2A La Prensa Panamá, miércoles 5 de febrero de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Henry Cárdenas P. [email protected] Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Isaac Ortega Ejecutivo presenta propuesta para transferir fondos para pensiones de PROYECTO DE LEY 163 El ministro de Salud, Fernando Boyd, presentó ayer ante el pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que permita obtener los fondos para cubrir las pensiones del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, correspondientes al mes de febrero. Boyd expresó que se trata de transferir recursos financieros del presupuesto asignado a las diferentes dependencias del Estado hacia la Caja de Seguro Social (CSS). “Por un monto de $91 millones 620 mil 25, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de la vigencia fiscal 2025”, precisó Boyd. “Debido a este retraso, que obedece a la dinámica o metodología aprobada por el Órgano Legislativo, que incluyó una extendida etapa de consulta ciudadana, la situación se ha tornado insostenible, en vista de que el déficit ha sido afrontado con las reservas de ese subsistema”, manifestó en el pleno legislativo. Recientemente, el director de la CSS, Dino Mon, dijo a La Prensa que la demora en la aprobación de las reformas coincide con un aumento preocupante en el déficit del fondo de pensiones, el cual ya afecta los pagos mensuales a los jubilados. “Estamos en febrero y necesitamos una ley puente para transferir los fondos que permitan cubrir los pagos”, remarcó el director, destacando que el proceso legislativo aún debe pasar por tres debates. En febrero, precisó, el déficit de flujo alcanzará los $91 millones, una cifra superior a las estimaciones iniciales. Boyd informó que las prestaciones económicas para sufragar los fondos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte para 2025 se estiman en $2 mil 748 millones, y que las reservas no son suficientes para cubrir el 100% de las pensiones, estimándose un déficit del 22%, es decir, la suma de $615.6 millones. Anoche, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea discutió y aprobó en primer debate el tercer bloque del proyecto de ley 163, presentado por el Ejecutivo el 6 de noviembre de 2024. Uno de los puntos que generó rechazo es el aumento, de tres años, de la edad de jubilación, uno de los temas que el Ejecutivo ha señalado como central en la reforma para garantizar la sostenibilidad del sistema. El consenso de los nueve diputados de la Comisión es que se rechazar el aumento que elevaría a 60 la edad de jubilación para las mujeres, y a 65 para los hombres. Sin embargo, en el segundo debatre se pueden incorporar cambios. Juan Manuel Díaz [email protected] Fernández dice que no se violó la autonomía universitaria; imputan a estudiantes DEMANDA El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, aseguró que nunca se violó la autonomía de la Universidad de Panamá (UP) durante los eventos del pasado viernes, cuando un grupo de estudiantes universitarios bloqueó parcialmente la vía Transístmica y golpeó al subcomisionado Demetrio Martínez. Fernández declaró a La Prensa que el subcomisionado Martínez intentó evitar que los estudiantes interrumpieran el tráfico vehicular durante un volanteo en protesta por la presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Sin embargo, al intentar dialogar, fue agredido a golpes. El funcionario relató que el agente policial fue atacado con varillas y patadas en distintas partes del cuerpo, lo que obligó su traslado a un centro hospitalario, donde permaneció recluido por varias horas. A raíz de ese incidente, se identificó a siete personas como los agresores, quienes se refugiaron en la UP. Por ello, se estableció vigilancia en las puertas de acceso de la universidad, aunque los agentes policiales nunca ingresaron a sus instalaciones. Ayer, el juez de garantías Fermín Bonilla imputó cargos por lesiones personales a los estudiantes Tamara García y Pedro Silva, quienes participaron en la agresión contra el subcomisionado Martínez. Además, les impuso la medida cautelar de reporte periódico e impedimento de salida del país. Durante la audiencia, realizada en el Sistema Penal Acusatorio del Primer Distrito Judicial de Plaza Ágora, la fiscal Lorenz Gutiérrez apeló la decisión del juez Bonilla. Fernández aseguró que aún hay otros cinco estudiantes prófugos, para quienes el Ministerio Público giró órdenes de captura por su participación en el ataque al subcomisionado Martínez. Precisó que estos estudiantes, actualmente bajo investigación, han estado involucrados en otras situaciones violentas y protestas en años anteriores. Afirmó que se cuenta con videos sin editar de las acciones realizadas por los estudiantes y que, además, se solicitó a las autoridades universitarias identificar y poner a disposición de la justicia a quienes agredieron a los agentes policiales y son requeridos por el Ministerio Público. Fernández consideró que la denuncia presentada por la Defensoría del Universitario carece de objetividad, ya que la policía nunca ingresó a la universidad y solo buscó garantizar la libre circulación. Soho Mall fue propiedad de Abdul Waked hasta el año 2016, cuando lo traspasó a un fideicomiso. Archivo Bancos acreedores no podrán actuar en demanda de Waked contra el BNP Mónica Palm [email protected] DECISIÓN El 21 de enero pasado, los magistrados Cecilio Cedalise y María C. Chen rechazaron los recursos de apelación promovidos por la Procuraduría de la Administración y el Ministerio de la Presidencia. En febrero de 2019, el entonces procurador de la Administración, Rigoberto González, advirtió que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo no tenía competencia para atender la demanda millonaria que Abdul Waked presentó contra el Banco Nacional de Panamá (BNP), ya que el origen del conflicto era una transacción privada y comercial, no un contrato de naturaleza administrativa. Por tanto, el reclamo debía dirimirse en la jurisdicción ordinaria. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no le hizo caso. Seis años después, ese argumento es utilizado por la Sala Tercera para dar un portazo definitivo y excluir del litigio a los bancos acreedores, que son los beneficiarios del fideicomiso al que Waked traspasó voluntariamente el centro comercial Soho Mall, después de que la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyera en la Lista Clinton de actividades ligadas al blanqueo de capitales o narcotráfico, en junio de 2016. Por este caso, el demandante reclama un pago por presuntos daños y perjuicios al Estado panameño (a través del BNP), por la suma de $1,268 millones. El BNP quedó involucrado en este conflicto porque actuó como fiduciario de dicho fideicomiso, a solicitud del propio Waked, un mes después de su inclusión en la lista sancionatoria de la OFAC. Todos aceptaron, supuestamente para salvar los empleos que generaba el Soho Mall. Terceros en garantía El 21 de enero pasado, los magistrados Cecilio Cedalise y María Cristina Chen Stanziola, ambos de la Sala Tercera, rechazaron los recursos de apelación promovidos por la Procuraduría de la Administración y el Ministerio de la Presidencia, en contra de una decisión adoptada el 5 de septiembre de 2024 por Carlos Vásquez Reyes (el tercer magistrado que integra dicha Sala). Vásquez no permitió que nueve bancos y dos sociedades (todos acreedores de Soho Mall) fueran reconocidos como terceros en garantía dentro del proceso. El fallo de Cedalise y Chen respalda el criterio de Vásquez. SetratadeBanistmo,Banco Panameño de Vivienda (hoy Global Bank), Banesco, Banco Aliado, Credicorp Bank, Bancolombia, Multibank, St. Georges Bank & Company, Bladez, Lemart Property Ltd. y Troll Properties Inc. Todos figuran como beneficiarios del fideicomiso al que fue traspasado el centro comercial. Cedalise y Chen alegan que los bancos acreedores son empresas “netamente particulares o privadas”, por lo que “no pueden ser alcanzados por esta jurisdicción de lo contencioso adsales, con todos los derechos y atribuciones que les corresponden como beneficiarios del fideicomiso. Tampoco tuvo éxito. ¿Quién pagará? En varias ocasiones, González -que terminó su mandato como procurador el 31 de diciembre pasado- advirtió que los bancos acreedores de Soho Mall eran los responsables de atender las obligaciones derivadas del fideicomiso. Por tanto, la demanda debía promoverse contra ellos, no contra el BNP, en los tribunales ordinarios. González tenía una gran preocupación: si eventualmente se reconoce una indemnización a favor de Waked, ¿cómo hará la Sala Tercera para obligarlos a pagar, si no tiene competencia sobre conflictos particulares entre empresas privadas? En septiembre de 2020, la Sala Tercera también declaró no probado un incidente por falta de competencia que presentó el Ministerio de la Presidencia, contra la demanda presentada por Waked. El BNP actuó como fiduciario en dos fideicomisos a los que Waked traspasó dos de sus negocios, cuando fue listado por la OFAC: la cadena de tiendas Félix B. Maduro y el centro comercial Soho Mall. Waked, que sigue en la Lista Clinton, también intentó que se le pagara una indemnización similar producto del fideicomiso al que fue traspasado Félix B. Maduro, pero la Sala Tercera de la CSJ no admitió ese reclamo. El BNP también es el fiduciario. Aunque fue una decisión unilateral del Departamento del Tesoro, Waked no ha reclamado indemnizaciones a Estados Unidos. ministrativo”. Por tanto, la posible responsabilidad penal de los actos de los acreedores debe ser examinada en la jurisdicción ordinaria, remarcaron. Por esa misma razón, González, como procurador, insistió tanto para que la Sala Tercera no admitiera la demanda de Waked, pero en la Corte no le hicieron caso. Y cuando se ajustó al criterio decidido por los magistrados y pidió la inclusión de los acreedores privados, entonces tampoco le dieron la razón. “Esta corporación de justicia mantiene competencia exclusiva para conocer aquellos conflictos generados por las actuaciones u omisiones en que incurran los servidores públicos dentro del ámbito público, quedando excluidas de su competencia las controversias que surjan entre particulares”, señalan Cedalise y Chen en el fallo del 21 de enero pasado, en el cual niegan el recurso de apelación. El Ministerio de la Presidencia, a través de la abogada Yariela Shiara Stevens, también presentó una apelación similar a la de González, buscando que se revocara la decisión adoptada por el magistrado Vásquez en septiembre pasado y se permitiera la inclusión de los bancos acreedores. Alegó que, de ese modo, los acreedores podrían intervenir como sujetos proce-
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