2A LaPrensa Panamá, miércoles 1 de enero de 2025 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Solís se deslinda de pago de $1.8 millones a contratista y culpa al Ejecutivo El consorcio Southeast CR atribuyóal Ministerio de Educación las ‘fallas’ que provocaron el retraso en la entrega de la Escuela Bilingüe República de Costa Rica. Ereida Prieto-Barreiro [email protected] El contralor saliente, Gerardo Solís, justificó el refrendo de $1.8 millones al consorcio Southeast CR bajo el principio de equilibrio contractual, alegando que su rol fue únicamente verificar la “legalidad y corrección” del trámite, mientras que la gestión correspondió al Órgano Ejecutivo. El refrendo, efectuado en febrero de 2024, atendió un reclamo por costos adicionales en la construcción de la Escuela Bilingüe República de Costa Rica, en La Chorrera, Panamá Oeste, a pesar de que la obra quedó inconclusa. El contrato original con Southeast CR, firmado por $13 millones en 2016, estipulaba la demolición de estructuras existentes y la construcción de un nuevo centro educativo con múltiples instalaciones: un auditorio, gimnasio, canchas sintéticas, estacionamientos, una cerca perimetral y otros espacios esenciales. El proyecto debía completarse en un año y siete meses, pero las obras se prolongaron por 2 mil 470 días (seis años y nueve meses). Aunque el Ministerio de Educación (Meduca) oficializó la culminación de la obra en enero de 2023, los estudiantes y docentes ingresaron al plantel un año antes, en 2022. A pesar de las prórrogas y el aumento en costos, elementos importantes del proyecto, como el auditorio, cerca perimetral y parte de los estacionamientos, quedaron inconclusos. En una nota de marzo de 2022, el consorcio solicitó al Meduca un ajuste por equilibrio contractual, lo que derivó en modificaciones al contrato original con una sexta adenda. La entonces ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, y José del Carmen Ureña González, representante del consorcio, firmaron las nuevas disposiciones. Solís consideró que, de no llegar a un acuerdo, habría costado más dinero al Estado debido a posibles litigios y resarcimientos por liquidación. Southeast CR responsabilizó al Meduca Fabian Alonso, representante del consorcio Southeast CR, argumentó que los retrasos y problemas en la construcción de la escuela fueron responsabilidad del Meduca. El diseño y planos tenían “más de 180 impresiones que causaron retraso de entrega de la obra y la exclusión del segundo auditorio –tea - tro”, aseguró el representante del consorcio. Alonso detalló que el diseño inicial presentaba errores graves, como la ubicación de tuberías del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) justo donde debían colocarse vigas estructurales. Además, señaló que el Meduca tardó años en corregir los planos, gestionar permisos de construcción y completar el traspaso de la finca, que era municipal. Otros inconvenientes destacados por Alonso incluyen retrasos en el Estudio de Impacto Ambiental, la remoción de postes de tendido eléctrico y el estado de emergencia por la pandemia respiratoria Equilibrio contractual El Contralor justificó el uso del principio de equilibrio contractual como una herramienta para liquidar relaciones contractuales conflictivas y evitar litigios prolongados que podrían paralizar obras esenciales. Solís indicó que el Meduca pudo haber decidido no hacer el auditorio porque aparentemente “el contratista resultó conflictivo y optaron por reducir para poder terminar parte importante medular [de la escuela] y entregar a los estudiantes. De lo contrario se hubieran quedado litigando sin escuela”. A pesar de ello, según Solís, el pago al consorcio Southeast CR fue refrendado tras la verificación de las obras por la Dirección Nacional de Ingeniería del Meduca y los funcionarios de arquitectura e ingeniería de la ContraGerardo Solís asumió como contralor general de la República el 2 de enero de 2020. Archivo 35 personas recibieron trasplantes de órganos durante 2024 en la CSS SERVICIOS DE SALUD Yaritza Mojica [email protected] Durante 2024, 35 pacientes recibieron trasplantes de órganos: 29 cirugías de trasplante renal y seis operaciones hepáticas realizadas en diversas instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS). Ihamir Duarte, coordinadora nacional de trasplantes, dijo que los procedimientos se efectuaron en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, el Hospital de Especialidades Pediátricas y el Hospital Santo Tomás, en la provincia de Panamá, así como en el Hospital Dr. Rafael Hernández, en Chiriquí. Recientemente, en la Ciudad de la Salud, gracias a un donante cinco personas mejoraron su calidad de vida. Personal del Programa Nacional de Trasplantes, con el apoyo del Servicio Nacional Aeronaval, se trasladó a Chiriquí para llevar a cabo la extracción de los órganos y su transporte hacia la Ciudad de la Salud. Reinel Camargo, director médico del Hospital Dr. Rafael Hernández, destacó que extrajeron el hígado, los riñones y las córneas de una paciente que, en vida, expresó su voluntad de donar. Camargo precisó que estas extracciones fueron posibles gracias a la implementación de un plan logístico coordinado entre los hospitales y los familiares de la paciente. José Miguel Sánchez, miembro del Comité Local de Trasplantes, afirmó: “Gracias a una noble familia se realizó esta extracción, que beneficiará a diferentes personas del país, quienes tendrán una nueva oportunidad de vida”. Presidencia ordena cierre de Dirección de Asistencia Social CONTENCIÓN DEL GASTO Aleida Samaniego C. [email protected] El Ministerio de la Presidencia, a través del Decreto Ejecutivo No.529 del 30 de diciembre de 2024, ordenó el cierre definitivo de la Dirección de Asistencia Social (DAS), unidad adscrita a la entidad, a partir del 1 de enero de 2025. En su decisión, el Ministerio de la Presidencia señala que, luego de un examen de los protocolos de acción social, se ha trazado una línea sobre aquellas entidades públicas cuya misión converge con la de la DAS, considerando necesario replantear el organigrama institucional para que las competencias de corte social sean asignadas a los entes que, por su naturaleza jurídica, mantienen dichas obligaciones. Además, informa que la medida administrativa adoptada responde, a su vez, a la necesidad de contención del gasto público, para el sano manejo de las finanzas públicas y del presupuesto general del Estado. El documento precisa que subroga al Ministerio de la Presidencia todas las obligaciones contractuales, deberes y demás acciones necesarias para la conclusión o liquidación de los proyectos Un donante aportó órganos para cinco personas. Archivo UI UNIDAD INVESTIGATIVA loría. Con respecto a la exoneración de la fianza de cumplimiento al consorcio, Solís argumentó que era “es téril” exigirla, ya que el pago correspondía a trabajos ya realizados por el contratista. Problemas persistentes En abril y junio de 2024, las clases en la escuela fueron suspendidas debido a problemas de óxido en el sistema de bombeo de agua potable. No obstante, Alonso aseguró, mediante una nota enviada a este medio, que se entregó al Meduca una garantía por vicios constructivos por el 100% del valor del contrato, la cual fue revisada y aprobada por la Contraloría. Explicó que esta medida se tomó debido a la liquidación forzosa de Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A., compañía responsable de la fianza de la o b ra . La Prensaobservó que la cerca perimetral de la escuela está incompleta y que la estructura que sería para el auditorio se encuentra en estado deplorable con hierros expuestos que podrían colapsar. Alonso aceptó que la cerca perimetral, incluida en el contrato, no fue comple tada. Aunque el contratista responsabilizó al Meduca de los problemas en la obra, envió un video promocional a este medio con el eslogan del gobierno del entonces presidente Laurentino Cortizo, donde se mostraban niños expresando su entusiasmo por estudiar en la nueva escuela, luego de haber permanecido en salones improvisados con pisos de madera inestables en La Chorrera. ejecutados. La DAS, creada mediante el Decreto Ejecutivo No.775 del 12 de noviembre de 2015, estaba destinada a combatir la pobreza de manera sostenida y a socorrer a los afectados por desastres naturales o catástrofes provocadas por el hombre. Esta dirección sustituyó al cuestionado Programa de Ayuda Nacional conocido como el PAN, sucesor del Fondo de Emergencia Social (FES) y del Fondo de Inversión Social (FIS). El PAN estuvo en el ojo de la tormenta en el gobierno pasado, ya que sus fondos habrían sido utilizados para comprar maquinaria, lap - tops y tablets que luego fueron repartidos por diputados oficialistas. Esta dirección tenía previsto contar en 2025 con un presupuesto de $14.1 millones. El Ministerio de la Presidencia es una de las instituciones que dispondrá, el próximo año, de uno de los mayores presupuestos, con $200 millones 3 mil 12 para ser precisos.
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