2A La Prensa Panamá, lunes 10 de febrero de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Aumento a magistrados fue posible por omisión de vistas FONDOS PÚBLICOS El intento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por obtener un aumento salarial de $4,000 ha generado críticas en distintos sectores del país. La propuesta, considerada inoportuna en medio de restricciones scales, ha avivado el debate sobre el uso de recursos públicos y las prioridades del sistema judicial. El diputado de la coalición independiente Vamos, Jhonatan Vega, cuestionó la medida al considerar que carece de justicación en un país con deciencias en educación y salud. Como miembro de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, criticó la falta de revisión de las vistas presupuestarias y la aprobación del incremento sin análisis previo. En 2024, la Comisión de Presupuesto solo realizó 10 de las 96 vistas presupuestarias programadas, lo que generó preocupación. Vega subrayó que la omisión de estas audiencias afectó la transparencia y permitió que la CSJ incluyera este ajuste salarial sin un escrutinio adecuado. En octubre de 2024, la oposición a la suspensión de las vistas fue liderada por el diputado de libre postulación Betserai Richards, junto a cuatro diputados de Vamos, quienes denunciaron que la Comisión de Presupuesto pretendía aprobar el presupuesto 2025 sin revisión ni debate. Aspectos legales Vega explicó que la Ley de la Contraloría permite que, si una entidad insiste en un refrendo, la Contraloría debe aprobarlo o remitirlo a la Sala de lo Contencioso Administrativo. Esto, según el diputado, convierte a los magistrados en “juez y parte”, ya que podrían validar su propio incremento salarial sin revisión externa. El diputado advirtió que esta decisión podría generar un efecto en cadena, ya que los artículos 142 y 224 de la Constitución establecen que otros altos funcionarios, como los magistrados del Tribunal Electoral y el Procurador General, tienen derecho a los mismos benecios salariales que los magistrados de la CSJ. Vega también cuestionó la falta de criterios claros para evaluar el desempeño de los magistrados y otros funcionarios. Hizo un llamado a la re©exión, señalando la difícil situación económica del país. Jonathan Vega, diputado independiente. Archivo La CSS tiene un total de 35,600 funcionarios, 65% del área de salud y 35% del área administrativa. Richard Bonilla Caja de Seguro Social: el 24.3% de sus funcionarios ya está jubilado Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PLANILLA Se trata de un total de 5,830 mujeres y 2,838 hombres, en su mayoría trabajadores administrativos y técnicos de la salud, con salarios que oscilan entre 1,200 y 1,700 dólares. La Caja de Seguro Social (CSS), encargada no solo de garantizar la atención médica a millones de panameños, sino también de administrar las pensiones de la población, enfrenta un fenómeno particular: un signicativo porcentaje de su personal, tanto administrativo como de salud, ya se encuentra jubilado. Según los datos estadísticos más recientes de la CSS, la entidad cuenta con una planilla de 35,600 funcionarios, de los cuales un 65% pertenece al área de salud, mientras que el 35% restante corresponde al personal administrativo. De este total, 8,668 trabajadores han alcanzado la jubilación, pero continúan prestando servicio a la institución. Se trata de 5,830 mujeres y 2,838 hombres, en su mayoría trabajadores administrativos y técnicos de la salud, con salarios que oscilan entre 1,200 y 1,700 dólares. Este fenómeno resalta dos temas: la importancia de la experiencia acumulada dentro de la CSS y los desafíos que implica gestionar una fuerza laboral en proceso de envejecimiento sin afectar la calidad del servicio que la entidad ofrece a los asegurados. En una entrevista con este medio, el director de la CSS, Dino Mon, subrayó la necesidad de revisar la eciencia de esta estructura. Para él, la prioridad es asegurarse de que el personal disponible cubra adecuadamente las necesidades de los asegurados, pero también ha detectado que, en algunas áreas administrativas, el número de empleados es excesivo. Para tener una idea, el crecimiento de la planilla de la CSS en los últimos 15 años re©eja una expansión signi- cativa en su personal. Entre 2009 y 2024, la institución incorporó a más de 26,000 nuevos funcionarios, evidenciando una variación en la contratación según cada período gubernamental. Los ajustes El diagnóstico de Mon es claro: el balance entre el personal administrativo y el personal médico requiere ajustes. A pesar de reconocer que la Caja de Seguro Social es una institución vasta y compleja, el director señala que el personal médico y de enfermería no es suciente para cubrir la demanda de servicios. Sin embargo, uno de los principales problemas radica en el área administrativa, donde existen excesos que deben ser depurados. Mon enfatiza que el proceso debe ser gradual, evaluando cada puesto y tomando decisiones basadas en la rendición de cuentas y la carga real de trabajo que cada puesto genera. La estrategia de depuración no se limita únicamente a la reducción de personal, sino que también se enfoca en mejorar la eciencia. Mon arma que su gestión debe identicar y eliminar posiciones que no aporten el valor necesario o que no se alineen con la estructura organizacional. Esto incluye la revisión de las posiciones que no están cumpliendo con los objetivos esperados. Para lograr este equilibrio, se plantea un proceso de evaluación continua, en el que se ajusten las capacidades de la institución para servir a los asegurados, pensionados y sus familias con un personal adecuado y e- ciente. Aumentos salariales A pesar de los esfuerzos por reducir la planilla, la Caja de Seguro Social enfrenta un problema persistente: el aumento de los costos salariales. El director reveló que, aunque se ha reducido el número de contratos temporales, la planilla sigue creciendo. En los últimos tres meses, se rescindieron más de 400 contratos temporales, lo que permitió seguir operando sin mayores contratiempos. Sin embargo, los incrementos salariales, como los bienales y otros ajustes automáticos por leyes, continúan elevando el egreso, lo que complica aún más la sostenibilidad nanciera de la institución. Este aumento, a pesar de los esfuerzos por reducir el personal, representa un desafío importante a largo plazo. Mon también niega haber recibido presiones políticas para nombrar nuevos funcionarios. A pesar de la especulación sobre la politización de la CSS, el director asegura que no ha recibido solicitudes de diputados pidiendo puestos de trabajo. La CSS mantiene una planilla con un costo anual que supera los 800 millones de dólares, re©ejando el alto gasto operativo de la institución. Opacidad en la mitad de las instituciones del Estado La Casi la mitad de las instituciones públicas del país no subió información clave al sitio de monitoreo de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) en enero de 2025. Un informe de la entidad señala que el 45% de las 105 instituciones del gobierno central monitoreadas no reportó en el sitio información sobre planilla, pago de viáticos, gastos de representación, entre otros datos públicos. En contraste, el 55% sí lo hizo. No obstante, ninguna institución cumplió al 100 %. El informe indica que solo seis entidades reportaron información en un rango del 91% al 95%. Entre ellas están el Tribunal Electoral, la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Autoridad Nacional de Descentralización, la Autoridad de los Servicios Públicos, la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, todas con un cumplimiento del 95.83 %. La Universidad Autónoma de Chiriquí alcanzó un cumplimiento del 87.5 %. Por otro lado, entre las instituciones que no cumplieron, según el informe de ANTAI, guran la Autoridad Aeronáutica Civil, la Autoridad Marítima, el Ministerio de Gobierno, el Banco Hipotecario Nacional y el Ministerio de la Mujer. INFORME José González Pinilla [email protected]
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