2A LaPrensa Panamá, viernes 24 de enero de 2025 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Bancos del Estado manejarían futuro Fondo de Pensiones Este nuevo bloque de reformas abarca desde el artículo 47 hasta el 100 y comprende aspectos clave relacionados con la administración y la sostenibilidad financiera de la entidad, temas que han generado un amplio debate entre diversos sectores. PROYECTO DE LEY 163 Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Luego de la reciente aprobación del primer bloque de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional se prepara para abordar el segundo bloque, considerado uno de los más complejos dentro de la propuesta de ley 163. Este segundo bloque de reformas abarca desde el artículo 47 hasta el 100 y comprende aspectos clave relacionados con la administración y la sostenibilidad financiera de la entidad, temas que han generado un amplio debate entre diversos sectores. Miguel Ángel Campos, diputado y miembro de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, subrayó que se reunirán mañana para analizar las propuestas de las distintas bancadas respecto al segundo bloque del proyecto de reforma del seguro social. Según el diputado, el objetivo de la reunión es consolidar consensos y, en caso de no lograrlos, proceder de la misma manera que en el primer bloque, donde se alcanzó un acuerdo mayoritario en la mayor parte de los artículos. Uno de los puntos conflictivos de este segundo bloque es la concesión del manejo de la cartera de inversiones de la CSS, el cual ha generado críticas en algunos sectores. No obstante, figuras como el ministro de Economía, Felipe Chapman, aseguran que estos cambios no representan una privatización del manejo de las reservas, sino una actualización de su gestión para aumentar los rendimientos. La nueva propuesta El proyecto de ley 163, en su artículo 65, que modifica la ley de 2005, permite que la dirección de la CSS, en este caso liderada por Dino Mon, “po - drá delegar en una o más personas jurídicas con licencia de administrador de inversiones emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá o su equivalente en otras jurisdicciones reconocidas por esta, la administración de la cartera de inversiones o una parte de ella”. Chapman explicó que las reformas contemplan la creación de dos unidades técnicas especializadas: una enfocada Las autoridades esperan que el monto del fondo de las pensiones se multiplique con el correr de los años. Elysée Fernández Identifican a otra víctima de la invasión; era un estudiante COMISIÓN 20 DE DICIEMBRE Juan Manuel Díaz [email protected] La Comisión del 20 de Diciembre de 1989 logró la identificación, a través de pruebas de ADN, de Alejandro Hubbard Torrero, reportado como desaparecido el 19 de diciembre de 1989 durante la invasión estadounidense que depuso al entonces dictador Manuel Antonio Noriega. En ese momento HubAlejandro Hubbard Torrero. Cor tesía ¿Quién representa al Estado panameño en la junta directiva de PPC? CONCESIÓN PORTUARIA Mónica Palm [email protected] El banquero Roberto Brenes fue designado como representante del Estado panameño en la junta directiva de Panama Ports Company (PPC) desde julio del año pasado. No obstante, en el portal de consultas electrónicas del Registro Público no figura su nombre. En su lugar, aparece José Alejandro Rojas Pardini, ministro consejero de inversiones en el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024). El Estado panameño tiene una participación accionaria del 10% del capital de PPC, una filial de Hutchison Ports, un conglomerado de empresas de logística, puertos y transporte marítimo con orígenes en Hong Kong. Por tanto, corresponde al órgano Ejecutivo nombrar a un miembro en la junta directiva de PPC. El 25 de julio de 2024, el presidente José Raúl Mulino designó a Roberto Brenes en ese puesto, en reemplazo de Rojas Pardini. Así quedó consignado en el Decreto Ejecutivo No. 439, que también firmó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. Se desconoce por qué aún no es visible la designación de Brenes en el Registro Público, puesto que incluso ya habría participado en algunas reuniones de junta directiva. Como presidente de PPC figura Jorge Lecona Ruiz, quien es el managing director de Hutchison para América Latina y el Caribe. Rojas Pardini, como representante del Estado panameño, fue parte de PPC cuando la operadora solicitó y obtuvo una prórroga automática de su contrato de concesión en 2021. Recientemente, el contralor Anel Flores anunció una auditoría forense “se vera” que cubrirá toda la vigencia del Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, que otorga a PPC la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal. Según Flores, desde que obtuvo la prórroga, PPC ha pagado “cero” al Estado panameño. “Tienen tres años que no han dado un centavo”, remarcó y agregó que no sabía en qué se habían gastado los $35 millones que PPC entregó en concepto de “dividen - dos adelantados”, a petición del gobierno de Cortizo. PPC opera los puertos de Balboa y Cristóbal. Archivo PPC replicó que, desde 2022, cuando entró en vigencia la renovación de su concesión, ha pagado $59 millones (que incluyen los $35 millones en “adelanto”) al Estado. En total, la empresa alega que, en 28 años, ha entregado $658 millones y realizado inversiones por $1,685 millones. Además, hay una demanda de nulidad que presentó el abogado Roberto Ruiz Díaz contra la resolución de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que concedió una prórroga automática de 25 años al contrato ley de 1997. en inversiones y otra en riesgos y cumplimiento, ambas responsables ante la Dirección General. Estas unidades asesorarán a la Comisión de Inversiones y Riesgos de la junta directiva. Ante las crecientes críticas de varios sectores sobre una posible administración privada de los fondos de la CSS en el proyecto de ley, La Prensa ha confirmado que la bancada oficialista, integrada por diputados del partido Realizando Metas, presentará una propuesta para que la administración del Fondo de Reserva de Pensiones recaiga en el Banco Nacional y la Caja de Ahorros. Esta iniciativa supone un giro en la discusión legislativa, ya que elimina la participación de agentes privados, tal como estaba contemplado en la versión inicial del proyecto. La medida busca responder a las preocupaciones de diversos sectores que han manifestado su rechazo a la privatización de los fondos públicos destinados a la seguridad social. Debate se dilata Durante la semana, los miembros de la comisión han llevado a cabo reuniones técnicas enfocadas en el segundo bloque del proyecto, permitiendo así la apertura de un espacio de diálogo para que las bancadas presenten sus propuestas. Campos indicó que este ejercicio busca facilitar la toma de decisiones y, posteriormente, someterlas a votación. En el primer bloque, los puntos de mayor consenso se centraron en la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas de la Caja de Seguro Social, aspectos que fueron aprobados por la mayoría de los integrantes. Sobre la conformación de la junta directiva de la Caja de Seguro Social, el diputado confirmó que se realizaron cambios respecto a la propuesta inicial del Ejecutivo. Sin embargo, destacó que las modificaciones planteadas por su bancada no lograron el respaldo necesario. La discusión en torno al número de integrantes de la junta directiva sigue abierta y dependerá del apoyo que reciban las propuestas presentadas por las distintas fracciones legislativas. Campos afirmó que el proceso de selección debe ser minucioso para garantizar el perfil idóneo de los miembros. En respuesta a las peticiones de diversos sectores que demandan mayor celeridad en el debate, el diputado aseguró que se trata de un tema que requiere un análisis cuidadoso y responsable. Aclaró que la comisión ha estado trabajando de manera constante para evaluar el proyecto con el rigor que merece. Finalmente, Campos confirmó que hasta el momento no se han sostenido nuevas reuniones con representantes del Ejecutivo y que la discusión podría extenderse hasta el mes de febrero, dependiendo del avance en la revisión de las propuestas. bard era un estudiante Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Sus familiares reportaron haberlo visto la tarde del 19 de diciembre de 1989, pero nunca retornó a sus residencia, por los que se sus padres -el comunicador Leeroy Hubbard Joseph y Livia Magdalena Torrero Gaona- iniciaron su búsqueda. Los restos de Hubbard Torrero fueron exhumados de la fosa 90 BIS del cementerio Jardín de Paz, tras una serie de pruebas genéticas realizadas por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, que envió los resultados obtenidos a la Fiscalía de Descarga del Ministerio Público que adelantaba las investigaciones por su desaparición. Las muestras biológicas fueron aportadas en el año 2018 por su madre Livia Magdalena Torrero Gaona, quien falleció dos años más tarde, pero el equipo forense pudo establecer que los restos ubicados en el Jardín de Paz correspondían a las de su hijo desparecido 35 años atrás. A través de los estudios genéticos realizados a lo largo del año 2024 por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala se ha logrado confirmar hasta el momento la identidad de diez víctimas desaparecidas durante la invasión de diciembre de 1989. El 29 de diciembre de 1989, mediante resolución No. 44/240, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó la invasión al considerar que dicha acción constituía una “flagran - te violación del derecho internacional y de la independencia, soberanía e integridad territorial”. La Fiscalía Superior de Descarga mantiene abierta otras investigaciones por desapariciones ocurridas durante la invasión y ha enviado a Guatemala otras muestras biológicas para intentar establecer la identidad de los restos de personas reportadas como desaparecidas durante los eventos de diciembre de 1989. La Comisión 20 de Diciembre se creó en 2016 con el fin de cuantificar e identificar a las personas que murieron durante la invasión. El número de muertos de la invasión identificados con nombre y apellido se cifra en más de 330 personas. BNP dice que sí podría administrar Javier Carrizo Esquivel, gerente general del Banco Nacional de Panamá, aseguró que la entidad financiera tiene la capacidad de administrar los fondos de la CSS. Carrizo destacó que, si bien actualmente el banco puede manejar estos recursos, en el futuro se podrían explorar nuevas opciones conforme los fondos crezcan. Pero la prioridad seguirá siendo mantener las inversiones dentro del país.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==