25 de noviembre de 2024 - Año 44 - Nº 14848 75¢ Lunes El medio libre de Panamá Hoy por hoy El debate sobre la reforma a la Caja de Seguro Social (CSS) ha dejado al descubierto profundas inequidades en el sistema de jubilaciones del país. Aunque las jubilaciones especiales de la Fuerza Pública no se financian con fondos de la CSS, sino del presupuesto general del Estado, los privilegios de este grupo contrastan con los sacrificios que se les exige a trabajadores y empresarios. Mientras se plantea aumentar en tres años la edad de jubilación para los trabajadores y un 70% los aportes patronales, los uniformados pueden retirarse luego de 30 años de servicio, con un ingreso basado en su último salario. Este sistema ha costado al menos $541 millones en los últimos seis años, generando críticas justificadas. La Cons tituciónpanameña prohíbe fueros y privilegios entre ciudadanos. Es momento de que exista un compromiso para equiparar las jubilaciones. La justicia social no puede ser una promesa vacía, sino un principio rector en las reformas que necesita el país. Ellas.pa Violencia contra la mujer, la lucha continúa 5B Panorama Cerca de $500 mil costó restaurar el Palacio de las Garzas 4A Economía ACP y Junta Asesora analizan tema hídrico 2B Deportes Real Madrid aprovecha tropiezo del Barcelona 4B $541 millones en seis años para jubilar a uniformados Las jubilaciones especiales permiten a los uniformados retirarse luego de 30 años de servicio, con ingresos basados en su último salario. LEYES ESPECIALES Eliana Morales Gil [email protected] El gasto acumulado en jubilaciones de la Fuerza Pública del país entre 2018 y 2024 ha alcanzadoalmenos$541.1millones, según datos oficiales. Esta cifra incluye los $103.8 millones ya desembolsados en 2024, lo que representa el 93.29% del presupuesto asignado para este año, y evidencia una tendencia al alza en los costos asociados a este sistema especial de pensiones. Entre 2018 y 2022, el Ministerio de Seguridad Pública solicitó unos $337.3 millones para cubrir jubilaciones, mientras que en 2023 el gasto ascendió a al menos $100 millones. Estos montos despiertan críticas por parte de diversos sectores, quienes cuestionan el privilegio que representa el régimen especial que beneficia a los miembros de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan). Las jubilaciones especiales permiten a los uniformados retirarse después de 30 años de servicio, con ingresos basados en su último salario. Este sistema contrasta con la reforma al sistema de la Caja de Seguro Social (CSS), que plantea aumentar la edad de jubilación en tres años, afectando a miles de trabajadores. El presidente José Raúl Mulino afirmó recientemente que este tema no será abordado en el corto plazo. “Resuelto el tema del Seguro Social, podremos discutir esto con calma”, manifestó. Las jubilaciones especiales, junto a la abultada planilla de 30,000 uniformados, presionan las finanzas. VEA 2A Línea 3 del Metro costaría $4,000 millones por ajustes y tramo soterrado TRANSPORTE PÚBLICO El costo de la Línea 3 del Metro de Panamá se incrementará en $1,156 millones luego de la aprobación de la sexta adenda al contrato, llevando el total a $4,000 millones. El incremento se debe a los ajustes por materiales, eventos externos y la construcción del tramo soterrado de 6 kilómetros o túnel bajo el cauce del Canal. El monto inicial del contrato fue de $2,844 millones. VEA 1B Huertas triunfa en un duelo explosivo El costarricense dominó el ‘sprint’ final El costarricense Jason Huer tasse llevó la victoria en la cuarta jornada de la Vuelta a Chiriquí, dejando atrás al panameño Franklin Archibold en un emocionante “sprint”final. Durante 18 de las 20 vueltas, ambos ciclistas lideraron, pero fue Huertas quien cruzó primero la meta, celebrando con un tiempo de 1 hora y 50 minutos. Mientras tanto, David Díaz Falconet defendió el liderato, con un sólido margen frente a sus perseguidores panameños, Bolívar Espinosa y Michael Caballero. VEA 4B Cortesía/Fepaci Panamá ha pagado $68.7 millones a IBT, pese a incumplimientos A pesar de que IBT LLC incumplió la mayoría de los proyectos millonarios que se adjudicó y le fueron prorrogados en las administraciones de Martinelli, Varela y Cortizo, la empresa ha recibido $68.7 millones en los últimos nueve años, a cambio de retirar las demandas arbitrales que ha presentado contra Panamá. Todavía pretende recibir un pago adicional. VEA 6A Hemodiálisis: 44 máquinas fuera de servicio y 90 en transición La crisis de hemodiálisis en Panamá afecta a cientos de pacientes, con 44 máquinas fuera de servicio en diversos hospitales de la Caja de Seguro Social. Ante este panorama, se habilitan salas de transición con 90 nuevas máquinas para mitigar la falta de equipos. VEA 7A Diputados dejan plantada a la Universidad en cita sobre la CSS REFORMA A LA CSS La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional dejó plantada, el pasado sábado, a una comisión de la Universidad de Panamá, que había sido citada para explicar su propuesta sobre la reforma a la Caja de Seguro Social. VEA 4A En septiembre se inició la excavación del túnel de la Línea 3 que pasará por debajo del cauce del Canal. Archivo
2A LaPrensa Panamá, lunes 25 de noviembre de 2024 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom MOCA designa a Grace Hernández como secretaria general MILITANCIA Reyna Katiuska Hernández [email protected] El directorio nacional del Movimiento Otro Camino (MOCA) aprobó designar a la diputada Graciela G race Hernández como secretaria general de esta organización política. En un comunicado, esta tolda política informó que designó los reemplazos de los diez puestos que -a lo largo de dos años y por diversas razones- quedaron vacantes dentro del mencionado organismo, entre ellos el cargo en la Secretaría General. Fueron designados Ricardo Correoso, como secretario de Organización, Logística y Movilización; Juan José Ramírez , como secretario Ejecutivo; Antonio To ñ o García , secretario de Asuntos Legales, Actas y Correspondencia; Pacífico Chavy Reyes, secretario de Comunicación; Syndi Malena López Rulli, secretaria de Afrodescendientes; Elvin Flaco, subsecretario de Pueblos Originarios; Karín Caballero, subsecretaria de Comunicación; Reina Nieto, subsecretaria de la Mujer; y Eduardo Braham Tesis, subsecretario de Afrodescendientes. “Estos nuevos directivos asumirán las posiciones provisionalmente, hasta que se definan las fechas de las próximas elecciones internas, cuyo adelanto está siendo evaluado por el Comité de Reforma de Estatutos”, aclaró el comunicado. Señalaron que el procedimiento aplicado se basa en el artículo 52 de los estatutos partidarios referente a las “atribuciones y facultades del Directorio Nacional” y que en su literal L indica que una de ellas es “designar de manera provisional a los miembros que ocuparán las vacantes de la Junta Directiva Nacional, sean estas por renuncia, expulsión, abandono de sus funciones, fallecimiento, previa recomendación de la Junta Directiva Nacional ”. Informaron que este procedimiento ejecutado por la junta directiva y por el directorio nacional ha sido notificado y consultado con el Tribunal Electoral, a fin de garantizar aún más la legalidad de las acciones emprendidas. “El Directorio Nacional de MOCA ha dado mandato a la Junta Directiva Nacional para que, inmediatamente después de estas designaciones, apruebe el plan de trabajo nacional e inicie la reorganización de las estructuras provinciales, distritales, de corregimiento y en las comunidades, así como la Escuela de Formación y Liderazgo y todas las instancias del partido”, se lee en el comunicado, que señala que estas acciones se hacen de cara al año 2029. Grace Hernández y Ricardo Lombana. Cortesía/MOCA El 93% del fondo de jubilación de la Fuerza Pública ya se usó El gasto acumulado en jubilaciones de la Fuerza Pública del país entre 2018 y 2024 alcanzó al menos $541.1 millones. Para este año se destinó a las jubilaciones de los uniformados $111.3 millones. PRESUPUESTO Eliana Morales Gil [email protected] En medio de la discusión sobre las reformas al sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social (CSS), las pensiones de la Fuerza Pública del país están bajo la lupa debido a los privilegios que encarnan. Según cifras del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), los oficiales retirados ya han consumido el 93.29% del presupuesto asignado para jubilaciones en 2024, que asciende a $111.3 millones. Hasta la fecha, el desembolso alcanza los $103.8 millones. Una jubilación con historia y beneficios Irving Muñoz, del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de la Policía (Conapol), y excomisionado de la Policía, recordó en el programa Debate Abierto de Telemetro que el régimen especial de jubilaciones de la Fuerza Pública tiene raíces históricas. Según explicó, desde la creación de la extinta Guardia Nacional en 1963, se estableció el concepto de “jubilación especial con el último salario”. En 1983, con la Ley 20 que creó las Fuerzas de Defensa, este sistema se mantuvo, pero se introdujo una modificación: a partir de 1985, los policías necesitarían 30 años de servicio en lugar de 25 para jubilarse. Esto significa que los uniformados pueden retirarse antes de alcanzar las edades establecidas para el resto de los trabajadores bajo el régimen de la CSS. Un sistema bajo presión Actualmente, las reformas al sistema de pensiones proponen aumentar la edad de jubilación en tres años: de 57 a 60 años para las mujeres y de 62 a 65 años para los hombres. Sin embargo, el régimen especial de la Fuerza Pública no está incluido en estas discusiones, a pesar de que sectores sociales lo consideran insostenible e inequitativo. El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró en su conferencia semanal que este tema no será tratado en este momento. Indicó que podría abordarse en el futuro, una vez se resuelvan las reformas generales del Seguro Social, y calificó el debate como“satanizado”. Según Mulino, los montos divulgados sobre el gasto en jubilaciones de los uniformados “están alejados de la verdad ”. Impacto financiero y desigualdad percibida Para 2025, el costo proyectado de las jubilaciones de la Fuerza Pública asciende a $103.6 millones, según datos de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta cifra refleja la tendencia al alza, ya que en 2023 el gasto fue de al menos $100 millones. Entre 2018 y 2022, el Minseg solicitó más de $337 millones para cubrir estas pensiones. Significa que el gasto acumulado en jubilaciones de la Fuerza Pública del país entre 2018 y 2024 ha alcanzado al menos $541.1 millones, según datos oficiales. Además, el sistema de jubilaciones especiales está vinculado a la jerarquía de rangos dentro de la Fuerza Pública, que incluye desde agentes y cabos hasta comisionados y subdirectores. La creciente plantilla de oficiales, que supera los 30,000 entre la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) también incrementa la presión sobre el sistema. Un llamado a la equidad Mientras la Asamblea Nacional debate reformas que afectan a la población general, diversos sectores han exigido revisar los privilegios de la Fuerza Pública. Críticos argumentan que mantener estos beneficios sin ajustes profundiza las desigualdades entre los panameños, especialmente cuando el resto de los ciudadanos afronta mayores sacrificios para acceder a una pensión. Personal de la Policía Nacional durante un operativo. Cortesía/Policía Nacional Detectan 21 casos de VIH en migrantes y lugareños PREVENCIÓN Aleida Samaniego C. [email protected] La detección de 21 casos positivos de VIH en migrantes y lugareños de Darién entre mayo y julio de 2024 evidencia los desafíos en salud pública en esta región clave para el tránsito migratorio. La mayoría de los diagnósticos se realizó en jóvenes de entre 19 y 35 años. Así lo reflejan las estadísticas de AIDS Healthcare Foundation (AHF-Panamá), en colaboración con el Ministerio de Salud (Minsa), que establecieron en octubre de 2023 un puesto de prevención y pruebas de VIH en Santa Fe con el aval de las autoridades de salud. Entre octubre y diciembre de 2023, se realizaron 284 pruebas de VIH en Darién: 149 en el punto fijo de Santa Fe y 135 en jornadas comunitarias. Además, se distribuyeron unos 13,900 condones. Según Natasha Dormoi, coordinadora AHF en Panamá, en solo dos semanas de mayo de 2024, la organización atendió a 28 víctimas de violencia sexual, una de las cuales dio positivo al VIH. El miedo y la movilidad dificultan el seguimiento de los casos en Darién. Archivo
3A LaPrensa Panamá, lunes 25 de noviembre de 2024
4A LaPrensa Panamá, lunes 25 de noviembre de 2024 Tal Cual Mónica Palm [email protected] SEÑAL.¿Cuál es la fijación con los radares? ¿Qué los hace tan indispensables? Si los 19 radares adquiridos a Selex (por $125 millones) no servían porque estaban mal “calibrados ”y -según el presidente José Raúl Mulino- nunca fueron devueltos a Italia, entonces, ¿por qué el Senan no los utiliza? En cambio, el presidente está hablando de adquirir más y, de hecho, mencionó que ya estaba en conversaciones al respecto con compañías francesas. ¿Cuándo comenzaron esos contactos? Porque, cuando estuvo en París hace un mes, no se informó nada sobre ello. En este rompecabezas, no está claro cómo encajan las piezas. MALENTENDIDO. Dice la diputada Walkiria Chandler que preguntó en los departamentos de tesorería y recursos humanos de la Asamblea por qué en su planilla figura una persona que no trabaja en su despacho, pero no recibió respuesta. Luego resultó que el susodicho es un abogado que labora en el despacho de Manuel Samaniego, compañero de bancada de Chandler. Denunciar la corrupción no tiene nada de malo. Al contrario, es un deber ciudadano. Sin embargo, antes de partir el mar Rojo en dos con declaraciones en televisión, es necesario hacer una mínima verificación. A veces, como en este caso, aunque se diga la verdad, esta puede ser percibida de otra manera. Después, los malinformados quedan repitiendo por ahí que Fulanito es una “botella”y, con eso, lo convierten, por segunda vez, en víctima de un error ajeno. PINO. La comisión legislativa de Presupuesto no aprobó el traslado de una partida para que el Ministerio de Cultura (Micultura) pudiera gastar $50,000 en dos árboles de Navidad. Seguramente, en el sector de las artes hay necesidades en las que ese dinero podría ser mejor utilizado. COMPROMISO. La Declaración de Chapultepecsobre libertad de expresión, que la diputada presidenta Dana Castañeda suscribió no- nunca fueron devuel que ya estaba en conversa ciones al respecto con com comenzaron esos contac el pasado jueves, ya empieza a dar sus primeros resultados. El sábado pasado, cuando el presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, Alaín Cedeño, propuso celebrar la jornada de “inducción”con las autoridades de la CSS, el MEF y el MINSA sin la participación del público, Castañeda respondió que la “nueva Asamblea”es de “puertas abiertas”. La próxima vez, sería conveniente que los 71 diputados firmen la declaración todos juntos. Panorama Diputados plantan a la UP en debate sobre CSS Los citaron a las 11:00 a.m., del pasado sábado, y nadie les dio la cara. Después les dijeron que la comisión se había enredado con el tiempo. REFORMAS A LA CSS Eliana Morales Gil [email protected] Diputados de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional dejaron plantada a una comisión de la Universidad de Panamá (UP), a la que habían citado para que explicara la propuesta de esa casa de estudios para la Caja de Seguro Social (CSS). De acuerdo con lo que contó el docente Juan Jované a La Prensa, los citaron a las 11:00 a.m. del pasado sábado. Jované, junto a José Gómez, profesor de la Facultad de Economía, e Israel Gordón, actuario que labora en la Facultad de Ciencias, llegaron puntuales al salón Azul del Palacio Justo Arosemena. Sin embargo, una vez allí, nadie les dio la cara. Un diputado les consiguió sillas para que se sentaran. Cuando faltaba poco para las 12:00 mediodía, Jované le pidió a uno de sus compañeros que se pusiera en contacto con el diputado Alaín Cedeño, presidente de la comisión, para que le dijera que ellos estaban allí. A las 12:30 p.m., recibieron un mensaje de parte del diputado: la comisión se había enredado con el tiempo, por lo que la UP no participaría ese día. A cambio, les propusieron ir a la universidad otro día. ‘¿Para qué nos invitaron?’ “¿Para qué nos invitaron?”, preguntó Jované, quien manifestó que personalmente cree que los diputados no querían que criticaEl sábado 23 de noviembre, el ministro de Economía y Finanzas, Guillermo Chapman, y el director de la CSS, Dino Mon, dieron una capacitación a los diputados en la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, sobre las corridas realizadas para elaborar la reforma propuesta. Richard Bonilla La restauración del Palacio de las Garzas costó cerca de medio millón de dólares PARTIDA DISCRECIONAL José González Pinilla [email protected] Según un reciente informe del Ministerio de la Presidencia, los trabajos de restauración del Palacio de las Garzas, incluyendo la cocina, el despacho y la recámara presidencial, han costado $470,265. Dichos fondos salieron de la partida discrecional que es manejada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien hace un mes anunció la renovación de la Presidencia porque ·-según lo dicho en una de sus habituales conferencias de prensa semanales- varios salones estaban “llenos de comején”. El informe destaca, por ejemplo, que en julio pasado el mandatario desembolsó de la partida discrecional $7,161 para la compra de insumos para la casa presidencial, $2,331 para la compra de un compresor e insumos para la instalación de un acondicionador de aire para la capilla del Palacio, así como $1,021 para la adquisición de un aire acondicionado tipo split para la recámara presidencial. En ese mismo mes, aprobó la compra de mobiliario para la casa presidencial a la empresa Oskal Internacional, S.A. por $28,934. A la empresa Tarjetería Persa, S.A., destaca el informe, se le compró papelería especial para el despacho superior. En el mes de septiembre, el presidente Mulino usó de la partida $41,516 para la restauración de la estructura y mobiliario del Palacio de las Garzas. También ordenó la renovación de la cocina, la cual costó $133,897. En octubre continuaron las labores. El documento destaca que los trabajos pluviales para la restauración de la fuente y el techo del patio andaluz tuvieron un costo de $11,200, mientras que la restauración de varias mesas antiguas tuvieron un valor de $6,152. En tanto, la nivelación y resanación del piso de la entrada del Palacio y la instalación de placas de bronce en los desagües de la fuente de mármol costaron $6,152. Uno de los desembolsos más altos fue para ese mismo mes: $146,376, a favor de José Ángel Escartín, restaurador de la Presidencia y presidente de la Asociación Nacional de Restauradores. El informe detalla que los trabajos incluyeron, entre otras cosas, el tratamiento de la madera de la galería de presidentes que se encuentra en el despacho presidencial. Dichas labores fueron realizadas por maestros restauradores de óleos. También restauraron “las áreas desintegradas” de los marcos de madera afectados por la polilla. Efectuaron trabajos de arte de los 32 retratos pintados al óleo incrustados en la galería, los cuales incluyeron su restauración, tratamiento, eliminación de los hongos y resanación en cera y barniz. Igualmente, hicieron tratamiento a los zócalos de madera y pulimento de los pisos de madera. Las actividades incluyeron al salón de Los Tamarindos y la biblioteca. Mulino había revelado a principios de octubre que el edificio presentaba serios problemas de mantenimiento y descuido. “El salón Los Tamarindos y mi despacho están llenos de comején”, expresó en su momento. “Hay filtraciones que afectan los bonitos frescos que están allí”, añadió. ¿Quiénes integran la Comisión de Trabajo y Salud? •Alaín Cedeño Presidente (Realizando Metas) •Yarelis Rodríguez Vicepresidenta (Vamos) •Carlos Tito Afú Secretario (Cambio Democrático) •Crispiano Adames (PRD) •Jaime Vargas (PRD) •Manuel Cheng (Vamos) •Miguel Campos (Vamos) •Edwin Vergara (Partido Panameñista) ran lo que había dicho el equipo de gobierno sobre la CSS. “Simplemente nos hubiesen dicho: ‘no vengan’ o ‘vengan otro día’. Ni siquiera salió un diputado de ninguna bancada. Nos mandaron a una señora, muy amable, a decirnos que había sido problema de tiempo”, narró. Jované califica el hecho de “ofensivo”, pero dice que la ofensa no fue con él, sino con la universidad. El pasado 14 de noviembre, día en que comenzaron las consultas al proyecto de Ley 163, que reestructura la norma orgánica de la CSS, la UP presentó una propuesta para salvar la institución. El rector Eduardo Flores y Jované se encargaron de presentarla. El documento propone erradicar la evasión fiscal, controlar la evasión de cuotas, aumentar la rentabilidad de los fondos de la entidady “formalizar a los informales”. Jované, quien fue director de la entidad entre 1999 y 2003, dijo: “Queremos que el Seguro Social sea público, solidario y eficiente”. También manifestó que se requieren medidas basadas en la equidad y la universalidad del derecho a la seguridad social, “en vez de privatizar o externalizar los fondos y los derechos de los trabajadores”. Lo jornada del sábado El pasado sábado, los diputados de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social escucharon los planteamientos de parte de personal del Ejecutivo sobre de dónde salieron los datos financieros para sustentar el proyecto. Dino Mon, director de la CSS, respondió preguntas relacionadas con el aporte estatal proyectado para los próximos años, que asciende desde los $966 millones en 2025 hasta $4,122 millones en 2062. Sustentó que las proyecciones actuales se basan en un crecimiento anual del PIB del 4%. Explicó que este crecimiento permitiría que el aporte del Estado, equivalente actualmente al 1.17% del PIB, se mantenga manejable en términos proporcionales. Los trabajos de restauración tuvieron el apoyo de la ministra de Cultura, Maruja Herrera, el asesor Raúl Castro y el restaurador José A. Escartín. Cortesía/MiCultura
5A LaPrensa Panamá, lunes 25 de noviembre de 2024
6A LaPrensa Panamá, lunes 25 de noviembre de 2024 ‘¿Quién es IBT?’ Mónica Palm [email protected] IBT LLC, aquella empresa que incumplió la mayoría de los proyectos millonarios que se adjudicó en los gobiernos de Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), abandonó las obras e incluso fue inhabilitada para contratar con el Estado panameño, ha sido indemnizada con fondos públicos. Y no es la primera vez. Esta segunda tanda de indemnizaciones ha ocurrido porque, a pesar de conocer que IBT no honraba sus compromisos y tampoco tenía reparo en proceder contra el Estado panameño, la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024) mantuvo la relación contractual, con condiciones favorables para la empresa. De ese modo, aquel gobierno le aprobó adendas, le reconoció aumentos en los costos, le gestionó pagos y finalmente, cuando IBT presentó nuevas demandas arbitrales contra la República de Panamá, aceptó celebrar acuerdos extrajudiciales para poner fin al pleito legal y ceder las obras a otras empresas. Por tanto, aunque no completó las obras, IBT recibió al menos $60.9 millones del Estado panameño, a cambio de retirar la demanda que presentó en 2021 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial. El arbitraje está relacionado con al menos 13 proyectos que le fueron adjudicados por diferentes entidades, como los ministerios de Salud (Minsa), de Gobierno (Mingob) y de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), así como la Caja de Seguro Social (CSS). De los $60.7 millones en indemnización que recibió del gobierno de Cortizo, $44.3 millones fueron aportados por el Minsa y $16.4 millones por la CSS. Esta cantidad podría aumentar, porque un tercer pago millonario a favor de IBT que dejó pendiente el gobierno de Cortizo y que la actual administración (que entró en funciones el 1 de julio pasado) se ha negado a desembolsar, hasta ahora. Pero Cortizo no fue el primero. Antes lo hizo Varela. El monto acordado esa vez fue de $8 millones. La tercera, ¿la vencida? La de 2021 es la tercera demanda arbitral de IBT Group e IBT LLC contra la República de Panamá. La primera fue presentada el 19 de diciembre de 2014; la segunda, el 26 de agosto de 2020, y la última, el 18 de junio de 2021. El origen del primer reclamo es el contrato para acondicionar y operar cuatro plantas de asfalto propiedad del Ministerio de Obras Públicas (MOP), a favor del consorcio CCE-IBT. La concesión se otorgó el 14 de septiembre de 2010. Al año siguiente, ya el MOP manifestaba sus quejas por incumplimiento y finalmente, en 2014, anuló el contrato. El consorcio presentó un recurso de apelación en el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas y dos amparos de garantías constitucionales en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). No logró recuperar el contrato. Por último, acudió al Ciadi. El 15 de diciembre de 2015, el entonces presidente Varela, en Consejo de Gabinete, autorizó al entonces ministro del MOP, Ramón Arosemena, a suscribir un mutuo acuerdo con CCE-IBT. A cambio de $8 millones, el consorcio devolvió las cuatro plantas de asfalto inoperantes y retiró la demanda arbitral. Con la segunda demanda (la de 2020), Panamá pagó $200,000 para cubrir los honorarios del tribunal arbitral y luego, el 10 de junio de 2021, las partes comunicaron que habían alcanzado un acuerdo, del cual nunca se divulgó nada. La tercera demanda arbitral llegó el 18 de junio de 2021 y es este el pleito invocado por el Minsa, el Mingob, el Miviot y la CSS para justificar las nuevas indemnizaciones a favor de IBT. Las partes fueron directo a negociar: no se solicitaron medidas provisionales ni se designaron peritos. El Estado ni siquiera se presentó en la primera audiencia. Tres meses después, el 13 de septiembre de 2021, comunicaron al Ciadi que ya tenían un acuerdo, aunque esa decisión todavía tenía que sortear un requisito importante: la autorización del Consejo de Gabinete. En el Gabinete... El 1 de diciembre de 2021, los entonces ministros Luis Francisco Sucre (de Salud) y Janaina Tewaney (de Gobierno) presentaron los acuerdos alcanzados con IBT al presidente Cortizo y al resto del Gabinete. Primero habló Sucre. Explicó que, como parte de lo negociado, IBT “cederá” cuatro contratos que suman $237.1 millones, adjudicados en el gobierno de Martinelli, para diseñar, construir y equipar los hospitales de Metetí, en Darién; Bugaba, en Chiriquí; Anita Moreno, en Los Santos, y Manuel Amador Guerrero, en Colón. Los cuatro fueron adjudicados el mismo día, el 2 de julio de 2010. Para estos trabajos, IBT se asoció con la española Eurofinsa Concesiones e Inversiones S.L. Juntos formaron el consorcio IBT Health. Como ya se sabe, el consorcio nunca completó esas instalaciones. Tan pronto como los contratos fueron firmados y refrendados, empezaron a surgir los incumplimientos, las adendas y las extensiones de tiempo. La entrega de dos de esos hospitales debió darse el 11 de octubre de 2012 y, un año después, la de los otros dos. Los cuatro fueron abandonados en 2014. El Minsa resolvió el asunto suscribiendo un “memorándum de entendimiento”, que sirvió de poco, ya que no se evidenció avance alguno en la construcción. Cuando Sucre llevó el acuerdo de negociación al Gabinete, las obras registraban un desarrollo de solo el 62%. Ahí también mencionó que el acuerdo pactado conllevaba “un ahorro significativo para el Estado”. Cuando llegó su turno, la entonces ministra Tewaney contó que al Mingob le había ocurrido lo mismo con el contrato adjudicado al consorcio Cefere Panamá (liderado por IBT), para el diseño, construcción y equipamiento del nuevo centro femenino de rehabilitación de la ciudad de Panamá, licitado en el gobierno de Varela por $27.6 millones. Para entonces ya era bastante conocido el historial de incumplimientos de IBT, pero Varela, en lugar de aplicar un castigo ejemplar, permitió que se le concedieran nuevas obras. El contrato con Cefere entró en vigencia el 7 de junio de 2017. Como era de esperar, la poco escarmentada IBT incumplió y el 16 de enero de 2020, fue rescindido el contrato con Cefere. Esta vez, IBT ingresó a la lista de empresas inhabilitadas para celebrar contratos con el Estado panameño, por un término de tres años. La decisión fue avalada por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. El consorcio recurrió entonces al Ciadi, esperanzado en que un tribunal arbitral ordenara que se le devolviera su contrato, impidiera la ejecución de la fianza de cumplimiento y suspendiera la inhabilitación. Y perdió: después de dos rondas de argumentos y una audiencia de alegatos orales, el tribunal arbitral rechazó “por comple to” las pretensiones de la empresa. Pero IBT no se rindió. Su socio Eurofinsa vino al rescate y presentó una segunda solicitud de arbitraje, invocando convenios bilaterales de protección de inversiones suscritos por Panamá con Estados Unidos y con España. Además, ya no se trataba solo del contrato con el Mingob, puesto que se añadieron al reclamo aquellos suscritos con el Minsa, el Miviot y la CSS. Es este el arbitraje de 2021 cuyo desistimiento fue negociado por las partes, con indemnización mediante. Sin castigo Luego de escuchar la sustentación de Sucre y Tewaney, el Gabinete no tuvo objeción y expidió las resoluciones número 123 y 124 del 1 de diciembre de 2021, autorizando la suscripción de los respectivos acuerdos transaccionales. Ni en la resolución correspondiente ni en el acta que acredita todo lo ocurrido en la sesión del Consejo de Gabinete de ese día aparece anotado a cuánto asciende el monto de la indemnización. No obstante, en el Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos (Scafid) de la Contraloría, La Prensaen - contró que, para poner fin a su relación con IBT, el Minsa desembolsó $44.3 millones. El pago fue refrendado por el contralor Gerardo Solís el 14 de marzo de 2022. El Mingob, en cambio, no pagó indemnización, ya que se acogió a la fianza de cumplimiento. La obra fue cedida a otra empresa, llamada Ingeniería Hos, S.A., la cual tiene hasta el otro año para terminar la nueva cárcel de mujeres. La CSS también es parte La CSS fue conminada a negociar con IBT, ya que en la demanda de arbitraje fue incluido el contrato de construcción y operación de las salas para los pacientes de hemodiálisis. Originalmente, los trabajos debían concluiren52meses(apartirdel año 2012), pero la prestación se extendió a través de varias adendas. El 27 de junio de 2023, Cortizo y sus ministros autorizaron al entonces director de la CSS, Enrique Lau, a suscribir el acuerdo transaccional por un monto de $16.4 millones, a favor de I B T. El servicio de hemodiálisis ahora lo presta Promed. Lo que todavía falta: el Miviot Si bien el gobierno de Cortizo pagó los reclamos respecto a los contratos del Minsa, el Mingob y la CSS, dejó pendiente el del Miviot. Se conoció que, en este caso, la indemnización que espera IBT a cambio de los cinco contratos que le fueron adjudicados en 2016 como parte de “Techos de Esperanza” (uno de los programas insignia de Varela) es de $28 millones. El asunto está en que Mulino no parece estar por la lab o r. La renuencia del presidente se evidenció el pasado 3 de septiembre. Ese día, el Miviot incluyó el tema en la agenda del Consejo de Gabinete. Hubo cortesía de sala para la asesora legal del ministerio, Idelcarmen Pérez de Palma. El presidente escuchó con atención los detalles y luego preguntó si acaso ya nadie se acordaba “quién es IBT”. Todos guardaron silencio y el borrador del acuerdo fue inmediatamente retirado, “a fin de ampliar la información suministrada que permita un análisis más detallado”, según el acta. Con el Miviot, IBT repitió lo que ya parece su carta de presentación: una cadena de incumplimientos contractuales, poco avance de las obras, problemas de financiamiento y el persistente atraso en la ejecución del cronograma en los cinco contratos que se adjudicó en “Techos de Esperanza”. Tenía que construir 500 casas en Coclé, 500 en Herrera, 500 en Chepo, 500 casas en Los Santos y, por último, 5,000 en Veraguas. Nunca completó los proyectos. Los cinco contratos sumaban poco más de $64 millones. Luego invocó el principio de equilibrio contractual, alegando afectaciones porlapandemiarespiratoria de la covid-19. De hecho, IBT es cliente de la firma de Odila Castillo, la exasesora de la Contraloría e involucrada en un posible caso de “corrup - ción pública”y extorsión, según una nota que el Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos envió en junio pasado al procurador de la Nación, Javier Caraballo. Si al final, IBT le cobra al Miviot, habrá recibido en total $96.7 millones en indemnizaciones del Estado en menos de 10 años, sin haber llevado a término sus demandas arbitrales o, mucho menos, haberlas ganado. 11 de mayo de 2015. Un grupo de inspectores de la Contraloría General de la República recorrió la construcción del nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero, en Colón, proyecto que tenía varios meses de estar detenido. Cortesía/Contraloría Agentes del Senafront se enfrentan a delincuentes en Darién INCIDENTE Aleida Samaniego C. [email protected] El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informó ayer sobre un enfrentamiento ocurrido en las inmediaciones del río Caña Blanca, en el sector de Los Miradores, uno de los principales corredores migratorios de Panamá, en la provincia de Darién. Durante el incidente, las unidades de seguridad se enfrentaron a un grupo de delincuentes vinculados a delitos de hurto y agresiones sexuales. Sin embargo, los sospechosos lograron escapar, informó la entidad a través de un comunicado. De acuerdo con el comunicado, los operativos de búsqueda para dar con el paraderodelosimplicadoscontinúan de manera intensiva en la zona. Esta área, considerada una de las más complejas debido a su alta actividad migratoria y las operaciones del crimen organizado, ha sido un punto clave para las autoridades en su lucha contra la criminalidad y el tráfico ilícito. Las autoridades de seguridad reiteraron su compromiso con la seguridad en las áreas fronterizas, destacando la importancia de mantener un control estricto sobre las rutas migratorias y las zonas de alta incidencia delict i va . El Senafront informó que este tipo de operativos refuerza la vigilancia en sectores estratégicos que sirven como puntos de tránsito para migrantes y zonas donde las actividades delictivas suelen florecer. La institución continuará con sus esfuerzos para proteger tanto a las comunidades locales como a los migrantes en tránsito, con el objetivo de mantener la seguridad y el orden en estas áreas de alta vulnerabilidad, indicó. El Senafront mantiene la búsqueda en Darién. Cortesía/Senafront Panorama UI UNIDAD INVESTIGATIVA A pesar de que incumplió la mayoría de los proyectos millonarios que se adjudicóy le fueron prorrogados en las administraciones de Martinelli, Varela y Cortizo, IBT ha recibido $68.7 millones en los últimos nueve años, a cambio de retirar las demandas arbitrales que ha presentado contra Panamá. Todavía pretende recibir un pago adicional.
7A LaPrensa Panamá, lunes 25 de noviembre de 2024 Panorama Al menos 44 máquinas de hemodiálisis están dañadas La CSS puso en marcha medidas que incluyen la instalación de nuevas máquinasen salas de transición y la reorganización de espacios para garantizar la continuidad del tratamiento. SERVICIOS DE SALUD Aleida Samaniego [email protected] Cada semana, cientos de pacientes con enfermedades renales que requieren de hemodiálisis en Panamá afrontan no solo el reto físico que implica su tratamiento, sino una verdadera odisea para acceder al servicio, por la crisis que tiene la Caja de Seguro Social (CSS) con sus equipos, muchos de los cuales están dañados. Alonso Rodríguez, presidente del Grupo de Pacientes de Diálisis (Grupadi), lo resumió con desesperación: “llegar y que me digan que la máquina está dañada es frustrante y pone en riesgo nuestra vida”. Y lo que dice es la cruda realidad. Lo que hacen las máquinas de hemodiálisis es limpiar la sangre y son esenciales para la supervivencia de los pacientes renales que han llegado a esta fase. Además, la incertidumbre de no recibir el tratamiento a tiempo afecta no solo su salud física, sino también su bienestar emocional. Actualmente, al menos 44 máquinas de hemodiálisis están fuera de servicio en diferentes hospitales del país. En el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, cinco equipos esperan reparación, mientras que en el Hospital Dra. Susana Jones Cano hay siete inoperativas. El impacto de esta crisis se extiende más allá de los pacientes, ya que, también pone a los equipos médicos ante un grave dilema logístico. En muchos casos, los pacientes deben esperar durante horas, o incluso viajar largas distancias, para acceder a una máquina funcional, lo que eleva el estrés y la preocupación; en otras ocasiones tienen que lidiar con turnos nocturnos. “Es una lucha constante por sobrevivir”, aseguró Rodríguez. Además, la falta de mantenimiento y de repuestos agrava una situación que ya es compleja. A pesar de los esfuerzos del personal médico, al disponer de recursos limitados y tener equipos dañados la atención se hace cada vez más difícil de brindar. La situación es insostenible y requiere una atención urgente para evitar consecuencias fatales. La falta de mantenimiento Rodríguez precisó que la situación se ha prolongado por más de un mes y medio, sin que la empresa proveedora actual, Promoción Médica S.A., envíe los técnicos para realizar las reparaciones. Los pacientes que dependen de las hemodiálisis regularmente están en una espiral de incertidumbre porque no saben si al llegar a la instalación de salud podrán recibir el servicio. En el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, por ejemplo, deben llevar su propia silla para colocar los pies durante el tratamiento, y varias máquinas tienen notas que indican: “en espera de piezas, no usar”. Estas fallas constantes no solo afectan la calidad del servicio, sino que también ponen en riesgo la vida de quienes necesitan el tratamiento de manera urgente, acotó el dirigente. La situación fue reportada al director nacional de Prestaciones y Servicios de Salud de la CSS, Marcos Young, quien reconoció la gravedad del problema. Según Young, la empresa proveedora debe seguir prestando el servicio mientras se realiza la transición al nuevo consorcio (Damos Vida, formado por las empresas DaVita y Sintec), responsables de garantizar la continuidad del servicio. Sin embargo, el proceso de La falta de mantenimiento y de respuestos agrava la situación ya precaria del servicio, por no tener todas las máquinas operativas. Archivo Licitación de radiología incluye traspaso de equipos y ‘software’ por $12.8 millones M I N SA Aleida Samaniego C. [email protected] El Ministerio de Salud (Minsa) realizó, recientemente, un acto público bajo la modalidad de “cotización en línea”para la adquisición de un sistema integrado de información de diagnóstico por imagen (PACS/MIMPS+RIS), un sof tware esen - cial para el servicio de radiología en hospitales y centros de salud del país. Este contrato tiene un valor de $12.8 millones y una duración de 37 meses. Reserma, una de las empresas participantes en esta licitación, ha sido contratada de forma directa por la entidad durante los últimos 13 años, periodo en el que ha cobrado un total de $27.3 millones. La empresa suspendió sus servicios al Minsa el pasado 19 de noviembre, apenas cuatro días después de que se anunciara la convocatoria del acto público, y justificó su decisión en la falta de pagos, aunque no dijo cuánto se le adeudaba. No obstante, el Ministerio de Salud aseguró que en 2024 le han desembolsado $500,000 y que está pendiente el refrendo de un pago adicional por $1.4 millones. En esta licitación, Reserma presentó una oferta significativamente más baja que los costos manejados anteriormente. El servicio, que hasta ahora representaba un gasto anual superior a $3 millones para el Estado (equivalente a $9.9 millones en tres años), fue ofertado por $7.5 millones. Este monto incluye no solo la prestación del servicio, sino también la transferencia de propiedad de los equipos al ministerio. Aunque el costo anual del nuevo contrato sería de $4.1 millones, casi $1 millón más que el contrato vigente con Reserma, el Minsa destacó que, al final del período, tanto el sof twarecomo los equipos y servidores serán propiedad del ministerio, lo cual no ocurría anteriormente. Eduardo Amado, jefe de Informática del Minsa, aseguró que una vez concluyan los tres años del contrato todo el equipo pasará a ser propiedad de la entidad, lo que abaratará los costos porque solo se tendrá que contratar el mantenimiento, que estaría entre los $780,000.00 y el millón de dólares. Añadió que, a futuro, incluso el mantenimiento podría ser realizado por personal de la institución, lo que representaría un ahorro de unos $7,000,000, en función de los costos que hasta ahora ha ofrecido la empresa contratada. Proponentes Tres empresas se disputan el servicio •Reserma oferta por $7.5 millones. •Promoción Médica, S.A. (Promed) hizo una propuesta de $13.9 millones •Maxia Latam presentó una cotización de $11.9 millones. La empresa que ofrece actualmente el servicio de radiología ha sido contratada de forma directa durante 13 años. iStock transición no es fácil y está cargado de complicaciones logísticas. El nuevo contrato con el Consorcio Damos Vida, por un monto de $178,188,796.18 es por “el servicio de Hemodiálisis, suministro de kits de hemodiálisis, así como al diseño, construcción y habilitación de unidades de hemodiálisis”. Soluciones provisionales La demanda de tratamientos renales crece cada año, lo que hace aún más urgente la necesidad de una solución definitiva. La CSS, que atiende a 2,797 pacientes renales crónicos, cuenta con 25 nefrólogos y un equipo compuesto por 300 enfermeras, 80 médicos generales, 50 técnicos y personal administrativo. A pesar de estos esfuerzos, la infraestructura del sistema de hemodiálisis está claramente sobrepasada. Las máquinas disponibles no son suficientes para cubrir la creciente demanda, y los pacientes se ven forzados a recurrir a métodos alternativos para continuar con sus tratamientos. Para hacer frente a esta crisis, la CSS ha comenzado a habilitar salas de transición en diferentes puntos del país. En Aguadulce, provincia de Coclé; en la provincia de Chiriquí y en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, en la ciudad de Panamá, se están utilizando espacios existentes para instalar 90 nuevas máquinas, que eventualmente serán permanentes, indicó Young. Estas acciones tienen como objetivo reducir la presión sobre los equipos actuales y eliminar la necesidad de los turnos nocturnos, que afectan gravemente la calidad de vida de los pacientes. Aunque estas soluciones son provisionales, son cruciales para garantizar la atención continua mientras se lleva a cabo la transición entre proveedores. La transición El proceso de transición de proveedores de máquinas y servicios de hemodiálisis es un paso importante, pero no está exento de desafíos. Young destacó la importancia de este proceso, que no solo implica el cambio de proveedores, sino una reorganización estructural que busca evitar interrupciones fatales en la atención. La CSS está trabajando para garantizar que la transición se haga de manera ordenada y sin contratiempos, pero su éxito depende de la colaboración eficaz con las empresas proveedoras y de la ejecución precisa de las acciones previstas. En el Complejo Hospitalario, 240 pacientes reciben hemodiálisis diariamente en 30 máquinas, muchas de las cuales operan al límite de su capacidad, incluso en turnos nocturnos. Young recalcó que cualquier interrupción en la continuidad del servicio sería devastadora, no solo para los pacientes, sino también para el sistema de salud en general. Por eso, la CSS está tomando medidas urgentes, como la instalación de nuevas máquinas y la reorganización de los espacios para asegurar que los pacientes reciban el tratamiento a tiempo y de manera digna. En resumen, el sistema de hemodiálisis en Panamá se enfrenta a una crisis que exige respuestas rápidas y efectivas. Aunque la transición entre proveedores es una medida necesaria, solo el tiempo dirá si la CSS podrá superar los desafíos logísticos y garantizar que no haya interrupciones en los tratamientos. El Minsa aseguró que el procedimiento cumplió con los requisitos de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula las contrataciones públicas, y que también contó con la aprobación de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG). Por otro lado, las otras empresas participantes, Promoción Médica, S.A. (Promed) y Maxia Latam, presentaron ofertas por $13.9 millones y $11.9 millones, respectivamente, según los datos publicados en el portal de Panamá Compra. El acto público para adjudicar el contrato del nuevo sistema de radiología busca modernizar el servicio y garantizar la transferencia de los equipos al Estado, comunicó el Minsa. Janeh Hal, jefa del Departamento de Compras del Minsa, explicó que la selección de los proveedores está abierta a cualquiera que pueda dar el servicio en el tiempo indicado. “Cualquier empresa que cumpla con los alcances establecidos puede presentar su propuesta económica con los requerimientos que se establecier o n”, añadió. Una vez culmine la cotización en línea, el Minsa hará una evaluación de las ofertas presentadas y seleccionará la empresa que prestará el servicio por tres años, prorrogables. Dicha selección se publicará mediante un aviso de intención en el portal de Panamá Compras por cinco días, período en el que los proponentes no seleccionados podrán presentar sus objeciones. El acto público se subió al portal de Panamá Compras el 15 de noviembre de 2024 y la presentación de propuestas inició el 18 de este mismo mes, por lo que las empresas tuvieron cinco días -hasta el 22 de noviembre- para entregar sus propuestas en línea. “Llegar y que me digan que la máquina está dañada es frustrante y pone en riesgo nuestra vida”. Alonso Rodríguez Presidente Grupo de pacientes de diálisis “Estas acciones [medidas transitorias] tienen como objetivo reducir la presión sobre los equipos actuales y eliminar la necesidad de los turnos nocturnos, que afectan gravemente la calidad de vida de los pacientes”. Marcos Young, director nacional de Prestaciones y Servicios de Salud
8A LaPrensa Panamá, lunes 25 de noviembre de 2024 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Violencias de género en el embarazo adolescente Sociedad Eugenia Rodríguez Blanco [email protected] Cada 25 de noviembre hablamos de violencia de género y salimos a las calles para exigir vidas libres de violencia. Una violencia que no cesa, y que se expresa de distintas formas en la vida de las mujeres por el simple hecho de serlo. Hemos avanzado mucho en su comprensión e intervención. Contamos con más conceptos que nos permiten identificar diferentes expresiones de violencia en nuestras experiencias, así como con intervenciones que abordan de manera más efectiva e integral tanto su prevención como la atención a las víctimas. Sabemos más y tenemos más recursos, pero esto no es suficiente. Como mal constante y generalizado en nuestras sociedades se manifiesta de diversas formas y en diferentes contextos. Acompaña nuestras vidas de manera más o menos explícita y reconocible. Las víctimas de violencia de género son más de las que nos indican las cifras que manejamos, los testimonios de las mujeres con las que he trabajado en mi experiencia como etnógrafa feminista en Panamá están repletos de violencias: mujeres privadas de libertad sometidas a violencias físicas y psicológicas en el encierro o mujeres indígenas víctimas de violencia doméstica y sexual en las casas de familia donde trabajan. Pero ha sido trabajando con adolescentes embarazadas y madres donde he sentido con más crudeza la expresión y el impacto de las violencias de género. Las experiencias de estas adolescentes recogidas en sus relatos testimoniales sobre el embarazo y el parto están absolutamente plagadas de violencia. La violencia de género, en sus diferentes modos, atraviesa todo el fenómeno del embarazo en la adolescencia, desde sus causas hasta sus consecuencias. Podemos afirmar que la violencia de género y el embarazo en la adolescencia son fenómenos absolutamente relacionados. Esta idea contrasta con el discurso bastante generalizado sobre el embarazo adolescente, que identifica sólo tipo de violencia, la violencia sexual, como causa directa de dicho embarazo. La problematización del embarazo en la adolescencia, de hecho, está muy asociada a este vínculo. Sin embargo, los testimonios de las adolescentes embarazadas o madres, recogidos en la etnografía realizada sobre el tema en Panamá, nos hablan de otras violencias que ocurren en al menos tres momentos: en el contexto del embarazo, durante el periodo de gestación y en el parto. En el contexto del embarazo nos hablan de violencias físicas, psicológicas y sexuales que tienen lugar tanto en sus contextos domésticos y familiares como en sus relaciones afectivas o noviazgos. Las víctimas de violencia de género son más de las que nos indican las cifras que manejamos, los testimonios de las mujeres con las que he trabajado en mi experiencia como etnógrafa feminista en Panamá están repletos de violencias: mujeres privadas de libertad sometidas a violencias físicas y psicológicas en el encierro o mujeres indígenas víctimas de violencia doméstica y sexual en las casas de familia donde trabajan. Durante el embarazo siguen experimentando violencias, que inician desde que cuentan “la noticia”, momento que desencadena violencias físicas y psicológicas en casa, pero también por el responsable del embarazo. Le siguen otras violencias, normalmente de tipo psicológico, por parte de sus familias, la sociedad, e incluso profesionales de la salud o la educación, que se expresan en discriminación o exclusión en sus casas y barrios, en la calle y en el transporte público, en los centros de salud y hospitales o en las escuelas. Por último, el parto y la violencia obstétrica que experimentan contenidas en sus relatos. Se trata de diferentes tipos de violencias que determinan, de manera más o menos directa, los embarazos a esas edades, pero que también contribuyen a sus consecuencias negativas. Muchas de esas consecuencias negativas están relacionadas con las violencias psicológicas o físicas, sociales e institucionales de las que son objeto durante su embarazo y parto. Que las adolescentes embarazadas abandonen la escuela o no acudan a los controles prenatales de salud, lo que tiene un impacto negativo en sus trayectorias educativas o en su salud y la de sus bebés, se debe en gran medida al trato que reciben en instituciones educativas y sanitarias. Estas evidencias permiten reconocer la responsabilidad social e institucional en las consecuencias negativas de estos embarazos. Todo esto sitúa la violencia de género en el centro del problema del embarazo en la adolescencia, y debería servirnos para identificar y diseñar acciones dirigidas tanto a prevenir estos embarazos, como a garantizar el bienestar de las adolescentes embarazadas o madres. LA AUTORA es antropóloga e investigadora del CIEPS. El principio de legalidad: un escudo contra la arbitrariedad Estado de derecho Alexis Martínez Scigliani [email protected] En el corazón de toda sociedad democrática yace un principio que resguarda nuestra convivencia y nos protege de los abusos del poder: el principio de legalidad. Este no es un adorno conceptual ni una declaración sin consecuencias; es el pilar que define cómo deben actuar nuestras autoridades y cómo se deben garantizar nuestros derechos. Según el artículo 18 de nuestra Constitución, mientras los ciudadanos solo responden por las infracciones a la ley, los servidores públicos están obligados no solo a respetarla, sino también a ceñirse estrictamente a las competencias que esta les otorga. La legalidad no admite excepciones ni “buenas intenciones”. Ningún servidor público, sin importar cuán nobles sean sus motivaciones, puede actuar más allá de lo que la ley expresamente le permite. Esto incluye tanto el abstenerse de extralimitarse como el cumplir las funciones que la ley les asigna. La omisión de estas responsabilidades es tan grave como la extralimitación y puede dar lugar a sanciones administrativas o incluso penales. Los alcaldes y sus competencias: límites claros y necesidades urgentes En el ámbito municipal, el principio de legalidad cobra especial relevancia. Los alcaldes, como jefes de los municipios, tienen la misión de administrar fondos públicos, coordinar con las fuerzas del orden y ejecutar programas que promuevan el bienestar social, desde obras de infraestructura hasta iniciativas culturales y ambientales. Estas competencias están claramente delimitadas y no pueden invadir las funciones de otras autoridades. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que los alcaldes no pueden imponer multas de tránsito, salvo las relacionadas con parquímetros, ya que estas facultades son exclusivas de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). Asimismo, los alcaldes no tienen potestad para sancionar delitos, una labor reservada al Ministerio Público. Sin embargo, estas limitaciones no deberían ser vistas como una camisa de fuerza, sino como una guía para enfocar los esfuerzos municipales en resolver los problemas más apremiantes de la población. La crisis de vivienda digna de la población sin hogar que está en las calles y sujetas a vejámenes y abusos, la ausencia de programas recreativos para los adultos mayores y la falta de guarderías municipales son desafíos que podrían abordarse desde las alcaldías, dentro del marco legal, mediante programas que brinden soluciones reales y sostenibles. La fiscalización: transparencia y rendición de cuentas Según cifras del Tribunal Electoral, el 78% de los alcaldes han sido electos por primera vez. Este dato resalta la importancia de reforzar la capacitación y la fiscalización, no solo para garantizar el cumplimiento de la ley, sino también para promover una administración transparente y eficiente. La rendición de cuentas no es un acto simbólico; es una obligación que fortalece la confianza ciudadana y asegura que los recursos públicos sean utilizados en beneficio de todos. En este sentido, la ciudadanía juega un papel fundamental al exigir transparencia y supervisar las actuaciones de sus autoridades locales. Un escudo contra la arbitrariedad El principio de legalidad no es un concepto abstracto ni un obstáculo burocrático; es el escudo que nos protege de la arbitrariedad y la corrupción. En un momento en que la confianza en las instituciones está en juego, es más importante que nunca que todos, desde los ciudadanos hasta las más altas autoridades, respetemos este principio. La democracia no es un ideal que se logra una vez y para siempre; es un proyecto que está “en proceso”, siempre con la amenaza de perderlo. En el caso de los alcaldes, esto significa actuar siempre dentro del marco legal, respondiendo a las necesidades de sus comunidades sin cruzar los límites de sus competencias. Solo así podremos garantizar una sociedad más justa y democrática. LA AUTORA es miembro de la Fundación Libertad. Ningún servidor público, sin importar cuán nobles sean sus motivaciones, puede actuar más allá de lo que la ley expresamente le permite. Esto incluye tanto el abstenerse de extralimitarse como el cumplir las funciones que la ley les asigna. La omisión de estas responsabilidades es tan grave como la extralimitación y puede dar lugar a sanciones administrativas o incluso penales. No hay excusa para maltratarnos Llamado Fátima Agrazal [email protected] La vergüenza, la estigmatización y el miedo son cadenas que mantienen prisioneras a muchas mujeres que enfrentan la violencia doméstica. Esta problemática frecuentemente permanece oculta hasta que, trágicamente, los agresores arrebatan la vida de estas mujeres. Cada 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un esfuerzo por erradicar la violencia contra la mujer, un recordatorio de la grave realidad que viven muchas. En Panamá, las estadísticas son alarmantes. Según el Ministerio Público, en lo que va de 2024, al menos 16 mujeres han perdido la vida a causa del femicidio, además de otras 20 muertes violentas que representan vidas destruidas. Cada uno de estos casos es más que un número; es una historia y una familia afectada, un recordatorio de que la violencia de género es una realidad ineludible. Es vital que las mujeres aprendan a distinguir entre el amor y la violencia encubierta en comportamientos de pareja. Muchas víctimas de violencia doméstica no identifican las señales de un maltratador hasta que ya han sufrido agresiones. No podemos permitir que este ciclo se normalice, especialmente cuando hay niños presentes, quienes son testigos de conductas violentas que podrían adoptar como patrones en sus futuras relaciones. Hago un llamado a las mujeres que padecen violencia doméstica: alcen su voz, no se cierren al sufrimiento esperando un cambio en sus agresores. La esperanza de que su pareja se transforme en alguien amoroso y respetuoso es, en muchos casos, una ilusión. Es fundamental buscar ayuda y utilizar los mecanismos que las autoridades ofrecen para denunciar este delito que, año tras año, cobra vidas. No hay justificación que valide la violencia. Asimismo, rindo homenaje a las niñas de Veraguas, víctimas de abusos sexuales, ya sea por familiares cercanos o por personas de confianza. Estas inocentes pequeñas llevarán consigo la carga de haber perdido su inocencia ante la brutalidad de su entorno. Es desgarrador que en esta provincia, conocida por su gente trabajadora, la violencia contra menores de edad se convierta en el tema más destacado de las noticias. Cada 25 de noviembre, recordemos que la lucha por un mundo sin violencia es un deber colectivo y que cada voz cuenta en esta batalla. Es hora de visibilizar el problema y realizar acciones concretas para erradicar la violencia contra la mujer. #No hay excusa. LA AUTORA es abogada.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==