3A LaPrensa Panamá, sábado 4 de enero de 2025 Panorama Crimen organizado y corrupción, en agenda de Procurador Gómez Las investigaciones de alto perfil en las que el Procurador pondrá a prueba su independencia incluyen el caso Odebrecht, el de las vigas del MOP, las tierras en Colón y la descentralización paralela. MINISTERIO PÚBLICO Juan Manuel Díaz [email protected] En sus primeros meses de gestión, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, deberá encaminar una serie de investigaciones de alto perfil vinculadas a corrupción y crimen organizado. La mayoría son denuncias relacionadas con hechos ocurridos durante la administración del perredista Laurentino Cortizo (2019-2024). Entre las causas más sonadas está la denuncia presentada el 14 de julio de 2024 por directivos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá contra quienes resulten responsables por la posible comisión de delitos contra la administración pública en relación con los auxilios económicos entregados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), presuntamente con criterio político. Al presentar la denuncia, Juan Alberto Arias, presidente del gremio, declaró que tanto los funcionarios del Ifarhu como los de la Contraloría, o cualquier otro funcionario involucrado, así como los beneficiarios de las ayudas, deberán enfrentar “todo el peso de la ley”. El pasado 12 de diciembre, un juzgado de garantías suspendió la audiencia de imputación de cargos contra el exdirector del Ifarhu, Bernardo Na n d o Meneses, tras un amparo de garantías constitucionales presentado por el Ministerio Público (MP). No es la única investigación sobre el tema. Las autoridades del Ifarhu han presentado al menos cinco denuncias por supuestas irregularidades en la distribución de las becas. Los equilibrios contractuales El MP también adelanta investigaciones sobre presuntas anomalías en los equilibrios contractuales gestionados por la abogada Odila Castillo, exfuncionaria de la Contraloría General de la República. Son al menos cuatro carpetillas relacionadas con este caso. Una investigación de La Prensa reveló que Castillo extorsionaba a empresarios solicitándoles un porcentaje a cambio de gestionar contratos con el gobierno y garantizar la aprobación y emisión de pagos por parte de distintas entidades estatales. En junio pasado, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos envió una nota al exprocurador Javier Caraballo: “Por este medio le informo que el FBI ha identificado un posible caso de corrupción pública. De acuerdo con información obtenida mediante fuentes humanas y abiertas, la licenciada Castillo, de [la firma] Castillo, Guardia & Asociados, extorsiona a empresarios solicitándoles un porcentaje a cambio de gestionar contratos con el gobierno y garantizar la aprobación y emisión de pagos por parte de distintas agencias del gobierno”. La nota del FBI llegó a través de la Embajada de Estados Unidos en Panamá. El caso Odebrecht El procurador Gómez, quien fue abogado del presidente José Raúl Mulino, también deberá atender las incidencias del juicio a 25 personas vinculadas al caso Odebrecht. Entre los investigados por la supuesta comisión de blanqueo de capitales se encuentran los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. El juicio tendrá lugar del 20 de enero al 28 de febrero. El escándalo de las tierras en Colón El MP también investiga las supuestas irregularidades en el alquiler de tierras estatales en Colón, relacionadas con la concesión para la explotación comercial del aeropuerto de ese distrito. El caso incluye auditorías sobre más de un millón de metros cuadrados de terrenos en el sector de Coco Solo. Gobiernos locales Las Fiscalías Anticorrupción mantienen abiertas 19 carpetillas relacionadas con municipios y juntas comunales, de las cuales ocho son investigaciones de oficio en Panamá, Colón y Los Santos. Descentralización paralela La Autoridad Nacional de Descentralización presentó al menos 54 denuncias penales por el escándalo de la La mayoría de las investigaciones que afrontará Gómez está relacionada con hechos ocurridos durante la administración del perredista Laurentino Cortizo (2019-2024). Isaac Ortega descentralización paralela. Se trata de millonarios fondos entregados en el pasado gobierno a juntas comunales y municipios controlados por políticos del Partido Revolucionario Democrático, colectivo que controló el poder entre 2019 y 2024. Las denuncias fueron presentadas luego de que se venciera el plazo dado a las juntas comunales para que entregaran los informes relacionados con el uso de los millones asignados. Las perforadoras Otra investigación que la Fiscalía Anticorrupción tiene en curso es por la compra irregular de perforadoras de pozos por parte del Ministerio de Salud. El propio presidente Mulino instruyó al ministro de Salud, Fernando Boy Galindo, para que presentara la denuncia. En este caso la fiscalía ya practicó diligencias de inspección ocular en busca de evidencias. Muertos pero cobraban El Ministerio de Educación también presentó 14 denuncias relacionadas con el cobro de salarios a nombre de educadores fallecidos, que aún figuraban como activos en las planillas. Martinellis falsos También se investiga una red criminal dedicada a la falsificación de monedas de un Balboa conocidas como “martinellis”. Por este caso se ordenó la detención de ocho personas en calidad de cómplices y están tras la pista de los autores intelectuales. Hasta ahora las autoridades han recuperado cerca de medio millón de monedas falsificadas. Las vigas A su vez se encuentra en fase de investigación la sustracción de 600 vigas de un patio del Ministerio de Obras Públicas ubicado en Veracruz. Se descubrió que las vigas fueron vendidas a empresas recicladoras. Hasta el momento están imputadas siete personas, a seis de las cuales se les aplicó la medida cautelar de detención preventiva. Drogas a través de puer tos Se adelantan investigaciones contra grupos del crimen organizado que contratan pandillas locales para contaminar contenedores que van rumbo a Europa y Estados Unidos con drogas. Los contenedores están en tránsito en los puertos de la costa del Pacífico y el Atlántico. Operación Jericó La Fiscalía de Drogas puso en marcha la operación Jericó, maniobra que destapó una red dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Con 24 eventos documentados en 40 tomos, la investigación incluye mil 666 interceptaciones telefónicas y 153 diligencias de vigilancia.UnequipodelaDIJ transcribió las escuchas y relacionó a 34 miembros de la red. Entrelosimplicadosseencuentra Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, vinculado al lavado de dinero a través de la empresa Servicios Múltiples Rama S.A, que tenía contratos con entidades públicas. En 2024, las autoridades decomisaron al menos 115 toneladas de droga, en su mayoría en embarcaciones procedentes de Colombia y dentro de contenedores. Familiares de desaparecidos denuncian incumplimiento de acuerdo de 2019 DICTADURA MILITAR Juan Manuel Díaz [email protected] Pasados cinco años desde que el Comité de Familiares de Desaparecidos Héctor Gallego (Cofadepa HG) y el Estado panameño alcanzaron un acuerdo amistoso promovido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el resarcimiento económico y el reconocimiento de la responsabilidad estatal en estos casos, aún no se concreta ninguno de los puntos pactados. Así lo manifestó Maritza Maestre, quien es miembro fundadora del comité, y quien explicó que buscan un acercamiento con el presidente José Raúl Mulino para exponerle la mora en que se mantiene el Estado al no dar cumplimiento al acuerdo amistoso suscrito en el año 2 01 9 . Entre los acuerdos incumplidos por el Estado con los miembros de Cofadepa-HG se encuentran el pago de una compensación económica a los familiares de las víctimas desaparecidas y asesinadas durante la dictadura militar, la elaboración de una memoria histórica de los hechos registrados entre 1,968 y 1,989, así como la designación del 9 de junio (fecha en que desapareció el sacerdote Héctor Gallego) como día cívico de reflexión nacional para las víctimas de la dictadura militar. Otro de los acuerdos incumplidos es la construcción de un monumento en conmemoración de los desaparecidos de la dictadura, así como un acto público en donde el Estado pida perdón y un acto de reconocimiento internacional en el que acepte su responsabilidad en estos hechos. Tampoco se cumplió con culminar las investigaciones judiciales para dar con el paradero de los desaparecidos de la dictadura, ni con el procesamiento de los responsables. Maestre aseguró que el incumplimiento del acuerdo amistoso puede llevar a Panamá ante la Corte Interamericana de Justicia para ser procesada por denegación de justicia en estos casos. Por otro lado, Maestre detalló que recientemente fue contactada por el Comité de Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para adelantar las investigaciones por la desaparición de su tío Alcibiades Bethancourt, caso que fue cerrado por la Corte Suprema de Justicia en julio de 2024 al rechazar una solicitud de reapertura presentada por la Fiscalía Superior de Descarga. Lo anterior, remarcó, a pesar que los casos de desaparición forzada no prescriben por tratarse de un delito de lesa humanidad. Dijo que desconoce las motivaciones de la Corte para tomar esta decisión. Alcibiades Bethancourt desapareció el 16 de febrero de 1971, tras ser detenido en Chame por unidades de la extinta Guardia Nacional. En 2012, un grupo de antropólogos argentino apoyó en el análisis de restos óseos encontrados durante la investigación. Archivo Identificación de restos óseos Los miembros de Cofadepa HG exigen al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) culminar con el proceso de identificación de los restos óseos ubicados durante los trabajos realizados por la Comisión de la Verdad, cuyo informe final fue entregado en el año 2002. Se trata de unas 35 cajas con restos óseos recuperados durante los trabajos de excavación realizados por este grupo conformado luego de la invasión de Estados Unidos en 1989, con el propósito de ubicar los cuerpos de personas desaparecidas en la dictadura militar. Recientemente, los tribunales de justicia ordenaron la reaperutra de las investigaciones por la desaparición del sacerdote Héctor Gallego en junio de 1971 y de la estudiante Rita Wald, cuya desaparición se reportó en el año 1977.
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