, como permitir actividades militares en Darién o restringir el paso a naves de cualesquiera otras naciones. Que Panamá ahora está invadida de chinos es desconocer nuestra relación histórica antes del Canal, que en 1855 estrenó una obra magistral realizada por empresas norteamericanas. Esta igualmente unió por vía férrea ambos mares y, para su construcción, trajeron obreros de China. Muchos se quedaron a vivir en el istmo y establecieron una importante y laboriosa colonia chino-panameña, similar a la que también se formó en California durante el gold rush. Además, existía un compromiso que tenía Estados Unidos para la construcción del Canal: devolver a sus países de origen a miles de trabajadores de muchas naciones, pero, por razones económicas, este acuerdo lo incumplieron y la mayoría se quedó a vivir en nuestro país. Actualmente, nuestras leyes laborales solo permiten un pequeño porcentaje de obreros o profesionales extranjeros trabajando en proyectos o en emLa doctrina sale nuevamente a relucircuando el secretario de Estado, Marco Rubio, asegura que las fronteras de Estados Unidos “van más allá de su propio territorio”. Jaime Cheng Peñalba Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Anne e Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. 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