6A LaPrensa Panamá, miércoles 13 de noviembre de 2024 Panorama ATTT proyecta convertir las prestatarias en concesionarias En el país existen actualmente 200 prestatarias conformadasy prestando el servicio, pero solo dos cuentan con la concesión oficial del Estado para brindarlo. SERVICIO PÚBLICO Yaritza Mojica [email protected] Estabilizar la tarifa en el transporte, garantizar la seguridad en cada viaje y regularizar la frecuencia de las rutas son aspiraciones que tienen los usuarios del transporte público, expectativas que podrían alcanzarse con el cambio de las empresas prestatarias a concesionarias. Estos cambios podrían empezar a implementarse si la apuesta del director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Jorge Ábrego, de modernizar el sistema de transporte público, comenzando con el proceso de convertir las prestatarias en concesionarias, se concreta. Para entender lo que pretende el nuevo director de la ATTT, hay que comprender que una prestataria se conforma a partir de la agrupación de certificados de operación individuales, es decir, que pertenecen a diferentes personas; cada certificado permite a su propietario operar un vehículo. La prestataria administra estos certificados y ofrece o presta el servicio dentro de una ruta. En este caso no necesariamente quien conduce es el dueño del autobús ni una persona contratada para conducir el vehículo, ya que los dueños suelen “alquilar ” el derecho de conducir, es decir, que quien conduce debe llenar una cuota diaria a pagar y a partir de allí es que comienza a reunir lo que ganará en el día. Actualmente, en todo el territorio de Panamá existen aproximadamente 200 prestatarias -que incluyen transporte urbano y ruralconformadas y con contratos en trámite, sin embargo, solo dos tienen la concesión aprobada por el Estado. El resto de estas solicitudes aún no se ha perfeccionado, es decir, prestan el servicio en diversas comunidades del país, pero no tienen la concesión oficial de la ruta. La concesionaria, por su parte, opera mediante una concesión estatal para una ruta determinada, controla los certificados de operación y asume responsabilidades laborales, como contratar personal, pagar prestaciones e impuestos y cubrir la seguridad social de los conductores, explicó Ábrego. El director de la ATTT informó que, por el momento, continúa en reuniones con “altas autoridades” para definir el tema de las prestatarias, ya que considera que con esta regulación también podrían mejorarse las condiciones laborales de los conductores y lograrse una regulación del servicio en beneficio de los usuarios del transporte público de pasajeros. Ábrego detalló: “Uno de nuestros proyectos es realizar todas las acciones tendientes a que las empresas prestatarias pasen a ser concesionarias, y si no pueden, entonces llamar a un acto público y licitar esas rutas”. El plan es que esta idea se concrete en el marco de un programa a cinco años, dando prioridad a las prestatarias que ya están en funcionamiento. La transición a concesiones podría incluir taxis, transporte colectivo, turismo, transporte colegial, piqueras y terminales de transporte, que actualmente operan bajo el sistema de prestatarias. Las dos concesiones vigentes en el país en la actualidad son: el sistema de transporte masivo Mi Bus, que cuenta con 1,450 certificados de operación, y una terminal de transporte en Aguadulce, provincia de Coclé. El vocero de la Asociación Nacional de Usuarios del Transporte Público, Luis Torres, explicó que no está de acuerdo con que se cambien las prestatarias a concesionarias sin antes realizar una amplia consulta con los usuarios, quienes son los principales clientes del sistema de transporte público. Torres solicitó que el debate sea amplio, no limitado únicamente a los representantes de los usuarios en la Mi Bus es una de las dos concesionarias que opera en el país. Archivo Ifarhu ha presentado cinco denuncias ante el Ministerio Público por ‘auxilios’ FONDOS PÚBLICOS Eliana Morales Gil [email protected] Jaime Díaz, director del Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), informó que su equipo ha presentado cinco denunciasanteelMinisterioPúblico para que se investiguen supuestas irregularidades en los trámites gestionados por la administración anterior (2019-2024) para otorgar auxilios económicos de manera discrecional y en el manejo financiero de la institución. No serán los únicos recursos que llevarán al Ministerio Público. Prometió que, a medida que continúen investigando, irán denunciando. Díaz respondió a una pregunta del diputado independiente Augusto Tu t o Pa - lacios en medio de una sesión de la Comisión de Presupuesto, a la que acudió para solicitar traslados de partida por $42 millones para pagos de becas. Precisamente, $3 millones de los fondos sustentados ante la comisión se usarán para pagar auxilios económicos a estudiantes panameños. El director del Ifarhu también explicó que las denuncias no apuntan a alguien en particular, sino a quien resulte responsable. Además, manifestó que están trabajando para robustecer el departamento de auxilios, ayudas que de ahora en adelante, dijo, se otorgarán por méritos, ya sean académicos o deportivos. Ileana Molo acude a firmar documentos El funcionario afirmó repetidas veces que están colaborando con el Ministerio Público en todo lo que requiera. Admitió que la antigua directora del Ifarhu, Ileana Molo, ha visitado la entidad para firmar documentos que necesitaban ser “subsanados”. Este último tema surgió a raíz de una pregunta formulada por el diputado perredista Raphael Buchanan. “Tengo información de que la antigua directora [Molo] estuvo en la institución hace pocas semanas firmando documentos”, aseguró. Díaz dijo que se trata de documentos que la exfuncionaria “dejó pendientes de fi r m a ”. El diputado perredista recriminó este hecho. El director de la institución contestó que operan“bajo lo que la ley les permite”. Añadió que era una“obligación” de Molo dejar esos documentos firmados. Fue en ese momento cuando intervino otro funcionario del Ifarhu para añadir que se ha requerido a Molo para que subsane documentos que la Contraloría solicita y, como los trámites se hicieron durante su administración, se requiere su firma. En el gobierno pasado, el Ifarhu estuvo bajo el mando de dos directores: Bernardo Nando Meneses, quien gestionó la institución hasta enero de 2023, e Ileana Molo, quien tomó el control de la entidad desde febrero de 2023 hasta el 30 de junio de este año. Ambos pertenecen al Partido Revolucionario Democrático (PRD), colectivo político oficialista durante el gobierno pasado. Las diputadas independientes Jeanine Prado y Alexandra Brenes, quienes acudieron a la comisión para hacer preguntas al jefe del Ifarhu, coincidieron en que cinco denuncias no son sufiEl director delIfarhu, Jaime Díaz. Isaac Ortega cientes para todo el cúmulo de anomalías detectadas en la administración pasada. El jefe del Ifarhu siguió respondiendo múltiples preguntas de los diputados. Minutos antes de las 4:00 p.m., la Comisión de Presupuesto aprobó los traslados de partida que suman $42 millones. Auxilios económicos a la car t a De acuerdo con datos divulgados por la Presidencia de la República, el Ifarhu repartió $380,833,655.91 en auxilios económicos no reembolsables y otros programas entre 2014 y 2024. En esa lista están los nombres de 23,631 beneficiarios, el monto otorgado a cada uno, el monto desembolsado, la fecha y detalles de la entidad educativa y la carrera elegida. Esta información complementa la base de datos interactiva que presentó La Prensa el 9 de abril de 2024, con 4,903 beneficiarios (aunque solo 2,144 fueron identificados por su nombre) de los auxilios económicos que repartió el Ifarhu entre el 7 de julio de 2019 y el 24 de mayo de 2023. junta directiva, con la finalidad de garantizar que durante ese proceso no se incremente la tarifa (costo del pasaje) para los pasajeros. “Necesitamos que el pasaje continúe en los 25 centavos, como actualmente cobra Mi Bus”, remarcó. Desde 1993, la ley exige que las prestatarias deben ser concesionarias, aunque en la práctica esto no se ha implementado plenamente. Eleuterio Araúz, presidente del Consejo de Transporte del Interior, S.A., apoya la idea de cambiar las empresas prestatarias a concesionarias con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los transportistas y brindar un servicio de mejor calidad. Araúz destacó que, aunque la Ley 14 de 1993, la Ley 34 de 1999 y la Ley 42 de 2007 exigen que se otorguen concesiones al transporte público, esta medida no se ha implementado de manera efectiva en Panamá. Señaló que “los gobiernos anteriores no han cumplido con esta regulación, lo que ha afectado tanto a los transportistas como a los usuarios”. El presidente del Consejo de Transporte del Interior, S.A., indicó que esperan que en esta administración se pueda dar continuidad a los trámites de concesiones que ya habían comenzado. Araúz resaltó que actualmente algunos contratos de concesión están en revisión en la Contraloría General de la República. El gremio de transportistas insiste en que se debe continuar con el trabajo y la documentación ya avanzada para evitar costos adicionales y más demora. Aunque no precisó la cantidad de trámites de concesión en proceso, reiteró que, en todo el país son al menos 200 las prestatarias que aspiran a convertirse en concesionarias. Araúz solicitó que el gobierno actual no empiece de cero, sino que dé seguimiento a los avances ya logrados, ya que en muchos casos las prestatarias han realizado inversiones. Por el momento, la ATTT mantiene reuniones para tratar de concretar este proyecto, según destacó la entidad. Decomisan tres toneladas de droga y aprehenden a 34 personas OPERACIÓN JUNGLA Juan Manuel Díaz [email protected] La operación Jungla desarrollada por la Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas desmanteló una red criminal que logró transportar al menos tres toneladas de droga a puertos de Bélgica, Holanda, Taiwán, India, Francia y España. La fiscal de drogas, Marta Barrios, explicó que la investigación se inició desde julio de 2022 y se logró la aprehensión de 34 personas a las que se les formularán cargos por los delitos de conspiración para la introducción de drogas y blanqueo de capitales. Según Barrios, la red criminal está compuesta por personas que manejaban una serie de empresas de carga que eran usadas para la introducción de la droga a los puertos con la colaboración de trabajadores portuarios, quienes se encargaban de colocar la droga dentro de contenedores. La estructura criminal utilizaba plataformas de comunicación encriptadas para realizar las coordinaciones para el transporte de la droga hacia el mercado europeo. También explicó que en este caso se logró establecer que uno de los cabecillas de la red criminal sostuvo reuniones en restaurantes de la localidad con líderes de grupos colombianos para coordinar la introducción de varios cargamentos de droga. Las pesquisas revelaron que la organización utilizaba amigos, parejas sentimentales y allegados como testaferros. Las autoridades dieron detalles de la operación. Richard Bonilla.
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