6A LaPrensa Panamá, viernes 17 de enero de 2025 Panorama El rompecabezas de las pruebas faltantes del caso Odebrecht Con 2,846 tomos, el expediente Odebrecht debía estar completo; sin embargo, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales sigue a la espera de una asistencia judicial internacional con Brasil. ANÁLISIS Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] El próximo 20 de enero debe realizarse la audiencia de fondo del caso Odebrecht relativo al blanqueo de capitales vinculados a los sobornos por al menos 59 millones de dólares provenientes de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht (hoy Novonor). Le corresponde al Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, y a su jueza adjunta, Baloisa Marquínez, ventilar este proceso hasta el 28 de febrero del presente año. Claro está, siempre que la audiencia no se postergue o suspenda, como ha sucedido con anterioridad. Con 2,846 tomos, el expediente Odebrecht debía estar completo; sin embargo, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales sigue a la espera de una asistencia judicial internacional con Brasil. Esta asistencia, solicitada por el Ministerio Público (MP), contiene declaraciones de altos ejecutivos de la constructora carioca que explican una parte de los pagos realizados a altos funcionarios panameños. Ese retraso provocó la postergación, hasta esta nueva fecha, de la audiencia que Ruth Morcillo encabeza el equipo de fiscales del caso Odebrecht. Archivo Declaran no culpables a imputados en caso de ‘secuestro’ de Moisés Cortizo DECISIÓN Juan Manuel Díaz [email protected] Un tribunal de juicio de Panamá Oeste declaró no culpables a los nueve imputados por la presunta comisión del delito de secuestro en perjuicio de Moisés Cortizo, hermano del expresidente Laurentino Cortizo, perpetrado el 11 de marzo de 2021 en los alrededores de la finca La Fortaleza, en Playa Leona de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. Las juezas Yorlenys Fruto, Yamileth Roble y Elka Rodríguez dictaron un veredicto absolutorio a favor de los nueve investigados, tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada y los abogados de la defensa. El juicio se inició el pasado 10 de diciembre de 2024 y tuvo una duración de 35 días, durante los cuales la fiscalía y la defensa presentaron testigos y pruebas documentales que fueron valoradas por el tribunal. José Luis Galloway, uno de los abogados de la defensa, precisó que en este caso la fiscalía no pudo probar que los imputados privaron de la libertad a Cortizo ni que exigieron un pago como rescate para su liberación. Galloway también explicó que, durante el juicio, varios de los testigos presentados por la fiscalía incurrieron en contradicciones sobre cómo se dieron los hechos y tampoco se pudo establecer que los imputados mantenían armas de fuego en su poder. Los abogados defensores pidieron al tribunal desestimar varias de las evidencias aportadas por la fiscalía, argumentando que se había violado la cadena de custodia necesaria para garantizar su legalidad. Según las investigaciones, el intento de secuestro contra Moisés Cortizo fue frustrado gracias a una operación de seguimiento y vigilancia realizada en conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. Durante el operativo también se decomisaron tres armas de fuego y un vehículo que presuntamente sería utilizado para trasladar a la víc tima. En otros operativos realizados posteriormente, se capturó a otras personas que presuntamente tenían algún grado de participación en el intento de secuestro. Según los informes de las autoridades, los investigados simularon interés en la compra de una finca propiedad de Cortizo, ubicada en La Mitra de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. Para perpetrar el plan de secuestro, ingresaron previamente a la propiedad y ocultaron las armas que utilizarían. Blinken: soberanía panameña sobre el Canal ‘no va a cambiar’ DECLARACIÓN EFE. WASHINGTON, EU El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que la soberanía panameña sobre el Canal de Panamá “no va a cambiar ”, a pesar de la amenaza del presidente electo, Donald Trump, de recuperar el control estadounidense de la vía interoceánica. “Tenemos un tratado y una política vigente desde hace muchos años y eso no va a cambiar. Como ya dije antes, no merece la pena dedicar tiempo a esto”, zanjó en su última rueda de prensa antes de dejar el cargo. Su respuesta fue similar a la que dio la semana pasada en París cuando fue cuestionado por el plan de Trump de anexionar Groenlandia a Estados Unidos. “No merece la pena dedicar tiempo a esa cuestión porque eso no va a ocurrir”, declaró entonces. Las declaraciones de Blinken llegan un día después de que el nominado a sucederlo, Marco Rubio, sugiriera que la influencia de China sobre el Canal de Panamá supone una violación a los términos de la entrega de la vía a los panameños. Rubio, próximo secretario de Estado en el Gobierno de Trump, advirtió durante su audiencia de confirmación en el Senado que este es “un tema muy legítimo” para Estados Unidos, si bien abrió la puerta a dialogar con las autoridades panameñas. “Panamá es un gran socio en muchos otros asuntos, y espero que podamos resolver este tema del canal y su seguridad”, declaró. “Si bien técnicamente la soberanía sobre el canal no ha sido entregada a una potencia extranjera, en realidad una potencia extranjera posee hoy, a través de sus compañías, que no son independientes, la capacidad de convertir el canal en un cuello de botella en un momento de conflicto”, agregó. Antony Blinken EFE debía realizarse en 2024. La lógica del proceso La audiencia de fondo es la parte más importante del proceso, ya que es el momento en que se practican las pruebas, las partes tienen el derecho de contrastarlas y refutarlas, y se presentan los alegatos finales por parte del MP y de la veintena de acusados. Un aforismo jurídico que aplica en esta situación dice: “Aquello que no está en el expediente no existe”. Por lo tanto, para los efectos de la jueza Marquínez, las pruebas documentales, testimonios y peritajes que evaluará serán únicamente aquellas que efectivamente están en el proceso. El retraso en la asistencia judicial con Brasil no es casual, pues ha sido una situación reiterada. Para comprender el supuesto fundamento del retraso por parte de las autoridades brasileñas, es necesario considerar un capítulo reciente de la justicia en dicho país. El 7 de abril de 2018, el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ingresó a un centro penitenciario en Curitiba, estado de Paraná, para cumplir una condena de 8 años, 10 meses y 20 días por corrupción en uno de los ocho casos que la justicia brasileña llevaba contra él en la operación Lava Jato. Al año siguiente, se divulgaron unas supuestas grabaciones en las que el juez penal Sergio Moro, encargado del caso, conversaba con los fiscales para coordinar acciones en contra de Lula da Silva. Aunque nunca se investigó la autenticidad de las grabaciones y la prueba era ilegal, los magistrados de la Corte Suprema de Brasil, nombrados por Lula y su sucesora Dilma Rousseff, establecieron una nueva jurisprudencia que permitió a Lula un recurso para anular su condena. En los meses siguientes, las otras siete causas también fueron desestimadas. Como resultado de esta decisión de la Corte Suprema, no solo fue liberado Lula da Silva, sino también otros altos funcionarios y empresarios implicados en sobornos. En teoría, la justicia brasileña debería remitir a Panamá la información aportada por los ejecutivos de Odebrecht sobre exfuncionarios y empresarios panameños. Este trámite no debería ser complejo para las autoridades brasileñas, ya que los casos panameños no tienen relación con los de Lula da Silva. Además, los testimonios no fueron obtenidos con la intención de involucrar a figuras en Brasil. Los escenarios de la jueza Marquínez Ante la reiterada ausencia de estas pruebas, la jueza Marquínez puede adoptar tres decisiones distintas, cada una con consecuencias diferentes para las partes involucradas en el proceso. Postergar el inicio de la audiencia por un término “razonable ”. Esta opción conlleva varios riesgos: podría haber un cambio en la estrategia del nuevo procurador general, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, quien podría relevar a la fiscal Ruth Morcillo del caso. Además, entre los acusados se encuentran el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal y seis de sus ministros de Estado, lo que podría retrasar la oportunidad procesal de defensa para los involucrados. Este proceso, iniciado en 2015, aún no cuenta con una decisión de primera instancia. Iniciar la audiencia y dejar la práctica de las pruebas brasileñas para el final. Esta opción podría presionar a las autoridades brasileñas para agilizar el envío de la documentación. Si las pruebas no llegan al final de la audiencia, la jueza podría suspenderla por un breve período para esperar los informes solicitados. Evacuar las pruebas existentes y concluir la audiencia sin las pruebas brasileñas. En este caso, la fiscal Morcillo debería definir una estrategia sólida si considera que cuenta con suficiente caudal probatorio para sostener el caso. El principio procesal penal en delitos económicos, como el blanqueo de capitales, establece que la parte acusada debe probar el origen lícito de los fondos. La decisión de la fiscalía en este tema también impactará los tres procesos del caso Odebrecht que debe llevar la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Al máximo tribunal panameño le compete juzgar al expresidente Juan Carlos Varela, por ser diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), y a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, quienes ocupan cargos de diputado suplente en la Asamblea Nacional y el Parlacen, respectivamente. Si el magistrado o magistrada que actúe como fiscal del caso Odebrecht ante la CSJ decide esperar las pruebas brasileñas, el proceso en la Corte Suprema también podría dilatarse.
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