2A LaPrensa Panamá, domingo 15 de diciembre de 2024 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Abren investigación penal por contrato del ferrocarril La AMP informó del inicio de esta investigación, luego de que se presentara una denuncia para establecer si existe o no responsabilidad penal por la extensión del contrato de concesión por 25 años. CONCESIÓN Reyna Katiuska Hernández [email protected] El Ministerio Público abrió una investigación penal para determinar si hubo o no responsabilidad y la posible comisión de algún delito en el caso de la extensión del contrato de concesión por 25 años más, otorgado a Panama Canal Railway Company para manejar el ferrocarril. La denuncia fue presentada por el diputado de Vamos, Eduardo Gaitán, quien explicó que se busca determinar quiénes son los responsables de haber dado esta concesión que condena al Estado a pagar alquileres por terrenos que le pertenecen a los panameños. Sobre el particular, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), informó en un comunicado del inicio de esta investigación por parte de la Procuraduría de la Nación, a la vez que aclara que en febrero de 2023, la junta directiva de la AMP aprobó la prórroga al Contrato Ley N°70 del 22 de enero de 1991, por un periodo de 25 años. Explica que la prórroga del contrato estaba vigente desde el 19 de mayo de 2023, una vez notificadas las partes, aunque fue promulgado posteriormente. “En aras de la transparencia, la nueva administración de la entidad publicó el 18 de septiembre de 2024, en Ga - ceta Oficial30121, el referido contrato. La AMP se pone a disposición del MP para colaborar en esta investigac i ó n”, indica el comunicado. Una de las consecuencias Extensión de contrato hasta 2049 La prórroga por 25 años adicionales del contrato de concesión de Panama Canal Railway Company o hasta 2049 fue publicada recientemente en Gaceta Oficial, para operar el ferrocarril entre la ciudad de Panamá y Colón. La resolución 008-2023 de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, aprobada por la administración del expresidente Laurentino Cortizo, señala que se aprobó extender la vigencia del contrato número 70, que inicialmente se otorgó en 1998. La resolución aprobada por la pasada administración otorgó 25 años más para que Panama Canal Railway Company maneje esta concesión del ferrocarril. Richard Bonilla Tribunal rechaza nulidad presentada por Dina Mar Ochy NEW BUSINESS Juan Manuel Diaz [email protected] El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales negó un recurso de nulidad presentado por la defensa de Dina Mar Ochy contra el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad New Business utilizada para la compra de Editora Panamá América. A través del edicto 1590 fijado en la sede de ese tribunal, se informa a las partes, que se mantiene la decisión asumida por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales de no acceder a la petición de declarar nula la investigación contra la imputada. El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales reprogramó para el próximo 18 de diciembre el juicio a Ochy, tras suspenderse la segunda fecha debido a que su abogado sufrió un accidente y presentó un certificado de incapacidad. En marzo de 2017 se inició la investigación del caso New Business por la compra de Epasa con fondos del Estado. Archivo Consulta ciudadana sobre reformas a la CSS: propuestas y rechazo desde Azuero PROYECTO DE LEY 163 Yaritza Mojica [email protected] Representantes de diversos grupos organizados de las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé participaron ayer en la consulta ciudadana sobre el proyecto 163 de reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), realizada en el Centro Regional Universitario de Azuero, provincia de Herrera. La lista de oradores presentada por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional contó con 40 participantes; sin embargo, no todos acudieron al llamado. La sesión comenzó con la intervención del diputado presidente de la comisión, Alaín Cedeño, quien indicó: “No es un día para calificar al gobierno o a los diputados, necesitamos que las tres provincias nos den sus opiLa sesión de la Comisión se realizó en el Centro Regional Universitario de Azuero, provincia de Herrera. Cor tesía de la renovación de la concesión es que el Metro de Panamá sigue pagando a Panama Canal Railway, 2.9 millones de dólares en alquiler por unos terrenos donde operan los patios, talleres y oficinas administrativas, pese a que estas áreas son del Estado panameño. En 2022, el Metro de Panamá envió una nota a la Autoridad Marítima de Panamá, solicitando la exclusión de estos terrenos que son del Estado, de la concesión que se iba a otorgar a la empresa que administra el ferrocarril, pero les indicaron que no podían proceder con esa petición. Un caso similar ocurre en terrenos que ocupa la Autoridad Nacional de Aduanas en Curundu, por los cualesla entidad estatal le paga a la empresa concesionaria del ferrocarril. “Es inaceptable que dos instituciones paguen un alquiler por terrenos que nos pertenecen a todos los panameños. Ya es momento de que pongamos en primer lugar los intereses de la ciudadanía y no los intereses particulares de unos pocos”, señaló el diputado Gaitán en la red social X. La Prensasolicitó comentarios a Thomas Kenna, presidente y director general de Panama Canal Railway Company, sobre esta denuncia, pero no hubo respuesta. niones”. Explicó que cada participante tendría 15 minutos para exponer su planteamiento sobre el proyecto 163. El primero en intervenir fue José Pacífico González, quien utilizó inteligencia artificial para presentar su propuesta, centrada en generar nuevos ingresos para la CSS mediante la creación de una fintech. “Contar con una fintechpropia le permitirá prestar servicios digitales y financieros”, señaló, sugiriendo incluso la creación de una subsidiaria financiera . Seguidamente, Julio Ernesto Olarte, del Movimiento de Jubilados y Pensionados Unidos por la Vida, cuestionó que, para tres provincias con una población superior a 488 mil habitantes, la Comisión de Salud solo hubiera otorgado 40 cupos para exponer. “¿Ven a la población como de segunda categoría? ”, cuestionó el jubilado a los diputados. Además, en su planteamiento, enfatizó que los trabajadores cotizantes son los verdaderos dueños de la CSS. Durante su intervención, Olarte preguntó al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, si tenía relación con alguna empresa farmacéutica, a lo que el titular de Salud respondió tajantemente: “No tengo nada que ver con empresas de medicamentos”. En los discursos de la mayoría de los participantes predominó el rechazo categórico a las reformas propuestas a la CSS. También expresaron quejas generalizadas sobre la falta de medicamentos, especialistas médicos y las largas filas para conseguir citas. Otra intervención destacada fue la de Adelaida Sossa, ingeniera civil, quien presentó dos propuestas. La primera está relacionada con los trabajadores de la construcción, argumentando que este grupo no puede laborar hasta los 65 años debido a la naturaleza de su trabajo. Propuso que sea obligatorio que, por cada cinco trabajadores contratados por empresas constructoras, se emplee a uno mayor de 55 años, garantizando así que puedan mantenerse activos y alcanzar la jubilación. Su segunda propuesta se centró en los trabajadores que han ganado salario mínimo durante toda su vida laboral, planteando que, al momento de jubilarse, reciban el 100% de su último mejor salario mínimo, sin recortes. Explicó que este grupo de trabajadores representa a los más sacrificados del sistema. En representación de la provincia de Coclé, Alexander González, del Frente Campesino Victoriano Lorenzo, pidió que se tome en cuenta la opinión de los más humildes y que las reformas se diseñen pensando en los más necesitados. “Pedimos más fuentes de empleo, que los jóvenes de nuestro campo puedan cotizar y aspirar a una jubilación digna. Hay una brecha entre pobres y ricos, donde hay más pobres y pocos ricos”. González agregó que, respecto al sistema de salud, las áreas rurales y campesinas están abandonadas, por lo que exigió más medicamentos y especialistas. En la reunión participaron representantes de la Asociación de Promotores de Vivienda de Herrera y Los Santos, constructores, jubilados, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, ingenieros civiles, sobrevivientes del dietilenglicol, la Federación Auténtica de Trabajadores y el Sindicato de Trabajadores de la CSS, entre otros. La próxima consulta ciudadana sobre la reforma a la Ley Orgánica de la CSS se llevará a cabo hoy, en Chame, Panamá Oeste, en la Casa Cultural, a partir de las 9:00 a.m. Además, la comisión informó que las personas interesadas en enviar sus propuestas pueden hacerlo al correo electrónico c_tra - [email protected] . Contra Dina Mar Ochy, hermana de David y Daniel Ochy, el juzgado emitió una orden de captura luego de que no compareciera en la primera fecha de juicio convocada para el resto de los procesados en mayo de 2023. En esa ocasión, el juzgado también emitió órdenes de captura para las italianas Pía María Tolomei Friguerio e Isabelle Bruno Tolomei Friguerio. Las tres fueron declaradas prófugas, y se emitieron alertas rojas de Interpol para su localización, detención y traslado. A los hermanos Ochy se les atribuye haber recibido fondos provenientes de contratos con el Estado, que posteriormente fueron usados para adquirir acciones de Editora Panamá América (Epasa). Su hermano David Ochy está pendiente de un proceso de extradición solicitado por las autoridades panameñas a Costa Rica, para que comparezca en el proceso por el caso New Business y en otro por presunto peculado en la construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera. Su otro hermano, Daniel Ochy, fue condenado a una pena de 96 meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business. Hace poco, la Corte Suprema de Justicia le rechazó un amparo de garantías constitucionales contra esta sentencia. Por el caso New Business, el expresidente Ricardo Martinelli fue condenado a 128 meses de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones. Desde el pasado 7 de febrero, Martinelli se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá, tras declararse “perse - guido político”. También fueron condenados en este caso Janeth Ibeth Vásquez Sanjur, Iván Arturo Arrocha Chevalier y Valentín Martínez Vásquez, quien solicitó recientemente una audiencia de revisión de su caso. Además, Gonzalo Germán Gómez y los hermanos Nicolás y José Carlos Corcione recibieron condenas por su participación en el mismo caso.
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