4A LaPrensa Panamá, jueves 28 de noviembre de 2024 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] PREMIO. Publio De Gracia no es el primero. Antes que él, otros jefes de la Dirección General de Ingresos (DGI) recibieron un bono anual, producto del 1% de los excedentes de los cobros de impuestos, tal como lo establece la Ley 33 de 2010. Por ejemplo, Luis Cucalón, quien terminó en prisión al concluir su gestión en la DGI, salió con un cheque de $360,000, un 70.5% más que los $106,000 que le correspondieron a De Gracia. El diputado Jhonathan Vega prometió que en enero presentará un proyecto para eliminar estos bonos. Lástima que, de convertirse en ley, no tendría efectos retroactivos. CRITERIO. El influencer Oli Meza está en la planilla del Ministerio de Seguridad Pública, con el cargo de “asesor ”de la Policía Nacional, desde el 6 de septiembre de 2024. Su salario es de $3,000. Meza adquirió notoriedad esta semana por haber entrevistado a Odila Castillo, la abogada que “mejor conoce el derecho administrativo y las contrataciones públicas” en Panamá, según Gerardo Solís. Eso que se lo digan al FBI. ¿Quién será el próximo entrevistado de Meza? ¿Un narco? GALILLO. Esto era lo que le faltaba a las consultas del proyecto de ley 163, sobre reformas a la CSS: una cantante aficionada. Saisilín Hernández utilizó su intervención de 15 minutos para compartir cánticos cristianos y una balada de la cantante mexicana Sasha. ¿De qué manera eso beneficia o aporta a la discusión de la CSS? Si le gusta cantar, puede anotarse en un karaoke o hacer un live en Instagram, pero el país entero no tiene por qué padecer sus ocurrencias. ESPERANZADO. Por segunda semana consecutiva, el ministro de Vivienda, Jaime Jované, acudió a la comisión legislativa de Presupuesto a sustentar los traslados de partida para pagar a los contratistas del programa “Te - chos de Esperanza”. Ojalá no sorprendan al país con una nueva indemnización millonaria a favor de IBT. El desafío de llevar agua potable a los niños en Panamá De un total de 1.2 millones de niños y adolescentes que registra el Censo de Población y Vivienda de 2023, 281 mil 927 no tienen acceso a una gestión de agua segura, es decir, agua que viene plantas potabilizadoras, acueductos públicos o privados y agua embotellada. Esto riñe con el ODS 6. INFORME SOBRE ODS 6 Yaritza Mojica [email protected] Un 23% de la población infantil en Panamá vive sin acceso a una gestión de agua segura. Esto comprende a 281 mil 927 niños, niñas y adolescentes de un total de 1,232,585, según el informe Situación de los Niños, Niñas y Adolescentes en Panamá, que utiliza los datos del XII Censo de Población y Vivienda 2023. El informe, divulgado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), destaca que una gestión segura de agua implica el acceso a través de acueductos públicos gestionados por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), sistemas comunitarios, acueductos particulares, agua embotellada o cisternas, siempre que el agua potable esté disponible dentro de la vivienda. El objetivo 6 de los Objeti - vos de Desarrollo Sostenible (ODS), “Agua limpia y saneamiento”, reconoce el acceso al agua potable y al saneamiento como derecho humano fundamental, derivado del derecho a un nivel de vida adecuado establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En Panamá, los niños, niñas y adolescentes que viven en hogares sin gestión segura del agua se concentran principalmente en la comarca Ngäbe-Buglé (33%), seguidos de los que se encuentran en las provincias de Panamá (11%) y Bocas del Toro (10%). El Idaan cuenta con 152 acueductos y 59 plantas potabilizadoras en el país. No obstante, la entidad reconoce que aún faltan al menos mil 700 kilómetros de tuberías de agua potable por instalar. La entidad proyecta optimizar la red y aumentar la producción durante la presente administración gubernamental. De acuerdo con la información analizada, otro dato preocupante es que el 35% de la población infantil y juvenil, equivalente a 429 mil 624 niños, no tiene acceso a servicios de recolección de basura. Este problema afecta especialmente a las comarcas Guna Yala, Emberá-Wounaan y Ngäbe-Buglé, así como a las provincias de Darién y Bocas del Toro. Además, el 17% de los niños vive sin saneamiento adecuado, lo que afecta a 211 mil 260 menores. La mayor proporción de estos niños y adolescentes se encuentra en las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé. La Conven - ción sobre los Derechos del Niñoestablece que todo menor tiene derecho a vivir en un entorno seguro y digno, con acceso a servicios básicos de agua, saneamiento e higiene. El informe también revela que un 15% de los niños, niñas y adolescentes en Panamá vive en condiciones de hacinamiento. En áreas urbanas, esta cifra es del 8%, mientras que en zonas rurales se eleva al 24%. Adicionalmente, 10 mil 857 niños habitan en viviendas improvisadas, y 7 mil 255 viven con sus familias en cuartos de vecindad. Respecto al material de las viviendas, predominan paredes de bloque, ladrillo o concreto, seguidas de madera. Sin embargo, hay viviendas con paredes de palma, paja, bambú o palos. El acceso a la electricidad también es limitado: 117 mil 667 menores, equivalentes al 10% de la población infantil, no cuentan con este servicio básico. Sandie Blanchet, representante de Unicef en Panamá, señaló que los datos del censo permiten examinar a profundidad la situación de los grupos más vulnerables, como los niños indígenas y las madres adolescentes. “Este análisis nos muestra que estos grupos están en mayor riesgo de exclusión. Por ello, la implementación de políticas públicas con enfoque de equidad es esencial para asegurar que todos los niños y niñas, incluidos los más desfavorecidos, puedan alcanzar su máximo potencial”, afirmó. Blanchet reiteró el compromiso de Unicef de apoyar al Estado panameño para garantizar que ningún niño quede atrás. Según indicó, visibilizar la situación de los más excluidos es el primer paso para catalizar acciones, compromisos e inversiones que permitan brindar oportunidades igualitarias, contribuyendo al desarrollo del país. “Esperamos que este análisis de la niñez según los datos del Censo pueda ser utilizado como instrumento clave para priorizar y focalizar políticas públicas, asegurando una inversión sostenida y equitativa para que todos los niños, niñas y adolescentes vean realizados todos sus derechos y alcancen su pleno desarrollo”, concluyó Blanchet. El informe también revela que 10 mil 857 niños habitan en viviendas improvisadas, y 7 mil 255 viven con sus familias en cuartos de vecindad. Archivo Gremios magisteriales exigen pruebas ante denuncia de falsificación del Meduca REACCIÓN Aleida Samaniego C. [email protected] Los gremios magisteriales se desvincularon de las acusaciones del Ministerio de Educación (Meduca) que, el lunes, denunció el uso indebido de la firma de su titular, Lucy Molinar, y del sello oficial del Despacho Superior en documentos que han estado circulando por redes sociales y plataformas de mensajería instantánea. Los gremios exigieron no ser involucrados injustamente. Afirmaron que tanto el sello como la firma cuestionados corresponden exclusivamente al Despacho Superior del Meduca y no están relacionados con ellos. Luis Sánchez, presidente de la Asociación de Educadores Veragüenses, calificó las acusaciones como “in - fundadas” y señaló que buscan desacreditar al movimiento docente. “El comunicado del Meduca parece ser parte de una campaña intencionada para afectar la credibilidad de los gremios. Instamos a la ministra Molinar a ser clara y señalar qué agrupación está involucrada, en lugar de lanzar señalamientos generales que [...] dañan nuestra reputación”. Sánchez recordó que en 2014 hubo casos similares, cuando gremios fueron acusados sin pruebas concluyentes. “Esto parece un intento de repetir las mismas estrategias de desprestigio, justo cuando estamos luchando contra la aprobación del proyecto de ley 163, que pone en riesgo los derechos del magisterio y de la Mensaje Meduca se dirige a los gremios En un comunicado, exhortó a los gremios magisteriales a colaborar para erradicar estas prácticas, que afectan la imagen del sistema educativo. Reiteró que no respalda ni interviene en las dinámicas organizacionales de los gremios. Confirmó que continuará con las investigaciones y remitirá toda la información a las autoridades competentes para que se adopten las medidas legales necesarias. Lucy Molinar, ministra de Educación. Archivo educación pública”, apuntó. Humberto Montero, dirigente del Frente Nacional de Educadores Independientes, subrayó la gravedad del caso y pidió una investigación exhaustiva. “Es imperativo identificar quién está detrás de estas prácticas fraudulentas. Si algún gremio incurrió en esta acción, debe asumir la responsabilidad correspondiente”, dijo. El Meduca informó que los documentos falsificados habrían sido utilizados para promover candidaturas en elecciones gremiales y, en algunos casos, se aseguró falsamente que contaban con respaldo oficial del ministerio. Los dirigentes destacaron que esta es la segunda ocasión en el año en que se acusa a gremios docentes. La primera fue en octubre, cuando siete personas, incluyendo docentes, fueron aprehendidas bajo sospecha de delitos como blanqueo de capitales y peculado, relacionados con nombramientos irregulares en el Meduca. Lina Elisa Castro de León será la suplente de Ángela Russo DESIGNACIÓN José González Pinilla [email protected] La jueza Lina Elisa Castro de León fue designada por el Consejo de Gabinete como magistrada suplente de Ángela Russo, en la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSS). Castro de León ocupará el cargo por el resto del periodo, que finaliza el 31 de diciembre de 2025. Antes que Castro, en abril de 2024, Katia Di Bello fue designada como suplente de Russo, pero la Asamblea Nacional (AN) nunca ratificó esa decisión. La designación de Castro debe ser ahora examinada por la Comisión de Credenciales de la AN, que deberá recomendar su ratificación o no al pleno legislativo. Castro es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. También estudió una maestría en desarrollo del sector marítimo. Fue la juez que decidió sobre la demanda civil que el expresidente Ernesto Pérez Balladares presentó contra Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa). Aunque en 2020 ordenó un secuestro civil solicitado por Pérez Balladares sobre bienes y cuentas de Corprensa, posteriormente, el 23 de junio de 2023, negó la indemnización de $5.5 millones solicitada por el expresidente y lo condenó a pagar $581 mil en costas. Luego, el 16 de noviembre de 2023, el Primer Tribunal Superior revocó la sentencia dictada por Castro y, en su lugar, condenó a Corprensa a indemnizar con $5 mil al expresidente, en concepto de daño moral. El caso está ahora en la CSJ, que debe resolver unos recursos de casación.
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