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prensa_2025_01_22

22de enero de 2025 - Año 44 - Nº 14906 75¢ Miércoles El medio libre de Panamá Hoy por hoy La falta de pagos de Panama Ports Company (PPC) al Es - tado durante los últimos tres años pone en evidencia un grave incumplimiento de responsabilidades, exacer - bado por la falta de tarnspa - rencia en la adminitsración de los recursos. La justifica - ción de un adelanto de $35 millones realizado duarnte el gobierno de Laurentino Cortizo no solo carece de claridad sobre su detsino, si - no que también deaj entre - ver una gestión financiera cuestionable en un tema de alta relevancia para la eco - nomía nacional. Es alarmante que, a pesar de haber renovado la concesión en 2022 por 25 años más, la administración pasada no ha - ya exigido el cumplimiento de los términos contarctua - les establecidos. La falta de controles adecuados duran - te la gestión de Cortizo con - tribuye a este desajuste fis - cal, afectando directamente las finanzas públicas del país.Esimperativoqueel gobierno actual y las autori - dades competentes actúen con firmeza para garantizar que PPC cumpla con sus obligaciones. Además, se requiere publicar la auditoría de PPC que la Contarloría utilizó para justificar la ex - tensión del contrato y que, en su momento, se negó a divulgar, garantizando así la transparencia que el pueblo panameño merece. Economía Mulino y CEO de Maersk analizan estrategia portuaria 2B Panorama Las querellas de Martinelli y Zulay contra las magistradas 6A Ellas pa Del gimnasio a crear tendencia, lujo y pasarelas 4B Panama Ports lleva tres años sin pagar por uso de puertos estratégicos Según el contralor Anel Flores, la empresa ha justificado el incumplimento en un adelanto de $35 millones, pero no se sabe el dteinso que tuvieron etsos fondos. Ereida Prieto Barreiro [email protected] Panama Ports Compa - ny (PPC) lleva tres años sin realizar pagos alEstado porla conce - sión de los puertos de Balboa y Cristóbal,ubicados enlas entradasdel CanaldePana - má. Según el contralor general de la República,Anel B olo Flores, la empresaha justifi - cadoeste incumplimientoal señalar unadelanto de$35 millonesque sepagóduran - teel gobiernodeLaurentino Cortizo. Sinembargo, la Contraloría haexpresado su desconciertosobre eldesti - nodedicho adelanto,yaque nosesabeen quéseutilizóo quién lo autorizó, generan - do dudassobre latranspa - renciaen elmanejode losre - cursos públicos. El contrato original de PPC, firmado en 1997, com - prometía a la empresa a pagar unaanualidad fijade $22.2 millones duarnte 25 años, además deun monto variable del 10%sobre los ingresos brutos de sus atcivi - dades.No obstante,desde 2002, trasmodificaciones en elcontrato, lospagos se redujeron signiifcativamen - te. En 2022,la concesiónfue renovada por25 añosmás medianteuna adendaal contrato,lo quepermitió continuar con los términos acordados. Sin embargo, a pesar de es - taprórroga, PPCno hareali - zado ningúnpago desdeen - tonces, lo que ha generado inquietudpor elcumplimiento de sus obligaciones contractuales yla transpa - rencia en sugestión finan - ciera, especialmente cuando se considerael impactoen las finanzas del país. VEA 3A Puerto de Balboa operado por Panama Ports Company. Elysée Fernández Panamá invoca Carta de la ONU ante las intenciones de Trump TENSIÓN DIPLOMÁTICA Ante las amenazas de Donald Trump sobre retomar el controldel CanaldePana - má, el gobierno panameño invoca la Carta de la ONU, destacando elartículo 2,que prohíbe recurrir a la fuerza o amenazascontra lasobera - nía e integridad territorial de cualquier nación. En una misivaenviada a la ONU, el embajador panameñoEloy Alfarorecordó que el Canal esun bien de so - beraníanacional, bajoad - ministración panameña desde 1999,conforme al Tratado Torrijos-Carter. En tanto,estas amenazas no han tenido un impatco en los mercados ifnancieros respecto a la deuda soberana de Panamá. VEA 2A Y 1B Donald Trump. EFE Contraloría puso freno a aumento salarial en la CSJ FONDOS PÚBLICOS LaContraloría Generalde la República norefrendó el aumento de 4 mil dólares en concepto de salario de los magistrados de laCorte Su - prema de Justicia (CSJ), in - formóunafuente delaenti - dad fiscalizadora. VEA 2A Tres años y ninguna licencia para cannabis medicinal SALUD PÚBLICA Luego de tres años de la Ley No. 242sobre cannabis medicinal, Panamá aún no emite licencias para su fabri - cación einvestigación, frenando el desarrollode la in - dus tria. VEA 5A UI UNIDAD INVESTIGATIVA

2A LaPrensa Panamá, miércoles 22 de enero de 2025 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Amenazas de Trump; Panamá apela a la Carta de la ONU El embajador en Naciones Unidas, Eloy Alfaro, citó los principios que se rfeieren a la integridad territorial y la independencia política de los países. TENSIÓN DIPLOMÁTICA Eliana Morales Gil [email protected] En mediode lastensio - nes generadas por la amenaza del presidentede EstadosUnidos (EU), Donald Trump,de re - tomar el controldel Canal de Panamá argumentandoque lavía interoceánicaestáen manosde China,elgobierno panameño recurrióa la Car - ta de lasNaciones Unidas comorespaldo asusobera - nía eindependencia ypara reafirmar la posición de Pa - namá frente a cualquier in - tento quepueda poneren riesgola integridadterrito - rial o laestabilidad política del país. Ayer, en unacarta que en - vió Eloy Alfaro, embaajdor permanentede Panamáen lasNaciones Unidas,aAn - tónio Guterres,secretario generalde laorganización, se recordó laimportancia de la Carta de la ONU como garantía de lasrelaciones in - ternacionales basadasen el respetomutuoy lanointer - vención. Alfarocitó elprin - cipio que se refiere a la prohi - bición deluso dela fuerzao amenazas. Mencionó elartículo 2de la Carta deNaciones Uni - das, referente alos principios que deben acatar los países miembros. Destacó el numeral4, que establece: “Losmiembros de la organización,en susrela - ciones internacionales, se abstendránde recurrirala amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorialo laindependenciapolí - tica de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incom - patible con los Propósitos de las Naciones Unidas” . Enla carta,Alfarotambién recordólas palabrasdel presidenteJosé RaúlMuli - no, con lasque rechaza las declaraciones pronunciadas porTrump ellunes,durante sudiscurso detoma depose - sión como el47º presidente de Estados Unidos. “Reiterolo expresadoen mi mensaje ala Nación el pasado 22 dediciembre: el Canal esy seguirásiendo de Panamá, y su administar - ción continuará bajo control panameño porrespeto asu neutralidad permanente. No hay presencia de ninguna nación del mundo que interfiera connuestra admi - nistración.El Canalnofue una concesión denadie. Fue el resultado de luchas gene - racionales que culminaron en 1999, producto del trata - doTorrijos-Carter y,desde entonceshasta lafecha,por 25 años,de maneraininte - rrumpida, lo hemos admiAntónio Guterres, secretario general de la ONU. EFE Corte revoca condena a Bob Arango y mantiene sanción a Javier Tejeira JUSTICIA Juan Manuel Díaz [email protected] LaSala Penalde laCorte Supremade Justiciarevocó lasentencia delTribunalSu - perior de Liquidación de Causas Penalesque había condenado al exdirector del InstitutoPanameño deDe - portes (Pandeportes),Roberto B obArango,a 100me - ses deprisión porel delitode peculado debido a presuntas irregularidadesen lacons - trucción del proyecto de la Ciudad Deportiva de Colón. A través de unfallo con fe - cha del30 dediciembre de 2024, pero dadoa conocer esta semana, laSala Penal consideró queArango noac - tuócon doloyque elTribu - nalSuperior deLiquidación de Causas Penales realizó una indebida valoración de las evidenciasaportadas du - rante la investigación penal. Según el fallo,si bien Arango ordenórescindir el contrato suscritoentre Pan - deportes y el Consorcio Ciudad Deportiva de Colón 2012 —conformadopor las empresas Condote Panamá S.A., Advance Surfaces Mé - xico De CV. . yLive Sports De C .V. —, dichaacción sepro - dujodentrode unmarcole - gal. Larescisión delcontrato realizada porArango generó que CondotePanamá S.A. presentara unarbitraje enel quese condenóaPandepor - tes al pago de $3 millones. De acuerdo con el fallo de la Sala Penal, esa decisión de Arango se dio dentro del marco dela Ley de 27de ju - niode 2006,que regulalas contrataciones públicas, y dicha acción noprodujo una lesión patrimonialal Esta - do. Los magistradosde laSala Penal tambiénseñalaron que el TribunalSuperior de Liquidación violóel artículo 780 del Código Judicial al no valorar de manera ade - Contraloría frena aumento de $4 mil mensuales a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia DECISIÓN Eliana Morales Gil [email protected] LaContraloría Generalde laRepública,a cargodeAnel B olo Flores, norefrendó el aumento de$4,000 mensualesenlos salariosdelos magistrados de laCorte Su - prema deJusticia (CSJ).Así lo informaron fuentesde la institución.Sin embargo,no se suministraron detalles. La decisión de los miembrosdel plenode laCorte, conla quebuscabanelevar María Eugenia López Arias, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Archivo nistrado yexpandido con responsabilidad ” , expresó el mandatario. El1 deenero pasado,Pa - namá asumiócomo miembrono permanentedelCon - sejo de Seguridad de Nacio - nes Unidas para el período 2025-2026. La Carta de Naciones Unidas sefirmó el26 deju - nio de 1945 en San Francis - co, Estados Unidos, luego de queconcluyera laConferen - cia de las Naciones Unidas sobre Organización nIter - nacional,yentró envigorel 24 de octubre del mismo año. Esun instrumentode derechointernacional yes vinculantepara losEstados miembros de la ONU. Trump,durante sudiscur - so de juramentación, asegu - ró quesu paísgastó másdi - nero enla construccióndel Canal queen cualquierpro - yectoprevio, ademásdeper - der 38 mil vidas en el proceso, lo que, en su opinión, justifica cuestionarla entrega de la ruta oceánica. El mandatariode EUtam - biénacusó aPanamá dein - cumplir los términos del Tratado Torrijos-Carter que facilitaron la transferencia del Canal en1999. “La pro - mesa de Panamá hacia noso - trosseha roto.Elpropósito de nuestro acuerdo y el espí - ritu de nuestrotratado han sido totalmente violados”, declaró, sin ofrecer argumentos concretos. También dijo que los bar - cos estadounidenses, incluyendo a laMarina, están siendo “severamente sobre - cargados” y tratadosde ma - nera injustaen su pasopor la vía interoceánica. “China estáoperando el Canal dePanamá, y nose lo dimos aChina. Selo dimosa Panamá, y lo recuperaremos”, manifestó. ‘Ellos nos necesitan más de lo que nosotros los necesitamos a ellos’ A Donald Trump se le preguntó ayer cómo ve la relación con América Latina y esta fue su respuesta: “Genial. Debería ser genial. Ellos nos necesitan más de lo que nosotros los necesitamos a ellos”. æ cuada las evidencias presen - tadas por la defensa de Aran - go . Por otraparte, laSala Pe - nalmantuvo lacondenade 60 meses de prisión aplicada al tambiénexdirector de Pandeportes, Javier Tejeira, en este mismo caso. La defensa de Tejeira, quien fue sancionadocon 60 meses decárcel porel delito de peculadoculposo, alegó que la condena se produjo más de 10 años después de loshechos,por loqueconsi - deraban que lacausa penal estaba prescrita. Según la defensade Tejei - ra,el plazodeprescripción para los delitosde peculado susingresos amásde $14,000 pormes, generó unaolade críticaseindigna - ción entrediversos sectores de la sociedad. Entre las funcionesde la Contraloríafigura ladefis - calizar, regular y controlar todos los actosde manejo de fondo y otrosbienes públicos, a fin de que tales actos se realicen con correccióny se - gún lo establecido en las nor - mas jurídicas respectivas. El pasado lunes,varios di - putados de laAsamblea Na - cionalse pronunciaronso - breeltema. Tildaronelbe - neficio de “cachetada”, “ex - traordinario ” y alejadodela realidad nacional. Enunasesión delplenode laCorte,celebrada el8de enero, los magistrados acor - daron el aumento. Preten - dían hacerlo efectivoen fe - brero próximo. El incremento salarial significabaun aumentodel 66.7% y fue justificado como unesfuerzo porequiparar losingresos delosmagistra - dos panameñoscon losde sus colegas en la región. Sin embargo, el hecho pro - vocó malestar en el pleno de laAsamblea. Eldiputado Jhonathan Vega, por ejemplo,expresó susorpresay descontento. “Me sorprendeque losse - ñores magistrados de la Cor - te Suprema de Justicia se ha - yanincrementado nadamás y nada menos que más de $4 mil. Unincremento definiti - vamente extraordinario. Prácticamente seincremen - taron la mitadde su salario, peroesto noes nadanuevo, es algo que pasa comúnmen - teen nuestropaís, peroal pueblo se le exige que se le in - crementela edaddejubila - ción. El pueblo siempre paga los platos rotos” , añadió. Mientrasque sucolega Alexandra Brenes,manifes - tóque legustaríasaber sies - to reduce la mora judicial queactualmente tieneel país. es de 10 añosy por ende la sanción carecía de sutsento legal. Noobstante, losmagis - trados dela SalaPenal de - terminaron que eneste ca - so ladefensa deTejeira no teníarazón, yaque eltér - minode prescripciónque - dóinterrumpido conla emisión del llamamiento a juicio realizado el11 de abril de 2023. Además, señalaronque Tejeiraocupóel cargodedi - rector de Pandeportes hasta julio de2014, por loque en ese momentono habían transcurrido los 10 años alu - didos. Javier Tejeira, exdirector de Pandeportes. Archivo Eloy Alfaro, embajador panameño en la ONU Archvo

3A LaPrensa Panamá, miércoles 22 de enero de 2025

4A LaPrensa Panamá, miércoles 22 de enero de 2025 Tal Cual Mónica Palm [email protected] FRENO. La Contraloría no re - frendóelaumentosalarialde los magistrados, a pesar de que fue incluido en el presupuesto de la Corte Suprema para este año. Si se hubieran celebrado las vistas presu - puestarias, seguramente al - gún diputado independiente habría detectado la jugada y alertado al país. Pero como había que cancelarlas, ahoar le han hecho perder el tiempo al contralor. C LU B. El “veranito cultural y deportivo” en el Parque Omar, que se celebra del 13 al 31 de enero, de 8:30 a.m. a 12:00 p.m., cuesta $250 por persona. Así que si usted tiene tres niños, necesita más de un salario mínimo solo para mandarlos medio día al veranito. Y todavía tiene que ver qué hace con la otra mitad del día y con el resto de los gastos. SUSPENSO. El caso Jericó está paralizado, y no solo porque el expediente completo fue enviado al despa - cho del magistrado Olmedo Arrocha, quien debe d-e terminar la posible implicación del diputado Raúl Pineda en estos ilícitos. Ahora resulta que el nuevo procurador mandó de “va - caciones”a la fiscal superior antidrogas Marta Barrios. Seguramente no regresa. Al menos Mahmad Daud Hasan se fue voluntariamente de su puetso. FILTRO. La Comisión de Tra - bajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea no apro - bó las modificaciones a los requisitos para ser miembro de la junta directiva de la CSS. El proyecto del Ejecuti - vo propone que todo aquel que quiera ingresar a la junta directiva debe tener título universitario y al menos 10 años de experiencia profe - sionalenderecho,ifnanzas, administración o manejo de fondos de pensiones o de salud. Como los diputados consideran que eso es irrelevante, los requisitos seguirán siendo los mismos de siempre: ser panameño, tener “buena conduc ta”,“solvencia moral”y demás hierbas. ¿Cómo esperan obtener un resultado ditsinto sisiguencometiendoloserro - res de siempre? DIRECTO. Aquí desconocíamos por completo la existencia de Literal Comunicaciones Estratégicas Corp,. la empresa que se encargará de elaborar el “plan estratégico” de Micultura, a cambio de $110,314. Sin embargo, resulta que el año pasado fue contratada (también por la vía directa) por el Tribunal Electoral, para asesorar en temas tan delicados como “control de daños a la reputación”y reconstrucción de imagen. Por este servicio, que se extendió por casi siete meses y fue requerido “con urgencia evidente”, el tribunal pagó $56,496. No sabemos cuál fue el resultado, pero la “imagen”del TE sigue igual. ¿Será que ya no saben en qué gastar el dinero, que están dispuestos a pagar por cualquier cosa? Contralor dice que en tres años PPC no ha dado un ‘centavo’ Según Flores, la empresa jutsificó el incumplimiento alegando un pago anticipado de $35 millones, que fue desembolsado duarnte el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024). CONCESIÓN PORTUARIA Ereida Prieto-Barreiro [email protected] El contralorgeneral de la República, Anel Bo - lo Flores, afirmó que Panama Ports Company (PPC)llevatres añossinpa - gar “un centavo” al Estado por laconcesión delos puer - tos de Balboa y Cristóbal. Según Flores,la empresa justificó elincumplimiento alegandoun pagoanticipa - do de $35millones, que fue desembolsado duarnteel gobierno delexpresidente Laurentino Cotrizo (2019-2024). Elcontralor no tieneidea adónde fuea parar ese dinero oen qué se utilizó. “Que paguen loque han de pagar.Tienen tresañosque pagancero, queno hanpa - gado un dólar, pretexto de un adelantoque lehicieronal gobiernode NitoCortizo. Tienen tres añosque no han dado un centavo. Tienen tres años encero”, dijoFlores, quienya ordenóunaaudito - ría forense “se vera” para exa - minartoda larelacióncon - tractual conPPC desdesus inicios. En sucontrato original, pactado en 1997, PPC se comprometió apagar una anualidad fija de$22.2 mi - llones por 25años, más un monto variablecorrespondienteal 10%de laentrada bruta de todaslas activida - desquerealice enlosdos puertos concesionados. Laempresa nuncacum - plióconel pagodelaanuali - dadfija: entre1997 y2001, pagó entre$22 y$25 millo - nes anuales,según Flores. Eventualmente, fueeliminada: en 2002, el minitsro de Comercioe Industriasde aquella época,Joaquín Jácome, emitióuna resolución en la que unilateralmente modificólos términosdel Contrato Ley5 del16 deene - ro de 1997 yla anualidad fija desapareció. A partir de2022, la conce - sión dePPC fuerenovada por 25 años más, por la vía de una simple adenda al contrato ley. “¿Cómo unEjecutivo renueva un contratocon todo lo que vivimos nosotros aquí y hoy día tenemos tres años de esarenovación quenohan pagado uncentavo? ¿Cómo fue eso?¿Por quése dioun adelanto de $35millones de dividendos o de pagos que se dieron ypor esotienen tres años que no pagan nad?a Ce - ro”, agregó Flores. Elcontralor señalóquela ausencia de pagos afecta la ejecución del presupuetso general del Estadoy anunció que propondrámodificacio - nesalContrato Ley5,paralo quepedirála ayudadelEje - cutivo y la Asamblea Nacio - nal (AN). “Para quetenga unaidea, el añopasado sepresupues - tóparael 2025quetodases - tas empresas mixtasiban a arrojar $150 millones. Ahora son $48 millones. Entonces, malamente podemos nosotros llevarun presupuesto si estamos presupuestandoingresos queno van a entrar ”, recalcó. Además,confirmó supar - ticipaciónen lapróxima reunión de la junta diretciva de la Autoridad Marítima de Panamá(AMP), prevista para este jueves 23 de enero, cuando abordará eltema de las tarifas portuarias. Las declaraciones de Flo - ressedieron el14deenero pasado, en suprimera con - ferencia de prensa desde que asumió como contarlor. Historia de pagos y ajustes contractuales En 2002,cuando elen - tonces ministro Jácome equiparó el contrato ley de PPCcon elde losotros puertos del país,los pagos se redujeron signiifcativamente:según Flores,el Estado empezó a recibir entre $2.3 millonesy $2.7 millonesal año,aunque en2020 (cuandoseacer - caba la fecha de solicitar la prórroga de su concesión) elpagofue de$7millones. En 2008, unanueva aden - daperpetuó estascondi - ciones. “Aquí todos perdimos… Lo único que hubo fue que algunos malospanameños trabajaron en detri - mentode laRepública ylo vamos a investigar ”, dijo el contralor. Certificaciones bajo escrutinio El28de juniode2021,la juntadirectiva delaAutori - dad Marítima de Panamá (AMP)certificó quePPC cumplía con las obligaciones básicasdelContrato Ley5de 1997yavaló laprórrogaau - tomáticadel mismohastael año 2047. Enesa reuniónparticipó GerardoSolís, contralorde la Repúblicahasta el31 de diciembre de 2024, quien defendió la continuidad de la concesión,alegando que PPC habíacumplido consus compromisos contarctuales. Parasustentar semejan - teseñalamiento, hablóde unaauditoría quesupuesta - mente se realizóa la portua - ria, entremarzo ydiciembre de 2020. Elcontenido delasupuesta auditoría de2020 a PPC nunca seha divulga - do: Solísse negó adar una copia deldocumento cuando La Prensa lo solicitó, invocando la Ley de Transparencia. La enton - cessecretaria generaldela Contraloríay exsociade OdilaCastillo, ZeniaVás - quez, rechazó la solicitud de información, indicando que “la referida petición no es procedente, en aten - ción a lo dispuestoen el ar - tículo125 delReglamento Interno dela Contraloría G eneral”, queconfiere ex - clusivamente al contralor la facultaddiscrecional de divulgar los resultados que estime pertinentes. La Prensa volvióa solicitar copia dela auditoría, esta veza Flores. “Por ahora no te la puedo proporcionarporque hay cosas que nose puedenpublicar todavía. Teaviso”, respon - dió. Contexto histórico y adendas Desde la firmadel contra - tooriginalen 1997, sehan aprobado tres adendas: en 2005, 2010 y 2012, todas ba - jo cuestionamientossobre su impactoen losintereses del Estado. Flores dijoque conesta auditoría busca“sincerar ” los recursos delEstado y esclarecer lascondiciones en lasque PPCha operado durante más dedos déca - das. El contralor general de la República, Anel Flores, dijo a este medio que ‘por ahora’ no podía proporcionar la auditoría que de acuerdo con su predecesor Gerardo Solís se hizo en 2020 y que sustentó la continuidad de la concesión a PPC. Elysée Fernández El Minsa descarta utilizar hospital modular de Albrook: será para la Policía DECISIÓN Aleida Samaniego C. [email protected] ElHospital IntegradoPa - namá Solidario —conocido como elhospital modular—, que fue instalado en Albrook, corregimiento de Ancón,para atenderlademan - da de atención por el aumen - to decasos decovid-19 du - rante lapandemia, noserá utilizado por el Ministerio de Salud (Minsa). El ministro deSalud, Fer - nando Boyd Galindo, informóque lasinstalaciones, gestionadas por el Ministe - rio de Obras Públicas (MOP), serán transferidas a la PolicíaNacional para crear unaclínica destinadaa los agentes policiales. “El hospital, que ensu mo - mento se proyectó como una alternativa para la comarca y lasáreas aledañasalHospi - talNicolás A.Solano, enLa Chorrera,provincia dePa - namáOeste, setransforma - FE DE ERRORES En la edición del 20 de enero de 2025, en la página 7A, en la nota titulada ‘Panamá activará estrategia de riesgo por las amenazas de Trump sobre el Canal’, se dijo lo siguiente: “Estados Unidos entregó el Canal de Panamá el 31 de diciembre del año 2000. Debió decir: “Estados Unidos entregó el Canal de Panamá el 31 de diciembre del año 1999”. Panorama rá en un hospital exclusivo para la Policía Nacional. El director de lainstitución so - licitó formalmente el uso de las instalaciones,y elMinsa está dispuesto aapoyar en su implementación”, dijo Boyd Galindo. Antes deque culminarala administración deLauren - tino Cortizo, el Minsa infor - mó que trasladaría el hospi - tal modulara losterrenos adyacentes al Hospital NicolásA.Solano, enLaCho - rrera. De hecho, la Dirección Nacional deInfraestructura delMinsa explicóque elpro - yecto consistíaen la: “de - sinstalación, rediseño, transporte e instalación, construccióny obracivildel Hospital Integrado Panamá Solidario,para laconstruc - ción de 165módulos desti - nados al nuevoCentro Obs - tétrico y deNeonatología en el Hospital Nicolás A. Sola - no”. “Para nosotros,utilizarlo eramuy costoso.Solo eltra - slado tuvo uncosto aproxi - madodeun millóndedóla - res”, añadió Boyd Galindo. En junio de 2020, el hospital modularPanamá Solida - rio fue inaugurado en un tiemporécord de28días, conun costosuperiora los6 millonesde dólares,conel objetivo de atender personas quepresentaran cuadros graves de la covid1-9. En laactualidad, está ala es - pera de su reubicación. Desde juniode 2020hasta septiembre de2022, elHos - pital IntegradoPanamá So - lidarioatendió a2 mil181 pacientespositivos decovid-19. Además,recibieron pacientescon diversaspato - logías que requirieron hospitalización. Deeste total, 949 fueronmujeres y1,232 hombres. #RealidadAutismo TENGA UNA RUTINA QUE INCLUYA RETOS PARA SU HIJO.

5A LaPrensa Panamá, miércoles 22 de enero de 2025 Panorama Cannabis medicinal: ¿por qué las licencias siguen en pausa? Panamá aún no emite licencias parla fabricación e investigación de cannabis medicinal debido a contradicciones legales entre la lyey el decreto de reglamentación. Sitee empresas ya cumplen los requisitos, pero los pacientes continúan usando el prodtuocde manera clandestina. SALUD PÚBLICA Aleida Samaniego C. [email protected] Conla LeyNo. 242del 13 de octubre de 2021, Panamá reguló el uso medicinal y tear - péuticodel cannabis.Lue - godetres añosdesupro - mulgación, las licencias para la fabricacióne inves - tigacióncientífica aúnno se han emitido, lo que frena el desarrollo deesta indus - tria y su potencial paar atraer inversión. UrielPérez, directorna - cional deFarmacia yDro - gas del Ministerio de Salud (Minsa),atribuyó estade - mora a contradicciones en - tre laLey No. 242 yel De - creto Ejecutivo No.121 de 2022. Este último exige re - quisitos másestrictos, complicando la entrega de licencias. Porejemplo, el artículo109 deldecretore - quiere buenasprácticas de fabricación, una exigencia que afecta aempresas sin infraestructura local,limi - tandotambién laimporta - ción de productos. El Minsa ha elaborado un nuevodecreto paracorre - girestas discrepancias,lo que permitiríaemitir licencias asiete empresas que ya cumplieronlos re - quisitos,según elinforme finalde laComisiónEva - luadora. Estasson: Consorcio Panamericana de Cannabis, Consorcio Green Med, Consorcio Til - ray Panamá, Farma Verde Corp., Canna Med Pana - má, ConsorcioAdeiwa Pharma y Consorcio Ecovida. Las inspecciones realizadas verificaronel almace - namiento e importación de productos, en cumplimiento del artículo14 del decreto vigente. Una industria estancada Pese al potencialdel can - nabis medicinal paar gene - rarempleos einnovación entratamientos, losretra - sos generanincertidumbre.La exdirectoradeFar - macia y Drogas,Elvia Lau, destacó que lafalta de avances obliga a los pacientes arecurrir almercado clandestino para acceder a estos productos. Además, EnmaPinzón, de laFederación deEnfer - medades Crónicas,criticó queninguna delassiete empresas seleccionadas haya recibidolicencias y que la únicaotorgada fuera suspendida. También señaló laausencia derespuesta a las solicitudes de reunión enviadas al minis - tro de Salud. En2021, Panamáfueel primerpaís deCentroamé - rica enaprobar elcannabis medicinal, indicadopara tratar dolorescrónicos, náuseas, alzheime,r VIH/sida, epilepsia, entre otras condiciones. A pesar delos avances iniciales, lascontradiccio - nes legalesy lafalta deli - cencias hanlimitado elac - cesopara lospacientesy han puesto enduda la ca - pacidad del paíspara com - petir en esta industria. El retosigue siendoga - rantizar unequilibrio entrelas regulacionesy lavia - bilidadoperativa delas empresas. Resolver etsas trabaspermitiría nosolo avanzar en la regulación, sino tambiénposicionar a Panamá como un líder regional en la industria del cannabis medicinal. En unos 20 países el cannabis medicinal es legal. iStock

6A LaPrensa Panamá, miércoles 22 de enero de 2025 Panorama Las querellas de Martinelli y Zulay contra las magistradas El expresidente y la exdiputada presentaron querellas contra magistradas de la Corte por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad y omisión de deberes. Alegan irregularidades en casos judiciales que afetcaron sus intereses políticos y legales. ANÁLISIS Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] En dos acciones sepaar - das, el expresidente RicardoMartinelli yla exdiputada Zulay Rodríguezhan presentadoquere - llasporel delitode “abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores pú - blicos” contra magistradas de laCorte Supremade Jus - ticia (CSJ)por susactuacio - nes en distintosprocesos ju - diciales. Querella de Ricardo Martinelli La querella de Martinelli, presentada el 25de octubre de2024 antela Comisiónde Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asun - tos Judiciales, fue interpues - ta por losabogados Aleajn - dro Pérez y Carlos J. Navarro contra lamagistrada presi - denta de la CSJ, María Euge - nia López Arias.La acción se centraen sucondiciónde ponente de una acción de inconstitucionalidad relacionada conel fallodel caso New Business, enel que Martinellifue condenadoa 128meses deprisióny alpa - go de una multade $19.2 mi - llones. Segúnlaquerella, el21de agostode 2024,elabogado Carlos Eugenio Carrillo interpuso una acciónde inconstitucionalidad contar la sentencia emitida porla jue - za BaloisaMarquínez, del entonces JuzgadoSegundo Liquidador de Causas Pena - les. La acciónbuscaba decla - rarinconstitucional lasen - tencia por la supuetsa viola - Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Archiva Libertad Ciudadana celebra fallo que tumbó ‘los superpoderes’ del contralor FISCALIZACIÓN Henry Cárdenas [email protected] La Fundación para el De - sarrollo de laLibertad Ciu - dadana, CapítuloPaname - ño deTransparencia Inter - nacional, destacóque elfallo de laCorte Supremade Jus - ticia (CSJ), que declaró inconstitucional variosartícu - los dela Ley351 de2022, po - neun altoa esteesquema quepermitió lacorrupcióny la impunidad. En un comunicado emitido ayertitulado ‘Justicia tar - día, impunidad gaarntizada’, la organizaciónplasmó que, apesar dela demora,la decisión es unabuena noti - cia. Se resalta que,con este fa - llo, la Contraloría General de la República deberá regresar aregirse por laLey 32 de 1984. Entreotros aspectos,elfa - llo “restituye elprincipiode estrictalegalidad enlasac - tuaciones de los funcionarios dela Contraloría,obli - gándolosa realizaryentre - garauditorías einvestiga - ciones requeridas por el Mi - nisterioPúblico ylaFiscalía de Cuentas.Estos informes constituyen piezas clave en Sede de la CSJ. Archivo Al grano Flor Mizrachi [email protected] Donald Trump no pierde tiempo. En su primer di-s curso como presidente de Estados Unidos, prometió hacer de su país el más poderoso y respetado del mundo, despertar la admiración global... y, dos segundos después, rep-i tió su intención de recuperar el Canal de Panamá. Trump es tan incoherente como estratégico, pero aunque suene absurdo, no podemos subestimarlo. Su discurso está basado en cuatro argumentos, todos falsos y refutables. Primero, según Trump, Panamá violó los Tratados Torrijos-Carter porque China está operando el Canal. En el Canal no hay chinos, ni empresas chinas, ni mucho menos el gobierno chino manejándolo. El Canal es administrado por Panamá desde 1999. ¿A qué se refiere Trump? A los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por la Hutchison Whampoa, una empresa inglesa que estaba basada en Hong Kong antes de que Hong Kong pasara a manos de China. Pero eso no tiene nada que ver con el Canal. Dos. Trump califica la entrega del Canal como un “regalo tonto”. El Tratado Torrijos-Carter fue un acuerdo negociado durante años y aprobado por dos tercios del Senado etsadounidense, incluidos muchos republicanos como él. Panamá no solo ha cumplido con los tratados, sino que amplió el Canal en 2016 con un tercer juego de esclusas, duplicando su capacidad. Con eficiencia y sin regalos. El tercer argumento de Trump es que 38 mil etsadounidenses murieron construyendo el Canal. Falso. Fueron 350. En total se registraron 5 mil 609 muertes por enfermedades y accidentes, de las cuales 4 mil 500 eran trabajadores antillanos. Y cuatro, Trump afirma que el Canal le cobra mucho a los barcos estadounidenses. El peaje del Canal d-e pende del tonelaje y la ca-r ga, sin importar la bandera del buque. Y, además, los barcos de la Marina de Estados Unidos tienen prior-i dad de paso y pagan lo mismo que cualquier otro buque de la misma categoría. Básicamente, tienen tarto V I P. Entonces, ¿por qué Trump insiste en esto? ¿Para alimentar el nacionalismo ciego de sus seguidores, para limitar la influencia china en Panamá, o para desquitarse por el pleito que perdió en su hotel aquí? Estados Unidos no tiene un problema con el Canal, sino con China. Cualquier cosa que huela a wantón los pone nerviosos. Pero más allá de sus decl-a raciones, lo preocupante es la desinformación que alimenta. A Trump no le importa si sus argumentos son refutables; lo que importa es cómo los percibe su audiencia. Es un discurso populista, dictatorial y nacionalista, diseñado para sembrar dudas y avivar tensiones. La respuesta de Panamá hasta ahora ha sido mesurada. Al principio, tenía sentido no confrontar d-i rectamente, porque Trump no estaba posesionado. Pero ahora es el presidente de la potencia más grande del mundo, y en su primer di-s curso oficial no habló de Venezuela ni de Rusia. Él dejó claro que viene por nosotros y eso no se puede t-o mar a la ligera. Si bien es cierto que no podemos controlar sus intenciones, lo que sí está en nuestro control es cómo reacciona.r Panamá debe desmentirlo con argumentos sólidos y estratégicos, sin emociones ni ingenuidad ni con nacionalismos ni gritando ptaria o muerte. O doblamos las rodillas o armamos una estrategia sesuda y coordinada con apoyo internacional. La soberanía del Canal no es solo un tema panameño; es un asunto regional y gl-o bal. Las palabras de Trump, además de espantar las inversiones extranjeras que tanto necesitamos, violan el Derecho Internacional Público y los principios de la Carta de la ONU. Si dejamos que esto pase, abrimos la puerta a que la amenaza y la coerción se conviertan en herramientas comunes de la política exterior estadounidense. El Canal es irreversible. Pero la desinformación y la polarización podrían dejarnos vulnerables a abusos sin precedentes. Es momento de internacionalizar esta causa y unirnos. Porque si no, las consecuencias económicas van a dejar las listas y la pérdida del gardo de inversión como problemas menores. Y no. cióndel principiodeespe - cialidad. Laquerella señala que,transcurridos másde dos meses, la magistrada Ló - pez Ariasno habíadado cur - so al proceso. Como parte de la querella,se solicitóunacompensación de $20 millones por losdaños supuestamente causados.Sin embargo, el 19 de diciembre de2024, laCSJ anun - ció queno admitióla ac - ción de inconstitucionali - dad presentada por Carrillo.Dado queladiputada Shirley Castañeda,presi - denta de esta comisión, fue parte delequipo de de - fensa delexmandatario, se plantea que debería apartarse del conocimiento de esta querella. Querella de Zulay Rodríguez El 30 deoctubre de 2024 quedó registradala querella de la exdiputadaZulay Ro - dríguez contralas magistra - das Ariadne García, María Cristina ChenStanziola y María Eugenia López Arias. Esta acción se basa en su participación enel procesope - nal relacionado con las láminas de oro,presentado por JuanDavid PenagosRíos contra Rodríguez. La querella detalla un con - juntode supuestasirregula - ridadescometidas porla magistrada ChenStanziola, quienfungiócomoifscal,yla magistrada García,quien actuó como juez de gaarn - tías. Según laquerella, estas actuaciones fueronparte de un plan para afectar la tra - yectoria política y electoral de Rodríguez. Asimismo, se menciona ala magistrada María Eugenia López Arias como superiorjerárquica en elsistema penalacusatorio, vinculándolacon lanegativa de una solicitudhecha por otro abogado. Eneldocumento,también seseñalan supuestasenemistadesentre Rodríguezy figurascomo elexprocura - dor general Javier Caraballo y el diputadoRaúl Pineda. Además, se menciona l pe - riodista Mauricio Valenzue - lacomo partedeintentos pordañar lareputaciónde Rodríguez. Laquerella esta - blece unacompensación de $100milpor losdañosale - gados. Elcaso Penagoscon - cluyó mediante un aucerdo extrajudicial entre las partes. Delitos señalados en las querellas Ambas querellasacusan a las magistradasde lapre - sunta comisión de los siguientes delitos etsablecidos en el Código Penal: Artículo 355: “El servidor públicoque, abusandodesu cargo, ordene ocometa en perjuicio de alguna persona un hechoarbitrario nocali - ficado específicamenten la ley penal será sancionado con prisión de uno a dos años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana”. Artículo 356: “El servidor público que,ilegalmente, re - húse, omitao retardealgún acto propiode sucargo será sancionado conprisión de seismeses aunañoo suequi - valente endías-multa o arresto de fines de semana”. Proceso en la Comisión de Credenciales Sila ComisióndeCredenciales consideraque alguna de estasquerellas tienefundamento, se iniciará un pr-o cesocontra lasmagistradas involucradas.En estecontexto, se aplicará el princ-i pio dela pruebaidónea, yla comisióndeberá designara tres de sus miembros como juecesde garantías.Porsu parte, el pleno de la Asamblea Nacionaltendrá laresponsabilidad de nombrara un diputadocomo fiscalde lacausa. Desde2015,cuando seprocesó almagistrado Alejandro Moncada Luna, laAsamblea Nacionalnoha juzgado a ningún miembro de la CSJ. los procesos judiciales y habían sidoreemplazados por una políticadiscrecional co - nocida comocultura dela corrección bajola dirección del anterior contralor ”. La CSJ declaró parcialmente inconstitucional la Ley 351 de diciembre de 2022, que reformó las fun - ciones dela ContraloríaGe - neralde laRepública,entre ellaslafrase quepermiteal jefe delas finanzaspúblicas archivara sudiscreciónlos informesde auditoríaein - vestigaciones que desarrolle esa entidad.

Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. sis de estos proyectos representa una desaceleración general de la economía, con efectos multiplicadores negativos que se sentirán en todos los rincones del país. La vivienda: un derecho que se desvanece Más allá del impacto económico, este estancamiento es una tragedia social. Miles de familias panameñas que habían puesto sus esperanzas en acceder a una vivienda asequible se ven ahora desprotegidas. La ley de intereses preferenciales ha sido una herramienta clave para democratizar el acceso a la vivienda, permitiendo a las familias de bajos y medianos ingresos cumplir el sueño de un hogar propio. Sin este incentivo, el costo de los créditos hipotecarios se vuelve prohibitivo, empujando a estas familias hacia el alquiler o, peor aún, a la informalidad habitacional. La vivienda digna no solo es un derecho humano fundamental, sino también un factor determinante para el bienestar y la estabilidad social. Sin acceso a ella, se genera una mayor exclusión, desigualdad y desesperanza, terreno fértil para que discursos populistas o radicales encuentren eco en una población que se siente abandonada por el sistema. Semilla para el comunismo La crisis actual, si no se atiende con urgencia, puede ser la antesala de un problema aún mayor. En un país donde la desigualdad ya es un desafío significativo, la 7A La Prensa Panamá, miércoles 22 de ENERO de 2025 Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Políticas deportivas para las personas de tercera edad Salud pública Uno de los temas más importante a considera en un Estado, es la salud física y mental de la ciudadanía, ya que mejora y optimiza la funcionalidad entre los individuos dentro del ámbito laboral, familiar y educacional, viviendo de modo más sano, de tal manera que estén en la capacidad de resolver de forma razonable e inteligente cualquier conflicto o circunstancia propia de la vida, brindado una estabilidad emocional y corporal. Resulta, que en nuestro suelo patrio, las entidades gubernamentales encargadas de establecer el plan anual de las distintas actividades físicas (ejercicios) para la ciudadanía, no llenas las expectativas de la población, generando el incumpliendo de lo establecido en el numeral 25 del artículo 4 del Texto Único Que comprende la Ley 16 de 1995, Que reorganiza el Instituto Nacional de Deportes y la Ley 50 de 2007, y reforma dicha Ley, el cual señala que: “regulará la actividad física, gubernamental y profesional del adulto mayor; bajando el nivel de atención integral de la población adulta mayor. De este modo, comprendemos que una buena salud, es una garantía constitucional desde una óptica fundamental y universal, sin importar las edades de las personas que habitan un país (personas de avanzada edad). Por tal motivo, una de las maneras en las que se preserva la vida es a través de las actividades físicas (deportes), producto que previene el exceso de personas con enfermedades no hereditarias en el ser humano. Los galenos Audelin y Savage, han señalado que las personas mayores obtienen los siguientes beneficios producto del ejercicio físico: a- la reducción de la incidencia de todas las enfermedades cardiovasculares en general, b- mediante la disminución y prevención de los factores de riesgo asociados; c- así como mantener un balance nutricional y metabólico más adecuado y la d-reduciendo el riesgo de síndrome metabólico; retrasando la resistencia a la insulina asociada con el envejecimiento por lo que la incidencia de obesidad y diabetes tipo II, entre otras bondades que se obtiene producto de la práctica de un tipo de deporte (ejercicio). Por consiguiente, emplear de manera más activa una política deportiva a favor de las personas mayores de edad contribuiría a la reducción de personas con enfermedades y de manera indirecta, con la disminución del monto de la partida presupuestaria empleada para atender el rubro de Riesgo de Enfermedad Nacional. Por último, debemos considerar todas las contribuciones positivas que produce la práctica de un deporte a la mente y al cuerpo humano de las personas de avanzadas de edad y a la población en general y el impacto económico que tiene el mismo al Estado. El tapón del Darién y las excusas gringas Desarrollo cerebro y en sí mismo la vigencia reencarnada de aquella practicada, pero no olvidada, política expansionista gringa en los territorios de América del siglo XIX y XX, bajo cualesquiera pretextos o excusas para los cuales ellos son grandes artífices y que pareciera querer continuar en pleno cuarto de siglo XXI. No es responsabilidad de Panamá velar por la variable migratoria de la población humana en América hacia ningún otro estado del continente y mucho menos hacia aquel país norteño. A cada quien y cada cual le corresponde hacer lo propio para responder y/o afrontar el fenómeno, que sin lugar a dudas es producto del espejismo que provoca y proyecta el desarrollo de aquel territorio y sus ciudades, y que otras regiones menos afortunadas lo ven como el sitio de ubicación de la panacea a sus necesidades sentidas. Otra interrogante que es de rigor formularse debe ser: ¿brinda a Panamá y a su proceso de desarrollo algún beneficio el hecho de mantener la región fronteriza con Colombia incomunicada y, por ende, separada de América del Sur a través de vías y medios terrestres? Si la respuesta a tal interrogante fuese negativa, entonces todos los países de Europa y Asia hoy día estarían incomunicados entre sí por vías terrestres; sin embargo, la realidad es otra. Mientras más y mejor comunicados estén cada país en sus fronteras con el país vecino, mejor será el proceso de desarrollo, la calidad de vida y, por ende, el IDH en ellos. Este debe ser, y lo es, el gran propósito a lograr en el mundo. Panamá es un país continental, libre y soberano, con todo el derecho de decidir las formas y con quién comunica las fronteras de su territorio. También podría decirse que no es responsabilidad de Panamá afrontar ni financiar, a través de ninguno de sus presupuestos, ni René Pardo C. [email protected] Un golpe al desarrollo económico Intereses preferenciales La incertidumbre sobre la ley de intereses preferenciales: Un golpe al desarrollo económico y social en Panamá La reciente paralización de 75 proyectos de vivienda en Panamá, como lo reporta La Prensa, evidencia una crisis que amenaza no solo a la economía, sino también al tejido social del país. La falta de claridad y acción en torno a la ley de intereses preferenciales ha dejado a miles de trabajadores sin empleo y a innumerables familias sin acceso a una vivienda digna. Este estancamiento no es un simple problema técnico, sino una amenaza que podría alimentar desigualdades, tensiones sociales y, en el peor de los casos, abrir la puerta a ideologías extremas como el comunismo. Un motor económico detenido El sector de la construcción es uno de los pilares de la economía panameña. Según datos recientes, representa cerca del 15% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y genera decenas de miles de empleos directos e indirectos. La incertidumbre en torno a la ley de intereses preferenciales ha provocado que inversionistas y desarrolladores pongan en pausa sus proyectos, dejando a miles de trabajadores sin ingresos y afectando a las pequeñas y medianas empresas que dependen de esta actividad. El impacto no se detiene ahí. Cada vivienda construida implica un flujo económico que beneficia a una cadena de valor: ferreterías, transporte, materiales, comercios locales y servicios profesionales. La parálifalta de oportunidades puede alimentar el resentimiento social y abrir espacio para ideologías extremas. La historia de América Latina está llena de ejemplos en los que la incapacidad de los gobiernos para atender necesidades básicas, como la vivienda y el empleo, ha derivado en el fortalecimiento de movimientos comunistas o populistas. El comunismo se alimenta de la desesperación y el descontento. Cuando las personas sienten que el sistema les ha fallado, están más dispuestas a escuchar soluciones radicales que prometen justicia social, aunque a menudo esas promesas terminen socavando aún más las libertades y el desarrollo económico. ¿Qué se debe hacer? La solución pasa por tomar decisiones rápidas y responsables. El Gobierno y los actores privados deben priorizar un diálogo abierto para garantizar que la ley de intereses preferenciales sea sostenible a largo plazo, sin dejar de lado el impacto social que tiene su paralización. Asimismo, se debe considerar la implementación de medidas temporales que permitan reactivar los proyectos detenidos y asegurar que las familias no pierdan la oportunidad de acceder a una vivienda. Panamá no puede darse el lujo de paralizar uno de los motores más importantes de su economía. La inacción no solo pone en riesgo el desarrollo del país, sino también su estabilidad social. Es momento de actuar con responsabilidad y visión de futuro para garantizar que la incertidumbre no se convierta en el pretexto que permita el avance de ideologías destructivas. La vivienda no es un lujo, es una necesidad. Garantizarla es una inversión en el presente y futuro de Panamá. #TodosSomosUno Opinión EL AUTOR es abogado y docente. EL AUTOR es empresario. EL AUTOR es abogado y urbanista. Jean Pierre Ríos López [email protected] poner en riesgo su territorio y menos la salud de la población nacional, dadas las resultantes del espejismo del sueño americano producido y proyectado al mundo por las ciudades de América situadas al norte entre los paralelos 25º y 49º de latitud norte. Las excusas gringas: en otrora decían y sustentaban que era necesario mantener la condición de inaccesibilidad en tal región (Tapón del Darién) bajo excusas o pretextos creados por el gobierno del país del norte, los gringos. Así esgrimieron planteamientos como los siguientes: mantener la seguridad pecuaria nacional y hacia el resto norte del continente, a fin de detener la fiebre aftosa (hoy, en toda América, no la hay); aquello casi quedó en mito. También se dijo que era para detener el avance de la abeja africanizada (crearon un mundo de terror innecesario a través de las pantallas; la abeja ya está en todo el mundo y continuamos consumiendo sabrosa y saludable miel de abejas). Después dijeron que era para controlar, evitar o detener el paso o trasiego de la droga proveniente de Sudamérica; resulta que esta pasa por todos lados, de mil formas y maneras, y directo a Estados Unidos con visado. Finalmente, hoy es para detener el éxodo masivo mundial con destino a todos los países del hemisferio norteamericano, especialmente Estados Unidos, como si todo se originase en la frontera entre Panamá y Colombia. Pero el flujo poblacional continúa imparable. Parangón: cuando se tiene un hueco en el techo y cae la clásica y molestosa gotera, para solucionar la situación no se trata de poner un tapón por dentro o por fuera, sino saber primero dónde se inicia la filtración, qué la produce, a qué áreas afecta, para entonces brindar las soluciones más adecuadas y permanentes. Darién y la frontera patria en aquel lugar no son quienes producen el éxodo masivo, ni tampoco el sitio adecuado para controlarlo, así como tampoco se trata de poner un tapón que obstruya, porque no se trata de algo que se pueda detener con el simple mecanismo de un pedazo de corcho. Tapón, según la RAE, es una persona o cosa que obstruye un conducto o lugar de paso. Si ello es así, entonces debe existir algún propósito a los efectos de dicha obstrucción. En el caso de la región Este del país (Darién), considerada como el tapón, pero no se sabe de qué, cabe plantearse varias interrogantes. Por ejemplo: ¿cuáles son los propósitos nacionales o cuáles son los beneficios que aporta el hecho de mantener la supuesta condición de obstrucción en la citada zona? Lo que sí es cierto es que dicha condición de obstrucción perjudica de manera primaria a Darién y luego al desarrollo nacional. No es el llamado, no es a quien corresponde sacrificarse en beneficio de los intereses de terceros; no es la provincia de Darién quien, a un cuarto de siglo XXI, se le mantiene y debe vivir con realidades y condiciones infrahumanas comparables solo con los siglos XVIII y XIX en cuanto a servicios públicos, incluidos vialidad, transporte, agua potable, salud y educación, cuya resultante es pobreza y triste calidad de vida. He escuchado y leído desde largos tiempos atrás y en tiempos más cercanos un sinfín de propósitos, excusas, tristes y lamentables manifestaciones de gobernantes, disparates; también comentarios poco serios y hasta incesantes caprichos internacionales, incluido el del lunes 13 de enero de 2025, de mantener de manera permanente la región fronteriza con Colombia incomunicada a través de vialidad terrestre formal y otras adecuadas. En ese sentido, el nuevo huésped de la Casa Blanca manifestó que es su intención y planea “cerrar el tapón del Darién”, como si fuese Estados Unidos quien mantiene fronteras con Colombia. Aquel equivocado señor parece mantener en sus manos, en su La incertidumbre en torno a la ley de intereses preferenciales ha provocado que inversionistas y desarrolladores pongan en pausa sus proyectos, dejando a miles de trabajadores sin ingresos y afectando a las pequeñas y medianas empresas que dependen de esta actividad. Alfredo Motta [email protected] Fundado en 1980 Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. 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