3A LaPrensa Panamá, 5 de enero de 2025 Becas socioeconómicas: el reemplazo a los auxilios El beneficio, que tiene carácter no reembolsable, es decir, características similares a los antiguos auxilios económicos, corresponde, según el reglamento, a la población vulnerable y en riesgo. IFARHU Eliana Morales Gil [email protected] El año 2024 cerró con novedades en el Instituto Nacional para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu): estableció nuevas reglas para las becas y reclasificó los beneficios que administra la institución. Ahora existen ocho tipos de becas: por puestos distinguidos, concurso de becas nacionales para estudiantes distinguidos, concurso de becas internacionales para estudiantes distinguidos, concurso de becas para servidores públicos, becas socioeconómicas, becas socioeconómicas para estudiantes egresados de los centros estudiantiles del Ifarhu, becas socioeconómicas para funcionarios del Ifarhu y apoyo económico por leyes especiales. ¿De auxilios económicos a becas socioeconómicas? El beneficio, que tiene carácter no reembolsable, es decir, con características similares a los antiguos y cuestionados auxilios económicos, corresponde a las becas socioeconómicas, figura que, según el reglamento, es para los estudiantes de educación básica general, media y superior pertenecientes a la población vulnerable y en riesgo. Para obtener este beneficio, se debe contar con un promedio mínimo de 4.0 en una escala de 5.0 y una evaluación socioeconómica. Las becas socioeconómicas nacionales incluyen 150 dólares mensuales para estudios de técnico superior y licenciatura. El monto se pagará por el año calendario y hasta la duración de los estudios. Si el estudiante requiere trasladarse a otra provincia, tendrá una asignación para cubrir costos académicos, equipo tecnológico, gastos de manutención, seguros, entre otros. Las becas internacionales también incluyen una asignación mensual para costos académicos, equipo tecnológico, gastos de manutención y seguros obligatorios, por el tiempo de duración de los estudios, si la carrera no se dicta en territorio nacional. “Se favorecerá a los estudiantes que presenten mayor grado de vulnerabilidad económica”, dice la Resolución 24 del pasado 30 de diciembre, emitida por el Consejo Nacional del Ifarhu. El apoyo económico, por su parte, se otorgará a estudiantes con discapacidad, a los afectados por la intoxicación masiva con dietilenglicol, a la población infantil trabajadora (para erradicar el trabajo infantil), a las víctimas de violencia de género y sus hijos, a los afectados por los hechos ocurridos del Para obtener la beca socioeconómica se debe contar con un promedio mínimo de 4.0 y una evaluación socioeconómica. Archivo Exrepresentante y extesorera de junta comunal son imputados por peculado FONDOS PÚBLICOS Eliana Morales Gil [email protected] La jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio en Chiriquí, Bienvenida Araúz, imputó cargos por el supuesto delito de peculado agravado y decretó medidas cautelares contra un exrepresentante de corregimiento y una extesorera de la junta comunal de Rincón, en el distrito de Gualaca, Chiriquí. La medida se tomó durante una audiencia celebrada el pasado jueves. El caso, que abarca el periodo 2009-2014, se centra en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, el cual detectó transferencias irregulares por 201 mil 622 dólares con 29 centésimos en perjuicio de los fondos comunales. Durante la audiencia, la fiscal Nixia Aizpud presentó pruebas que sustentan la posible comisión del delito. La juez Araúz consideró que estos elementos son suficientes para imponer a los imputados las medidas cautelares de reporte periódico los días 30 de cada mes y la prohibición de salida del país sin autorización judicial. Ambos acusados estuvieron representados por el abogado Sergio González. En David No es el único caso por posible peculado que se gestiona en la provincia de Chiriquí y que involucra a autoridades de gobiernos locales. El pasado 27 de diciembre, la jueza Elvia Pittí imputó cargos por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso agravado, en calidad de autores, contra un exrepresentante y un extesorero de la junta comunal de David cabecera. Esta pesquisa comenzó a raíz de una denuncia presentada el 10 de julio de 2019 contra los exfuncionarios, por hechos en perjuicio de la Junta Comunal de David. El Órgano Judicial no informó el monto del presunto peculado. Sin embargo, la jueza no acogió la solicitud del fiscal Javier Mitre Burgos de establecer medidas cautelares, al considerar que no existen elementos que sustenten los riesgos procesales de afectación del proceso ni peligro de fuga. El peculado domina los casos contra la administración pública Un reciente estudio elaborado por el Ministerio Público y la Dirección de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en Panamá reveló que el peculado, delito que implica la apropiación indebida de bienes públicos, representó el 63% de los casos por delitos contra la administración pública en Panamá entre 2018 y 2024. El documento también mostró que la corrupción representó el 13% de los delitos contra la administración pública. Le siguieron los delitos contra los servidores públicos (13%), la concusión y la exacción (2%), el tráfico de influencias (1%), el abuso de autoridad y la infracción de los deberes de los servidores públicos (1%), la violación de sellos públicos (1%) y otros delitos (10%). Denuncian construcción de muros en costa de Coronado PL AYAS Yaritza Mojica [email protected] Visitantes y moradores cercanos al sector de playa en Coronado, en el distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste, denunciaron en redes sociales que han observado cómo están levantando muros de contención cerca del mar. En la cuenta del comunicador social Álvaro Alvarado se explicó que vecinos del lugar le han escrito para informar que, con la excusa de reforzar los muros de contención de las casas de playa debido a las marejadas, que cada vez son más agresivas, algunos residentes han invadido el mar. La construcción de muros en las zonas costeras de este distrito ha sido una queja constante por parte de los moradores, especialmente en la temporada de verano. Ante la denuncia, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, ordenó la inspección inmediata de los trabajos en Coronado para verificar si cuentan con los estudios de impacto ambiental correspondientes. Navarro aclaró que, si no cuentan con los permisos necesarios para los respectivos procesos, se aplicarán sanciones administrativas y multas establecidas por el Ministerio de Ambiente. Agregó que, además, corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Autoridad Marítima de Panamá autorizar y cobrar por el uso del frente de playa y fondo marino. Precisamente, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá establece que la legislación define la zona costera como: “Faja de terreno comprendida en un área de 200 metros de anchura desde la línea de alta marea hacia adentro de la costa, en tierra firme, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en las normativas legales y reglamentarias ”. Las fotos publicadas muestran estructuras en varias residencias. El Ministerio de Ambiente anunció una investigación sobre la denuncia hecha a través de las redes sociales. Cor tesía Panorama 6 al 10 de julio en el distrito de Changuinola (ley chorizo), y a los familiares de los héroes sobrevivientes y mártires de la gesta heroica de 1964 (9 de enero). El reglamento establece que “en ningún caso se permitirá la acumulación de dos o más beneficios a un estudiante”. Este punto cobra relevancia tras el escándalo de los auxilios económicos, donde salió a relucir que varios beneficiarios obtuvieron más de una ayuda. A una funcionaria del propio Ifarhu, por ejemplo, se le otorgaron siete, repartidas entre los años 2014 y 2022. Obligados a volver al país Los que hayan estudiado en el extranjero deberán retornar al país dentro de los 90 días siguientes a la terminación de sus estudios. Deberán presentarse en el Ifarhu para reportarse y entregar la documentación que acredite el cumplimiento de las condiciones del beneficio. Además, tendrán que permanecer en el país por un tiempo equivalente a la duración de sus estudios. De lo contrario, deberán devolver la totalidad de los recursos públicos que recibieron. La resolución está firmada por Lucy Molinar, ministra de Educación, presidenta del Consejo Nacional del Ifarhu; Ariel Vallarino, diputado, representante de la Asamblea Nacional; Violetta Cumberbacht, representante de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología; Pedro Escalona, representante del Ministerio de Economía y Finanzas; y María Fernanda García, secretaria del Consejo. El Ifarhu enfrenta serios desafíos económicos a raíz del desorden administrativo que dejó la gestión 2019-2024. Durante ese periodo, la entidad estuvo bajo el mando de dos directores: Bernardo Na n d o Meneses, quien dirigió hasta enero de 2023, e Ileana Molo, quien asumió el cargo desde febrero de 2023 hasta el 30 de junio de 2024. Ambos pertenecen al Partido Revolucionario Democrático (PRD), colectivo político oficialista en ese gobierno. Con la llegada del gobierno de José Raúl Mulino, se nombró a Jaime Díaz como director de la institución; sin embargo, este dejó el puesto a mediados de diciembre pasado. El mandatario designó provisionalmente a Gabriel Cajiga como director. Entre 2014 y 2024, el Ifarhu gastó 380 millones 833 mil 655.91 dólares en auxilios económicos no reembolsables y otros programas, muchos de ellos asignados con criterios políticos. Hasta ahora, las autoridades del Ifarhu han presentado cinco denuncias ante el Ministerio Público para que se investiguen las anomalías detectadas en la entidad.
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