1A La Prensa Panamá, viernes 31 de enero de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 31 de enero de 2025 - Año 44 - Nº 14915 Falta de ajustes en tarifas le cuesta millones al Estado Wilfredo Jordán [email protected] Panamá ha dejado de percibir al menos $100 millones en ingresos portuarios debido al incumplimiento de la revisión tarifaria por movimiento de contenedores en los puertos de Balboa y Cristóbal, administrados por Panama Ports Company (PPC). La tarifa de $12, fijada en 2010, debía ajustarse cada cinco años, pero no se ha actualizado desde 2013. En 2024, el país perdió al menos $11 millones por esta omisión. Además, la eliminación en 2002 del pago fijo anual de $22.2 millones redujo aún más los ingresos del Estado. Previo a la renovación de la concesión portuaria CONCESIÓN PORTUARIA Panamá invirtió al menos $5,250 millones en la ampliación del Canal, pero al renovar la concesión a PPC no exigió mayores aportes. Además, la oposición de la empresa impidió la construcción del puerto de Corozal, limitando la expansión logística y la competencia portuaria. PPC maneja los puertos de Balboa (en la foto), en Panamá, y Cristóbal, en Colón. EFE Pete Hegseth EFE Hoy por hoy El incumplimiento en la revisión de la tarifa por movimiento de contenedores en los puertos de Balboa y Cristóbal es una omisión grave que le ha costado al Estado panameño más de $100 millones en ingresos. La obligación de actualizar esta tarifa cada cinco años, establecida en la Resolución J.D. No. 0262009, se ha ignorado desde 2013, beneficiando a Panama Ports Company (PPC) y a otros puertos mientras el país enfrenta limitaciones presupuestarias. La falta de acción de la Autoridad Marítima de Panamá y el silencio de las administraciones sucesivas exponen un patrón de concesiones lesivas al interés nacional. La eliminación del pago fijo de PPC en 2002 ya representó una pérdida de más de $1,200 millones, y ahora, la inacción en la actualización tarifaria agrava la situación. Lo hemos dicho y lo reiteramos: Panamá no puede seguir postergando decisiones que afectan sus ingresos estratégicos para terminar con el socio bobo en cada transacción. La transparencia y el cumplimiento de los contratos deben prevalecer, o el país continuará cediendo recursos esenciales a empresas privadas sin justificación. Ellas.pa Panameña está nominada a premio Grammy 5B Así se manejan los peajes en la Autoridad del Canal 1B Economía Panorama EU no ha reportado supuesta influencia china en el Canal 4A Además Decameron apela condena en caso de turistas 6A EU hará ‘lo que sea necesario’ por la ‘libre navegación’ Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, dijo que hará “lo que sea necesario” para garantizar la “libre navegación” del Canal de Panamá, algo para lo que el Pentágono está ya “preparado”. En una entrevista en Fox News el funcionario dijo que Donald Trump ha sido “claro” en su intención de “recuperar” el canal. Sin embargo, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino , reiteró ayer que el Canal no es un tema negociable. VEA 5A CANAL DE PANAMÁ Panamá que buscaba fortalecer la capacidad logística del país y generar mayor competencia. PPC argumentó que la nueva terminal afectaría la viabilidad de sus operaciones en Balboa, lo que generó un intenso debate sobre los intereses comerciales de la empresa frente a los planes de expansión portuaria de Panamá. VEA 3A a PPC, el Estado panameño, a través de la Autoridad del Canal de Panamá, invirtió al menos 5,250 millones de dólares en la ampliación del Canal, información que se obvió al momento de prorrogar el contrato. La empresa se opuso abiertamente a la construcción del puerto de Corozal, un proyecto impulsado por la Autoridad del Canal de El presidente de la República, José Raúl Mulino, recordó ayer durante su conferencia de prensa semanal que la concesión del Estado panameño con Panama Port Company (PPC) está siendo objeto de una auditoría forense exhaustiva por parte de la Contraloría. “Vamos a esperar la auditoría”, respondió Mulino al ser consultado sobre las inversiones chinas en el país, objeto de críticas por parte de la nueva administración de Estados Unidos. Los cinco principales puertos de Panamá son operados por multinacionales de Estados Unidos, Singapur, Taiwán y Hong Kong (China). Dos de estos puertos, Balboa Cristóbal, en las entradas Canal, los opera PPC, subsidiaria de CK Hutchison Holdings, una multinacional con sede en Hong Kong. El cuarto puente sobre el Canal es un contrato que se ganó en una licitación en 2018 el Consorcio Panamá Cuarto Puente, integrado por las empresas China Construction Communication Company y China Harbour Engineering Company. El propio Mulino ha pedido al contratista que acelere las obras, debido a los retrasos. VEA 4A Y 5A Mulino: PPC es objeto de ‘auditoría exhaustiva’
2A La Prensa Panamá, viernes 31 de enero de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reveló a La Prensa que están desafectando a todos los funcionarios “fantasma”, incluidos aquellos con altos salarios. Solo el pasado marteS, destituyó a 50 personas. En el momento de la entrevista, el ministro de Salud indicó que no contaba con la cifra exacta de funcionarios nombrados que no estaban trabajando, ni de los fondos mal gestionados detectados en los análisis realizados en los diferentes departamentos y regiones de salud. Boyd Galindo detectó unidades que han tenido que ser suspendidas debido a que el financiamiento externo, destinado a programas de salud, estaba siendo utilizado para otros fines, como gastos administrativos. En una reunión con los directores de cada departamento en julio de 2024, el titular de Salud pidió analizar los equipos de trabajo, pues la entidad tiene más de 25 mil funcionarios en el país. “Quienes no han venido a trabajar serán identificados”, expresó días después de asumir su cargo. El recurso humano se necesita en más de 200 puestos de salud que no están operando adecuadamente y requieren atención urgente. Citó el caso de un centro de salud en el corregimiento de Buenos Aires, distrito de Ñürüm, en la comarca Ngäbe-Buglé, donde se han repuesto equipos esenciales, como un sillón dental y camas de hospitalización, como parte de un plan para mejorar la infraestructura y los servicios. Aseguró que, aunque la rehabilitación de estos centros demanda tiempo y presupuesto, el proceso ya está en marcha con el objetivo de ampliar la cobertura en comunidades apartadas. Además, enfatizó que, para garantizar la operatividad de estos centros, también se está fortaleciendo la capacitación del personal. Puso como ejemplo la región de Veraguas, donde se están formando asistentes de salud para mejorar la atención en zonas rurales. Con estas medidas, el ministerio busca optimizar los servicios de salud y garantizar un acceso equitativo a la atención médica en todo el país. La situación en el Minsa es compleja, ya que también han tenido que enfrentar la deuda pendiente con las empresas proveedoras y constructoras de proyectos hospitalarios. Precisó que la deuda al llegar a la institución ascendía a $650 millones, aunque inicialmente se dijo que era de $360 millones. El presupuesto del Minsa para este año es de unos $2,480 millones. Depuración en el Minsa: destituyen 50 funcionarios ‘fantasma’ en un día PERSONAL Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. EFE Administración Trump avala exención para tratamiento contra el VIH Aleida Samaniego C. [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] COOPERACIÓN INTERNACIONAL El 27 de enero, el gobierno de EU ordenó suspender de forma inmediata la distribución de medicamentos por parte de diversas organizaciones internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, confirmó la implementación de una “exención humanitaria” que permitirá continuar, de forma temporal, la financiación para medicamentos y servicios médicos destinados al tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Esta exención garantizaría la distribución de medicamentos en 55 países, aunque aún no está claro si se extenderá a los tratamientos preventivos u otros servicios ofrecidos por el Plan de Emergencia del Presidente de EU para el Alivio del Sida (Pepfar). La decisión fue tomada después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresara su preocupación por la interrupción de los fondos estadounidenses destinados a programas de atención del VIH en países de bajos ingresos. El futuro de Pepfar sigue siendo incierto, ya que una interrupción total podría tener consecuencias devastadoras para millones de personas que dependen de estos tratamientos para sobrevivir. Sin acceso a estos medicamentos, muchas personas con VIH en países de bajos recursos corren el riesgo de desarrollar sida y fallecer prematuramente. El 27 de enero, la administración de Donald Trump ordenó suspender de forma inmediata la distribución de medicamentos por parte de diversas organizaciones internacionales. El gobierno de EU. planteó además una posible congelación de activos mientras se revisaba la financiación del programa de 7,500 millones de dólares. Esta pausa de 90 días afecta directamente a Pepfar, que ha sido responsable de salvar al menos 26 millones de vidas y de proporcionar tratamiento a 20 millones de personas con VIH. EnSudáfrica,porejemplo, la interrupción de Pepfar podría resultar en no menos de medio millón de nuevas infecciones por VIH y unas 600,000 muertes relacionadas en la próxima década. Organizaciones como Onusida recibieron con optimismo la noticia de la exención. Winnie Byanyima, directora ejecutiva de la organización, destacó que esta medida asegura que milloFernando Boyd Galindo, ministro de Salud. Elysée Fernández nes de personas que viven con VIH puedan seguir accediendo a medicamentos esenciales mientras se evalúa la ayuda exterior al desarrollo de EU. “Esta decisión urgente reconoce el papel fundamental de Pepfar en la respuesta al sida y devuelve la esperanza a las personas que viven con el VIH”, afirmó Byanyima. El Minsa reporta la primera muerte del año por dengue En su informe epidemiológico semanal, el Ministerio de Salud (Minsa) reportó la primera muerte de este 2025 a causa del dengue. De acuerdo con el reporte, correspondiente a la Semana Epidemiológica 2 (del 5 al 11 de enero), se han confirmado 649 casos acumulados este año. Del total de casos, 586 son de dengue sin signos de alarma, 57 con signos de alarma y 6 casos graves. El deceso a causa del dengue se registró en la Región de Salud de Panamá Este. Según los datos del Minsa, la tasa de incidencia nacional en la Semana Epidemiológica número 2 de 2025 es de 14.2 casos por 100 mil habitantes. Entre los principales síntomas del dengue se encuentran fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular. El dengue es una enfermedad grave y potencialmente mortal, transmitida a través de la picadura del mosquito de la especie Aedes aegypti. EPIDEMIOLOGÍA Henry Cárdenas P. [email protected] Las autoridades de Salud piden eliminar los criaderos. Cortesía
3A La Prensa Panamá, viernes 31 de enero de 2025 Panorama Sector portuario de Colón, donde PPC opera el puerto de Cristóbal. Los cinco principales puertos de Panamá están en las áreas adyacentes del Canal interoceánico. EFE Tarifa con PPC: 14 años sin revisión Wilfredo Jordán [email protected] SECTOR PORTUARIO La tarifa de $12 por contenedor, fijada en 2010, debía ajustarse en 2013, 2018 y 2023 con base en el índice de precios al consumidor, con un incremento máximo del 10% por período quinquenal. La tarifa que se cobra por el movimiento de contenedores en los puertos de Balboa y Cristóbal no se revisa desde 2010, incumpliendo la obligación establecida en la Resolución J.D. No. 026-2009 firmada entre el Estado y Panama Ports Company (PPC), que ordenaba una revisión cada cinco años, a partir de 2013. El incumplimiento de esta actualización ocurre en un momento en que Panamá está en el centro de la atención internacional, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con tomar el control del Canal, al asegurar erróneamente que es operado por China. PPC tiene su sede principal en Hong Kong, China, algo que agrega presión sobre la relación del Estado panameño con la compañía y el cumplimiento de sus compromisos contractuales. Esta resolución que ordenaba la revisión tarifaria por movimiento de contenedores fue publicada en la Gaceta Oficial 26417 del 30 de noviembre de 2009, en la cual se autorizó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a firmar la segunda Adenda al contrato Ley No. 5 de 16 de enero de 1997 con PPC: “el periodo de vigencia de la tarifa por movimiento se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2013. A partir de esa fecha la tarifa por movimiento será revisada entre el Estado y la empresa y ajustada por el Estado casa cinco años...”. Según esta normativa, la tarifa de $12 por contenedor, fijada en 2010, debía ajustarse en 2013, 2018 y 2023 con base en el índice de precios al consumidor (IPC), con un incremento máximo del 10% por período quinquenal. De haberse cumplido la regulación, el cobro por cada movimiento de contenedor hoy debería rondar los $16, en lugar de los $12 que se pagan al Estado. El impacto financiero de esta omisión es significativo. En 2024, el sistema portuario panameño manejó 9.5 millones de TEU (unidad de contenedores de 20 pies de largo), lo que significa que, de haberse aplicado los incrementos de hasta un 10% sobre la tarifa vigente, el Estado habría recaudado al menos $11 millones adicionales solo el año pasado. Si se suman los tres períodos quinquenales sin ajuste, el país ha dejado de percibir unos $100 millones en ingresos portuarios. Aunque este tema se ha mencionado en algunas administraciones pasadas no se llegó a tratar y tampoco hubo pronunciamiento de la AMP o del Gobierno sobre las razones de por qué no se ha cumplido con la tarea de revisión. Según analistas del sector marítimo, este incumplimiento beneficia directamente a PPC, concesionaria de los puertos de Balboa y Cristóbal desde 1997, pero también al resto de los puertos a los cuales se les debe aplicar el mismo ajuste, mientras que el Estado deja de recibir ingresos clave para el desarrollo de infraestructura y programas sociales. La cláusula de cobro por movimiento de contenedores estaba presente en todos los contratos de concesión portuaria firmados antes de la llegada de PPC a Panamá. Sin embargo, en el contrato con PPC de 1996 no se incluyó, ya que la empresa se había comprometido en el contrato de concesión a pagar un monto fijo anual de $22.2 millones. Este pago fijo fue eliminado abruptamente en 2002, lo que generó un vacío en los ingresos del Estado. Para corregir esta situación, en 2005 se incorporó el cobro por movimiento de contenedores en el contrato de PPC, con el objetivo de equiparar sus condiciones con las de las demás terminales portuarias del país que pagaban este cargo desde que recibieron la concesión. Tres adendas al contrato con PPC El contrato de concesión entre Panama Ports Company y el Estado panameño ha sido modificado a través de tres adendas aprobadas en 2005, 2010 y 2012. Estas modificaciones establecieron aumentos en las tarifas por movimiento de contenedores y nuevos compromisos de inversión, pero algunos ajustes y revisiones acordados no se han cumplido. La Adenda No. 1, aprobada en 2005 mediante la Ley No. 55, derogó la resolución de 2002 que de “un solo plumazo” eliminó a PPC el compromiso asumido en el contrato de pagar una anualidad fija de $22.2 millones y una anualidad variable del 10% de los ingresos brutos, con lo cual el Estado panameño dejó de recibir más de mil millones de dólares acumulados en el periodo de concesión. Como parte del acuerdo de la primera adenda, la empresa aceptó pagar por las infraestructuras y puertos recibidos en concesión, aumentar la tarifa de movimiento de contenedores de $6 a $9 y comprometerse a invertir unos $1,000 millones en mejoras portuarias. También renunció a créditos fiscales y otros incentivos que había solicitado. En 2010, la Adenda No. 2 (Ley No. 25) fijó la tarifa por movimiento de contenedores en $12, con una cláusula que obligaba a revisar y ajustar la tarifa cada cinco años, con un tope del 10% por período quinquenal. Sin embargo, estos ajustes tarifarios no se han aplicado desde 2013. También se establecieron nuevas tarifas para fondeo, muellaje y faros y boyas, además de una exoneración del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) para los equipos utilizados en las terminales. La última modificación, la Adenda No. 3 (Ley No. 79 de 2012), estableció que las relaciones laborales dentro de los puertos concesionados serían reguladas por el Código de Trabajo de Panamá, en lugar de normas especiales para la industria portuaria. La concesión El contrato de concesión entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal fue aprobado mediante la Ley 5 del 16 de enero de 1997, durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares. La empresa obtuvo el control de dos de las terminales más estratégicas del país, ubicadas en las entradas del Canal de Panamá, con un compromiso inicial de pagos al Estado que incluían una anualidad fija de $22.2 millones y un porcentaje del 10% de sus ingresos. Sin embargo, en 2002, bajo la administración de Mireya Moscoso, estos compromisos fueron eliminados mediante una resolución firmada por el entonces ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, que modificó las condiciones del contrato, reduciendo significativamente los ingresos estatales, que se proyectaron tener con esta concesión. La justificación oficial fue la “equiparación” con otras concesiones portuarias, pese a que PPC recibió infraestructura ya operativa valorada en varios millones de dólares, mientras que otras empresas concesionarias, como Colon Container Terminal (CCT) y Manzanillo International Terminal (MIT), que se instalaron antes, iniciaron desde cero. La eliminación de estos pagos representó un impacto significativo para el país, ya que, de mantenerse los términos originales, el Estado habría recibido más de $1,200 millones en los 25 años iniciales y la prórroga. La modificación fue cuestionada por su legalidad, pues se realizó mediante una resolución de menor jerarquía legal que el contrato ley aprobado por la Asamblea Nacional. Esto llevó a la interposición de recursos ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, lo que forzó una renegociación bajo el gobierno de Martín Torrijos. En 2005, se aprobó la Ley 55, que estableció la Adenda No. 1 al contrato de concesión. Esta adenda reconoció que la supuesta equiparación con otras concesiones “lesionaba gravemente a todos los panameños y panameñas al privar al Estado de cuantiosas sumas que podrían contribuir al desarrollo social del país”. Como compensación, PPC pagó $102 millones al Estado y se comprometió a elevar la tarifa por movimiento de contenedores de $6 a $9, además de asumir una inversión de $1,000 millones para aumentar la capacidad de los puertos. En 2010, durante la administración de Ricardo Martinelli, se firmó la Adenda No. 2, que aumentó la tarifa por movimiento de contenedores de $9 a $12, generando ingresos adicionales para el Estado. Dos años después, en 2012, se aprobó la Adenda No. 3, que estableció el Código de Trabajo como marco regulador de las relaciones laborales dentro de las terminales portuarias concesionadas. Renegociación y auditoría En 2021, PPC ejerció la cláusula de renovación automática por 25 años, extendiendo la concesión hasta 2047 y manteniendo el contrato sin ningún cambio. Como parte del nuevo acuerdo, la empresa se comprometió a pagar un mínimo de $7 millones anuales en dividendos y a generar ingresos al Estado superiores a $800 millones durante la extensión del contrato. Sin embargo, esta renovación fue criticada por diversos sectores debido a la opacidad en las condiciones negociadas. Incluso, algunos sectores exigían la revisión del contrato para tener mejores condiciones para el Estado. Ante las dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras de PPC, la Contraloría General de la República inició una auditoría financiera y de cumplimiento para verificar si la empresa ha reportado correctamente sus ingresos, pagos y aportes al Estado. Esta auditoría había sido solicitada desde 2017, pero no se ejecutó hasta la administración del entonces contralor Gerardo Solís. Tras culminar la auditoría, Solís ofreció un resumen sobre los resultados, pero se negó a publicarla argumentando que era “confidencial” y no podía suministrar copia. Rechazo a Corozal Además de los cuestionamientos sobre la concesión, PPC ha frenado la expansión del sector portuario en el lado Pacífico. La empresa se opuso abiertamente a la construcción del puerto de Corozal, un proyecto impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá que buscaba fortalecer la capacidad logística del país y generar mayor competencia. PPC argumentó que la nueva terminal afectaría la viabilidad de sus operaciones en Balboa, lo que generó un intenso debate sobre los intereses comerciales de la empresa frente a los planes de expansión portuaria de Panamá. Impacto financiero de la concesión Según datos oficiales ofrecidos verbalmente en una conferencia por el entonces contralor Solís, durante los primeros 25 años de la concesión, PPC ha pagado al Estado un total de $444.9 millones en tasas y tarifas, además de inversiones que suman $1,696 millones. Sin embargo, el pago de dividendos por el 10% de las acciones del Estado ha sido limitado, con solo $9 millones registrados en administraciones anteriores. Con la renovación de la concesión en 2021, PPC desembolsó $165 millones en dividendos y aportes extraordinarios, de los cuales $35 millones correspondieron a dividendos adelantados solicitados por el Gobierno de Laurentino Cortizo para enfrentar la crisis financiera de ese año. De acuerdo con datos que aparecen en el expediente de una demanda presentada en la Corte Suprema de Justicia por el abogado y actual vicealcalde, Roberto Ruiz Diaz, sobre la auditoría de 2021 destaca que, hasta agosto de 1999, PPC había pagado $64.3 millones en tarifas fijas y variables, mientras que entre 1999 y 2004 las recaudaciones sumaron $77.2 millones. Entre 2004 y 2009, con la Adenda No. 1 en vigor, PPC pagó al Estado $102 millones en contraprestación y aumentó la tarifa por movimiento de contenedores. Durante la administración 2009-2014, con la Adenda No. 2, el incremento de la tarifa a $12 generó ingresos adicionales por $38.1 millones. Sin embargo, entre 2014 y 2019, no se realizaron nuevas inversiones ni ajustes de tarifas, aunque el Estado recaudó $83.4 millones en ese período. Desde 2019 hasta la fecha de la auditoría en 2021, el monto recaudado fue de $14.4 millones. Futuro del contrato El abogado Pedro Meilán, quien tuvo que presentar un recurso legal para obtener los estados financieros de PPC en 2016, ha insistido en la revisión del contrato y que debía pasar por la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional. Según Meilán, es necesario que se establezca un mecanismo de auditoría anual y se garantice una mejor distribución de los dividendos estatales. Mientras la auditoría de la Contraloría, a cargo del actual contralor Anel Flores, sigue en curso, el debate sobre la concesión de PPC continúa, con llamados a mayor transparencia en la gestión y la supervisión de los contratos de concesión portuaria.
4A La Prensa Panamá, viernes 31 de enero de 2025 Panorama Yasser Yánez García [email protected] Juan Carlos Varela Archivo Mulino sobre relaciones con China: ‘Varela tiene que echar el cuento’ AMENAZAS DE TRUMP El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que el enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver-Carone, dará detalles sobre la gira que encabezará el secretario de Estado, Marco Rubio. Claver-Carone realizará una conferencia de prensa virtual en español, a partir de las 11:00 a.m. (10:00 a.m. en Panamá) de este viernes 31 de enero de 2025, confirmó el Departamento de Estado. La delegación estadounidense, que lidera Rubio, visitará cinco países latinoamericanos, incluyendo a Panamá, que sería el primero en la gira. Este encuentro se da en medio de una tensión diplomática entre ambos países, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que recuperará el Canal de Panamá, argumentando una supuesta influencia de China en la ruta marítima y que no se están cumpliendo los Tratados Torrijos-Carter. También se tiene previsto que viajen a República Dominicana, El Salvador, Este viernes se conocerá la agenda de la visita a Panamá de Marco Rubio RELACIONES CON EU Guatemala y Costa Rica. De forma extraoficial se adelantó que Rubio llegará a Panamá el sábado 1 de febrero en horas de la noche y que se reunirá con el presidente panameño, José Raúl Mulino, el domingo 2 de febrero en horas del mediodía. Mulino resaltó este jueves, en su habitual conferencia semanal, que esta situación tiene que ser resuelta por la vía del diálogo. Desde que Trump lanzó sus amenazas en diciembre pasado, Panamá ha rechazado enérgicamente estas declaraciones y Mulino ha reiterado que el Canal es administrado por panameños desde hace 25 años y que no existe ninguna influencia extranjera. Banderas de Panamá a lo largo de la cinta costera en la bahía de Panamá. Al fondo el edificio conocido como el Trump. EFE EU no ha reportado oficialmente supuesta influencia china en el Canal Yasser Yánez García [email protected] Henry Cárdenas [email protected] TENSIÓN El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró ayer en su conferencia de prensa semanal que no ha recibo información de la embajada ninguna información sobre el tema. El presidente José Raúl Mulino responsabilizó al expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) sobre el cuestionamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la supuesta influencia china sobre el Canal de Panamá. De acuerdo con el mandatario, Varela “es el responsable indirectamente”. Esto, debido a que según Mulino, el exmandatario hizo “una negociación turbia” al establecer lazos diplomáticos con China. “Millones de dólares, entre otras cosas. Pero nadie le pregunta nada. Él no puede salir del país, así que por ahí debe andar. Tiene que echar el cuento. Varela tiene que echar el cuento”, añadió. El de 12 de junio de 2017, los cancilleres de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado, y de China, Wang Yi, suscribieron un comunicado donde ambos países daban inicio a las relaciones diplomáticas. Por su parte, el gobierno de Taiwán expresó en su momento, su “fuerte descontento e indignación” por lo que calificó de ruptura “unilateral” y anunció el fin de las relaciones con Panamá. Varela por su parte justificó la decisión de su gobierno de romper relaciones diplomáticas de décadas con Taiwán, a razón de que China “representa el 20% de la población mundial y constituye la segunda economía más grande del mundo”. Además, de ser el segundo usuario más importante del Canal y un importante proveedor de mercancías de la Zona Libre de Colón. Mulino también mencionó que hubo intentos previos de establecer relaciones con China, pero que en el pasado la situación diplomática con Taiwán lo impidió. “Yo conozco dos pasajes históricos donde se pudo haber terminado la relación con Taiwán y abrir con China. Y no se pudo. Así que, sin duda alguna, es un tema delicado, pero ahí está la relación. ¿Qué voy a hacer?”. Mulino también se refirió a la relación de Panamá con Estados Unidos y China, dejando claro que WashinElpresidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó no haber recibido comunicación oficial por parte del Gobierno de Estados Unidos respecto a una supuesta influencia extranjera en el Canal de Panamá. “No he recibido información ni de la Embajada de Estados Unidos ni de la Secretaria de Estado”, afirmó el mandatario, en su conferencia de prensa semanal. Mulino aseveró que si dicha información existió “se la quedaron porque no nos la transmitieron de manera oficial”. El mandatario subrayó la soberanía panameña sobre la administración del Canal, destacando su neutralidad como pilar fundamental en las relaciones internacionales. “Lo controla Panamá, y la administración del mismo siempre ha estado en manos panameñas. En los últimos años, nuestro canal se amplió, creció y sirve hoy a todo el mundo de manera equitativa. Eso garantiza el equilibrio del comercio mundial”, expresó el presidente. Además, enfatizó el compromiso del país con la neutralidad de la vía interoceánica, establecida en el Tratado Torrijos-Carter, firmado entre Panamá y Estados Unidos. A su vez, Mulino resaltó que no debe haber dudas ni especulaciones respecto a la sobernaía del país. “Esta situación de David contra Goliat acontece desde los inicios de la civilización, y tenemos la claridad que se trata de una circunstancia que será resuelta en el marco de la racionalidad, el diálogo, el respeto y el acompañamiento internacional”, aseveró. Respecto a la audiencia que se efectuó en el Marco Rubio, responsable de la política exterior de Estados Unidos. EFESenaMarco Rubio, responsable de la política exterior de Estados Unidos. EFE do de Estados Unidos el pasado martes 28 de enero en torno al Canal, Mulino aseguró que “los organos legislativos no dictan política exterior”. “Yo ví la audiencia (...) Hablaron, inventaron y mintieron”, aseveró. Relación con China y Estados Unidos Mulino también se refirió a la relación de Panamá con Estados Unidos y China, dejando claro que Washington sigue siendo el socio estratégico más importante del país. “Yo creo que es evidente e histórica la relación con los Estados Unidos. Aquí hay un señor que está pasando agachado, que fue el que creó esta relación, generó todo lo que hoy estamos teniendo, porque fue muy poco transparente en cómo reanudó o activó la relación con China. Es el que debiera contar qué está pasando o por qué está pasando.” En cuanto a la relación con el gigante asiático, el presidente reconoció su relevancia económica y su presencia en el país, pero sostuvo que Panamá sigue priorizando su vínculo con Estados Unidos. “Tienen una comunidad china en Panamá importante, pujante, desde el día uno o antes incluso de que fuésemos república. Yo no puedo desconocer eso. (...) Es Estados Unidos la relación privilegiada que tenemos, no China”. Mulino destacó la relación histórica entre Panamá y Estados Unidos, describiéndola como sólida y resiliente a lo largo de los años. “La relación con los Estados Unidos es fuerte. Siempre lo ha sido, ha tenido altas y bajas, amor y odio, pero siempre ha habido una relación fuerte que subyace y ha permitido superar situaciones muy, muy complicadas”, aseveró. gton sigue siendo el socio estratégico más importante del país. En cuanto a la relación con el gigante asiático, el presidente reconoció su relevancia económica y su presencia en el país, pero sostuvo que Panamá sigue priorizando su vínculo con Estados Unidos. Por su parte, Varela se pronunció al final del día. Dijo que el establecimiento de relaciones con China es uno de los pasos más importantes en la historia política del país, y que se hizo con transparencia y dignidad, bajo los principios del sistema de Naciones Unidas, respaldado por 182 países.
5A La Prensa Panamá, viernes 31 de enero de 2025 Panorama EUROPA PRESS Pete Hegseth EFE El jefe del Pentágono dice que EU hará ‘lo que sea necesario’ para garantizar su acceso al Canal RUTA MARÍTIMA La Unión de Prácticos del Canal de Panamá rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la supuesta influencia del gobierno de China sobre el Canal. El gremio de prácticos, responsable de guiar las embarcaciones a través del canal, advirtió que no existen amenazas que puedan comprometer la navegación en la ruta marítima y califican las declaraciones de Trump como “desinformación” . “Rechazamos cualquier acción que vulnere nuestra soberanía y comprometemos nuestros esfuerzos a mantener la navegación segura y expedita para el comercio marítimo mundial”, señalaron en el comunicado. Enfatizaron que la administración, mantenimiento y modernización del Canal son responsabilidad excluPrácticos rechazan política de ‘desinformación’ de Donald Trump PRONUNCIAMIENTO siva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), una entidad autónoma del Estado panameño. Asimismo, aclararon que empresas portuarias concesionarias como Hutchison Ports PPC, Panama International Terminal –filial de Port Singapore Authority (PSA)– y la terminal de GNL de AES Colón solo operan en el “movimiento portuario de la carga”, sin interferir en la gestión de la navegación en aguas del Canal o sus puertos adyacentes. “Los prácticos del Canal de Panamá ejercemos el control total de la navegación a lo largo de la vía interoceánica y en los puertos de Balboa y Cristóbal”, destacaron. El comunicado también resaltó la importancia de la ruta marítima como un símbolo de la soberanía panameña. “El Canal de Panamá trasciende su función como vía acuática, siendo un símbolo de nuestra identidad nacional y un legado histórico que enorgullece a todos los panameños”, afirmaron. Los prácticos subrayaron que la gestión panameña del canal durante más de 25 años ha demostrado eficiencia y compromiso con la comunidad internacional. “Como expertos en la operación del Canal y junto a los más de 8 mil trabajadores que forman la fuerza laboral, certificamos su funcionamiento seguro y eficiente”, concluyeron. La declaración del gremio se da en medio de cuestionamientos por parte del gobierno de Estados Unidos sobre la estabilidad y el control de la vía interoceánica. Canciller Martínez Acha pide mayor apoyo de EU para frenar la migración irregular Diputada Brenes impulsa citación al administrador del Canal, Ricaurte Vásquez ¿Qué más puede hacer Panamá para evitar la migración irregular por Darién y qué margen le queda ante lo que pueda pedir Estados Unidos? “Con mayor colaboración de parte de Estados Unidos (EU), al igual que de los países de donde procede la migración. Este país el año pasado dedicó $100 millones a ese fenómeno de migración irregular”. Esta fue la respuesta que dio el ministro de Relaciones Exteriores, Javier MarLa diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes, busca firmas entre las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional con el objetivo de presentar una resolución para citar al administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, y al ministro del Canal, José Ramón Icaza. Según la diputada, el propósito es que el administrador aclare, informe y transparente ante el pleno legislativo lo que ha sucedido durante toda su administración. “Esto no busca que rinCRISIS ASAMBLEA NACIONAL Laura Richardson, general retirada del Ejército de Estados Unidos. LP Tensiones geopolíticas y el futuro de América Latina: la visión de una general retirada Yolanda Sandoval [email protected] Yasser Yánez García [email protected] FORO DE CAF La exfuncionaria del ejército de los Estados Unidos participó ayer en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2025, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha advertido de que la Administración de Donald Trump hará “lo que sea necesario” para garantizar la “libre navegación” del Canal de Panamá, algo para lo que el Pentágono está ya “preparado”. Hegseth ha recordado en una entrevista en Fox News que Trump ha sido “claro” en este sentido. El presidente ha confesado en varias ocasiones su intención de “recuperar” el Canal, pese a que desde Panamá le han respondido que no hay debate alguno sobre su soberanía. “Si no permiten un acceso libre y sin trabas, que no pueda ser cerrado por otros países, tenemos el derecho de hacer lo que sea necesario para garantizar la libre navegación”, ha argumentado el secretario de Defensa, al apelar al “tratado de neutralidad” pactado hace casi medio siglo. Hegseth no ha querido entrar en hipótesis --“no voy a adelantar lo que podríamos hacer y lo que no”--, pero con sus declaraciones reitera la línea de una Administración que ha llegado a denunciar que China es quien opera ‘de facto’ el Canal, una acusación desmentida tanto por el gigante asiático como por Panamá. En un mundo cada vez más incierto y competitivo, América Latina se encuentra en una posición estratégica clave. La región posee abundantes recursos naturales esenciales para la economía global, pero enfrenta desafíos que amenazan su estabilidad y desarrollo. Este fue el eje de la conversación de Laura Richardson, general retirada del ejército de los Estados Unidos, quien participó en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2025, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Con vastas reservas de agua, tierras cultivables y minerales estratégicos, América Latina es una fuente vital de alimentos y materias primas para el mundo. La región produce más del 30% del azúcar y el maíz global, posee el 60% de las reservas de litio y el 30% del cobre, elementos esenciales para la tecnología y la transición energética. Además, la Amazonia, el pulmón verde del planeta, subraya la importancia ecológica de la zona. Sin embargo, a pesar de su riqueza, la región no ha logrado beneficiarse plenamente de sus propios recursos. Persisten problemas estructurales como el acceso limitado a nuevas tecnologías, la falta de infraestructura adecuada y un crecimiento económico inferior al promedio mundial. Se proyecta que América Latina crezca solo un 2.4% frente al 3.3% global, lo que pone en evidencia la necesidad de estrategias para impulsar su desarrollo. Richardson habló de estos temas, al tiempo que mencionaba las amenazas externas y el papel que juegan en la estabilidad regional. En este sentido, advirtió sobre la influencia de regímenes autoritarios como China, Rusia y Corea del Norte, los cuales buscan socavar el orden internacional. Además, destacó la crisis humanitaria en Venezuela ha generado un éxodo de más de 8 millones de personas, incrementando la presión migratoria en toda la región. El cambio climático es otro factor determinante. Sequías, aumento del nivel del mar y deforestación impactan directamente en la seguridad y la economía latinoamericana. La lucha contra el crimen organizado y el tráfico de personas son desafíos adicionales que requieren cooperación internacional y políticas efectivas de seguridad. Para afrontar estos retos, Richardson enfatizó la importancia de fortalecer la democracia y la unidad en el hemisferio. A su juicio, será imperante que la región evite la fragmentación política e instó a la implementación de iniciativas económicas que permitan una recuperación sostenible y un desarrollo equitativo. Eliana Morales Gil [email protected] José González Pinilla [email protected] tínez Acha, a una pregunta que le hicieron en el conversatorio Retos y oportunidades de Panamá, en medio del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2025, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El evento se desarrolla en Panama Convention Center, en Amador, Ciudad de Panamá. El paso de migrantes irregulares por la selva de Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, se redujo en un 89% en las primeras dos semanas de este mes de enero, en comparación con el mismoperíodo del año pasado. da cuentas, todo lo contrario, es para que ofrezca información, porque hoy tenemos una población dividida: unos piden que venga Trump y otros que salgamos a defender la soberanía”, expresó. Sostuvo que el Legislativo no puede quedarse de brazos cruzados ante la situación actual que atraviesa el país tras las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de recuperar la vía acuática “¿Cuándo es el momento perfecto para que nosotros nos involucremos? Cuando hoy, en el Senado de los Estados Unidos, están viendo cómo nos quitan el Canal”, cuestionó.
6A La Prensa Panamá, viernes 31 de enero de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] El hotel opera desde el año 2000 en las playas del Pacífico de Panamá. Archivo Un recurso de apelación contra el fallo del Juzgado Quinto Civil, que condenó al Hotel Decameron al pago de $2.6 millones en indemnización por daños y perjuicios a dos jóvenes canadienses violadas en sus instalaciones en 2018, fue presentado por la firma Galindo, Arias y López. El recurso fue anunciado el lunes 27 de enero ante el juzgado, en contra de la sentencia No. 94 del 30 de diciembre de 2024, con fundamento en los artículos 1131, 1132 y 1137 del Código Judicial, que regulan la presentación de la apelación. De acuerdo con el artículo 1137 de dicho código, una vez presentada la apelación, se dispone de un término de cinco días para sustentarla ante el juzgado. Una vez notificada la contraparte, esta tendrá otros cinco días para presentar sus objeciones. El mismo artículo establece que, tras la admisión del recurso, la apelación será remitida al tribunal superior, en este caso el Primer Tribunal Civil, para su resolución. El fallo, fechado el 30 de diciembre de 2024, se emitió en respuesta a la demanda presentada por las jóvenes tras ser abusadas sexualmente en marzo de 2018, mientras estaban de vacaciones en el hotel. La sentencia dispone que cada una de ellas reciba una indemnización de un millón de dólares por daño moral. Además, por daño material, el hotel deberá pagar a Alyssa Wingrove $327,709 y a Carley Emma Gail Beers $316,609. La investigación penal inició formalmente el 5 de marzo de 2018, cuando ocurrieron los hechos. La Personería de Antón fue la primera autoridad en recibir la denuncia de las víctimas. Sin embargo, no fue sino hasta el 18 de octubre de 2019 que se les realizó una evaluación psicológica, y ese mismo año se obtuvieron los resultados de las pruebas de ADN practicadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf). No obstante, la llegada de la pandemia en marzo de 2020 detuvo prácticamente todos los avances. El trámite de la demanda civil también sufrió demoras. La demanda fue admitida el 24 de octubre de 2018, pero no se notificó hasta el 14 de mayo de 2019. La fase de presentación de pruebas se abrió en diciembre de 2019, y el término para practicarlas comenzó el 10 de febrero de 2020. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria, no fue sino hasta septiembre de 2022 cuando finalmente se realizaron. JUSTICIA Decameron apela condena que le obliga a pagar indemnzación La investigación penal y la demanda civil derivada de la violación sufrida por Alyssa Jaime Wingrove y Carley Emma Gail Beers enfrentaron obstáculos que causaron gastos que superaron el medio millón de dólares para las víctimas. para la suspensión condicional del proceso seguido al ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, por la presunta posesión ilegal de armas de fuego. El pasado miércoles, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, compareció a una audiencia de seguimiento de los acuerdos entre el Ministerio Público y los abogados de algunos procesados, alcanzados cuando el caso se encontraba bajo la jurisdicción de los jueces de garantías. Una vez validado el cumplimiento de las condiciones de la suspensión CSJ procesará a Ábrego por presunta posesión ilegal de armas La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia realizó una audiencia para verificar el cumplimiento de las condiciones INVESTIGACIÓN Se investigó al exdirector de la Policía, Omar Pinzón, y al exdirector del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Belsio González, entre otros. Mucho antes de su designación como ministro, Ábrego fue director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). Juan Manuel Díaz [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] provisional alcanzada entre las partes, el caso podrá ser cerrado tras declarar extinguida la acción penal. Fuentes ligadas a la investigación explicaron que, tras ser designado como ministro de Estado, la competencia para procesar a Ábrego quedó en manos del procurador General de la Nación y de la Sala Penal de la Corte. Fuentes judiciales informaron que Ábrego se conectó de forma virtual a la reunión. Este caso se inició en 2020 con la operación Furia, sobre presunto tráfico y tenencia ilegal de armas. EUROPA PRESS La droga fue incautada cerca de Punta Mala. Cortesía Sancionan con 10 años de prisión a narcos que operaban en Punta Mala NARCOTRÁFICO Juan Manuel Díaz [email protected] Un juez de garantías de la provincia de Los Santos validó un acuerdo de pena de 10 años de prisión alcanzado entre la Fiscalía de Drogas y dos ciudadanos colombianos, quienes fueron detenidos en posesión de una tonelada y media de cocaína que transportaban en una embarcación cerca de las inmediaciones de Punta Mala. Durante una audiencia celebrada el 29 de enero en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de la provincia de Los Santos, el juez Brígido Alonso Mogoruza validó el acuerdo de pena, luego de que los imputados aceptaran su responsabilidad en el transporte de la droga, la cual tenía como destino Centroamérica. Los sancionados fueron interceptados por una patrullera del Servicio Marítimo Nacional (SMN) mientras se desplazaban en una lancha con dos motores fuera de borda. Los agentes del Senan dieron la voz de alto a la embarcación, que intentó darse a la fuga, pero finalmente fue detenida en las cercanías de Punta Mala, en la provincia de Los Santos. Según las investigaciones de la Fiscalía de Drogas de Herrera y Los Santos, la droga salió de Colombia y tenía como destino Centroamérica, para luego ser trasladada hacia Estados Unidos. Reportes del Senan revelan que las redes del narcotráfico utilizan una ruta cercana a la costa de Los Santos para el transporte y ocultamiento de cargamentos de droga. En octubre de 2024, la Fiscalía de Drogas desmanteló una red criminal que mantenía su base de operaciones en Punta Mala y en la playa de El Salado, en Aguadulce, provincia de Coclé. En esa ocasión, las autoridades lograron la detención de 15 personas que prestaban apoyo logístico a la red criminal. El pasado 13 de diciembre, el Senan decomisó dos toneladas de droga en operativos realizados en Punta Mala y en la isla de Punta Coco. En esa ocasión, la sustancia ilícita era transportada en lanchas rápidas que intentaron evadir a las patrulleras que las perseguían. Durante el año 2024, los estamentos de seguridad decomisaron más de 117 toneladas de droga en operativos realizados a nivel nacional. El mayor volumen de incautaciones se registró en las costas del Pacífico y en contenedores en tránsito por los diferentes puertos. VIP. La visita de Marco Rubio coincide con el partido entre el Inter Miami y el Sporting San Miguelito, que se jugará el próximo domingo a las 5:00 p.m. en el estadio Rommel Fernández. Ojalá que no haya habido ningún intento de enviarle boletos de entrada a algún funcionario, como sí lo hizo la marina del oficial estadounidense interesado en todo este pleito. ACHAQUES. Cada vez que Martinelli ha querido algo dudoso o al margen de la ley, resulta que le duele algo, unas veces con el apoyo del mismo doctor que ahora está siendo investigado por el cobro irregular de servicios médicos a veteranos estadounidenses. Ahora anuncia que necesita pasar por quirófano por “problemas gástricos”, pero esa cirugía está siendo saboteada, según él, por “funcionarios” que “prefieren verme muerto”. Durante una década, responsabilizó a dos administraciones (una panameñista y una perredé). Incluso criticó al sistema de justicia panameño y alababa al de Estados Unidos, hasta el día en que lo mandaron a un centro de detención en Miami. Luego, lanzó la campaña “Martinelli es Mulino y Mulino es Martinelli”, presagiando lo que sucedería si Mulino ganaba. Parece que llegó la hora del nuevo cambio de discurso. Otra vez, alguien del Gobierno Central es culpable de la suerte que él mismo se ha construido y por la que está condenado por blanqueo de capitales. ¿A quién será el próximo al que culpará?. CHIFEO. Mulinonoseha dado por aludido respecto al último achaque del prófugo. “Yo no respondo en base a Twitter”, dijo ayer. Eso, sin duda, es un gran avance, teniendo en cuenta lo que hacían sus antecesores. Había uno que hasta destituía a sus ministros por esa vía. Después de todo, lo de los problemas gástricos no debería sorprender. Si se la pasa haciendo barbacoas, pero ya nadie lo visita -como él mismo lamentó-, todo ese banquete para una persona y un perrito debe requerir una buena tanda de antiácidos. ‘BODY CAM’. EnlaAsamblea se aprobó, en primer debate, un proyecto para que los policías lleven cámaras corporales en las camisas de sus uniformes. Si la iniciativa se convierte en ley de la República, será necesario dotar de equipo a los casi 19,000 agentes que hay en el país. ¿Está incluida esa compra en el presupuesto de la Policía Nacional o esto se convertirá en una de esas leyes que no se cumplen? Porque si no, este podría ser el “pitazo” que da inicio a la carrera por los traslados de partida, cuando los dineros del Estado terminan donde nunca nadie imaginó.
7A La Prensa Panamá, viernes 31 de enero de 2025 7A LaPrensa Panamá, jueves 16 de enero de 2025 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. paña informacional, similar a lo ocurrido en 2016 con los Panama Papers y el caso Waked, que nunca supimos enfrentar. La audiencia del Senado de EE.UU. ha buscado generar una narrativa y un cuestionamiento sobre la gestión del Canal y los movimientos estratégicos de su rival. Algunos de los objetivos expuestos incluyen influir en el manejo de los puertos, reconocer la poca presencia económica y empresarial estadounidense en el país, señalar la tardía reacción de Panamá frente a los riesgos hídricos, criticar las tarifas del Canal, cuestionar la corrupción gubernamental y la renovación de la concesión de los puertos en favor de PPC. Incluso se ha insinuado, aunque de manera discreta, la posibilidad de descartar los tratados de manera unilateral y recurrir al uso de la fuerza militar. Con estas acciones, se exploran las vulnerabilidades y divisiones internas del país, mientras se construye una narrativa que busca justificar las medidas ante la opinión pública estadounidense y panameña. El frente informacional y la respuesta de Panamá Es en el ámbito informacional donde Panamá debe prepararse. Se pueden prever filtraciones o revelaciones sobre figuras públicas, asuntos gubernamentales y corrupción. La intensidad del ataque dependerá de la resistencia que enfrenten, con medidas de presión adicionales como la calificación de grado de inversión o restricciones en los bancos corresponsales. En este escenario, podrían aparecer listas discriminatorias, medidas de retorsión e incluso el respaldo de ciertos sectores de la sociedad civil o supuestos expertos “independientes”, cuyos mensajes ya han coLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Guarda y crianza del Canal Ciclo histórico Ahora tenemos este tema de Trump y la considerable cantidad de panameños que claman porque el “mister” venga a resolvernos todo lo que no hemos logrado solucionar social ni políticamente en décadas de democracia moderna. Esto suena absurdo y, más que antipatriótico, apátrida. Es decir, una actitud propia de quienes parecen no tener un verdadero sentido de pertenencia hacia su país. Este fenómeno se observa, entre otras cosas, en aquellos que hacen del consumismo su esencia existencial. Estas personas serían capaces de vender a su patria por priorizar su comodidad y la de sus allegados. No tienen un concepto claro de solidaridad ni de nación; su único interés radica en el “¿qué hay p’a mí?”. Tal vez estemos atravesando otra vuelta en el ciclo histórico. Hemos regresado, quizás, al punto en que el pueblo buscaba separarse de la Corona española porque sentía que estaba “descuidad@”. Años más tarde, nos separamos de Colombia bajo el mismo argumento. Esto evoca una imagen similar al cuadro de una dama que busca al enamorado perfecto, cambiando de príncipe azul cada vez que siente que no la atienden ni valoran. Finalmente, esta princesa tuvo un hijo (el Canal) con su último enamorado, pero tiempo después decidió separarse, argumentando maltrato. La separación fue consensuada, pero ella quedó a cargo de la custodia del hijo. Más tarde, apareció otro pretendiente prometedor, que supuestamente la “querría y ayudaría mucho”. Al intentar traerlo a casa, el padre del niño se opuso ferozmente, y todo derivó en disputas por la custodia, patria potestad y demás temas relacionados. Sacando esta analogía social y personal, aunque triste, vemos que existe una verdad subyacente: un sentido de insuficiencia que parece habernos marcado como nación. Es decir, una inmadurez cívica y política que nos mantiene anclados en ciclos de dependencia. ¿Será que, por ser el puente del mundo, jamás lograremos desarrollarnos plenamente como país, sin que una potencia extranjera intervenga para “hacernos el mandado”? En Panamá tenemos capacidad, actitud y aptitud; lo hemos demostrado administrando el Canal por tanto tiempo. Sin embargo, la corrupción, la inacción y la indiferencia popular nos convierten en ese niño aparentemente saludable y robusto, pero lleno de parásitos por dentro. Esta insuficiencia social se origina en una carencia ciudadana que hemos cultivado bajo un modelo pseudodemocrático. Es, en esencia, lo que ha impedido que construyamos una nación y un país funcional; una verdadera república. Las personas que ahora piden a Trump son las mismas que promueven el clientelismo político. Ven en él a una especie de “súper diputado” y esperan que resuelva lo que ellos mismos no han querido solucionar por falta de compromiso y empoderamiento. No les importa ofrecer el Canal como moneda de cambio, porque confunden bienestar con comodidad. Estas personas no entienden el significado práctico y real de la solidaridad. Un país con mucha gente así no ha madurado políticamente. Y no lo hará mientras existan políticos que compren su amor por Panamá cada cinco años. Un secretario de Salud enfermo Robert F. Kennedy Jr. rechos a la salud, “un poderoso líder del alimento saludable, de la tierra saludable, de los ingredientes saludables y de la gente saludable”. Su familia considera que, no es otra cosa que un predador. Robert F. Kennedy ha sido notablemente elocuente al discriminar a un fumador de derechos a la atención de salud por el hecho de que su adicción al tabaco le quita los dineros de salud a muchos otros seres humanos, que no son fumadores. En esa línea de pensamiento, alguien como él, quien se opone a las vacunas, que es un rancio anti-vacuna, también discriminaría la atención de salud a la mujer con cáncer cervical uterino o al hombre con cáncer de laringe, infecciones de adquisición sexual, que no recibieron la vacuna contra el virus del papiloma humano, que él no recomienda y que, incluso, afirma que produce cáncer. Este es el mismo Robert F. Kennedy que afirma que la pandemia del “flu español” fue causada por la vacuna contra el flu, cuando aquella plaga ocurrió en 1918 y la primera vacuna inactivada de flu se desarrolló en 1945 por Thomas Francis y Jonas Salk, en la Universidad de Michigan. Aquella pandemia mató entre 500,000 a 750,000 norteamericanos, más que lo que lograra la Primera Guerra Mundial, pero decirlo así, sin vergüenza alguna, resulta un buen golpe contra la vacunación. Este Robert es el mismo teórico de conspiraciones que ha defendido a Judy Mikovits, quien en el documental Plandemics desacredita con aseveraciones sensacionalistas y falsas, entre otros a Anthony Fauci, como responsable de la muerte de millones de víctimas del síndrome de inmunodeficiencia adquirido (sida). Kennedy también ha repetido lo que Mikovits ha dicho que el virus de covid-19, el SARS-CoV-2, fue creado en los laboratorios de la Universidad de Carolina del Norte, el Instituto de Investigaciones de Enfermedades Infecciosas de la Armada de los E.U., en Maryland, y el Instituto de Virología de Wuhan, como un arma biológica genéticamente producida y dirigida contra negros y blancos, pero sin tocar judíos askenazí y chinos, y que el sida de occidente era totalmente diferente del sida del África. Ha tenido, el mismo Kennedy, el coraje de Pedro Ernesto Vargas La guerra económica contra Panamá y la defensa del interés nacional Política exterior El año 2025 ha comenzado de manera particular debido al nuevo presidente de EE.UU. y, recientemente, por la audiencia del Senado sobre el Canal de Panamá. Sin reconocer que EE.UU. ha dejado abandonado a Panamá comercialmente, se alarman porque la silla vacía ha sido llenada por su competidor. Esa alarma ha llevado a EE.UU. a iniciar una guerra económica contra Panamá. El profesor Christian Harbulot, de la Escuela de Guerra Económica de París, explica que esta consiste en idear, desarrollar e implementar una estrategia general disimulada con el objetivo de controlar, debilitar, desorganizar, crear dependencia o influenciar significativamente la economía o las decisiones del Estado destinatario. La guerra económica puede incluir, entre otras acciones, operaciones informacionales, medidas de bloqueo, inclusión en listas negras, control de activos o líneas de suministro, discriminación arancelaria, sanciones económicas, administración arbitraria de ayudas, prohibición de inversiones, control del flujo financiero y de capital, así como limitación de exportaciones. En su forma más extrema, puede integrarse dentro de una guerra híbrida con intervenciones armadas. En el caso de Panamá, la controversia actual se desarrolla con una incipiente cammenzado a circular como parte de la construcción de una narrativa favorable a los intereses estadounidenses. El gobierno panameño ha reaccionado con un discurso firme: el Canal es panameño y no es objeto de discusión. La sociedad, por su parte, ha respondido apelando a argumentos históricos, cifras y la defensa de la soberanía y la eficiencia del manejo del Canal, además de contextualizar la presencia de empresas chinas en Panamá dentro de un marco comercial común a muchas otras naciones. Hacia una estrategia nacional A pesar de la reacción inicial, Panamá necesita una estrategia nacional más clara y estructurada. Es necesario: Además, se debe diseñar una estrategia diplomática que fortalezca alianzas en las principales capitales del mundo y en Latinoamérica, ya que la guerra económica se gana en el campo de la opinión pública. Si EE.UU. se preocupa por la presencia de empresas chinas en Panamá, su principal esfuerzo debería enfocarse en incentivar la llegada de sus propias compañías, promoviendo inversión y participación en licitaciones, algo que Panamá no ha obstaculizado en ningún momento. La visita del secretario de Estado de EE.UU. representa un riesgo si no se está debidamente preparado. La primera regla de toda negociación es anticipar al contrario, neutralizar sus argumentos y presentar soluciones viables. Ante la relevancia del momento, Panamá no puede permitirse la improvisación. Opinión EL AUTOR es ingeniero en sistemas. EL AUTOR es abogado en ejercicio. Máster en derecho civil y máster en derecho de los negocios por la Universidad de París II. EL AUTOR es médico. Víctor Paz prometer que invalidará el programa y esquema de vacunación de los niños en Estados Unidos, que la vacuna inactivada contra el polio produce la enfermedad, que el autismo lo producen las vacunas y otras sandeces contra la vacunación, que lo que han venido a producir es un serio riesgo de enfermarse, con infecciones ya antes bastante controladas, a cientos de miles de niños de padres temerosos, quienes al escuchar una y otra vez estas temerosas y falsas afirmaciones, optan por no vacunar a sus preciados hijos. Cuando el nominado compara el CDC (Centro del Control de las Enfermedades), cuyas mujeres y hombres dedican su tiempo para el control de las enfermedades en los Estados Unidos y el resto del mundo, con los campos de concentración y muerte nazis, con los sacerdotes católicos que abusan sexualmente de niños, y afirma que muchos de esos trabajadores del CDC deben estar en las cárceles, ¿dónde, en el espectro de la perversidad o de la infamia, tiene su lugar? Robert F. Kennedy ha confesado no saber -así lo dijo antes de ayer en las audiciones para confirmar su nombramiento por el Comité de Finanzas del Senado norteamericano- si una mujer sangrando por un aborto incompleto, en un cuarto de urgencias de un Estado que prohíbe el aborto, se le debe dar atención médica probada y apropiada para evitar su muerte. Tampoco contestó preguntas específicas solicitándole diera un sí o un no y a la pregunta sobre el rol del uso de Prozac y otros antidepresivos en el origen de las masacres por armas de alta letalidad en las escuelas, una de sus tantas aseveraciones sin sentido, dijo que no existe evidencia científica para probar que esto no sea cierto. Si a esto sumamos la decisión del presidente de retirar el país de la Organización Mundial de la Salud y su participación deliberativa como sus obligaciones financieras, se hace muy difícil entender cómo “Estados Unidos será saludable otra vez”. Esto parece ser otra teoría conspirativa. La contradicción, esa prueba contra la memoria reciente o corta, no es extraña a la utilización, carácter del utilitarismo raso, del lenguaje como instrumento, no para comunicar, sino para bailar con los argumentos al son que le toque la contraparte, en un encuentro o mejor, desencuentro, del raciocinio. Recurrir a la evidencia científica -que siempre se ha negado- que hace muchas décadas asocia al estilo de vida la enfermedad coronaria cardíaca, la obesidad y la diabetes no es más que otro acto para la desinformación, que quizás confunda y seguro manipula a obedientes y sordos senadores conservadores y para sorprender al público partidario, irrisorio incluso, cuando se utiliza para proteger la historia de insolencia científica de Robert F. Kennedy Jr., el nominado para secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, HSS, por sus siglas en inglés -equivalente a un ministerio de Salud Pública- del tristemente célebre presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Kennedy, abogado ambientalista, hijo de Robert F. Kennedy y sobrino de John F. Kennedy, afirmó en noviembre pasado que el presidente Trump le dio tres instrucciones: (1) acabar con la corrupción en las oficinas de salud, (2) garantizar que estas oficinas se basen en la ciencia y la medicina sustentada en evidencia, y (3) poner fin a la epidemia de enfermedades crónicas. En un momento de aparente lucidez y milagro, Trump encontró entre sus seguidores al que consideró el más calificado en conocimientos sobre ciencia y medicina. El coro en su favor ha pedido el miércoles último, que se le confirme como secretario del HSS, que se vuelva a un “Estados Unidos saludable”, y afirma que el nominado es una persona genuina en su lucha por los deAriel I. Corbetti
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