3A LaPrensa Panamá, lunes 23 de diciembre de 2024 Panorama Subsecretariade laAsamblea querellaauncomunicador Por calumnia e injuria ha sido demandado el exlíder del desaparecido Sitirhe, quien conduce un progarma en opinión en Original Stereo, en la provincia de Veraguas. La querellante es la exdiputada Mauricel Fátima Agarzal. MónicaPalm [email protected] La exdiputada del cir - cuito 9-1 (de Santiago, provincia de Vera - guas)y actual subsecretaria general de laAsamblea Na - cional (AN), MauricelFáti - ma Agrazal, interpusouna querella por supuetso delito contra el honor(calumnia e injuria) contra el exdirigen - te sindical y comunicador social IsaacRodríguez, con - ductor de un programa ra - dialdeopiniónyentrevistas. Rodríguez, quien combatió duramente la dictadura militar del exgeneral Ma - nuel AntonioNoriega cuan - dofuelíderdeldesaparecido Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrifica - ción (Sitirhe), fue notifcado elpasadolunes16dediciembre, luegodequeAgrazal in - terpusiera lademandaelpa - sado18deoctubre. La exdiputadasantiague - ña perdió en las pasadas elecciones cuando intentó ser reelegida en el cargo, no - minada por los patridos Realizando Metas (RM) y IsaacRodríguez. Archivo Alianza, deRicardo Marti - nelli yJoséMuñoz,respecti - vamente. AgrazalacusaaRodríguez de haberla calumniadoe in - juriado en su progarma ra - dialmatutino Encuentrode ideas cuando se refirió a la entrega de certificados de operación de transporte pú - blico a personas con aifni - dadalactualGobierno. Según la querella,el exdi - rigente sindical estaba en su programa radial con varios panelistasel 11deoctubrede 2024, cuando afirmó que “un transportista llamó pa - ra denunciar quecómo era posible que enestemanejode cupos hasta una exdiputada, refiriéndose a Fátima Agrazal, terminó conun cu - po, siendo una persona que noestabaenla listadeperla - ción ni manejaba ni era miembro de una prestata - ria”. Laquerella tambiénseña - la que Rodríguezrepitió los mismos comentarios días después, en el mismo espacioradial. Agrazal alega queella no ha sidodueña niha alquila - do, poseído ni recibido un certificado de operación dentroo fuera de laprovin - cia.Por lotanto, suabogado, MiguelÁngelQuintero, sos - tiene que el radiocomenta - rista “ha dejado sin lugar a dudasen dudalahonorabi - lidaddenuestra representa - da”(sic). El abogado sostiene que si unapersonadjioquesuclien - te posee un certificado de operación gracias a su afini - dadpolítica, “el querelladono debió repetirunhechoincier - to, escondiéndose detrásde unapersona,pseudopersona o anónima, repitiendo una informaciónqueno le consta, dejando entreverque laseño - ra Fátima Agrazal es una persona que trafica influen - cias y se aprovecha delEsta - do, como si elEstado fuear un botínpolítico, locual es total - mentefalso”(sic). En contra de losargumen - tos delabogado, diversosju - ristas ypronunciamientos de la Corte Suprema deJusticia advierten sobrelaprotección delciudadanofrenteaesteti - podeaccioneslegales. “Las autoridades yperso - najes de relevanciapública descritosen nuestra norma no pueden sersujetos pasi - vos del delito de injuria, ya que se hanconvertidocons - ciente yvoluntariamente en sujetos públicos,aceptando una menor privacidad y proteccióndesuhonorenre - lación a sus actividades públicas”, señala en la revista científica Orbis Cognita el académico Orestes Arenas Neroensuartículo “La injuriaenelderechopenalpana - meño”. Incluso, laSala delo Penal de la CorteSuprema de Jus - ticia “haampliadoladespro - tección del bien jurídico honor frente ala calumnia que puedan servíctimas losfun - cionarios conmandoy jurisdicción, no contemplados enelartículo304dela Constitución Política de Pana - má, ni en el artículo 193del Código Penal de P anamá”, señala otro estudio sobre es - te delitoy sus efectos enlos funcionarios. Quintero, incluso,va más allá. AseguraqueRodríguezha hecho señalamientos misóginos contra su clienta, por lo que “el acoso y hostiga - miento” contra Agrazal “ no se ha reducido [sic] a estos comentarios; lo ha venido realizando por más de un año en programas radiales distintos…Por lo que esta - ríamos ante la posibilidad de un delitode violencia de género”. Aunque la subsecretaria de la ANasegura ser “respetuosa del derecho a la libre expresión de los ciudada - nos”, en su querellapide a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) que certifique si Rodríguez ha recibido omantiene ido - neidad comoperiodista, co - mentarista o comunicador social. Enunaconsultarespondida en septiembre de este año, la Procuraduría de la Administración opinó que “a través del artículo 9de la LeyNo. 22de 29de juniode 2005 fue derogada la Ley No. 67 de19 de septiembre de1978;por lotanto,sedebe entender que no existe en la actualidaduna leyque regu - lelaprofesióndeperiodista”, indicólaentidad. La funcionaria dela AN exige un resarcimientode $50,000 por las supuestas ofensas a su hono,ra lo que Rodríguez respondió que este proceso sellevará a ca - bo, peroque“ella tendráque probar loque es imposible, porque enningúnmomento seha producidotal injuriao calumnia”. “Lo que se pretende aquí condichademandaessenci - llamente silenciarme ”, remarcó. Mauricel FátimaAgrazal. Archivo UI UNIDAD INVESTIGATIVA
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==