2A LaPrensa Panamá, sábado 16 de noviembre de 2024 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom La compleja realidad de la CSS a través de la voz de un asegurado Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Alonso Rodríguez, asegurado y miembro del Grupo de Pacientes de Hemodiálisis (Grupadi), compartió sus reflexiones sobre las fallas estructurales de la Caja de Seguro Social (CSS) en Panamá durante el primer debate sobre las reformas a la entidad. Con décadas de contribuciones al sistema, Rodríguez cuestionó cómo la institución administra sus recursos, señalando que enfrenta una crisis derivada de la falta de planificación, el nepotismo y los malos manejos administrativos. “Salvar al Seguro Social no debería ser una utopía, pero actualmente parece una tarea monumental”, enfatizó en su intervención. Rodríguez comparó la situación de los asegurados conunafamiliadondeunsolo miembro sostiene económicamente al resto. Según cifras oficiales, de los 3.1 millones de afiliados al Seguro Social, solo 1.5 millones son cotizantes activos. “¿Cómo se sostiene un sistema donde el número de beneficiarios duplica al de contribuyentes?”, cuestionó. Para él, la solución no pasa por aumentar las cuotas o la edad de jubilación, sino por realizar un análisis más detallado del balance entre cotizantes y beneficiarios. Funcionarios jubilados y eficiencia laboral Una de las principales preocupaciones de Rodríguez es la eficiencia del personal en la CSS. Señaló que gran parte de los 38,000 funcionarios ya están jubilados o próximos a jubilarse, lo que, según él, afecta la productividad y la calidad del servicio. También criticó los largos tiempos de espera en emergencias y los cambios de turno, que pueden extenderse por hasta dos horas, cuestionando si la distribución del personal realmente responde a las necesidades del sistema. Asimismo, denunció el nepotismo dentro de la CSS, comparándolo con prácticas similares en otras instituciones públicas. Aseguró que los nombramientos basados en conexiones políticas y no en méritos han empobrecido a la institución. “No hay un sistema de competencia real en el ámbito laboral. Esto afecta tanto a los asegurados como a los funcionarios comprometidos”, afirmó. El costo de la ineficiencia Con una visión crítica pero respetuosa, Rodríguez cuestionó las prácticas laborales de algunos médicos de la CSS. Relató su experiencia personal en los complejos hospitalarios, observando que los tiempos efectivos de atención médica se reducen debido a pausas prolongadas y reuniones informales. “¿Cómo salvamos al Seguro Social si no cumplimos con los horarios establecidos?”, preguntó, instando a una mayor responsabilidad profesional en todos los niveles. Para Rodríguez, la solución para salvar al Seguro Social radica en la prevención. Enfatizó que enfermeComplejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Archivo Reforma al Seguro implica el fin de los préstamos a jubilados El director de la CSS, Dino Mon y el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, en el segundo día de consultas. Isaac Ortega Cambios en la Caja: solidaridad y debate por pensiones Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Ayer viernes 15 de noviembre, el economista Felipe Argote y Carlos Lee, dirigente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, participaron en el primer debate sobre las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS). En el encuentro, ambas figuras expusieron sus puntos de vista sobre los retos y oportunidades que enfrentan las propuestas legislativas para abordar la crisis del sistema de pensiones. Mientras Argote se enfocó en los aspectos técnicos y económicos, Lee subrayó la importancia de preservar el espíritu solidario de la institución. Lee criticó la propuesta de reforma, señalando que distorsiona el verdadero concepto de solidaridad humana. Además, lamentó que, desde las reformas de 2005, este principio solidario ha sido desvirtuado. “Este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo no aborda la raíz del problema. Más que técnico, es un asunto de justicia”, afirmó. Según Lee, la propuesta actual confunde solidaridad con asistencia social, un enfoque que considera engañoso y alejado de los principios originales de la CSS. En su discurso, el abogado enfatizó que el debate sobre la CSS refleja una crisis más amplia del modelo social panameño, al que describió como “fallido”por su incapacidad de promover la equidad y la justicia. Subrayó que esta problemática no es exclusiva de Panamá, sino un síntoma de un sistema global que prioriza las ganancias sobre la dignidad humana. Según Lee, el reto no es solo técnico, sino ético: decidir entre perpetuar un modelo excluyente y concentrador o apostar por la dignidad y la solidaridad. Doble discurso Por su parte, Argote centró su exposición en lo que llamó “la hipocresía” de la narrativa dominante, que acusa a los pensionados de querer más de lo que aportaron. “Aquí discutimos cómo reducir beneficios, mientras otros países buscan soluciones dignas para sus ciudadanos mayores”, lamentó. Uno de los puntos más incisivos de Argote fue la desconexión cultural de los modelos propuestos. Señaló que las propuestas importadas de países como Estados Unidos no consideran la estructura familiar panameña, donde los adultos mayores suelen integrarse en los hogares, a diferencia de la cultura norteamericana, donde muchos son trasladados a asilos. “No puedes imponer algo que no se adapta a la cultura del país”, enfatizó, dejando claro que cualquier reforma debe respetar las particularidades sociales locales. SEGURIDAD SOCIAL dades como las que requieren hemodiálisis representan una de las mayores cargas económicas para la CSS, con costos que alcanzan los 30 millones de dólares anuales. Propuso la implementación de programas sólidos de prevención en lugar de depender exclusivamente del tratamiento. “Si no frenamos este crecimiento, los costos serán insostenibles”, concluyó. Visión médica Por su parte, Fernando Castañeda, dirigente de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss), denunció que el programa de enfermedad y maternidad de la CSS ha sufrido fuertes pérdidas durante los últimos tres años, atribuyéndolo a una mala planificación, como en el caso de Ciudad Salud. Señaló que el proyecto de ley 163 pretende cargar a la CSS con responsabilidades de la población no asegurada, una obligación constitucionalmente asignada al Estado. Además, expresó su preocupación por la falta de medidas para frenar la evasión fiscal y la informalidad laboral que, según él, el proyecto parece incentivar. Según Castañeda, en la propuesta de ley se limita a la institución y facilita que el gobierno utilice los fondos de la CSS para adquirir deuda pública. En el mismo tenor, criticó que el artículo tres restringe el derecho a huelga, considerando que busca silenciar las demandas de los gremios ante problemas como la falta de insumos médicos y medicamentos esenciales. Aunque uno de los puntos más alarmantes, según Castañeda, es el artículo 65, que permitiría al director general delegar la administración de los fondos de pensiones a empresas privadas, abriendo la puerta a la privatización. No obstante, tanto el director de la CSS, Dino Mon, como el propio presidente de la república, José Raúl Mulino, han negado que con la propuesta de ley se pretende privatizar la CSS. La CSS planea suspender sus préstamoshipotecarios y personales por pérdidas significativas, afectando a jubilados y funcionarios. Argote propuso un sistema mixto en el que los salarios más bajos estén cubiertos por un modelo solidario, mientras que quienes perciban ingresos más altos puedan optar por un componente individual. Según él, este enfoque garantizaría pensiones mínimas dignas sin sacrificar la sostenibilidad financiera del sistema. Inquietud El economista también expresó su preocupación por lo que calificó como doble moral en el sector privado. Según explicó, durante años estos sectores criticaron a los sindicatos por presuntamente querer “expro - piar ”a los jóvenes al tomarse el componente solidario del sistema mixto, pero guardaron silencio ahora que el Gobierno habla de crear una cuenta única con las reservas de todos los trabajadores, lo que sería expropiar las cuentas personales. “Por ahí empieza la cosa”, advirtió Argote, comparando este cambio con las políticas económicas iniciales de países como Nicaragua y Venezuela, donde los principios del sector privado fueron desplazados. Para Argote, Panamá no enfrenta una crisis económica, sino una crisis de liderazgo. Sostuvo que el país tiene capacidad para crecer y brindar bienestar a su población, pero requiere decisiones valientes y coherentes. “Es una vergüenza que países con menos recursos, como El Salvador, estén dando el ejemplo mientras aquí seguimos perdiendo oportunidades”, concluyó. Su mensaje fue claro: actuar con responsabilidad es esencial para evitar otra crisis social. Yolanda Sandoval [email protected] La Caja de Seguro Social (CSS) dejaría de otorgar préstamos personales e hipotecarios tanto a jubilados como a sus propios funcionarios, de aprobarse la reforma que actualmente se discute en la Asamblea Nacional. La entidad, que administra una cartera crediticia cercana a los $100 millones, ha identificado pérdidas significativas en esta actividad, según reveló su director, Dino Mon. “La administración anterior no lo dijo, pero tristemente es una cartera de muchas pérdidas”, declaró Mon, justificando el fin de esta política de financiamiento, diseñada, supuestamente, para generar ingresos que fortalecerían el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Los préstamos hipotecarios de la CSS ofrecen intereses competitivos: 4.75% para colaboradores de la institución y 5% para otros asegurados con más de 24 meses cotizando. Estos financiamientos permiten acceder a montos de hasta $300,000 con plazos de hasta 35 años. Por su parte, los jubilados y pensionados pueden optar por préstamos personales de hasta $67,000, dependiendo de sus ingresos, con una tasa fija del 4.95% y sin cobros adicionales de manejo o legales. Sin embargo, las deficiencias operativas y la falta de controles adecuados habría llevado a la institución a reconsiderar esta política de financiamiento. Sacando a la CSS de este negocio, sus potenciales clientes tendrían que acudir a la banca comercial, para pedir préstamos a tasa de mercado. En el año 2022, La Prensa tuvo acceso a documentación interna de la CSS en la que se revelaba las deficiencias en el manejo de la cartera de préstamos. La administración de la CSS reportó a la junta directiva sobre serias irregularidades en el manejo de su cartera crediticia. Entre las fallas identificadas estaban la ausencia de un reglamento adecuado, controles insuficientes y falta de garantías. Desde noviembre de 2019, la CSS dejó prácticamente inactiva su cartera de préstamos dirigida a funcionarios, argumentando que no se contaba con fiadores ni garantías necesarias para respaldar las operaciones. Según el informe, la gestión de Enrique Lau estaba implementando medidas correctivas, como la depuración de procedimientos internos y registros contables, con miras a relanzar el programa de préstamos dirigido principalmente a jubilados. En su momento, la administración de Lau indicó que se trabajaba en un nuevo reglamento de préstamos para contar con la figura de los fiadores solidarios. Pero nunca se hizo una actualización pública de este tema. Tampoco se reportan avances en el último informe de rendición de cuentas de la CSS.
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