8A LaPrensa Panamá, lunes 25 de noviembre de 2024 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Violencias de género en el embarazo adolescente Sociedad Eugenia Rodríguez Blanco [email protected] Cada 25 de noviembre hablamos de violencia de género y salimos a las calles para exigir vidas libres de violencia. Una violencia que no cesa, y que se expresa de distintas formas en la vida de las mujeres por el simple hecho de serlo. Hemos avanzado mucho en su comprensión e intervención. Contamos con más conceptos que nos permiten identificar diferentes expresiones de violencia en nuestras experiencias, así como con intervenciones que abordan de manera más efectiva e integral tanto su prevención como la atención a las víctimas. Sabemos más y tenemos más recursos, pero esto no es suficiente. Como mal constante y generalizado en nuestras sociedades se manifiesta de diversas formas y en diferentes contextos. Acompaña nuestras vidas de manera más o menos explícita y reconocible. Las víctimas de violencia de género son más de las que nos indican las cifras que manejamos, los testimonios de las mujeres con las que he trabajado en mi experiencia como etnógrafa feminista en Panamá están repletos de violencias: mujeres privadas de libertad sometidas a violencias físicas y psicológicas en el encierro o mujeres indígenas víctimas de violencia doméstica y sexual en las casas de familia donde trabajan. Pero ha sido trabajando con adolescentes embarazadas y madres donde he sentido con más crudeza la expresión y el impacto de las violencias de género. Las experiencias de estas adolescentes recogidas en sus relatos testimoniales sobre el embarazo y el parto están absolutamente plagadas de violencia. La violencia de género, en sus diferentes modos, atraviesa todo el fenómeno del embarazo en la adolescencia, desde sus causas hasta sus consecuencias. Podemos afirmar que la violencia de género y el embarazo en la adolescencia son fenómenos absolutamente relacionados. Esta idea contrasta con el discurso bastante generalizado sobre el embarazo adolescente, que identifica sólo tipo de violencia, la violencia sexual, como causa directa de dicho embarazo. La problematización del embarazo en la adolescencia, de hecho, está muy asociada a este vínculo. Sin embargo, los testimonios de las adolescentes embarazadas o madres, recogidos en la etnografía realizada sobre el tema en Panamá, nos hablan de otras violencias que ocurren en al menos tres momentos: en el contexto del embarazo, durante el periodo de gestación y en el parto. En el contexto del embarazo nos hablan de violencias físicas, psicológicas y sexuales que tienen lugar tanto en sus contextos domésticos y familiares como en sus relaciones afectivas o noviazgos. Las víctimas de violencia de género son más de las que nos indican las cifras que manejamos, los testimonios de las mujeres con las que he trabajado en mi experiencia como etnógrafa feminista en Panamá están repletos de violencias: mujeres privadas de libertad sometidas a violencias físicas y psicológicas en el encierro o mujeres indígenas víctimas de violencia doméstica y sexual en las casas de familia donde trabajan. Durante el embarazo siguen experimentando violencias, que inician desde que cuentan “la noticia”, momento que desencadena violencias físicas y psicológicas en casa, pero también por el responsable del embarazo. Le siguen otras violencias, normalmente de tipo psicológico, por parte de sus familias, la sociedad, e incluso profesionales de la salud o la educación, que se expresan en discriminación o exclusión en sus casas y barrios, en la calle y en el transporte público, en los centros de salud y hospitales o en las escuelas. Por último, el parto y la violencia obstétrica que experimentan contenidas en sus relatos. Se trata de diferentes tipos de violencias que determinan, de manera más o menos directa, los embarazos a esas edades, pero que también contribuyen a sus consecuencias negativas. Muchas de esas consecuencias negativas están relacionadas con las violencias psicológicas o físicas, sociales e institucionales de las que son objeto durante su embarazo y parto. Que las adolescentes embarazadas abandonen la escuela o no acudan a los controles prenatales de salud, lo que tiene un impacto negativo en sus trayectorias educativas o en su salud y la de sus bebés, se debe en gran medida al trato que reciben en instituciones educativas y sanitarias. Estas evidencias permiten reconocer la responsabilidad social e institucional en las consecuencias negativas de estos embarazos. Todo esto sitúa la violencia de género en el centro del problema del embarazo en la adolescencia, y debería servirnos para identificar y diseñar acciones dirigidas tanto a prevenir estos embarazos, como a garantizar el bienestar de las adolescentes embarazadas o madres. LA AUTORA es antropóloga e investigadora del CIEPS. El principio de legalidad: un escudo contra la arbitrariedad Estado de derecho Alexis Martínez Scigliani [email protected] En el corazón de toda sociedad democrática yace un principio que resguarda nuestra convivencia y nos protege de los abusos del poder: el principio de legalidad. Este no es un adorno conceptual ni una declaración sin consecuencias; es el pilar que define cómo deben actuar nuestras autoridades y cómo se deben garantizar nuestros derechos. Según el artículo 18 de nuestra Constitución, mientras los ciudadanos solo responden por las infracciones a la ley, los servidores públicos están obligados no solo a respetarla, sino también a ceñirse estrictamente a las competencias que esta les otorga. La legalidad no admite excepciones ni “buenas intenciones”. Ningún servidor público, sin importar cuán nobles sean sus motivaciones, puede actuar más allá de lo que la ley expresamente le permite. Esto incluye tanto el abstenerse de extralimitarse como el cumplir las funciones que la ley les asigna. La omisión de estas responsabilidades es tan grave como la extralimitación y puede dar lugar a sanciones administrativas o incluso penales. Los alcaldes y sus competencias: límites claros y necesidades urgentes En el ámbito municipal, el principio de legalidad cobra especial relevancia. Los alcaldes, como jefes de los municipios, tienen la misión de administrar fondos públicos, coordinar con las fuerzas del orden y ejecutar programas que promuevan el bienestar social, desde obras de infraestructura hasta iniciativas culturales y ambientales. Estas competencias están claramente delimitadas y no pueden invadir las funciones de otras autoridades. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que los alcaldes no pueden imponer multas de tránsito, salvo las relacionadas con parquímetros, ya que estas facultades son exclusivas de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). Asimismo, los alcaldes no tienen potestad para sancionar delitos, una labor reservada al Ministerio Público. Sin embargo, estas limitaciones no deberían ser vistas como una camisa de fuerza, sino como una guía para enfocar los esfuerzos municipales en resolver los problemas más apremiantes de la población. La crisis de vivienda digna de la población sin hogar que está en las calles y sujetas a vejámenes y abusos, la ausencia de programas recreativos para los adultos mayores y la falta de guarderías municipales son desafíos que podrían abordarse desde las alcaldías, dentro del marco legal, mediante programas que brinden soluciones reales y sostenibles. La fiscalización: transparencia y rendición de cuentas Según cifras del Tribunal Electoral, el 78% de los alcaldes han sido electos por primera vez. Este dato resalta la importancia de reforzar la capacitación y la fiscalización, no solo para garantizar el cumplimiento de la ley, sino también para promover una administración transparente y eficiente. La rendición de cuentas no es un acto simbólico; es una obligación que fortalece la confianza ciudadana y asegura que los recursos públicos sean utilizados en beneficio de todos. En este sentido, la ciudadanía juega un papel fundamental al exigir transparencia y supervisar las actuaciones de sus autoridades locales. Un escudo contra la arbitrariedad El principio de legalidad no es un concepto abstracto ni un obstáculo burocrático; es el escudo que nos protege de la arbitrariedad y la corrupción. En un momento en que la confianza en las instituciones está en juego, es más importante que nunca que todos, desde los ciudadanos hasta las más altas autoridades, respetemos este principio. La democracia no es un ideal que se logra una vez y para siempre; es un proyecto que está “en proceso”, siempre con la amenaza de perderlo. En el caso de los alcaldes, esto significa actuar siempre dentro del marco legal, respondiendo a las necesidades de sus comunidades sin cruzar los límites de sus competencias. Solo así podremos garantizar una sociedad más justa y democrática. LA AUTORA es miembro de la Fundación Libertad. Ningún servidor público, sin importar cuán nobles sean sus motivaciones, puede actuar más allá de lo que la ley expresamente le permite. Esto incluye tanto el abstenerse de extralimitarse como el cumplir las funciones que la ley les asigna. La omisión de estas responsabilidades es tan grave como la extralimitación y puede dar lugar a sanciones administrativas o incluso penales. No hay excusa para maltratarnos Llamado Fátima Agrazal [email protected] La vergüenza, la estigmatización y el miedo son cadenas que mantienen prisioneras a muchas mujeres que enfrentan la violencia doméstica. Esta problemática frecuentemente permanece oculta hasta que, trágicamente, los agresores arrebatan la vida de estas mujeres. Cada 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un esfuerzo por erradicar la violencia contra la mujer, un recordatorio de la grave realidad que viven muchas. En Panamá, las estadísticas son alarmantes. Según el Ministerio Público, en lo que va de 2024, al menos 16 mujeres han perdido la vida a causa del femicidio, además de otras 20 muertes violentas que representan vidas destruidas. Cada uno de estos casos es más que un número; es una historia y una familia afectada, un recordatorio de que la violencia de género es una realidad ineludible. Es vital que las mujeres aprendan a distinguir entre el amor y la violencia encubierta en comportamientos de pareja. Muchas víctimas de violencia doméstica no identifican las señales de un maltratador hasta que ya han sufrido agresiones. No podemos permitir que este ciclo se normalice, especialmente cuando hay niños presentes, quienes son testigos de conductas violentas que podrían adoptar como patrones en sus futuras relaciones. Hago un llamado a las mujeres que padecen violencia doméstica: alcen su voz, no se cierren al sufrimiento esperando un cambio en sus agresores. La esperanza de que su pareja se transforme en alguien amoroso y respetuoso es, en muchos casos, una ilusión. Es fundamental buscar ayuda y utilizar los mecanismos que las autoridades ofrecen para denunciar este delito que, año tras año, cobra vidas. No hay justificación que valide la violencia. Asimismo, rindo homenaje a las niñas de Veraguas, víctimas de abusos sexuales, ya sea por familiares cercanos o por personas de confianza. Estas inocentes pequeñas llevarán consigo la carga de haber perdido su inocencia ante la brutalidad de su entorno. Es desgarrador que en esta provincia, conocida por su gente trabajadora, la violencia contra menores de edad se convierta en el tema más destacado de las noticias. Cada 25 de noviembre, recordemos que la lucha por un mundo sin violencia es un deber colectivo y que cada voz cuenta en esta batalla. Es hora de visibilizar el problema y realizar acciones concretas para erradicar la violencia contra la mujer. #No hay excusa. LA AUTORA es abogada.
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