15de enero de 2025 - Año 44 - Nº 14899 75¢ Miércoles El medio libre de Panamá Contralor Anel Flores anuncia que no refrendará compra directa de ‘laptops’ El nuevo funcionario informó ayer de auditorías a empresas como Naturgy y Panama Ports. Anunció además que no refrendará un convenio de compra directa de ‘laptops’ impulsado por la actual ministra de Educación, Lucy Molinar. VEA 2A Chapman: reforma a la CSS ‘marcará un antes y un después’ El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó ayer en el foro Visión 2025 de La Prensaque la reforma a la Caja de Seguro Social representa un “parteaguas” que marcará un antes y un después. Daniela Bernal, Jazmín Pérez, John Rozo Uribe, Felipe Chapman, Annette Planells, Pedro Heilbron, Yolanda Sandoval, Alexis Aizpurúa y Digna González de Martínez durante el foro Visión 2025. Alexander Arosemena Secretario de la OMI: ‘La ley es clara, el Canal fue devuelto a Panamá’ PRONUNCIAMIENTO Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), se pronunció sobre las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. “Normalmente no presto mucha atención a este tipo de comentarios. La ley es clara, fue devuelto a Panamá”, declaró Domínguez al ser preguntado al respecto durante una rueda de prensa de presentación del balance anual del organismo dependiente de la ONU. “La gente tiene derecho a expresar su opinión, pero no significa que estén en lo cierto”. VEA 2B Se cae proyecto de ley sobre el secuestro de bienes a medios La Comisión de Gobierno rechazó el proyecto de ley 91, que buscaba impedir el secuestro civil de bienes a medios y denunciantes de corrupción. La propuesta generó un intenso debate sobre libertad de expresión, justicia y derechos fundamentales en Panamá. VEA 2A Mercados periféricos vacíos; millones perdidos Inversiones por $37.3 millones en mercados municipales buscan abaratar costos, pero enfrentan escasa clientela y módulos cerrados. Mercados como Pueblo Nuevo y Alcalde Díaz reflejan poca concurrencia, con locales desocupados y disminución de arrendatarios por pérdidas económicas. VEA 4A Hoy por hoy En el evento Visión 2025, organizado por Corporación La Prensa, se destacó que este año representa un punto de inflexión para la economía de Panamá. La esperada reforma de la Caja de Seguro Social (CSS) emerge como su pieza central, pues su impacto trasciende el ámbito de las pensiones y la salud. La sostenibilidad de la CSS es clave para restaurar la confianza económica y dinamizar el crecimiento del país. Una reforma bien estructurada puede convertirse en un catalizador para atraer inversiones, al brindar certidumbre en las finanzas públicas. Sin embargo, es fundamental que este proceso se diseñe con un enfoque centrado en los ciudadanos. Las decisiones deben garantizar beneficios reales tanto para las generaciones actuales como para las futuras, promoviendo la participación y el bienestar colectivo como eje principal. Sanear las finanzas públicas no debe verse como un sacrificio aislado, sino como parte de un plan integral que abarque el fortalecimiento de la educación, la generación de empleo y la inversión en infraestructura. Estos pilares son esenciales para edificar un futuro más sólido y sostenible. La reflexión planteada en Visión 2025 nos invita a mirar hacia adelante, reconociendo que lastransformacionesestructurales de hoy son el cimiento deunPanamámáspróspero para todos. Economía Un llamado a reforzar la seguridad marítima 2B Panorama Estados Unidos retira a Cuba de lista de terrorismo 8A Deportes José Córdoba sueña con el Mundial de 2026 10A Arsenio Domínguez. Archivo El Ministerio de Economía y Finanzasproyecta un crecimiento económico del 4% en 2025, impulsado por inversiones estimadas en $30 mil millones. Sin embargo, el país enfrenta un endeudamiento de casi $54 mil millones. El CEO de Copa Airlines, Pedro Heilbron, anunció que la aerolínea creará al menos 3 mil 200 empleos directos y generará un impacto de 32 mil 192 puestos indirectos en Panamá. Para 2029, proyecta superar los 12 mil 177 empleados. VEA 1B Av.1240673
2A LaPrensa Panamá, miércoles 15 de enero de 2025 Contralor Flores ‘prohíbe’el equilibrio contractual El nuevo responsable de la fiscalización en el Estadoanunció la destitución de Zenia Vásquez de Palacios, secretaria general de la Contraloría entre 2020-2024. Ereida Prieto-Barreiro [email protected] Anel B olo Flores, contralor de la República desde el pasado 2 de enero, ha solicitado a los jefes de entidades estatales que se abstengan de pactar adendas invocando el mecanismo de equilibrio contractual, por considerar que muchos de esos reclamos son “injustificados”. “Estamos hablándole a todos los ministros de Estado que la palabra ‘equilibrio contractual ’ es prohibida y se va a ver con mucha lupa, porque en efecto usted tiene razón que ahí hubo muchos abusos”, dijo Flores en conferencia de prensa ayer martes. También confirmó que destituyó a Zenia Vásquez de Palacios, secretaria general de la Contraloría General de la República (CGR) entre 2020-2024. El anterior contralor, Gerardo Solís, había colocado a Vásquez en la planilla con el cargo de “asisten - te ejecutivo II” desde el 6 de noviembre pasado, con estatus de funcionaria “perma - nente”, a fin de que permaneciera en la institución una vez Flores asumiera el mando. Vásquez fue socia de Odila Castillo, exasesora de Solís y abogada que ha acumulado una fortuna gestionando equilibrios contractuales a favor de contratistas del Estado. Sobre Castillo, Solís ha dicho que fue una “excelente funcionaria” y que es“quien mejor conoce el derecho administrativo y las contrataciones públicas”en Panamá. Anel ‘Bolo’ Flores durante la conferencia de prensa de ayer martes. Elysée Fernández Contraloría no refrendará la compra directa de las ‘laptops’ de Molinar DECISIÓN Ereida Prieto Barreiro [email protected] El contralor general de la República, Anel Bolo Flores, indicó que no refrendará el convenio con la fundación One Laptop Per Child (OLPC) y, acto seguido, la ministra de Educación, Lucy Molinar, anunció que convocará a una licitación pública para adquirir las computadoras portátiles. La advertencia de Flores y la reacción de Molinar se conocieron ayer martes. ‘No habrá convenios direc tos’: Flores El primero que habló fue Flores. Lo hizo en su primera conferencia de prensa como contralor. Allí le preguntaron por la compra directa de las laptops, por $241.7 millones, que acordó el Ministerio de Educación (Meduca) con OLPC en septiembre pasado. Y respondió de forma contundente. “Cualquier compra de lap - tops o de cualquier artículo de esas magnitudes, debe ser por licitación pública. No habrá convenios directos. Esto tiene que ser un acto público por la transparencia que el país requiere”, expresó. También compartió otras preocupaciones. No entiende cómo se repartirán computadoras a estudiantes y profesores de comunidades donde no hay internet o, en el peor de los casos, electricidad. Recordó que el 44% de las escuelas del país no tiene acceso a internet. Además, ¿cómo hará el Meduca para repartir 654 mil 000 computadoras portátiles? “Es un error y un perjuicio repartir este tipo de equipos en lugares donde no pueden ser utilizados. En esos casos, terminan vendiéndose en el mercado clandestino para otros fines. Nosotros no vamos a apoyar eso”, subrayó Flores. En el convenio con OLPC se incluyó un pago de $63 millones del presupuesto de Meduca para 2024. Sin embargo, este acuerdo (que nunca fue aprobado por el Consejo de Gabinete, como exige la ley) no contempla servicio de mantenimiento ni provisión de piezas. “Si compramos 400 mil máquinas, alguna empresa en Panamá debe garantizar el soporte técnico. Si los equipos fallan y no contamos con un servicio local, será como regalar algo inútil. Alguien debe responder por la garantía y el mantenimiento”, advirtió Flores. En declaraciones previas a La Prensa, OLPC afirmó que solo acompañará el “di - seño” y “ejecución” del plan de mantenimiento y reparaciones; de la prestación se tendría que ocupar el Meduca. La fundación aclaró que dicho plan aún está en proceso de definición. ‘Flores no tiene toda la información’: Molinar Poco después de conocerse las declaraciones del contralor, la ministra Molinar comunicó que habrá licitación. Para eso, los precios del convenio con OLPC serán utilizados como“referencia” Lucy Molinar, ministra de Educación. Archivo para establecer un costo adecuado. “Ahora sí pueden ir a licitación pública y van a ir…Y van a ir a los precios que nosotros queremos. La opción anterior era porque estábamos amarrados a los precios de convenio marco, que para la institución eran exagerados”, dijo Molinar, en un recorrido por los centros educativos El Trapichito y Santa Cruz en Panamá Oeste. Ella dice que el convenio con la fundación sigue vigente, aunque ya no queda claro qué es lo que OLPC aportará. Sobre la falta de acceso a internet y electricidad en algunos centros educativos, Molinar destacó que Flores no tiene toda la información, porque “la mayoría de las escuelas que recibirán laslap - tops cuentan con electricidad y, para aquellas pocas que no la tienen, hemos establecido un acuerdo con el programa de electrificación r u ra l ”. El nuevo contralor dijo ayer martes que “lo que ya se refrendó, no es mucho lo que yo pueda hacer”; sin embargo, aseguró que revisará “con lupa” las adendas que no han sido refrendados, ya que opinó que muchos de estos reclamos son “injustificados y no los vamos a aceptar ”. Flores ha visto que muchos contratistas invocan el equilibrio contractual alegando las restricciones de movilidad impuestas en 2020, con la covid-19. No obstante, señaló que la pandemia es un caso fortuito y que esta condición está estipulada en los contratos. Aunque Flores admitió desconocer el monto total que representan los equilibrios contractuales refrendados en la pasada administración, no considera necesario hacer una auditoría, ya que afirma tener mucho trabajo por delante. La socia de Odila Cas tillo Sobre la destitución de Zenia Vásquez, la decisión fue adoptada el pasado 3 de enero. La exsecretaria general presentó una solicitud de reconsideración la semana pasada, la cual es analizada y será respondida“en los próximos días”. En caso de que la respuesta sea negativa, Vásquez podrá apelar ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, recordó Flores. Vásquez llegó a la Contraloría hace cinco años, de la mano de Solís. Antes, fue socia de Odila Castillo en el bufete Palacios Vásquez y Asociados. Pero Vásquez no fue la única funcionaria de su confianza a la que Solís, en el ocaso de su gestión, reconvirtió en “asistente ejecutiva II”. Hizo lo mismo con 16 directores y jefes de departamento de la CGR. Flores decidió quedarse con 10 de ellos, aunque no especificó las funciones que desempeñan actualmente. “Lo que sucede es que, cuando dejan de ser directores debido a un cambio de administración, no pierden sus cargos, sino que son reubicados en otras posiciones. Esto es una práctica que se ha mantenido en los últimos 40 años”, justificó Flores. Naturgy y Panama Ports están bajo la lupa FISCALIZACIÓN Ohigginis Arcia Jaramillo Ereida Prieto-Jaramillo [email protected] El gobierno ha iniciado una auditoría a la empresa eléctrica Naturgy, donde el Estado tiene una participación accionaria significativa . Así lo informó ayer el contralor general de la República, Anel Flores. Además, anunció que en los próximos días se realizará una revisión financiera detallada a Panama Ports Company, una concesionaria clave para el sector logístico nacional. Flores comparó la situación económica actual con los desafíos vividos por Panamá tras la invasión de 1989. Sin embargo, destacó que la problemática actual no es coyuntural, sino estructural, derivada de una deuda pública que supera el 60% del PIB. Según el contralor, esta situación limita los recursos para invertir en el futuro y obliga a replantear el uso de los ahorros nacionales y ajustes fiscales. Con este escenario, subrayó la necesidad de acciones transparentes y responsables para corregir deficiencias en la administración pública y en las empresas mixtas. Auditoría a Naturgy Flores informó sobre el inicio de una auditoría financiera a la empresa Naturgy, donde el Estado panameño tiene una participación accionaria del 49%. Según el contralor, la medida no tiene fines persecutorios, sino que busca garantizar que los beneficios financieros estén alineados con los derechos del país como socio. Los funcionarios ingresaron a las instalaciones de Naturgy, y la compañía ha mostrado cooperación hasta el momento. Flores enfatizó que esta auditoría es crucial para evaluar los números y corregir cualquier posible irregularidad. El contralor aseguró que “no se trata de una cacería de brujas ”, pero que también serán auditadas empresas como AES Panamá, Cable & Wireless, ENSA y todas aquellas en las que el Estado posea acciones. “Es muy curioso pensar que cada vez se pague menos por estos activos”, considerando que su valor es significativamente mayor, destacó. “Los dividendos que pagaron estas empresas arrojó una cifra de $118 millones en 2015; ahora $83 millones en 2024. Estos estados financieros se tienen que sincerar ”, resaltó Flores. El contralor también anunció una futura auditoría financiera a Panama Ports Company, calificándola como una de las más importantes debido a su impacto en la economía nacional. Flores recordó que la concesión de esta empresa, otorgada en 1998, fue renovada por 25 años bajo un esquema legal que considera insuficiente, al carecer de contrapesos efectivos. Destacó que, a pesar del crecimiento del movimiento de contenedores en el país, los beneficios económicos para Panamá han sido mínimos, calificando esta concesión como un “enclave colonial” que perpetúa desigualdades económicas. Reformas y fortalecimiento del marco legal En este contexto, Flores hizo un llamado a reformar las leyes que rigen las concesiones y contratos de relevancia nacional. Según él, el actual modelo de aprobación, que depende de juntas ejecutivas con miembros designados por el Ejecutivo, carece de transparencia y de controles efectivos. La intención es garantizar que los contratos futuros sean más equitativos y que los recursos generados por empresas estratégicas contribuyan significativamente al desarrollo del país. UI UNIDAD INVESTIGATIVA Panorama
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4A LaPrensa Panamá, miércoles 15 de enero de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] BIPOLARIDAD.La ministra Lucy Molinar ha dicho que los cuestionamientos al convenio con OLPC son solo “ruido”o“pataletas”y que quienes se oponen a esta compra directa tienen “el alma podrida”. Pero ahora que quien critica es el nuevo contralor, ha anunciado que laslaptops“sí pueden ir a licitación pública”y que adquirir esos equipos a los proveedores locales es algo “que siempre ha estado en el tapete”. Jekyll y Hyde no lo habrían hecho mejor. FIJACIÓN. Tres diputados de RM han presentado una propuesta de modificación al proyecto de ley que reforma la CSS. Se trata de Luis Eduardo Camacho, Ronald De Gracia y Alaín Cedeño. En ese plan, los tres insisten en gravar las transacciones overnighty los préstamos y depósitos interbancarios, así como destinar a la CSS un porcentaje de los costos de renovación y cargos anuales de las tarjetas de crédito. El disparate ya ha sido rechazado por la Asociación Bancaria, los bancos estatales, la Cámara de Comercio, la Apede e incluso el presidente de la República. El que persevera en el error es necio… TECNOLOGÍAS.El presidente José Raúl Mulino será uno de los principales oradores de Panama Blockchain Week 2025, que se celebrará del 22 al 24 de abril en Amador. ¿De qué irá a hablar? Panamá ni siquiera ha adoptado una regulación sobre el uso de criptoactivos y criptomonedas. CONGOLANDIA.Los diputados Augusto Palacios y Eduardo Gaitán han compartido imágenes de una inmensa bodega que utiliza la Autoridad de Aduanas, en terrenos estatales concesionados (por segunda ocasión) a Panama Canal Railway Company (PCRC). El alquiler al Estado de un bien que le pertenece no es lo único chocante en esta historia. Gracias a Palacios y Gaitán, ahora sabemos que ese costoso espacio es utilizado para almacenar mercancía convertida en basura. Si esos bienes eran producto del contrabando, existen mecanismos para disponer de ellos. Y si son falsificaciones, debieron ser destruidos hace rato. Malo por donde se mire. PRIMACÍA. Ina Rodríguez, alcaldesa de La Pintada —y la sobrina más querida de la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda—gasta cientos de miles de dólares en desfiles (del Sombrero Pinta’o y de la Navidad, por ejemplo), pero su personal no puede atenderse en la Caja de Seguro Social (CSS), porque ese municipio tiene meses sin pagar la cuota obrero-patronal. Ni siquiera un buen consejo recibe de Dana, quien dirigirá el debate para reformar la CSS. Fiestar es su prioridad. Frenan ley que impediría secuestro de bienes a medios La Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales rechazó ayer el proyecto de ley 91, que buscaba impedir el secuestro civil de bienes y activos a medios y denunciantes de corrupción. ASAMBLEA NACIONAL Eliana Morales Gil [email protected] La posibilidad de que en Panamá se apruebe una ley para impedir el secuestro civil de bienes y activos de medios de comunicación y de personas que denuncian actos de corrupción parece estar cada vez más lejana. La Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional rechazó ayer en primer debate el proyecto de ley 91, que buscaba ese objetivo. La propuesta había sido presentada por el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (Moca). Los diputados que votaron en contra de esta iniciativa fueron Luis Eduardo Camacho, presidente de la comisión, y Ariel Vallarino, ambos de Realizando Metas (RM); Didiano Pinilla, de Cambio Democrático (CD); y Johana Cedeño, suplente de Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). A favor de aprobar el proyecto en primer debate votaron José Pérez Barboni, de Moca; Roberto Zúñiga, de Vamos; y Francisco Panchito Brea, del Partido Panameñis ta. Se abstuvieron Manuel Chen Peñalba, de Vamos, y Marta Sandoya, del PRD. Los argumentos El debate estuvo marcado por diversas consideraciones sobre el ejercicio del periodismo en Panamá, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la defensa, entre otros. Además de Ernesto Cedeño, quien defendió su propuesta argumentando que la asfixia económica a medios de comunicación y denunciantes debe parar, hablaron a favor de la iniciativa José Pérez BarboRoberto Zúñiga recordó que es ‘precisamente’ gracias a las denuncias que llegan a los medios de comunicación que, en muchas ocasiones, la justicia actúa. Pérez Barboni adujo que en los litigios muchas veces ‘el objetivo de muchos es agotar a la otra parte para intimidarla’ . Archivo ni y Roberto Zúñiga. Pérez Barboni respaldó el proyecto de ley, mencionando, entre otras cosas, que es necesario evitar los SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), litigios estratégicos contra la participación pública, pues “el objetivo de muchos es agotar a la otra parte para intimidarla”. Añadió que iniciativas como esta forman parte de los estándares que los países desarrollados han implementado. Zúñiga recordó que es “precisamente” gracias a las denuncias que llegan a los medios de comunicación que, en muchas ocasiones, la justicia actúa. “El que no la debe no la teme”, manifestó. Recomendó dejar claro la definición del término medio de comunicación. Por su parte, Luis Eduardo Camacho aseguró que el proyecto no garantiza “ninguna democracia, ni tampoco garantiza el derecho a la libertad de expresión, pues el derecho de expresión no implica un libertinaje”. También pidió a sus colegas votar en contra. “Este proyecto nos quiere llevar hacia el infierno”, sos tuvo. Manuel Chen, de Vamos, fue otro de los que se manifestó en contra de la iniciativa. Dijo que le preocupaba que la persona “que sea debilitada con el ataque no tenga derecho a réplica”. El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, también participó en el debate. Sus argumentos se inclinaron en contra de la propuesta. Hablódeun “choque de derechos”, manifestó que “t odo tiene un límite”y expresó preocupación por “la razón de ser de este proyecto”. Del proyecto El texto del proyecto de ley 91 buscaba que se incluyera un numeral en el artículo No. 531 del Código Judicial, que establece las reglas para las medidas cautelares en casos especiales. Específicamente establecía lo siguiente: Está prohibido decretar el secuestro de bienes en los siguientes casos: A. A las personas que denuncian actos de corrupción, arbitrariedades o violación de leyes. B. A los activos y bienes de medios de comunicación social. Esta misma disposición también habría estado contemplada en el artículo 331 del Código Procesal Civil que entrará en vigencia este año. ‘Me sorprendió el consenso entre Vamos y PRD’: Alaín Cedeño ASAMBLEA NACIONAL Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional proyecta tener listo este viernes un documento consensuado que permita votar el primer bloque de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS). Este segmento inicial, centrado en temas de gobernanza y transparencia, busca establecer una estructura más eficiente y clara en la administración de la entidad. El diputado Alaín Cedeño, presidente de la Comisión de Salud, subrayó que están analizando las distintas propuestas y a la vez expresó su asombro ante un inesperado consenso entre la coalición independiente Vamos y el Partido Revolucionario Democrático (PRD) en 45 de los 50 artículos de este primer bloque. El diputado destacó que, a pesar de las diferencias entre estas fuerzas políticas, se han logrado acercamientos importantes que podrían facilitar la elaboración del documento final para el primer bloque de reformas. Agua y aceite Cedeño señaló que nadie anticipó que partidos con posturas tan opuestas pudieran llegar a acuerdos en esta etapa. “El agua y el aceite estaban reunidos, pero de eso se trata: acercar acuerdos entre los partidos políticos”, comentó. También subrayó la importancia de aprovechar los próximos días para continuar las reuniones y terminar el documento que será votado en la comisión. “Es - peramos tener un documento final para el viernes”, dijo. Destacó que las propuestas presentadas por los distintos partidos serán clave para estructurar un documento consensuado. La comisión tiene como objetivo que cada uno de los bloques sea analizado y votado con el mayor respaldo posible. “El consenso entre partidos antagónicos como Vamos y el PRD demuestra que el diálogo es la herramienta más poderosa en temas complejos como la reforma de la CSS”, enfatizó. Expectativas de vot ación El diputado instó a sus colegas a mantener el ritmo de trabajo y aprovechar el ambiente de consenso para garantizar avances concretos. De momento, presentaAlaín Cedeño, presidente de la Comisión de Trabajo. Archivo ron sus propuestas Vamos, PRD, Partido Panameñista, Realizando Metas y el Movimiento Otro Camino. De los nueve miembros que conforman la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, cinco pertenecen a las bancadas de los partidos Vamos y PRD, lo que les otorga una mayoría decisiva al momento de votar modificaciones a las propuestas. En tanto, los diputados de Vamos Janine Prado y Luis Duke negaron que exista una alianza con el PRD. Incluso, el líder de la agrupación, Juan Diego Vásquez dijo que solo existen acuerdos puntuales en ciertos temas, tras meses de trabajo técnica.
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6A LaPrensa Panamá, miércoles 15 de enero de 2025 Al grano Flor Mizrachi [email protected] Estemos a favor o en contra, la mina está ahí y necesitamos saber qué pasará con ella. Esa actividad aportaba el 4.8% del PIB y empleaba directa o indirectamente a 40 mil personas, y ahora, más de 31 mil de ellas están sin trabajo. Vamos por partes: el 2 de diciembre de 2023 se publicó el fallo que declaró inconstitucional la ley 406 que aprobó el contrato de concesión. Mientras el contrato estuvo vigente, la empresa pagó $560 millones al Estado, que Cortizo prometió guardar en una cuenta especial del Banco Nacional. El MICI, interpretando que no había contrato, ordenó a la empresa detener operaciones y garantizar la estabilidad física y química del sitio. Y ese mismo mes, el Estado sacó un plan para el cierre ordenado de la mina, todo a la carrera para apagar el rancho en llamas que su incapacidad y descaro provocaron. Entonces empiezan las peleas: la empresa alega que ni el fallo ni la moratoria ordenan cerrar la mina. La moratoria impide nuevas concesiones, pero ¿qué pasa con sus derechos si la concesión es previa? Esa es la raíz de la mayoría de los pleitos, entendiendo que el fallo anuló su contrato. Lo cierto es que el plan que presentó el gobierno en diciembre de 2023 -Nito era “presidente”aún- incluye una larga lista de pasos para un cierre definitivo, empezando por auditorías de procesos, económicas, financieras y ambientales, y por poner la mina en cuido y mantenimiento. Acto seguido, el Estado ordenó a la empresa presentar su plan de cuido y mantenimiento, y lo entregaron ese mismo mes. En febrero de 2024, el gobierno emitió una resolución de gabinete instruyendo a las entidades a iniciar el cierre definitivo, comenzando con las auditorías. Y en marzo, a dos meses de las elecciones, el Mici comentó sobre el documento. La empresa lo ajustó y lo presentó otra vez. El gobierno pateó la pelota, para variar: no aprobó ni el plan ni la venta del concentrado procesado antes del cese de operaciones, y se gastó los $560 millones sin cumplir con el aumento a los jubilados, el fondo del IVM ni el distrito de Donoso. No se trata de defender la mina, sino de cuestionar la irresponsabilidad estatal. Entonces este gobierno llegó con el lema de “abrir para cerrar”y declaró que sería su prioridad del año. Siete meses han pasado desde que asumieron el poder, y no han tomado decisiones sobre el plan de mantenimiento. La empresa sigue cumpliendo con la estabilidad química y física ordenada, pero advierte al Mici de riesgos ambientales y sanitarios mientras espera que aprueben el plan y aclaren qué pueden hacer con el cobre acumulado. La empresa dice que el material es suyo porque se extrajo antes del fallo de inconstitucionalidad, y según el ex procurador de la Administración Rigoberto González, es así. Alegan que sin flujo de caja no pueden sostener los $15 millones a $20 millones mensuales del plan de mantenimiento, ni cuidar las máquinas bien sin poder prenderlas. Ahí hay una planta eléctrica, una de procesamiento de minerales, un puerto, línea eléctrica, equipo pesado…Y aquí se oxida hasta el acero inoxidable. Mulino prometió retomar el tema apenas pase lo del Seguro, pero MiAmbiente abrió una consulta pública para la auditoría ambiental, que cierra el 7 de febrero. Aún falta el borrador final, la licitación y que el consultor, cuando lo elijan, tome seis meses para hacerla. Solo esa auditoría se va todo este año, porque de las otras auditorías ordenadas, ni rastro. Lo de “abrir para cerrar” suena bien, pero en la realidad es un proceso largo, tan largo que podría tomar dos años, justo cuando el capital político del gobierno esté por el piso y empiece el trepa que sube otra vez. ¿De dónde saldrá el chen chen sin reactivar la mina? ¿Qué pasa con los empleos perdidos y con los aportes al Seguro sin miles de cotizantes? ¿Y los arbitrajes? Hay reclamos en marcha que podrían llegar a $30 mil millones. ¿El Estado va a litigar todo eso? Pero más importante aún, ¿qué es abrir para cerrar? ¿Abrir para pagar el cierre con lo que se extraiga? ¿Y quién operará la mina: la empresa vetada por la Corte o el Estado hasta que haya licitaciones? ¿Y si cerramos por completo, de dónde saldrá la plata? Nos guste o no, esto nos impacta a todos, incluso al Seguro. Y el Estado debe tomar decisiones. Aunque no puedan satisfacer a todos, si toca actuar toca actuar. Red de mercados: una inversión con poco impacto La Red Integral de Mercados Municipales no ha tenido la acogida esperada, la clientela es baja, lo que ha provocado que los módulos cierren o simplemente no se arrienden. MUNICIPIOS Yaritza Mojica [email protected] Con poca clientela y una gran cantidad de puestos de venta cerrados, así se encuentran algunos de los mercados municipales ubicados en el distrito capital, que forman parte de la Red Integral de Mercados Municipales (Rimmu), un programa impulsado durante la administración pasada de la Alcaldía de Panamá, para el que se destinaron al menos $37.3 millones para infraestructura . Esta es la realidad que se vive en estos mercados, que son relativamente nuevos y fueron creados con el objetivo de brindar alimentos a precios más accesibles a los moradores de diversas comunidades de las periferias del distrito. Alexis Méndez, un residente del sector de Pueblo Nuevo, señaló a La Prensa que la esencia de los mercados es buena, porque consigue productos para la sopa y ensaladas a precios más económicos y frescos en comparación con los supermercados o abarroterías. Según Méndez, quien es taxista desde hace dos décadas, es más fácil movilizarse en su vehículos en busca de mejores precios. Sin embargo, considera que otras personas que viven en comunidades apartadas de los mercados y no cuentan con automóvil terminan comprando en los comisariatos o supermercados cercanos a sus casas. El mercado municipal de Pueblo Nuevo, inaugurado a mediados de 2024 a un costo de $1.3 millones, ha visto una disminución en su clientela desde que comenzó a funcionar, cuando estaban arrendados los 17 módulos. Actualmente, en este mercado solo están habilitados unos 10 puestos: dos de carnicería, algunos de frutas y verduras, y uno de batidos. Uno de los arrendatarios, que prefirió reservar su nombre, explicó que debido a la baja clientela, muchos dueños de módulos han optado por retirarse para evitar pérdidas. Para obtener un módulo, cada arrendatario fue seleccionado tras un proceso de postulación. El costo de arriendo oscila entre $50 y $60 mensuales, pagados a la alcaldía capitalina. Además, cada dueño de módulo debe invertir en la compra de mercancía y en el salario de un personal de apoyo. En el caso del mercado municipal de Alcalde Díaz, La Prensa encontró una realidad similar a la de Pueblo Nuevo: baja clientela En el mercado municipal de Alcalde Díaz, hay unos 35 módulos destinados a la venta de productos, de los cuales un 50% está habilitado y funcionando; el resto, permanece cerrado y desocupado, sin arrendatario. Elysée Fernández comprando en este mercado, donde hay variedad de productos como vegetales, frutas, legumbres, verduras y cárnicos. En este mercado hay unos 35 módulos destinados a la venta de productos, de los cuales un 50% está habilitado y funcionando; el resto, permanece cerrado y desocupado, sin arrendatario. El mercado de Alcalde Díaz fue inaugurado el año pasado como parte de la Rimmu, y su costo de construcción fue de $12 millones. Esta red de mercados fue una idea que nació durante la administración de Roxana Méndez (2012-2014) y posteriormente fue adoptada por José Luis Fábrega (2019-2024). La Rimmu está compuesta por ocho mercados en el distrito capital: Alcalde Díaz, Chilibre, Pueblo Nuevo, Don Bosco, Tocumen, Pacora, incluyendo el Mercado de Mariscos y San Felipe Neri. Precisamente, el último mercado periférico adjudicado en la administración pasada fue el de Tocumen, con un costo de $11.2 millones y no ha sido habilitado. La idea de estos mercados es ofrecer la venta de carne bovina, porcina, pescados y mariscos, granos, frutas y vegetales, así como panadería, dulcería, refresquería y cafetería. Según el Municipio de Panamá, la meta era cubrir a la población del área periférica de cada mercado, un total de medio millón de personas. Consultada la administración actual, a cargo de Mayer Mizrachi, sobre el estatus de la red de mercados, prefirieron no emitir respuesta al cuestionario enviado. Precisamente, la Dirección de Mercados, una dependencia del Municipio de Panamá, apoya a los mercados de alimentos municipales; coordina y maneja todos los procesos dentro de ellos para ofrecer productos frescos y a buen precio a toda la ciudad de Panamá.Esta Dirección de Mercados se encarga del Mercado San Felipe Neri, el Mercado de Mariscos y los nuevos mercados periféricos.La Dirección de Mercados fue creada mediante el Acuerdo Municipal No. 133 del 23 de julio de 2019. Falta de envases de succión retrasa cirugías electivas COMPLEJO HOSPITALARIO DE LA CSS Aleida Samaniego [email protected] Los problemas en el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social (CSS) siguen afectando a unos 5 mil pacientes que a diario acuden en busca de atención. El pasado viernes, la falta de cánister de succión —re - cipiente para almacenar de forma temporal secreciones o líquidos extraídos del cuerpo—obligó a suspender el programa de cirugías electivas. Aunque el insumo llegó en horas de la tarde, el retraso impactó la programación de al menos 40 cirugías. Fuentes del Complejo explicaron que el problema se originó por el sistema manual de gestión del almacén, combinado con la ausencia del encargado de realizar las solicitudes. “Esto impidió que los insumos fueran entregados a tiempo”, detalló. Otro problema es la escasez de mascarillas de oxígeno para nebulizar a pacientes asmáticos, especialmente en el salón de operaciones. Las carencias denunciadas aLa Prensareflejan un problema estructural que afecta la calidad del servicio, mientras los pacientes tienen en riesgo su salud. En una entrevista reciente, directivos del Complejo indicaron que en el hospital se atiende a al menos 50 mil pacientes al año y que el porcentaje de quejas es del 3%, lo que consideran bajo en relación con el volumen de usuarios. “Lo ideal sería tener un 0% de quejas, pero reconocemos que en unos meses de gestión es poco lo que se puede lograr. Por ahora, nuestra prioridad es atender las urgencias. Una vez resuelto esto, avanzaremos hacia los siguientes niveles de mejora”, dijeron. Los médicos reconocen que resolver problemas de larga data en tres meses es una tarea monumental. Sin embargo, resaltaron que es fundamental implementar soluciones sostenibles. Vista parcial del Complejo Hospitalario Dr Arnulfo Arias. Archivo Panorama
7A LaPrensa Panamá, miércoles 15 de enero de 2025 Panorama Tribunal mantiene detención a esposa de Guillermo Ferrufino Alegando razones humanitariaspara que la sancionada pudiera atender a sus hijos, su abogado pidió el cambio de medida cautelar. JUSTICIA Juan Manuel Díaz [email protected] El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial confirmó una decisión de un juez de cumplimiento que dispuso mantener la detención preventiva de Milena Vallarino de Ferrufino, esposadelexministrodeDesarrollo Social Guilermo Ferrufino, condenada por el delito de enriquecimiento injustificado. En una audiencia que se inició a las 8:30 a.m. y culminó a las 10:30 a.m. de ayer, los magistrados Donají Arosemena, Massiel Ruiz y Carlos Barragán no acogieron la petición presentada por el abogado Eduardo Sequeira, quien solicitó que a su cliente se le concediera una medida cautelar de arresto domiciliario. Alegando razones humanitarias para que la sancionada pudiera atender a dos de sus hijos de 12 y 14 años de edad, Sequeira solicitó al tribunal el cambio de medida cautelar. Sin embargo, en una decisión unánime los magistrados decidieron no acoger la petición de Sequeria y mantener la decisión de primera instancia adoptada por el juez de cumplimiento Francisco Jaramillo de mantener la detención preventiva a Vallarino de Ferrufino. También explicó que el hijo mayor de su cliente mantiene una medida cautelar de arresto domiciliario, luego de que, en la operación durante la cual fue detenida su madre, fuera aprehendido, y que sus hijos menores de edad se encuentran en estado de vulnerabilidad. Al hijo mayor de Vallarino de Ferrufino le encontraron en el momento de la operación judicial una considerable suma de dinero, que no pudo justificar, En una audiencia celebrada el pasado 2 de enero, el juez Jaramillo estimó que Vallarino debió velar por la seguridad de sus hijos. En febrero de 2022, el juzgado condenó a Ferrufino y a su esposa por no haber podido justificar $2.2 millones, suma de dinero que acumularon mientras él fue ministro de Desarrollo Social, en la administración del ahora expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014). La investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción reveló que la pareja mantenía una lista de propiedades y bienes adquiridos sin justificación: una moto Yamaha ($7 mil), una camioneta Land Cruiser Prado ($42 mil 83) y cinco fincas, cada una adquirida a un precio de entre $100 mil a $500 mil, entre otros. Milena Vallarino de Ferrufino. Archivo Primer caso de malaria ‘falciparum’en Veraguas SA LU D Aleida Samaniego [email protected] El primer caso positivo de malaria falciparum, el género más peligroso del parásito causante de la enfermedad, fue confirmado el pasado 3 de enero en el Hospital Dr. Ezequiel Abadía de la Caja de Seguro Social en Soná, Veraguas. Se trata de un joven residente del corregimientoLa Toyosa, en Soná, quien acudió al hospital con fiebre, cefalea, vómitos y escalofríos, que persistían por al menos tres días. Las pruebas de laboratorio confirmaron que era positivo para Plasmodium falciparum. Elba Camaño, encargada de Epidemiología en ese hospital, informó que se activó una serie de protocolos de investigación para determinar el origen de la infección y prevenir la propagación del mal. Además, se realizaron entrevistas a familiares y personas cercanas al paciente, así como inspecciones en las zonas visitadas por el joven en los meses previos al diagnóstico. La investigación identificó áreas con condiciones propicias para la proliferación de mosquitos, como la vivienda del paciente, donde se detectaron criaderos de Aedes aegypti, el mosquito vector del dengue. El caso de malaria falciparum, causada por el mosquito Anophe - les, en Soná es particularmente alarmante debido a la combinación de factores como la condición de pobreza. Hasta el 21 de diciembre de 2024 se registraban 14 mil 476 casos. Meduca lanza piloto para monitoreo de escuelas: $5.1 millones por mes MANTENIMIENTO Yaritza Mojica [email protected] Un sistema de automatización y monitoreo para la gestión de mantenimiento de escuelas en las 16 regiones educativas de Panamá, es el nuevo plan piloto que implementará el Ministerio de Educación (Meduca), denominado Sistema de Información Geográfica “Meduca SIG”. Este sistema de monitoreo está a cargo de la Dirección Nacional de Planificación, liderada por Dillian Staine, quien explicó que Meduca SIG permitirá visualizar el estado de las escuelas en tiempo real, lo que facilitará respuestas oportunas tanto correctivas como preventivas. Actualmente, el Meduca administra unos 3 mil 100 centros educativos. Según Staine, el objetivo es mejorar el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, abarcando áreas como techos, electricidad y plomería. Para ejecutar este proyecto, se requiere un presupuesto de $5.1 millones mensuales y la contratación de aproximadamente 2 mil 100 personas calificadas. Esto significa que, por un año, la inversión totalizaría $61.2 millones entre ejecución e implementación. El proyecto contará con el apoyodelaUniversidadTecnológica de Panamá, que colaborará en la selección de personal idóneo. Staine explicó que Meduca SIG se encuentra en una fase inicial: “Estamos en una fase beta, donde estamos mapeando todas las escuelas a nivel nacional por reg i ó n”. Además, destacó que el sistema incluirá una versión de mapas que permitirá monitorear en tiempo real el estado de la infraestructura. Entre las fases del proyecto se incluyen: el mapeo y geolocalización de las escuelas; contratación, gestión de recursos, toma de datos en campo y auditoría de materiales; e inclusión de datos sobre el aprendizaje en las escuelas y acceso público a información sobre infraestructuraydesempeñoescolar. Según la ministra de Educación, Lucy Molinar, este sistema busca garantizar una mayor transparencia en el manejo de recursos, reducir costos a largo plazo mediante la detección temprana de problemas y lograr una gestión más eficiente de la infraestructura educativa. Actualmente, el Meduca lleva adelante el programa de mantenimiento de escuelas “Verano 2025”, durante el cual se prevé intervenir mil 800 escuelas en los próximos dos meses. Los trabajos estarán a cargo de privados de libertad.
8A LaPrensa Panamá, miércoles 15 de enero de 2025 Panorama EU retira a Cuba de lista de terrorismo; La Habana liberará presos La medida podría suponer el primerpaso para un acercamiento bilateral, pero surgen las interrogantes sobre si será apoyada por la nueva administración. CRISIS EFE. WASHIGNTON, EU Washington y La Habana dieron ayer la sorpresa al anunciar, respectivamente, la salida de Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo y una excarcelación masiva de presos de la isla en la que ha mediado el Vaticano. El doble anuncio, que podría suponer el primer paso para un acercamiento bilateral, queda -sin embargode alguna forma entre interrogantes por la llegada en unos días a la Casa Blanca del republicano Donald Trump, quien durante su primer mandato (2017-2021) incluyó a Cuba en esa lista, que tiene severas consecuencias financieras. La administración demócrata saliente aseguró que la exclusión de Cuba de la lista está ligada a la liberación de los presos, que según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de la isla, afecta a 553 personas “sancionadas por delitos diversos” y que serán excarcelados “gradualmente ”. La Casa Blanca indicó por su parte que las liberaciones comenzarán “en relativamente poco tiempo” y que entre los presos seleccionados hay personas que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J), las mayores en décadas en Cuba. Según la ONG Prisoners Defenders a finales de noviembre había en la isla un total de 1,148 presos por razones políticas en Cuba. Por otro lado, la plataforma independiente Justicia 11J aseguró a finales del año pasado que 554 personas que participaron en el 11J continuaban entre rejas con penas de hasta 20 años de prisión. De efectuarse, esta sería la primera excarcelación de presos en Cuba desde 2019, cuando las autoridades del país indultaron a 2 mil 604 reclusos. La anterior se produjo en 2015, cuando un total de 3 mil 522 presos fueron excarcelados como “ges to humanitario” ante la visita del papa Francisco a la isla. Estados Unidos incluyó a Cuba en la lista en 2017 -aunque ya había estado entre 1982 y 2015- aludiendo a la presencia en la isla de miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que viajaron a La Habana para las negociaciones de paz con el Gobierno de Colombia. La designación implica la prohibición de venta de armas a ese país, un mayor control a sus exportaciones, restricciones en la ayuda exterior, mayores requisitos para los visados y la congelación práctica de gran parte de su actividad financiera en el exterior. Esto ha contribuido, junto a la pandemia y ciertas políticas fallidas de la propia Cuba, a la grave crisis económica y energética que padece actualmente la isla, una combinación difícil de revertir de contracción económica, elevada inflación y déficit abultado. Cuba sufre una escasez de González Urrutia llega a Guatemala; dictadura de Maduro se aísla aún más CRISIS EN VENEZUELA SERVICIOS INTERNACIONALES El opositor Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones presidenciales de su país en julio de 2024, arribó ayer a Guatemala como parte de una gira que lleva a cabo por América en busca de apoyo internacional ante un eventual retorno a Venezuela. Procedente de República Dominicana, González Urrutia aterrizó ayer en el aeropuerto internacional La Aurora en Ciudad de Guatemala, donde se reunirá este miércoles con el mandatario guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, según confirmaron fuentes oficiales. Guatemala es el primer país al que arriba el antichavista desde que Nicolás Maduro asumió el pasado 10 de enero un nuevo sexenio, en medio de denuncias de fraude, y el sexto como parte de su gira en busca de apoyo por América, que lo ha llevado también a Argentina, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y República Dominicana. Precisamente el Gobierno de Arévalo es uno de los que no reconocen el nuevo período de Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y el mismo 10 de enero se reunió de manera virtual con González Urrutia y la líder opositora venezolana María Corina Machado. González Urrutia llegó a Guatemala en un avión privado y dejó la terminal aérea por una salida alterna, sin un recibimiento oficial o declaraciones a la prensa. La Cancillería guatemalteca, que no dio más detalles de la visita, dijo que González Urrutia viene “directa - mente”a reunirse con el presidente Arévalo. Una semana desde la retención del yerno de González Urrutia Edmundo González demandó ayer “justicia y libertad ”, cuando se cumple una semana de que su yerno Rafael Tudares fuera retenido. “Mis nietos vivieron un momento de terror cuando se llevaron a su padre. Ese terror crece cada día por su ausencia. 7 días después no sabemos dónde ni cómo está Rafael. ¡Queremos justicia y libertad!”, afirmó González en su cuenta de la red social X. González Urrutia, escribió este mensaje en respuesta al de su hija Mariana González de Tudares, quien pidió la libertad de su esposo y calificó lo ocurrido de “secuestro injusto e inhumano”. “Hoy 14 de enero se cumplen 7 días del secuestro de mi esposo Rafael Tudares Bracho por funcionarios del Estado. Como esposa y madre de nuestros dos niños, que vieron como se lo llevaron, pido nuevamente su libertad. Sus hijos no merecen sufrir. ¡Un secuestro injusto e inhumano!”, señaló Mariana González. El sábado pasado, el dirigente opositor, exiliado en España desde septiembre del año pasado, agradeció a través de X la solidaridad recibida por la “desaparición forzada” de su yerno en Caracas, cuando llevaba a sus hijos al colegio. Venezuela ordena reducir la representación diplomática de Países Bajos, Francia e Italia La Cancillería de Venezuela ordenó ayer a los gobiernos de Países Bajos, Francia e Italia “limitar a tres”el número de diplomáticos acreditados en cada una de las embajadas en un plazo de 48 horas, en respuesta a -dijo- la“conduc ta hos til” y el apoyo a “grupos extremistas”. “Además, los diplomáticos deberán contar con autorización escrita de nuestra Cancillería para desplazarse más de 40 kilómetros desde la plaza Bolívar de Caracas, garantizando el estricto cumplimiento de sus funciones”, dijo el titular de Exteriores, Yván Gil, en un menEdmundo González Urrutia Archivo básicos (alimentos, medicinas y combustible), prolongados apagones diarios y una creciente dolarización. Esto ha generado un fuerte descontento social, visible en una ola migratoria sin precedentes y en las inusuales protestas que se han registrado desde 2021. Estados Unidos suspendió también la capacidad de los ciudadanos estadounidenses de demandar en tribunales de Estados Unidos la expropiación de sus propiedades en Cuba (el título III de la ley Helms-Burton) y levantó algunas sanciones financieras. Tras conocerse el paso de Washington, el Minrex consideró el anuncio como una “decisión en la dirección correc ta”, aunque aclaró que a su juicio es un paso “muy restringido”, pues siguen estando en vigor múltiples sanciones económicas. Indicó que “el bloqueo económico y buena parte de las decenas de medidas coercitivas ” de Estados Unidos contra Cuba siguen en pie, reforzadas con un paquete de medidas aplicado durante el primer mandato de Trump. “La guerra económica permanece”, subrayó. El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeció en las redes sociales “a todos los que contribuyeron a la decisión anunciada por EU”, entre los que se cuentan, además del Vaticano, Brasil y Colombia. saje publicado en Telegram. Gil añadió que la administración chavista seguirá tomando “acciones necesarias”, según el “derecho internacional para garantizar su estabilidad, soberanía y el camino hacia la paz y prosperidad logrado con esfuerzo propio”. “Venezuela exige respeto a la soberanía y la autodeterminación, principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, especialmente ante aquellos subordinados a las directrices de Washington”, añadió. El viernes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidieron a Maduro que retome el diálogo con la oposición para que sea posible“la vuelta de la democracia y de la estabilidad” en el país suramericano, luego de que jurara como presidente para un tercer sexenio ante el Parlamento, controlado por el chavismo. Ya en septiembre pasado, el Ejecutivo chavista había entregado a Países Bajos una nota de reclamo por haber “oc ultado” el ingreso del candidato de la principal coalición antichavista, Edmundo González Urrutia, en su residencia en Caracas, antes de pedir asilo a España, donde reside desde el pasado 8 de septiembre. Estados Unidos incluyó a Cuba en la lista en 2017 -aunque ya había estado entre 1982 y 2015. Archivo La Asamblea Nacional vuelve a citar a Lucy Molinar RECURSOS PÚBLICOS Eliana Morales Gil [email protected] La ministra de Educación, Lucy Molinar, deberá comparecer ante el pleno de la Asamblea Nacional para responder preguntas relacionadas con el sistema educativo del país y sus planes para ejecutar proyectos relevantes de la entidad que dirige . La propuesta para que Molinar acuda al Legislativo fue impulsada este martes 14 de enero por los diputados Jorge González, Luis Duke y Janine Prado, de la bancada Vamos, así como por Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, entre otros. Sin embargo, al momento de la votación, la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, recordó que ya existía una citación aprobada para que Molinar asista a la Asamblea, por lo que en esa sesión se le podrán realizar las preguntas necesarias. En efecto, el pasado 17 de septiembre, los diputados acordaron citar a la jefa de la cartera de Educación para que responda inquietudes sobre temas relacionados con el programa de la leche y la galleta nutricional, la cantidad de escuelas rancho, el plan de inversión que tiene la entidad y qué proyectos hay para reducir las ausencias de los estudiantes en las regiones de difícil acceso. Sin embargo, en ese momento no se asignó fecha. Al momento de redactar esta nota, tampoco se había divulgado qué día irá Molinar al Palacio Justo Arosemena. Lucy Molinar, ministra de Educación. Archivo
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