2A LaPrensa Panamá, viernes 29 de noviembre de 2024 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Prescripción de cargos en caso de falsificación contra el BNP El Juzgado Segundo Liquidador declaró prescritos los cargos por falsificación y delitos financieros contra 63 personas, pero mantuvo la acusación de peculado contra ocho exfuncionarios del BNP. Comunidad china pide sanciones Comerciantes y empresarios chinos, a través de unas 40 organizaciones, hicieron un llamado a las autoridades de Aduanas y del Ministerio Público para que sancionen a los responsables de la falsificación de monedas. Además, mencionaron los casos del arroz etiquetado con marca nacional y del ungüento sin registro sanitario. Pidieron un encuentro con las autoridades para apoyar las investigaciones. La víctima fue el Banco Nacional de Panamá (BNP), que sufrió los perjuicios derivados de los delitos de falsificación de documentos y peculado. Archivo Juez ordena la detención de otras dos personas por falsificar monedas JUSTICIA Juan Manuel Díaz [email protected] La juez de garantías, Ninoska Andrade, imputó cargos y decretó la detención preventiva de dos ciudadanos de origen chino, implicados en una red criminal dedicada a la falsificación de monedas de un balboa conocidas como “martinellis”que se distribuían a nivel nacional. Durante una audiencia, que se inició a la 1:00 p.m. de ayer, la juez Andrade acogió la petición hecha por la fiscal Zeudi Williams de mantener la detención preventiva de los hermanos Zhi Gin Tang y Chi Feng Tang por los delitos de falsificación de monedas y asociación ilícita para delinquir, luego de que durante un allanamiento realizado en una bodega de Altos de Tocumen se ubicaron máquinas troqueladoras para elaboración de monedas. Entre los argumentos expuestos por la juez, para mantener la detención de ambos imputados, está el hecho de que se trata de un delito grave, que ha ocasionado un grave perjuicio a la economía nacional y que también ha lesionado la imagen del país. Durante el desarrollo de la audiencia, la fiscal Williams detalló que la investigación, que se inició a raíz de una denuncia presentada por el Banco Nacional de Panamá (BNP) en el año 2022, ha dejado al descubierto una red criminal dedicada a la falsificación de “martinellis”. Relató que los hermanos Tang manejaban una empresa de almacenaje y transporte que les permitía llevar las monedas falsificadas a diferentes puntos del país para su comercialización. También explicó que la fiscalía practicó allanamientos en Altos de Tocumen, Villa Zaíta, Betania y Chiriquí en los que se ubicaron unas 68 mil monedas falsas. La funcionaria de investigación dijo que se está tras la pista de otras personas que se presume están conectadas con esta red criminal y que operan algunos comercios en diferentes puntos del país, desde los cuales se movilizan las monedas falsas. Recalcó que los aprehendidos el miércoles 27 de noviembre, en Altos de Tocumen, mantienen relación con las otras tres personas detenidas el pasado 1 de noviembre en una bodega en Chilibre, en la que se decomisaron 183 mil 202“marti - nellis”falsos. La fiscal Zeudy Williams. Juan Manuel Díaz MP: funcionarios recibían sobornos de hasta $5,000 INVESTIGACIÓN Juan Manuel Díaz [email protected] La Unidad de Análisis Financiero alertó al Ministerio Público (MP) sobre funcionarios implicados en una red de blanqueo de capitales, quienes recibieron pagos de $5,000, $4,000 y $2,000 para otorgar un contrato a una empresa para el suministro y transporte de sustancias químicas controladas. Según la investigación de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, los funcionarios Sede de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado. Archivo JUICIO Juan Manuel Díaz [email protected] El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales declaró prescritos los cargos formulados contra 63 personas por la presunta comisión de delitos financieros y falsificación en perjuicio del Banco Nacional de Panamá (BNP). No obstante, mantuvo la acusación contra ocho exfuncionarios por el delito de peculado. Delitos financieros y falsificación Durante el juicio contra 71 personas, que inició el pasado lunes y concluyó el miércoles, el juzgado acogió la solicitud de los defensores de los imputados, quienes argumentaron que los delitos de falsificación de documentos y financieros ya estaban prescritos, debido a que la investigación excedió el tiempo máximo de aplicación de la pena. Los defensores alegaron que la pena aplicable a dichos delitos es de ocho años de prisión, pero señalaron que el auto de llamamiento a juicio fue emitido en mayo de 2019, por lo que los delitos ya habían superado el plazo para ser sancionados. Sin embargo, los cargos por la presunta comisión del delito de peculado se mantuvieron para ocho de los procesados. Durante sus alegatos, el fiscal anticorrupción, Ariel Degracia, solicitó la condena por el delito de peculado contra Marta Ríos, exgerente de la sucursal del BNP en La Exposición. Asimismo, pidió condenas por peculado culposo para las oficiales de crédito Yadisel Renwick, Vanessa Herrera y Mireya Reyes, y para los supervisores Mitzila Torres, Ruth de Obaldía, Enrique Rivera y Luis Carlos Henríquez. La petición de los defensores Por su parte, los abogados defensores solicitaron la absolución de todos los imputados, argumentando que la fiscalía no logró determinar el monto de la lesión patrimonial al BNP ni probar que los procesados se enriquecieron ilícitamente con los fondos cuestionados. Los hechos se originaron a raíz de una denuncia presentada por el Ministerio Público tras una auditoría interna correspondiente al período entre julio de 2009 y febrero de 2011, que reveló anomalías en 96 préstamos hipotecarios. Estos incluían préstamos aprobados y desembolsados, aprobados pero no pagados, y otros que estaban en trámite. Según la fiscalía, en muchos de estos préstamos las cartas de trabajo y de referencia fueron alteradas o falsificadas, y en varios casos dichas cartas correspondían a empresas ficticias. Además, la Dirección Nacional de Informática de la Caja de Seguro Social (CSS) certificó que las fichas de comprobación de salarios y derechos de los prestatarios presentaban alteraciones en los datos, como el salario reportado, el número patronal y el número de seguro social. recibieron transferencias a sus cuentas provenientes de tres bancos locales. La alerta generada por la UAF reveló que la cuenta de uno de los implicados recibió un depósito de $27 mil, de los cuales se transfirieron montos menores a varias personas que laboraban en la Unidad de Control de Químicos del MP y a dos abogados que prestaron servicios de asesoría. Según la fiscalía, entre los beneficiados con los desembolsos se encuentra Gerardo Peña, quien labora en el MP y quien recibió un supuesto pago de $4 mil 500, depositados en su cuenta por Luz González, excoordinadora de la Unidad de Control de Químicos del MP. También figura la abogada Chitani Brown, quien según la fiscalía recibió una transferencia por la suma de $4 mil 250 como parte de un trabajo de asesoría. De acuerdo con la investigación, otra de las beneficiadas con los fondos fue la funcionaria del MP, Raisa Alvarado, quien recibió una transferencia por la suma de $5 mil. La fiscalía también hizo señalamientos contra el biólogo Alvis Alzamora, quien presuntamente recibió una transferencia de $5 mil por haber prestado sus servicios para la certificación de una consultoría ambiental que nunca se realizó. Otro de los beneficiarios de los fondos es José Rodríguez, quien se desempeñaba como conductor de la Unidad de Control de Sustancias del MP. Rodríguez recibió un depósito de $750 como parte del grupo que gestionó el contrato asignado a la empresa Transporte y Logística S.A. Asimismo, la fiscalía imputó cargos a la funcionaria del MP Kenia Quiros, quien presuntamente recibió la suma de $800. Quiros se desempeñaba como administrativa en la Unidad de Control de Sustancias. La fiscalía también atribuye a Luis Alfredo López, quien labora en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, haber recibido la suma de $5 mil como parte del grupo.Otras de las evidencias aportadas por la fiscalía en su investigación incluye un informe de actuación financiera elaborado por la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial, que determinó la trazabilidad de los fondos entregados por la coordinadora de la Unidad de Control de Sustancias del MP, Luz González, quien se encuentra imputada por esta causa desde febrero de este año. El pasado miércoles, un juez de garantías imputó cargos por el delito de blanqueo de capitales a este grupo de personas. La totalidad de los imputados expresó su decisión de alcanzar acuerdos de pena de entre cuatro y ocho meses de prisión con la fiscalía, pero el juez dispuso que dicho acuerdo solo se haría efectivo si devuelven la totalidad del dinero.
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