28 de noviembre de 2024 - Año 44 - Nº 14851 75¢ Jueves El medio libre de Panamá DGI multa a VT Shipping por incumplimientos tributarios La empresa holandesa VT Shipping International Inc. fue multada por la DGI con $232,640 tras una auditoría fiscal (2019, 2021, 2022). Un día después de la inspección ocular de la DGI, la compañía asegura que nunca ha operado como zona libre de petróleo. VEA 2A El 23% de los niños no tiene acceso a agua potable Según Unicef estas cifrasreflejan la necesidad de políticas públicas con enfoque de equidad para garantizar derechos básicos y combatir la exclusión. PANAMÁ DESIGUAL Yartiza Mojica [email protected] En Panamá, el 23% de los niños (281,927) carece de acceso a agua potable gestionada de forma segura, según el informe del XII Censo 2023 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia(Unicef ). Este problema afecta principalmente a las comarcas indígenas como Ngäbe-Buglé (33%). Además, el 35% no cuenta con recolección de basura, y el 17% vive sin saneamiento adecuado. Estas cifras, según Sandie Blanchet, representante de Unicef, reflejan la necesidad de políticas públicas con enfoque de equidad para garantizar derechos básicos y combatir la exclusión, especialmente en los grupos más vulnerables, como niños indígenas y madres adolescentes. VEA 4A ¡Feliz 28 de noviembre! Raíces fuertes, sueños infinitos Desde las raíces profundas de nuestra tierra, bordadas en la belleza del traje típico, hasta la esperanza que se alza en el horizonte, Panamá celebra su libertad. Hoy, 28 de noviembre, recordamos con orgullo nuestra historia: la independencia de España en 1821 y nuestra separación de Colombia el 3 de noviembre 1903. Somos un pueblo que ha sabido forjar su destino con valentía y amor por su patria. ¡Feliz 28 de noviembre, Panamá! Alexander Arosemena Hoy por hoy Cada 28 de noviembre, los panameños recordamos con orgullo el valor y la visión de aquellos próceres que, en 1821, tomaron la decisión histórica de independizarnos de España. Fue un acto que definió nuestra capacidad de unirnos como nación. Hoy, 203 años después, Panamá enfrenta un momento trascendental: decidir el futuro de nuestra Caja de Seguro Social, una institución vital para el bienestar de nuestra sociedad y para las próximas generaciones. Así como en 1821, las decisiones que tomemos hoy deben estar guiadas por la responsabilidad colectiva y el interés general. El sistema de pensiones y de atención médica no es solo un tema financiero, sino un reflejo de nuestros valores: ¿Cómo cuidamos a nuestros mayores? ¿Cómo garantizamos salud digna para todos? ¿Qué legado dejamos para los que vienen detrás de nosotros? El 28 de noviembre nos recuerda que somos capaces de grandes cosas cuando trabajamos con propósito. Que esta fecha inspire a nuestros líderes, ciudadanos y sectores sociales a encontrar soluciones justas y sostenibles para la CSS, basadas en la solidaridad, la equidad y la responsabilidad. Ellas.pa ‘Hijas de nuestra tierra’: un homenaje a la mujer 5B Panorama EU sanciona a 21 personas por ‘robar las elecciones’ en Venezuela 6A Yolanda Sandoval y Carlos Araúz en un conversatorio sobre la CSS 3A Economía Analistas temen que Panamá pierda el grado de inversión 1B Funcionarios del MP y abogados imputados por blanqueo Una jueza imputó cargos por blanqueo de capitales a siete personas, incluyendo funcionarios del Ministerio Público (MP), acusados de introducir sustancias químicas mediante contratos en la Unidad de Control de Químicos. VEA 3A Publio De Gracia recibirá $106 mil en incentivos Los incentivos económicos otorgados a Publio De Gracia, jefe de la Dirección General de Ingresos (DGI) durante el período 2019-2024, están en el centro del debate. Estos montos, provenientes del Fondo de Gestión Tributaria, ascienden a $21,536 en 2021, $54,300 en 2022 y $30,778 en 2023. Camilo Valdés, actual director de la DGI, informó de este tema a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. De Gracia defendió el beneficio argumentando que está sustentado en la ley y que las cifras de recaudación en su gestión fueron mejores que en períodos anteriores.VEA 2A Panorama
2A LaPrensa Panamá, jueves 28 de noviembre de 2024 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom VT Shipping sancionada por irregularidades fiscales VT Shipping International Inc. recibió una multa de $232,640 tras una auditoría fiscal que evidenció incumplimientos. La empresa enfrenta cuestionamientos por beneficios fiscales no justificados bajo el régimen de zona libre de petróleo. Mónica Palm [email protected] VT Shipping International Inc., la empresa holandesa a la que la Dirección General de Ingresos (DGI) reconoció beneficios y exoneraciones propios de una zona libre de petróleo, fue sancionada por la entidad como consecuencia de una auditoría a sus declaraciones juradas de renta correspondientes al periodo fiscal de los años 2019, 2021 y 2022. Como resultado de esa auditoría, la DGI aplicó una multa de $232,640. El caso nunca fue enviado a la esfera penal por ser de una cuantía inferior a los $300,000, como dicta el Código de Procedimiento Tributario. Esta auditoría no guarda relación con el proceso que adelanta la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, por presunta evasión fiscal, ni con la investigación de la Fiscalía Segunda Anticorrupción, que el pasado martes llevó a cabo una inspección ocular en la DGI, buscando los documentos que sustenten por qué a esta empresa se le reconocen los beneficios fiscales de una zona libre de petróleo desde el año 2020. A la empresa se le realizó la auditoría porque fue seleccionada como parte de los procesos de verificación de obligaciones tributarias que conduce el Departamento de Fiscalización Tributaria. La misma se llevó a cabo entre el 11 de enero y el 12 de junio de 2023. “Es probable, si es correcta la información de la multa, que puede estar relacionada conunincumplimientoenla entrega de algún informe que tienen obligación las empresas multinacionales, principalmente”, dijo Publio De Gracia, director de la DGI en aquella época, a La Prensa . La Fiscalía Segunda Anticorrupción investiga ahora por qué VT Shipping gozaba de los incentivos fiscales de una zona libre de petróleo, puesto que el permiso que tiene la empresa desde 2009 es para proveer, suministrar y entregar productos derivados del petróleo a naves en tránsito, a través de barcazas. Para colmo, el permiso a favor de VT Shipping estuvo vigente hasta el 20 de noviembre pasado y no ha sido prorrogado por la Secretaría Nacional de Energía (SNE). El 14 de junio de 2024, la entonces secretaria de Energía, Rosilena Lindo, remarcó por escrito que “VT Shipping no es una zona libre de combustible ni se le ha otorgado anteriormente contrato con el Estado para operar y administrar una zona libre de combustible”. Lo mismo fue certificado por el actual secretario de la SNE, Juan Manuel Urriola, luego de recibir un oficio de la Fiscalía Anticorrupción el 17 de agosto pasado. El abogado y ambientalista Harley Mitchell Morán, que desde hace un año intenta obtener información sobre VT Shipping, sostiene que la empresa“está aparentando estar adscrita a una situación jurídica que no corresponde”. Mitchell hizo una consulta a la SNE sobre la aplicación de la Ley 39 de 2007, sobre hidrocarburos, y esta fue la respuesta que recibió: “El poseedor de un permiso de proveedor de productos derivados de petróleo a través de barcazas no es un agente autorizado para comercializar productos, sino para transportarlos hasta las naves de tránsito internacional, lo cual sí es un derecho de los poseedores de un permiso de usuario de zona libre de combustible, por lo que estos últimos pueden solicitar el reconocimiento del régimen fiscal de zonas libres o francas desarrollado en el artículo 94-B de la Ley 8 de 16 de junio de 2007, adicionado por el artículo 13 de la Ley 39 de 2007”. El caso nunca fue enviado a la esfera penal por ser de una cuantía inferior a los $300,000, como dicta el Código de Procedimiento Tributario. LP UI UNIDAD INVESTIGATIVA $106 mil en incentivos: el controvertido beneficio que recibió exdirector de la DGI FONDOS PÚBLICOS Eliana Morales [email protected] Los incentivos económicos otorgados a Publio De Gracia, director de la Dirección General de Ingresos (DGI) durante el período 2019-2024, están en el centro del debate. Estos montos, provenientes del Fondo de Gestión Tributaria, ascienden a $21,536 en 2021, $54,300 en 2022 y $30,778 en 2023, según una carta que envió Camilo Valdés, actual director de la DGI, a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. El tema se discutió en la mencionada comisión el pasado 21 de noviembre, cuando el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, solicitó un traslado de partidas por $6.8 millones para cubrir el pago de incentivos a personal de la DGI, incluyendo la suma de $30,778 para cubrir el beneficio de 2023 que le corresponde al exjefe de la DGI. Si se toma en cuenta este último pago, la cifra se eleva a $106,614. Críticas en la Asamblea Nacional El diputado Jhonathan Vega, de la bancada Vamos, cuestionó la magnitud del incentivo y expresó su desacuerdo con un tono irónico: “Tremendo incentivo. Publio, tú tienes que pagar la cena de Navidad”, dijo. Además, Vega señaló que los bonos recibidos por De Gracia durante cinco años suman aproximadamente $150,000, y agregó: “nos sorprende cómo los recursos del Estado existen para unas personas y para otras no”. El legislador preguntó si este tipo de beneficios también se aplica a otros altos funcionarios, como ministros o viceministros, a lo que Fernández respondió que únicamente beneficia al director de la DGI. El diputado dijo que estaba “sorprendido”, “atónito ”, “anonadado”por la cifra. Fundamento legal En la carta que mandó Camilo Valdés a la Comisión de Presupuesto, se lee que el Fondo de Gestión Tributaria fue creado mediante el Decreto de Gabinete 109 de 1970, modificado por la Ley 31 de 1991 y la Ley 33 de 2010. Se nutre del 1% del excedente de los ingresos tributarios administrados por la DGI, comparados con los ingresos recaudados el año anterior, incluyendo pagos con documentos de crédito. Respuesta de Publio De Gracia Consultado por La Prensa, De Gracia defendió el beneficio argumentando que está sustentado en la ley y añadió que con los presupuestos se establecen las cifras que se proyectan recaudar en concepto de ingresos tributarios. Añadió que según las cifras preliminares que recopiló la DGI, en los años 2021, 2022 y 2023, estuvieron (los ingresos) por encima en comparación al año anterior. “Este fondo no solo beneficia al director, sino también Publio De Gracia, exdirector de la DGI. Elysée Fernández a los servidores públicos de la DGI, quienes trabajan en equipo para alcanzar los resultados”, sostuvo. El exdirector destacó las transformaciones digitales impulsadas bajo su liderazgo, que, dijo, posicionaron a la administración tributaria panameña como una entidad “altamente madura” en términos tecnológicos. Asimismo, resaltó que estas innovaciones se desarrollaron en un contexto desafiante, marcado por las consecuencias económicas de la pandemia de covid-19. Sobre las críticas, De Gracia manifestó que las comprende. “Aunque el fondo tiene un fundamento válido y que data de décadas, es normal que genere preguntas y dudas. Si los diputados y la sociedad consideran que deben eliminarse o modificarse, tienen la potestad de hacerlo. Sin embargo, creo que esto desvalorizaría el trabajo que realizamos para superar las metas de recaudación año tras año”, argumentó. ‘Nunca hemos operado como zona libre petróleo’; la reacción de VT Shipping EXONERACIONES Mónica Palm [email protected] VT Shipping International Inc., la empresa a la que se le reconocieron los beneficios fiscales de una zona libre de petróleo, afirmó que “nunca”ha operado bajo ese régimen. “VT Shipping International brinda servicios de abastecimiento de combustible, el cual adquiere en las zonas libres de petróleo del país para suplir a los buques en tránsito. Por lo tanto, nunca hemos operado como una zona libre de petróleo”, remarcó en un comunicado divulgado ayer miércoles 27 de noviembre, un día después de que la Fiscalía Segunda Anticorrupción realizara una inspección ocular en la Dirección General de Ingresos (DGI) para ubicar los documentos que indiquen por qué a esta empresa se le reconocieron (desde el año 2020) las exoneraciones propias de una zona libre de petróleo. El comunicado de este miércoles no explica por qué la DGI reconoció a VT Shipping como una zona libre de petróleo, pese a que al menos tres secretarios de Energía, en dos administraciones presidenciales distintas —la de Laurentino Cortizo (2019-2024) y la actual de José Raúl Mulino—certificaron que la empresa tiene permiso para proveer combustible a naves en tránsito, a través de barcazas. El permiso de la Secretaría General de Energía (SGE), por cierto, estuvo vigente hasta el pasado 20 de noviembre de 2024. La empresa no menciona este dato y tampoco aclara si gestiona una prórroga del mismo. La nota de prensa indica que todas las operaciones de VT Shipping están regidas por la Ley 8 de 1987 (modificada por la Ley 39 de 2007) sobre hidrocarburos, y el Decreto de Gabinete 36 de 2003, el cual establece una política nacional de hidrocarburos en la República de Panamá. “Somos celosos de cumplir con rigurosidad el régimen fiscal panameño de acuerdo con la normativa para nuestra actividad”, remarcó. El 1 de octubre de 2020, el entonces director de la DGI, Publio De Gracia, firmó una resolución para reconocer a VT Shipping la aplicación de las exoneraciones fiscales y otros incentivos exclusivos de una zona libre de petróleo. En ese documento, De Gracia informó que la decisión fue adoptada luego de analizar la documentación aportada por el contribuyente, entre la que listó certificados y resoluciones expedidas por la Secretaría Nacional de Energía (SNE) y una copia de su aviso de operación. “Por lo tanto, esta Dirección considera que es viable el reconocimiento de los incentivos fiscales indicados ut supra y que son administrados por esta dirección”, apuntó De Gracia en la Resolución No. 201-6805 del 1 de octubre de 2020.
3A LaPrensa Panamá, jueves 28 de noviembre de 2024 Panorama Fiscalía acusa a funcionarios y abogados por red criminal en el MP La jueza imputó a siete personas por blanqueo de capitales en el MP, revelando una red de corrupción vinculada a contratos irregulares de químicos. La fiscalía obtuvo declaraciones y ordenó congelar cuentas. Entre los detenidos figuran funcionarios del Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y Abogados. @PGN_PANAMA Carlos Araúz: cambios en las medidas paramétricas son necesarios CSS Henry Cárdenas [email protected] Los cotizantes de la Caja de Seguro Social (CSS) tienen que estar conscientes de que el dinero de las reservas y para cubrir las pensiones actuales se extinguió, razón por la cual es necesario modificar las medidas paramétricas, aseguró el economista Carlos Araúz. En un conversatorio en vivo con la directora web deLa Yolanda Sandoval y Carlos Araúz en los estudios de Prensa.com. Miguel López Estos son los requisitos técnicos de las ‘laptops’ que quiere comprar el Meduca CONVENIO Ereida Prieto-Barreiro [email protected] La ministra de Educación, Lucy Molinar, ha descalificado reiteradamente a quienes cuestionan el “convenio de cooperación” que firmó en septiembre pasado con la fundación estadounidense One Laptop per Child (OLPC), para la compra directa de 654 mil computadoras portátiles por $241.7 millones. En una reciente entrevista televisiva, Molinar calificó las críticas como“pataletas” de un diputado —cuyo nombre no precisó—y de los medios de comunicación que han informado sobre el convenio con OLPC, la compra directa y las burlas a la Ley de Contrataciones Públicas de 2006. “De verdad que hay gente que tiene el alma podrida en este país y no lo puedo decir de otra manera. El negocio vale más que el desarrollo de nuestra juventud”, dijo en Next Tv. Molinar ha defendido la compra directa a OLPC, alegando que el precio dado por la fundación es 51% más bajo que aquel que se ofrece en el mercado y en un convenio marco que está en el portal electrónico Panamá Comp ra . Invocando la Ley de Transparencia de 2002, La Prensa preguntó a Molinar cómo son las computadoras de la fundación. La ministra respondió el pasado 17 de septiembre, detallando las especificaciones técnicas. No obstante, Molinar no ha explicado cómo obtuvo la propuesta de OLPC, una organización que no opera en Panamá. Indicó que no conoce a nadie de la fundación ni es su “favorita ”. Según indicó tanto a La Prensa como a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, no pudo publicar una licitación en Panama Compra porque las computadoras se encuentran entre los productos que compra el Estado a través del convenio marco. La funcionaria no ha revelado los nombres ni los montos propuestos por las empresas locales que presentaron sus cotizaciones al Ministerio de Educación (Meduca). Por lo pronto, Molinar comprometió $63 millones del presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal de este año, para adquirir la primera tanda de computadoras personales. De ese millonario monto, la comisión legislativa de Presupuesto aprobó un traslado de $45.4 millones. El primer desembolso será para cubrir el costo de producción y envío de 107,123 computadoras portátiles para estudiantes y 54,000 para los docentes de séptimo a duodécimo grado, según destaca el convenio. El transporte de estos equipos a las diferentes regiones del país será asumido por el Meduca y no está contemplado en los $241.7 millones del convenio con OLPC. Un proveedor de computadoras consultado por La Prensa indicó que “las lap - topscon el procesador i3 es el más débil de Intel, mientras que el i5 es pensado para trabajo de oficinas”. La fuente Prensa , Yolanda Sandoval, el analista resaltó que las reformas a la CSS son necesarias, pero, ante todo, para que haya confianza de la población, tiene que haber transparencia tanto en el manejo de los fondos de la entidad como en la parte administrativa. “Los cotizantes tienen que estar muy anuentes de que el dinero de las pensiones, tanto en reservas como en la actualidad para cumplir a futuro inmediato, se extinguió. Tenemos, agresiva y urgentemente, que atacar este tema”, afirmó Araúz. El economista destacó que las modificaciones de las medidas paramétricas propuestas por el Ejecutivo le parecieron sensatas, ya que el Estado está haciendo su aporte, al igual que el sector privado y la población, con el aumento de la edad de jubilación a 60 años las mujeres y 65 los hombres. “Si tomamos las ocho medidas paramétricas que rigen la seguridad social, estamos tocando estas tres porque son las que menos dolor generan”, afirmó Araúz. Hay cinco ejes principales que fueron presentados en las reformas: aumento de tres años en la edad de jubilación para todos los hombresymujeresquetengan menos de 55 y 50 años, respectivamente; alza de 3 puntos porcentuales en la cuota que pagan las empresas y la extinción del sistema mixto de pensiones para formar lo que han denominado el “fondo único solidario”. consideró que, si el Meduca hubiese divulgado su intención de adquirir 654,000 computadoras, “habría obtenido buenos precios localmente y con promoción de mochilas”. Molinar, en cambio, optó por la compra directa, aunque la misma no ha sido autorizada por el Consejo de Gabinete, como exige la Ley 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas en el país. Dichanorma,ensuartículo 2, numeral 6, establece que “le corresponderá al Consejo de Gabinete la evaluación y aprobación de las contrataciones mediante procedimiento excepcional, que sobrepasen los $3 millones”. CONTENIDO EXTRA Escanee el código QR y lea todas las especificaciones de las computadoras portátiles. Características de las laptops Computadoras Meduca Infografía: LP - Fuente: Meduca ESTUDIANTES DOCENTES OS. Windows 11 OS. Windows 11 CPU Intel i3-1215U CPU Intel i5-1215U Memory 8GB DDR4 Memory 16GB DDR4 Storage 256GB PCle Gen3 SSD M.2 Storage 512GB PCle Gen3 SSD M.2 Screen 14" 1366 x 768 TN Screen 14" 1366 x 768 TN 5.0 (AC9560)\RJ45 Gigabit LAN 5.0 (AC9560)\RJ45 Gigabit LAN Battery 57Wh\5000mAh Battery 57Wh\5000mAh |\ 1x DC-in \3x USB 3.2 Type-A \ 1 |\ 1x DC-in \3x USB 3.2 Type-A \ 1 BLANQUEO DE CAPITALES Juan Manuel Díaz [email protected] La jueza de garantías Ninoska Montero imputó cargos por el delito de blanqueo de capitales a siete personas, entre ellas a funcionarios del Ministerio Público (MP), del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) y dos abogados. Se les acusa de la presunta comisión de este delito a través de la adjudicación de contratos para la introducción de sustancias químicas mediante la Unidad de Control de Químicos del MP. En una audiencia que inició a las 11:00 a.m. de ayer, la jueza de garantías concedió a la fiscalía un plazo de seis meses para concluir sus indagaciones. La investigación Según las investigaciones, funcionarios de la Unidad de Control de Químicos del MP y abogados establecieron una red criminal para captar fondos de manera ilícita y legitimarlos mediante compras y servicios ficticios, obteniendo con ello beneficios económicos. Este grupo fue desmantelado durante la segunda fase de la operación Alquimia, cuya investigación se inició en 2022. La fiscalía reveló que los funcionarios de la Unidad de Control de Químicos conocían las irregularidades en la contratación realizada para el suministro de los químicos. Como parte del proceso, la fiscalía presentó cargos contra siete personas, incluidos funcionarios y exfuncionarios del MP y del Imelcf, además de dos abogados. A todos se les acusó de haber obtenido ganancias ilegales mediante la aprobación y adjudicación de un contrato por $114,976 a la empresa Transporte y Logística de Panamá para la introducción y transporte de sustancias químicas controladas. La audiencia Durante la audiencia, la fiscal contra la delincuencia organizada, Dania Michel Bonome, presentó como evidencia la declaración rendida por Luz González, detenida durante la primera fase de la operación realizada en febrero pasado, quien alcanzó un acuerdo de colaboración. La fiscalía sostuvo que en su declaración, González, quien fungía como coordinadora de la Unidad de Control de Químicos, detalló que entregó fuertes sumas de dinero a funcionarios que laboraban en dicha entidad. Además, relató que se creó una empresa de fachada denominada Regena S.A., a través de la cual se depositaron $5 mil bajo el concepto de una consultoría ambiental. Sin embargo, esta consultoría nunca se realizó, y los fondos provenían de la contratación para el suministro y transporte de sustancias químicas. Como parte de las medidas cautelares, la fiscalía ordenó la congelación de las cuentas bancarias de los funcionarios y exfuncionarios implicados en la red dedicada al blanqueo de capitales con fondos provenientes de la corrupción. Tras la presentación de los cargos, los imputados solicitaron, a través de sus abogados, llegar a un acuerdo de pena con la fiscalía, de 40 y 48 meses de prisión, bajo la condición de devolver el dinero en un plazo de cinco días. La jueza de garantías decretó un receso hasta el próximo 6 de diciembre. En febrero de 2024, un juez de garantías imputó a Luz González y a Abraham Ortega por el delito de blanqueo de capitales, luego de que la Unidad de Análisis Financiero detectara transacciones y movimientos bancarios irregulares en sus cuentas. Este informe fue remitido al MP, que inició las investigaciones y descubrió que varios funcionarios de la Unidad de Control de Químicos habían recibido transferencias de dinero desde cuentas relacionadas con González y Ortega. 90 meses de prisión por decomiso de cocaína líquida NARCOTRÀFICO Henry Cárdenas P. [email protected] El pasado lunes, agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) decomisaron en aguas de la comarca de Guna Yala 408 litros de cocaína líquida y aprehendieron a dos ciudadanos panameños. La droga era transportada en una lancha que fue interceptada en el sector de Tikantikí, como parte de la Campaña Darién, y las autoridades indicaron que la sustancia ilícita estaba camuflada en tanques de combustible. En un comunicado, Senafront informó que la confirmación de la presencia de droga fue coordinada con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala. De igual forma, se reportó que los aprehendidos fueron a juicio ayer y condenados a 90 meses de prisión cada uno por el delito de tráfico de sustancias ilícitas. La cocaína estaba dentro de tanques combustible. Cor tesía
4A LaPrensa Panamá, jueves 28 de noviembre de 2024 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] PREMIO. Publio De Gracia no es el primero. Antes que él, otros jefes de la Dirección General de Ingresos (DGI) recibieron un bono anual, producto del 1% de los excedentes de los cobros de impuestos, tal como lo establece la Ley 33 de 2010. Por ejemplo, Luis Cucalón, quien terminó en prisión al concluir su gestión en la DGI, salió con un cheque de $360,000, un 70.5% más que los $106,000 que le correspondieron a De Gracia. El diputado Jhonathan Vega prometió que en enero presentará un proyecto para eliminar estos bonos. Lástima que, de convertirse en ley, no tendría efectos retroactivos. CRITERIO. El influencer Oli Meza está en la planilla del Ministerio de Seguridad Pública, con el cargo de “asesor ”de la Policía Nacional, desde el 6 de septiembre de 2024. Su salario es de $3,000. Meza adquirió notoriedad esta semana por haber entrevistado a Odila Castillo, la abogada que “mejor conoce el derecho administrativo y las contrataciones públicas” en Panamá, según Gerardo Solís. Eso que se lo digan al FBI. ¿Quién será el próximo entrevistado de Meza? ¿Un narco? GALILLO. Esto era lo que le faltaba a las consultas del proyecto de ley 163, sobre reformas a la CSS: una cantante aficionada. Saisilín Hernández utilizó su intervención de 15 minutos para compartir cánticos cristianos y una balada de la cantante mexicana Sasha. ¿De qué manera eso beneficia o aporta a la discusión de la CSS? Si le gusta cantar, puede anotarse en un karaoke o hacer un live en Instagram, pero el país entero no tiene por qué padecer sus ocurrencias. ESPERANZADO. Por segunda semana consecutiva, el ministro de Vivienda, Jaime Jované, acudió a la comisión legislativa de Presupuesto a sustentar los traslados de partida para pagar a los contratistas del programa “Te - chos de Esperanza”. Ojalá no sorprendan al país con una nueva indemnización millonaria a favor de IBT. El desafío de llevar agua potable a los niños en Panamá De un total de 1.2 millones de niños y adolescentes que registra el Censo de Población y Vivienda de 2023, 281 mil 927 no tienen acceso a una gestión de agua segura, es decir, agua que viene plantas potabilizadoras, acueductos públicos o privados y agua embotellada. Esto riñe con el ODS 6. INFORME SOBRE ODS 6 Yaritza Mojica [email protected] Un 23% de la población infantil en Panamá vive sin acceso a una gestión de agua segura. Esto comprende a 281 mil 927 niños, niñas y adolescentes de un total de 1,232,585, según el informe Situación de los Niños, Niñas y Adolescentes en Panamá, que utiliza los datos del XII Censo de Población y Vivienda 2023. El informe, divulgado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), destaca que una gestión segura de agua implica el acceso a través de acueductos públicos gestionados por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), sistemas comunitarios, acueductos particulares, agua embotellada o cisternas, siempre que el agua potable esté disponible dentro de la vivienda. El objetivo 6 de los Objeti - vos de Desarrollo Sostenible (ODS), “Agua limpia y saneamiento”, reconoce el acceso al agua potable y al saneamiento como derecho humano fundamental, derivado del derecho a un nivel de vida adecuado establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En Panamá, los niños, niñas y adolescentes que viven en hogares sin gestión segura del agua se concentran principalmente en la comarca Ngäbe-Buglé (33%), seguidos de los que se encuentran en las provincias de Panamá (11%) y Bocas del Toro (10%). El Idaan cuenta con 152 acueductos y 59 plantas potabilizadoras en el país. No obstante, la entidad reconoce que aún faltan al menos mil 700 kilómetros de tuberías de agua potable por instalar. La entidad proyecta optimizar la red y aumentar la producción durante la presente administración gubernamental. De acuerdo con la información analizada, otro dato preocupante es que el 35% de la población infantil y juvenil, equivalente a 429 mil 624 niños, no tiene acceso a servicios de recolección de basura. Este problema afecta especialmente a las comarcas Guna Yala, Emberá-Wounaan y Ngäbe-Buglé, así como a las provincias de Darién y Bocas del Toro. Además, el 17% de los niños vive sin saneamiento adecuado, lo que afecta a 211 mil 260 menores. La mayor proporción de estos niños y adolescentes se encuentra en las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé. La Conven - ción sobre los Derechos del Niñoestablece que todo menor tiene derecho a vivir en un entorno seguro y digno, con acceso a servicios básicos de agua, saneamiento e higiene. El informe también revela que un 15% de los niños, niñas y adolescentes en Panamá vive en condiciones de hacinamiento. En áreas urbanas, esta cifra es del 8%, mientras que en zonas rurales se eleva al 24%. Adicionalmente, 10 mil 857 niños habitan en viviendas improvisadas, y 7 mil 255 viven con sus familias en cuartos de vecindad. Respecto al material de las viviendas, predominan paredes de bloque, ladrillo o concreto, seguidas de madera. Sin embargo, hay viviendas con paredes de palma, paja, bambú o palos. El acceso a la electricidad también es limitado: 117 mil 667 menores, equivalentes al 10% de la población infantil, no cuentan con este servicio básico. Sandie Blanchet, representante de Unicef en Panamá, señaló que los datos del censo permiten examinar a profundidad la situación de los grupos más vulnerables, como los niños indígenas y las madres adolescentes. “Este análisis nos muestra que estos grupos están en mayor riesgo de exclusión. Por ello, la implementación de políticas públicas con enfoque de equidad es esencial para asegurar que todos los niños y niñas, incluidos los más desfavorecidos, puedan alcanzar su máximo potencial”, afirmó. Blanchet reiteró el compromiso de Unicef de apoyar al Estado panameño para garantizar que ningún niño quede atrás. Según indicó, visibilizar la situación de los más excluidos es el primer paso para catalizar acciones, compromisos e inversiones que permitan brindar oportunidades igualitarias, contribuyendo al desarrollo del país. “Esperamos que este análisis de la niñez según los datos del Censo pueda ser utilizado como instrumento clave para priorizar y focalizar políticas públicas, asegurando una inversión sostenida y equitativa para que todos los niños, niñas y adolescentes vean realizados todos sus derechos y alcancen su pleno desarrollo”, concluyó Blanchet. El informe también revela que 10 mil 857 niños habitan en viviendas improvisadas, y 7 mil 255 viven con sus familias en cuartos de vecindad. Archivo Gremios magisteriales exigen pruebas ante denuncia de falsificación del Meduca REACCIÓN Aleida Samaniego C. [email protected] Los gremios magisteriales se desvincularon de las acusaciones del Ministerio de Educación (Meduca) que, el lunes, denunció el uso indebido de la firma de su titular, Lucy Molinar, y del sello oficial del Despacho Superior en documentos que han estado circulando por redes sociales y plataformas de mensajería instantánea. Los gremios exigieron no ser involucrados injustamente. Afirmaron que tanto el sello como la firma cuestionados corresponden exclusivamente al Despacho Superior del Meduca y no están relacionados con ellos. Luis Sánchez, presidente de la Asociación de Educadores Veragüenses, calificó las acusaciones como “in - fundadas” y señaló que buscan desacreditar al movimiento docente. “El comunicado del Meduca parece ser parte de una campaña intencionada para afectar la credibilidad de los gremios. Instamos a la ministra Molinar a ser clara y señalar qué agrupación está involucrada, en lugar de lanzar señalamientos generales que [...] dañan nuestra reputación”. Sánchez recordó que en 2014 hubo casos similares, cuando gremios fueron acusados sin pruebas concluyentes. “Esto parece un intento de repetir las mismas estrategias de desprestigio, justo cuando estamos luchando contra la aprobación del proyecto de ley 163, que pone en riesgo los derechos del magisterio y de la Mensaje Meduca se dirige a los gremios En un comunicado, exhortó a los gremios magisteriales a colaborar para erradicar estas prácticas, que afectan la imagen del sistema educativo. Reiteró que no respalda ni interviene en las dinámicas organizacionales de los gremios. Confirmó que continuará con las investigaciones y remitirá toda la información a las autoridades competentes para que se adopten las medidas legales necesarias. Lucy Molinar, ministra de Educación. Archivo educación pública”, apuntó. Humberto Montero, dirigente del Frente Nacional de Educadores Independientes, subrayó la gravedad del caso y pidió una investigación exhaustiva. “Es imperativo identificar quién está detrás de estas prácticas fraudulentas. Si algún gremio incurrió en esta acción, debe asumir la responsabilidad correspondiente”, dijo. El Meduca informó que los documentos falsificados habrían sido utilizados para promover candidaturas en elecciones gremiales y, en algunos casos, se aseguró falsamente que contaban con respaldo oficial del ministerio. Los dirigentes destacaron que esta es la segunda ocasión en el año en que se acusa a gremios docentes. La primera fue en octubre, cuando siete personas, incluyendo docentes, fueron aprehendidas bajo sospecha de delitos como blanqueo de capitales y peculado, relacionados con nombramientos irregulares en el Meduca. Lina Elisa Castro de León será la suplente de Ángela Russo DESIGNACIÓN José González Pinilla [email protected] La jueza Lina Elisa Castro de León fue designada por el Consejo de Gabinete como magistrada suplente de Ángela Russo, en la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSS). Castro de León ocupará el cargo por el resto del periodo, que finaliza el 31 de diciembre de 2025. Antes que Castro, en abril de 2024, Katia Di Bello fue designada como suplente de Russo, pero la Asamblea Nacional (AN) nunca ratificó esa decisión. La designación de Castro debe ser ahora examinada por la Comisión de Credenciales de la AN, que deberá recomendar su ratificación o no al pleno legislativo. Castro es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. También estudió una maestría en desarrollo del sector marítimo. Fue la juez que decidió sobre la demanda civil que el expresidente Ernesto Pérez Balladares presentó contra Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa). Aunque en 2020 ordenó un secuestro civil solicitado por Pérez Balladares sobre bienes y cuentas de Corprensa, posteriormente, el 23 de junio de 2023, negó la indemnización de $5.5 millones solicitada por el expresidente y lo condenó a pagar $581 mil en costas. Luego, el 16 de noviembre de 2023, el Primer Tribunal Superior revocó la sentencia dictada por Castro y, en su lugar, condenó a Corprensa a indemnizar con $5 mil al expresidente, en concepto de daño moral. El caso está ahora en la CSJ, que debe resolver unos recursos de casación.
5A LaPrensa Panamá, jueves 28 de noviembre de 2024 Minsa traslada $8 millones para luz y proyectos El Minsa obtuvo aprobación para trasladar $8.07 millones, destinados a energía eléctrica, reparaciones hospitalarias e infraestructura de salud. PRESUPUESTO 2024 Yaritza Mojica [email protected] El Ministerio de Salud (Minsa) sustentó varios traslados de partidas ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional por un monto total de $8,066,735, destinados a cubrir diversos pagos, como el consumo de energía eléctrica en las instalaciones de salud, reparaciones en el techo del Hospital Luis Chicho Fábrega y gastos relacionados con proyectos de infraestructura de salud pendientes. La primera partida es por $3,552,695, que cubrirá el pago del consumo de energía eléctrica de las instalaciones del Minsa correspondiente a los meses de julio y agosto de 2024. Los pagos se realizarán a las empresas, Metro Oeste, S.A., Elektra Noreste, S.A. y Chiriquí, S.A . El segundo traslado de partida, por un monto de $741,171, será utilizado para la reposición de la impermeabilización de las losas de techo del Hospital LuisChi - choFábrega, en la provincia de Veraguas. Este trabajo fue necesario debido a filtraciones de agua que no se atendieron en su momento. La última partida, de $3,772,869, se destinará al pago de gestiones relacionadas con proyectos de infraestructura de salud, desglosados de la siguiente manera: Proyecto de San Miguel de San Martín: el centro de salud de Río Hato, centro de salud de Sabana Grande, Los Santos y el Hospital Manuel Amador Guerrero. Durante la sustentación, los diputados cuestionaron al titular de Salud sobre diversos temas, como la falta de medicamentos en la provincia de Darién, la cantidad de contratos adjudicados a la empresa Administradores y Supervisiones de Obras Civiles, S.A., y los atrasos en el pago de salarios de médicos y odontólogos. El diputado Isaac Mosquera (circuito 5-1) denunció la escasez de medicamentos en los centros de salud de Darién, como los ubicados en La Palma y Tucutí, en el corregimiento de Chepigana, y en la comarca Emberá Wounaan. Mosquera afirmó que en algunos puestos de salud ni siquiera hay acetaminofén, y que los pacientes deben recurrir a farmacias privadas, donde los medicamentos son más costosos. El Minsa aseguró que el abastecimiento nacional de medicamentos está por encima del 80%, pero prometió revisar la situación específica en Darién. Por otro lado, los diputados Jonathan Vega y Jorge González, de la coalición Vamos, cuestionaron el pago de cerca de $3 millones a la empresa Administradores y Supervisiones de Obras Civiles, S.A., señalando que esta empresa tiene múltiples contratos con instituciones estatales, algunos desde el gobierno de Juan Carlos Varela. Vega solicitó auditorías e inspecciones. El ministro de Salud respondió que, según las evaluaciones del Minsa, la empresa ha cumplido con sus contratos. Finalmente, los diputados Betserai Richards y Augusto Palacios abordaron el tema de los salarios atrasados de médicos y odontólogos, que no reciben pago desde agosto. Esta deuda asciende a $22 millones. Según Richards, el Minsa prometió saldar estos salarios antes del 15 de diciembre y desembolsar el bono de fin de año a los funcionarios en enero de 2025, una vez se apruebe una partida de $10 millones. El ministro de Salud confirmó que el traslado de partidas para los salarios pendientes estará disponible antes del 30 de noviembre. Tras responder los señalamientos, la Comisión de Presupuesto aprobó, con 11 votos a favor, los tres traslados de partidas presentados por el Minsa. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, en la Comisión de Presupuesto en la Asamblea Nacional. Isaac Ortega Panorama Fecha de interrupción 3 DE DICIEMBRE 2024 Lugar COLÓN, CATIVÁ, PUEBLO NUEVO SAN MIGUELITO, BELISARÍO PORRAS, TINAJITAS SAN MIGUELITO, BELISARÍO PORRAS, TINAJITAS PANAMÁ, LAS MAÑANITAS, CIUDAD JARDÍN LAS MANANITAS CHAGRES, LA ENCANTADA, ENCANTADITA ARRIBA Hora 8:00 a.m. a 12:00 m.d. 8:00 a.m. a 12:00 m.d. 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 12:00 m.d. a 4:00 p.m. Tarea MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA PODA PREVENTIVA PODA PREVENTIVA MEJORAS A LA RED ELÉCTRICA MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA REEMP. Clientes 39 1163 142 77 27
6A LaPrensa Panamá, jueves 28 de noviembre de 2024 Panorama EU sanciona a 21 altos cargos de Venezuela por ‘robar las elecciones’ Estados Unidossancionó a funcionarios venezolanos por fraude electoral, reconociendo a Edmundo González como presidente electo. CRISIS EFE. WASHINGTON, EU Estados Unidos sancionó ayer a 21 altos cargos de Venezuela a los que acusa de“represión”y de intentar “robar las elecciones”presidenciales del 28 de julio, en las que se proclamó la reelección de Nicolás Maduro, un resultado cuestionado por la oposición y parte de la comunidad internacional. Esta nueva ronda de sanciones llega después de que la Administración de Joe Biden, que el próximo 20 de enero pasará el relevo al republicano Donald Trump, reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como el “presidente electo” de Venezuela. Dentro de la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro está el ministro de Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado; el de Comunicación, Freddy Ñáñez, y el de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa. También hay altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), a los que acusa de “reprimir violentamente las manifestaciones pacíficas” tras las elecciones. Bajo esta decisión quedan bloqueadas todas las propiedades de los sancionados en Estados Unidos y se prohíbe llevar a cabo transacciones financieras con esas personas. Hasta la fecha, el Tesoro estadounidense ha sancionado a 150 venezolanos y a un centenar de entidades del país caribeño por acometer “acciones antidemocráticas”. El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó en los comicios del 28 de julio la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, pero el organismo no ha publicado las actas con los resultados desagregados de las elecciones. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora del país, presentó por su parte unas actas que dan la victoria a su candidato, González Urrutia, quien desde septiembre se encuentra exiliado en España denunciando una persecución de las autoridades venezolanas. En una entrevista con EFE el pasado lunes, González Urrutia confirmó su intención de viajar a Caracas para asumir el cargo el 10 de enero y sostuvo que está “moralmente preparado” para su eventual detención en Venezuela. “Nicolás Maduro y los que lo rodean nunca antes habían estado tan aislados”, dijo ayer miércoles un alto funcionario estadounidense en una llamada con periodistas. Estados Unidos reconoció en agosto a González Urrutia como el ganador de las elecciones debido a la “abrumadora evidencia” de su victoria, y el 19 de noviembre lo nombró por primera vez como “presidente elec to”, un paso que España no ha dado por ahora. El alto funcionario estadounidense dijo al respecto que corresponde a cada país tomar este tipo de decisiones y remarcó que hacer ese reconocimiento “añade presión” sobre Maduro. En 2019, la primera Administración de Trump lideró el reconocimiento internacional del entonces líder opositor venezolano Juan Guaidó como “presi - dente interino”del país, pero este nunca tuvo un poder efectivo. Edmundo González y María Corina Machado, dirigen la oposición en Venezuela. Archivo Netanyahu notifica a la CPI su decisión de apelar la orden de arresto en su contra CORTE PENAL INTERNACIONAL EFE. JERUSALÉN, ISRAEL El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó ayer que va a apelar la orden de arresto que emitió la Corte Penal Internacional (CPI) contra él y el exministro de Defensa Yoav Gallant. “Israel presentó hoy a la Corte Penal Internacional (CPI) un aviso de su intención de apelar ante el tribunal con una demanda para retrasar la ejecución de las órdenes de arresto”, informó en un comunicado la oficina del Primer Ministro. La notificación, destacó lanota, “revela en detalle lo inverosímil y carente de fundamento fáctico o legal que fue la decisión de emitir las órdenes de arresto”. Además, el Gobierno israelí afirmó que no reconoce la autoridad de la CPI ni las órdenes de detención correspondientes. Medios israelíes revelaron que la participación de Francia en las negociaciones para el cese al fuego en el Líbano, entre Israel y la milicia chií Hizbulá, estuvo condicionada al compromiso de que París anunciara que no cumpliría con la orden de arresto contra Netanyahu emitida por la CPI. El anuncio de la apelación se produjo tras una reunión entre Netanyahu y el senador estadounidense Lindsey Graham en Jerusalén en un encuentro en el que discutieron las iniciativas impulsadas en el Congreso estadounidense para sancionar a los países que cooperen con la CPI. La CPI emitió el 21 de noviembre órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant acusados de crímenes de guerra por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Mulino gastó de la partida discrecional $790 mil en cuatro meses FONDOS PÚBLICOS José González Pinilla [email protected] En sus primeros cuatro meses de gestión, el presidente José Raúl Mulino utilizó $790,000 de la partida discrecional que se le asigna a su despacho. Un informe de la Presidencia de la República detalla que en el mes de julio el Presidente usó $116,033. De ese monto, por ejemplo, $23,851 fueron para gastos médicos y $52,025 para mitigación de desastres. En el mes de agosto, el mandatario desembolsó $83,972. De ese total, $78,361 fueron para la compra de equipos del departamento de comunicaciones. Para el mes de septiembre, gastó $346,923, de los cuales $21,045 fueron para cubrir gastos médicos a menores de edad y personas consideradas de escasos recursos. En tanto, $202,926 se destinaron a mitigación de desastres y $122,951 para el renglón de “otros”, incluyendo la restauración del Palacio de las Garzas. El informe destaca que para octubre Mulino utilizó $243,026. De ese total, $170,073 se utilizaron para el renglón de mitigación de desastres. Desde el 1 de julio de 2019 hasta mayo de 2024, el expresidente Laurentino Cortizo manejó $31.2 millones de esta partida discrecional. Esto es más que lo que gastaron sus antecesores. Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) utilizó $25 millones; Mireya Moscoso (1999-2004), $23 millones; y Martín Torrijos (2004-2009), $22.3 millones. No obstante el monto del que dispusieron estos tres mandatarios fue menor que los desembolsos realizados por Ricardo Martinelli (2009-2014), $55.7 millones; y Juan Carlos Varela (2014-2019), $41.7 millones. El presidente José Raúl Mulino. Archivo IMA venderá medio millón de cajas navideñas a $15 cada una CONSUMIDORES Yaritza Mojica [email protected] El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que, a partir del 3 de diciembre, se dará inicio a las ferias del programa de distribución de cajas navideñas en las provincias de Chiriquí y Darién, el cual se extenderá hasta el jueves 19 de diciembre. Nilo Murillo, director del IMA, presentó un plan integral para la distribución de las cajas navideñas, que tendrán un costo de 15 dólares cada una. Estas incluirán un jamón picnic con hueso, una lata de piña, cinco libras de arroz, una lata de guandú y una libra de azúcar. Este programa tiene como objetivo garantizar que las festividades de fin de año sean accesibles para todas las familias panameñas. El IMA ha destinado un presupuesto de aproximadamente 11 millones de dólares para la distribución de 500,000 cajas navideñas, las cuales contendrán productos esenciales y tradicionales para la temporada. Cronograma de distribución: -10 al 14 de diciembre: provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas, Bocas del Toro, Panamá Oeste y Coclé. -16 al 19 de diciembre: provincias de Panamá y Colón. 500 mil jamones. Archivo El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Archivo
7A LaPrensa Panamá, jueves 28 de noviembre de 2024 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Política exterior panameña Diplomacia Julio Ernesto Linares [email protected] Valoro en positivo el comportamiento de José Raúl Mulino como presidente, en el campo internacional y diplomático, tanto en el tema de Venezuela como en la crisis de los migrantes. Pero el avance debe ser integral. Hay objetivos en los que pareciera que nos hemos estancado, por no estar en la agenda ni haber prioridades y eso lo entiendo. El gobierno que gana en buena lid manda, decide y escoge. Pero eso no quita que podamos evocar como ciudadanos, situaciones que no deberíamos olvidar, para fortalecer una política exterior aceptada, permanente y reconocida. Uno de esos asuntos es la necesidad de ratificar el tratado de extradición con Italia, sobre todo ahora, cuando estamos buscando apoyo a nivel bilateral de estos países que, desde la Unión Europea (UE) nos mantienen en listas discriminatorias. Si bien es cierto que la responsabilidad principal estaría en la Asamblea Nacional (AN), la Cancillería debe recordarle el tema y presionar dentro de la armónica colaboración que establece la Constitución. Panamá ha quedado ante Italia en su relación bilateral, como un hazmerreír, cuando habiendo solicitado la extradición de un sujeto convicto penalmente en varias instancias y en distintos procesos (y cuya madre acaba de ser condenada en casos similares), resulta que Italia nos responde que no puede acceder a lo pedido, porque nosotros como Estado requirente no ratificamos el tratado de extradición. Pareciera que este asunto no está en agenda, ni siquiera en una AN renovada y con ganas y energía de hacer las cosas diferente. También debería cuestionarse la permisividad del Estado nicaragüense, a través de su legación en Panamá, al permitir que el asilado intervenga de manera constante en la vida pública y política del Estado receptor, lo cual constituye una violación de los convenios de asilo suscritos entre ambas partes. Asimismo, se debe abordar el hecho de que el asilado resida en un inmueble adquirido por Nicaragua sin el consentimiento del Estado panameño. Flagrantes violaciones de parte de Nicaragua, a las convenciones internacionales sobre relaciones consulares. Por otro lado, encomiando el atinado comunicado del gobierno de Mulino en contra de la decisión del Parlacen de incluir a Rusia como miembro observador, resulta que varios diputados panameños del partido de gobierno, llámese Realizando Metas (RM), auparon esa decisión de inclusión. Pero hacerlo desde el mismo momento que el presidente se encontraba en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), apoyando a Ucrania como país invadido por Rusia; invasión esta que viola el derecho internacional y los derechos humanos. Esta ambivalencia en nuestro mensaje supranacional, puede debilitarnos en el ámbito de las relaciones exteriores; sobre todo, ante una orden de arresto existente contra Vladimir Putin, de parte de la Corte Penal Internacional. No dudo que el presidente Mulino está actuando firmemente en defensa de Panamá por su injusta inclusión en las listas discriminatorias de la UE. A pesar de ello, esta retiró el 8 de octubre a Antigua y Barbuda de su lista negra de paraísos fiscales, pero mantiene a Panamá al conTambién debería cuestionarse la permisividad del Estado nicaragüense, a través de su legación en Panamá, al permitir que el asilado intervenga de manera constante en la vida pública y política del Estado receptor, lo cual constituye una violación de los convenios de asilo suscritos entre ambas partes. siderarnos como país no cooperador en materia fiscal. Y esa decisión fue tomada por “los 27 países”que forman parte de la UE, según cables internacionales. Esto contraviene las palabras del canciller panameño, cuando ha señalado que países como España, miembro de la UE, están apoyando a Panamá para salir de las listas. De hecho, el mismo día que Panamá es mantenido en la lista discriminatoria de la UE, el canciller se encontraba en España, entre otras cosas, solicitando apoyo de sus parlamentarios para la exclusión de Panamá de dichas listas. Celebro, por consiguiente, la decisión de Mulino de solicitarle al canciller, reunirse con el cuerpo diplomático en Panamá de los países de la UE para expresarles su desavenencia, aunque desconozco que hasta ahora eso haya sucedido. Igualmente, aplaudo la visita que realizó José Raúl Mulino al presidente de Francia. Finalmente, ante la suspensión de relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática, Panamá comunicó que busca una solución pacífica, justa, duradera y aceptable para las partes involucradas en la cuestión del Sahara Occidental, incluida la libre determinación de su pueblo. Conflicto este que involucra a Marruecos y a la República Árabe Saharaui Democrática. Si vamos a suspender relaciones hasta que el conflicto se resuelva, lo lógico sería hacerlo con ambos Estados. Por lo tanto, deduzco un comunicado panameño poco preciso y confuso, frente a lo que es en realidad una decisión política de apoyar a Marruecos en este conflicto. No me parece coherente ni estable solidarizarnos con la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental, pero al mismo tiempo suspender nuestras relaciones diplomáticas. O al menos, con el Estado que representa a los denominados territorios liberados. Principalmente cuando la soberanía marroquí, sobre la mayor parte del Sahara Occidental, no es reconocida por la ONU. EL AUTOR es abogado. Desidia estatal hacia la ciudadanía Gestión de gobierno Jorge G. Obediente [email protected] Parece que no hay forma humana que nuestros gobernantes entiendan que su periodo de hacer promesas ya está vencido, pues la regla general es que incumplen mucho de lo que prometen y esto afecta las deliberaciones de las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS). ¡Con el buen ejemplo se logra ganar credibilidad! En lugar de pagar las cuentas millonarias vencidas con la CSS que tienen múltiples dependencias del Estado, se sienten muy a gusto con los traslados de partidas del presupuesto de educación para pagos de cuentas atrasadas de contratistas que de seguro están casadas con jugosos “cash back”. Ahora se publica que al mes de septiembre la planilla tenía 1,771 funcionarios menos pero que el gasto de salarios se elevó por aumentos a funcionarios permanentes, o sea “que viva la contención del gasto”. La planilla estatal tiene más de un cuarto de millón de funcionarios, que muchos de ellos se tropiezan con otros o no tienen puestos fijos donde sentarse, y lo peor de todo es que sigue creciendo el gasto. De seguro hay duplicidad de funciones en muchas instituciones, además de las botellas y garrafones nombrados pagando deudas políticas, ¿Será que tendremos que contratar a un Elon Musk para que venga a Panamá a hacer un trabajo de desburocratización del Estado como lo va a estar haciendo para Donald Trump, y que venga acompañado de un Javier Milei, que también tiene muy buena experiencia en el tema de reducir las cargas innecesarias a los contribuyentes? Nos tienen amenazados que si no se aprueban las reformas a la CSS antes de fin de año no habrá plata para pagarle a los jubilados, pero sí habrá para los aumentos pactados en leyes especiales. Entonces, ¿qué están esperando para revisar y adecuar dichas leyes que distorsionan, pero favorecen a ciertos sectores? El circo de los debates continúa sin que haya ejemplos tangibles y concretos de actuaciones o sacrificios por parte del Estado, pero lo que sigue “con paso firme”es más de lo mismo. No se le pueden creer las promesas que haga el Estado si no tienen credibilidad, pues las mismas caerán en saco roto, como ha sido la costumbre. El nuevo director de la CSS indicó que en el 2025 el Estado podría aportar casi mil millones de balboas, pero parece que no le preguntó al ministro Chapman, que estaba a su lado, de dónde saldrían o que si estaban incluidos en el presupuesto de 2025. Este 28 de noviembre, por coincidencia, se celebra en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Esta fecha es movible y la celebran desde el año 1621, para conmemorar las buenas las cosechas obtenidas que le permitirían tener abundantes alimentos para pasar el invierno que se avecinaba, dándole gracias a Dios. En Panamá tenemos días para todo, celebramos el día del conejo pintao, de la chicha fuerte, festivales de la naranja, la piña, el marañón curazao y las cutarras o alpargatas. Me pregunto: ¿algún día tendremos un día de Acción de Gracias donde podremos agradecer que tenemos abundancia de agua potable, medicinas, alimentos a precios razonables, una canasta básica realmente con costos accesibles, electricidad barata y en fin un costo de vida cónsono con los niveles de salario donde no exista la pobreza, y una calidad de vida con seguridad? Dicho de otra forma, ¿Cuándo tendremos un gobierno al cual le importe la gente y no se les pida hacer sacrificios que ellos mismos no están dispuestos a hacer dando el ejemplo? Con toda seguridad, si el presidente anunciara ahora que los miles de contratos de funcionarios eventuales no serán renovados al vencimiento, el 31 de diciembre de 2024, y que tampoco serán sustituidos por otros, ganaría credibilidad, siempre y cuando cumpla con lo prometido. ¡Esto sí sería una verdadera contención del gasto! El presidente externó ciertos comentarios negativos sobre la participación de las personas en las sesiones de debates de las modificaciones a la CSS indicando la falta de aportes concretos sobre el proyecto de ley. Una pregunta que nos deberíamos hacer todos: ¿Si el presidente se expresa de esta forma de los participantes ciudadanos, qué les dirá a los perros hueveros del Cartel de las Sanguijuelas cuando llegue a segundo debate, que se comporten con decencia, honorabilidad y ética? Ha quedado demostrado que los diputados más jóvenes y los que no son miembro del Cartel de las Sanguijuelas han demostrado interés en que las reformas sean las adecuadas para los asegurados y jubilados, así como los cotizantes a la CSS y futuros jubilados. Por desgracia, no aglutinan los suficientes miembros como para influenciar con sus votos a cualquier propuesta que este sobre la mesa. La aplanadora del Cartel de las Sanguijuelas de facto le ha suprimido su derecho a voto, dejándolos con voz de pataleo de ahogado por lo que nunca podrían pasar una ley sin el consentimiento de los perros hueveros. Alerta ciudadana: ¡Peligro inminente! Cuando llegue al segundo debate este proyecto de ley estarla en manos del Cartel de las Sanguijuelas para ser manejando a su antojo. ¿Será que el presidente podrá ofrecerles suficientes incentivos tangibles para satisfacer el apetito económico del cual están acostumbrados? El “qué hay pa mí " en todo su apogeo. EL AUTOR es ciudadano. Nos tienen amenazados que si no se aprueban las reformas a la Caja de Seguro Social antes de fin de año no habrá plata para pagarle a los jubilados, pero sí habrá para los aumentos pactados en leyes especiales. Entonces, ¿qué están esperando para revisar y adecuar dichas leyes que distorsionan, pero favorecen a ciertos sectores? Error garrafal Caja de Seguro Social Juan Ramón Sevillano C. [email protected] Lamentablemente, para todo el país, el señor José Raúl Mulino ha cometido un error garrafal. Ha confesado que el proyecto que busca modificar la Ley de la Caja de Seguro Social tiene como objetivo sostener el sistema financiero nacional. A contrario sensu, el proyecto no tiene la intención de garantizar las pensiones de los trabajadores. Además, agregaría que tampoco busca mejorar la atención médica de los asegurados, ya que el proponente ni siquiera ha mencionado el tema. Digo “lamentablemente” porque los errores se pagan. Y el pueblo, cansado de sus bravuconadas, lo ha dejado claro rápidamente.Ya vislumbro grandes manifestaciones en las calles. Es por eso que Mulino no quiere eliminar las jubilaciones especiales: las necesitará para capear el temporal que se avecina. Por mi parte, cuando veo las bardas de mi vecino arder, sé que debo poner las mías en remojo. Con esta filosofía del señor presidente, me imagino que intentará reabrir la mina y negociar con First Quantum un nuevo contrato, bajo la excusa de “mejorar el sistema financiero nacional”. Sin embargo, no creo que este abogado-presidente entienda que hacerlo constituiría un desacato a dos fallos de inconstitucionalidad, además de incumplir dos leyes (la de contratación pública y la moratoria minera) y cometer varios delitos. Por eso, hago un llamado a todos los que se opusieron en las calles a la mina: permanezcan activos y vigilantes ante cualquier movimiento de este gobierno que busque su reapertura. EL AUTOR es abogado.
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