6A LaPrensa Panamá, miércoles 15 de enero de 2025 Al grano Flor Mizrachi [email protected] Estemos a favor o en contra, la mina está ahí y necesitamos saber qué pasará con ella. Esa actividad aportaba el 4.8% del PIB y empleaba directa o indirectamente a 40 mil personas, y ahora, más de 31 mil de ellas están sin trabajo. Vamos por partes: el 2 de diciembre de 2023 se publicó el fallo que declaró inconstitucional la ley 406 que aprobó el contrato de concesión. Mientras el contrato estuvo vigente, la empresa pagó $560 millones al Estado, que Cortizo prometió guardar en una cuenta especial del Banco Nacional. El MICI, interpretando que no había contrato, ordenó a la empresa detener operaciones y garantizar la estabilidad física y química del sitio. Y ese mismo mes, el Estado sacó un plan para el cierre ordenado de la mina, todo a la carrera para apagar el rancho en llamas que su incapacidad y descaro provocaron. Entonces empiezan las peleas: la empresa alega que ni el fallo ni la moratoria ordenan cerrar la mina. La moratoria impide nuevas concesiones, pero ¿qué pasa con sus derechos si la concesión es previa? Esa es la raíz de la mayoría de los pleitos, entendiendo que el fallo anuló su contrato. Lo cierto es que el plan que presentó el gobierno en diciembre de 2023 -Nito era “presidente”aún- incluye una larga lista de pasos para un cierre definitivo, empezando por auditorías de procesos, económicas, financieras y ambientales, y por poner la mina en cuido y mantenimiento. Acto seguido, el Estado ordenó a la empresa presentar su plan de cuido y mantenimiento, y lo entregaron ese mismo mes. En febrero de 2024, el gobierno emitió una resolución de gabinete instruyendo a las entidades a iniciar el cierre definitivo, comenzando con las auditorías. Y en marzo, a dos meses de las elecciones, el Mici comentó sobre el documento. La empresa lo ajustó y lo presentó otra vez. El gobierno pateó la pelota, para variar: no aprobó ni el plan ni la venta del concentrado procesado antes del cese de operaciones, y se gastó los $560 millones sin cumplir con el aumento a los jubilados, el fondo del IVM ni el distrito de Donoso. No se trata de defender la mina, sino de cuestionar la irresponsabilidad estatal. Entonces este gobierno llegó con el lema de “abrir para cerrar”y declaró que sería su prioridad del año. Siete meses han pasado desde que asumieron el poder, y no han tomado decisiones sobre el plan de mantenimiento. La empresa sigue cumpliendo con la estabilidad química y física ordenada, pero advierte al Mici de riesgos ambientales y sanitarios mientras espera que aprueben el plan y aclaren qué pueden hacer con el cobre acumulado. La empresa dice que el material es suyo porque se extrajo antes del fallo de inconstitucionalidad, y según el ex procurador de la Administración Rigoberto González, es así. Alegan que sin flujo de caja no pueden sostener los $15 millones a $20 millones mensuales del plan de mantenimiento, ni cuidar las máquinas bien sin poder prenderlas. Ahí hay una planta eléctrica, una de procesamiento de minerales, un puerto, línea eléctrica, equipo pesado…Y aquí se oxida hasta el acero inoxidable. Mulino prometió retomar el tema apenas pase lo del Seguro, pero MiAmbiente abrió una consulta pública para la auditoría ambiental, que cierra el 7 de febrero. Aún falta el borrador final, la licitación y que el consultor, cuando lo elijan, tome seis meses para hacerla. Solo esa auditoría se va todo este año, porque de las otras auditorías ordenadas, ni rastro. Lo de “abrir para cerrar” suena bien, pero en la realidad es un proceso largo, tan largo que podría tomar dos años, justo cuando el capital político del gobierno esté por el piso y empiece el trepa que sube otra vez. ¿De dónde saldrá el chen chen sin reactivar la mina? ¿Qué pasa con los empleos perdidos y con los aportes al Seguro sin miles de cotizantes? ¿Y los arbitrajes? Hay reclamos en marcha que podrían llegar a $30 mil millones. ¿El Estado va a litigar todo eso? Pero más importante aún, ¿qué es abrir para cerrar? ¿Abrir para pagar el cierre con lo que se extraiga? ¿Y quién operará la mina: la empresa vetada por la Corte o el Estado hasta que haya licitaciones? ¿Y si cerramos por completo, de dónde saldrá la plata? Nos guste o no, esto nos impacta a todos, incluso al Seguro. Y el Estado debe tomar decisiones. Aunque no puedan satisfacer a todos, si toca actuar toca actuar. Red de mercados: una inversión con poco impacto La Red Integral de Mercados Municipales no ha tenido la acogida esperada, la clientela es baja, lo que ha provocado que los módulos cierren o simplemente no se arrienden. MUNICIPIOS Yaritza Mojica [email protected] Con poca clientela y una gran cantidad de puestos de venta cerrados, así se encuentran algunos de los mercados municipales ubicados en el distrito capital, que forman parte de la Red Integral de Mercados Municipales (Rimmu), un programa impulsado durante la administración pasada de la Alcaldía de Panamá, para el que se destinaron al menos $37.3 millones para infraestructura . Esta es la realidad que se vive en estos mercados, que son relativamente nuevos y fueron creados con el objetivo de brindar alimentos a precios más accesibles a los moradores de diversas comunidades de las periferias del distrito. Alexis Méndez, un residente del sector de Pueblo Nuevo, señaló a La Prensa que la esencia de los mercados es buena, porque consigue productos para la sopa y ensaladas a precios más económicos y frescos en comparación con los supermercados o abarroterías. Según Méndez, quien es taxista desde hace dos décadas, es más fácil movilizarse en su vehículos en busca de mejores precios. Sin embargo, considera que otras personas que viven en comunidades apartadas de los mercados y no cuentan con automóvil terminan comprando en los comisariatos o supermercados cercanos a sus casas. El mercado municipal de Pueblo Nuevo, inaugurado a mediados de 2024 a un costo de $1.3 millones, ha visto una disminución en su clientela desde que comenzó a funcionar, cuando estaban arrendados los 17 módulos. Actualmente, en este mercado solo están habilitados unos 10 puestos: dos de carnicería, algunos de frutas y verduras, y uno de batidos. Uno de los arrendatarios, que prefirió reservar su nombre, explicó que debido a la baja clientela, muchos dueños de módulos han optado por retirarse para evitar pérdidas. Para obtener un módulo, cada arrendatario fue seleccionado tras un proceso de postulación. El costo de arriendo oscila entre $50 y $60 mensuales, pagados a la alcaldía capitalina. Además, cada dueño de módulo debe invertir en la compra de mercancía y en el salario de un personal de apoyo. En el caso del mercado municipal de Alcalde Díaz, La Prensa encontró una realidad similar a la de Pueblo Nuevo: baja clientela En el mercado municipal de Alcalde Díaz, hay unos 35 módulos destinados a la venta de productos, de los cuales un 50% está habilitado y funcionando; el resto, permanece cerrado y desocupado, sin arrendatario. Elysée Fernández comprando en este mercado, donde hay variedad de productos como vegetales, frutas, legumbres, verduras y cárnicos. En este mercado hay unos 35 módulos destinados a la venta de productos, de los cuales un 50% está habilitado y funcionando; el resto, permanece cerrado y desocupado, sin arrendatario. El mercado de Alcalde Díaz fue inaugurado el año pasado como parte de la Rimmu, y su costo de construcción fue de $12 millones. Esta red de mercados fue una idea que nació durante la administración de Roxana Méndez (2012-2014) y posteriormente fue adoptada por José Luis Fábrega (2019-2024). La Rimmu está compuesta por ocho mercados en el distrito capital: Alcalde Díaz, Chilibre, Pueblo Nuevo, Don Bosco, Tocumen, Pacora, incluyendo el Mercado de Mariscos y San Felipe Neri. Precisamente, el último mercado periférico adjudicado en la administración pasada fue el de Tocumen, con un costo de $11.2 millones y no ha sido habilitado. La idea de estos mercados es ofrecer la venta de carne bovina, porcina, pescados y mariscos, granos, frutas y vegetales, así como panadería, dulcería, refresquería y cafetería. Según el Municipio de Panamá, la meta era cubrir a la población del área periférica de cada mercado, un total de medio millón de personas. Consultada la administración actual, a cargo de Mayer Mizrachi, sobre el estatus de la red de mercados, prefirieron no emitir respuesta al cuestionario enviado. Precisamente, la Dirección de Mercados, una dependencia del Municipio de Panamá, apoya a los mercados de alimentos municipales; coordina y maneja todos los procesos dentro de ellos para ofrecer productos frescos y a buen precio a toda la ciudad de Panamá.Esta Dirección de Mercados se encarga del Mercado San Felipe Neri, el Mercado de Mariscos y los nuevos mercados periféricos.La Dirección de Mercados fue creada mediante el Acuerdo Municipal No. 133 del 23 de julio de 2019. Falta de envases de succión retrasa cirugías electivas COMPLEJO HOSPITALARIO DE LA CSS Aleida Samaniego [email protected] Los problemas en el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social (CSS) siguen afectando a unos 5 mil pacientes que a diario acuden en busca de atención. El pasado viernes, la falta de cánister de succión —re - cipiente para almacenar de forma temporal secreciones o líquidos extraídos del cuerpo—obligó a suspender el programa de cirugías electivas. Aunque el insumo llegó en horas de la tarde, el retraso impactó la programación de al menos 40 cirugías. Fuentes del Complejo explicaron que el problema se originó por el sistema manual de gestión del almacén, combinado con la ausencia del encargado de realizar las solicitudes. “Esto impidió que los insumos fueran entregados a tiempo”, detalló. Otro problema es la escasez de mascarillas de oxígeno para nebulizar a pacientes asmáticos, especialmente en el salón de operaciones. Las carencias denunciadas aLa Prensareflejan un problema estructural que afecta la calidad del servicio, mientras los pacientes tienen en riesgo su salud. En una entrevista reciente, directivos del Complejo indicaron que en el hospital se atiende a al menos 50 mil pacientes al año y que el porcentaje de quejas es del 3%, lo que consideran bajo en relación con el volumen de usuarios. “Lo ideal sería tener un 0% de quejas, pero reconocemos que en unos meses de gestión es poco lo que se puede lograr. Por ahora, nuestra prioridad es atender las urgencias. Una vez resuelto esto, avanzaremos hacia los siguientes niveles de mejora”, dijeron. Los médicos reconocen que resolver problemas de larga data en tres meses es una tarea monumental. Sin embargo, resaltaron que es fundamental implementar soluciones sostenibles. Vista parcial del Complejo Hospitalario Dr Arnulfo Arias. Archivo Panorama
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