13 de noviembre de 2024 - Año 44 - Nº 14836 75¢ Miércoles El medio libre de Panamá UI UNIDAD INVESTIGATIVA FBI: posible caso de corrupción y extorsión implica a Odila Castillo Se menciona a Odila Castillo, abogada y exfuncionaria, por presunto enriquecimiento de $13 millones mediante servicios a contratistas estatales. El Ministerio Público examina cuentas y entrevista a posibles víctimas. Rolando Rodríguez [email protected] Una advertencia sobre posible “corrupción pública” fue enviada por la Oficina del Agregado Jurídico del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), del Departamento de Justicia estadounidense, de Estados Unidos, al procurador general de la Nación, Javier Caraballo, el pasado mes de junio. En la carta, se menciona a “la licenciada Castillo”, socia principal de la firma Castillo, Guardia & Asociados, de la que es socia principal la abogada Odila Castillo, exfuncionaria de la Contraloría. La misiva es parte de una investigación que actualmente se encuentra en curso en el Ministerio Público (MP), aún en sus primeras e tapas. Se desconoce si, a raíz de esta advertencia escrita del FBI, el MP inició la investigación en curso o si existen otras pesquisas relacionaW:5.1699in H:3.3558in 2024-11-13 PAG-1-Panorama-1-LP,ph01 Otorgan fondos a contratistas ligados a casos de corrupción COMISIÓN DE PRESUPUESTO La Comisión de Presupuesto aprobó el traslado de $505 millones desde el Meduca hacia el MOP y el Miviot para pagar deudas con contratistas, incluyendo empresas investigadas por corrupción. Los fondos financiarán obras de infraestructura y proyectos de vivienda. VEA 4A Cepal: Panamá reporta altos niveles de pobreza DESIGUALDAD El informe de la Cepal 2024 indica que en América Latina, 172 millones de personas viven en pobreza y 66 millones en pobreza extrema. En Panamá el 14.3% de la población vive en pobreza y el 6.5% en pobreza extrema. Los pobres apenas ganan unos 129 dólares mensuales en áreas urbanas. VEA 1B Hoy por hoy La carta del 11 de junio, enviada por el agregado jurídico del FBI en Panamá al Procurador General, expone un posible caso de corrupción y extorsión de proporciones alarmantes. En ella, se señala a Odila Castillo, exfuncionaria de la Contraloría y exsocia de la actual secretaria general de la institución, quien, a través de su firma, presuntamente exigió pagos a empresarios para asegurar la emisión de contratos y la aprobación de pagos pendientes en agencias gubernamentales. Este giro internacional pone en evidencia el impacto de prácticas de extorsión que socavan la confianza empresarial y la transparencia estatal. Además, resalta el pobre papel del Contralor, quien, al conocerse la noticia, en vez de investigar optó por defender a su exfuncionaria, mostrando una falta de compromiso con su deber de fiscalización y agravando la percepción de impunidad en el país. Es momento de que las autoridades locales actúen con firmeza para erradicar estos abusos y restaurar la credibilidad de Panamá en la arena global. Deportes Carrasquilla vive un momento inolvidable 4B Negocios Wall Street cierra en rojo, termina la racha de ganancias 2B Ellas.pa Alexander Arosemena El Grito de Independencia en La Villa de los Santos 5B das. Por ahora, se han emitido oficios a los bancos para investigar cuentas bancarias y se ha tomado el testimonio de al menos una de las presuntas víctimas. La Prensaha enviado en varias ocasiones preguntas a Castillo, pero ella ha declinado responder sobre sus actividades legales, cuya especialidad es el derecho administrativo. Este ramo le ha permitido acumular, en tan solo dos años, más de $13 millones en facturación por servicios legales, aparentemente prestados a contratistas del Estado. Castillo se ha convertido en millonaria, con 11 apartamentos valorados en más de $2 millones. Ahora también tiene un penthou - seen Santa María, cuyo valor supera los $1.2 millones, además de un local comercial en David, por cerca de medio millón de dólares. También se encuentra en trámite para adquirir un apartamento en Buenaventura.| VEA 2A Un extracto de la carta. Reforma a la CSS: nuevos aportes para independientes La reforma plantea que los trabajadores independientes aporten el 18% de sus ingresos a pensiones y puedan optar por la cobertura de salud. La base de cálculo sería 52% del ingreso declarado. VEA 1B 4A
2A LaPrensa Panamá, miércoles 13 de noviembre de 2024 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom FBI alertó de posible caso de corrupción ligado a Odila Castillo ‘Por este medio le informo que el FBI ha identificado un posible caso de corrupción pública. De acuerdo con información obtenida mediante fuentes humanas y abiertas, la licenciada Castillo [...] extorsiona a empresarios [...]’. Rolando Rodríguez [email protected] El pasado 11 de junio, la Oficina del Agregado Jurídico del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, envió una carta al procurador general de la Nación, Javier Caraballo. Tras agradecer la colaboración brindada por el Ministerio Público (MP) al FBI, el agregado entró en materia. Se trataba de Odila Castillo, la exfuncionaria de la Contraloría General de la República que se convirtió en millonaria en dos años. Como es sabido ahora, Castillo acumuló $13.6 millones entre 2021 y 2023 —casi $11 millones solo en el último año de ese período— facturados por sus servicios legales, prestados a través de la firma Castillo, Guardia & Asociados, cuyo nombre original era Palacios, Vásquez & Asociados, bufete en el que también era socia la actual secretaria general de la Contraloría, Zenia Vásquez. ‘Extorsión’ “Por este medio le informo que el FBI ha identificado un posible caso de corrupción pública. De acuerdo con información obtenida mediante fuentes humanas y abiertas, la licenciada Castillo de [la firma] Castillo, Guardia & Asociados, extorsiona a empresarios solicitando que les paguen un porcentaje a cambio de lograr que se suscriban contratos con el gobierno y se logre la aprobación y emisión de pagos de parte de distintas agencias del gobierno”, indicaba la carta, cuya autenticidad fue corroborada por La Prensa. La Prensadesconoce si, a raíz de esta carta (que llegó a Caraballo por conducto de la Embajada de Estados Unidos en Panamá), el MP inició una investigación, aunque en las últimas semanas ha habido un proceso en curso (cuyo origen se desconoce) en el que han sido citados empresarios para dar sus testimonios. La nota del FBI la conocerían Castillo y sus abogados, pues tienen acceso a la plataforma digital del MP que les permite examinar la carpetilla de la investigación. Un caso En la carta del FBI se menciona un caso específico, aunque alertan que existirían más. “Una de las víctimas es la compañía Trasa Thermo King, a quienes la licenciada Castillo les solicitó en 2021 Odila Castillo, en sus nuevas oficinas en el edificio Financial Park, en Costa del Este. Su bufete Castillo Guardia & Asociados ha declarado ingresos en 2022 y 2023 por cerca de $14 millones. Foto tomada de redes sociales. La carta del agregado jurídico del FBI (Departamento de Justicia) fue dirigida al procurador general de la Nación, Javier Caraballo, el 11 de junio de 2024. UI UNIDAD INVESTIGATIVA un pago del 10% a cambio de lograr que se les emitiera el último pago que se les debía de un contrato original de aproximadamente $1.3 millones de dólares con MiB u s”. La presidenta y representante legal de Trasa Thermo King es Kathleen de McGrath, exsuegra de Odila Castillo. La carta a Caraballo culminó explicando que “hoy en día, Trasa Thermo King no ha recibido ese último pago ya que no aceptó pagar la extorsión”, hecho que hasta la fecha seguiría igual, según fuentes del MP. La carta agrega que, “se - gún las fuentes humanas, existen otras personas involucradas en este esquema junto con la licenciada Castillo, así como también existen otras víctimas”. Irregularidades Este caso coincide con el testimonio de una persona que contó a La Prensa un caso similar. Bajo estricta reserva de su nombre, la fuente relató a este medio que en diciembre de 2020, Castillo -que entonces era asesora en la Contraloría- la citó “p a ra conversar sobre un asunto muy importante”en la sede de sus antiguas oficinas, en el edificio conocido como El Tornillo, en Calle 50. Al presentarse en la recepción, recibió instrucciones para dejar su teléfono ahí, antes de reunirse con ella. “Sacó un expediente de la Contraloría sobre un contrato del que teníamos un pago programado en esa fecha de casi $800 mil. Ella me informó que habían encontrado algunas observaciones en el contrato y que, si no pagaba el 10%, mi pago se cancelaría. En ese momento, consulté con mi familia y todos dijeron que absolutamente no”, contó la fuente a La Prensa. Justamente, también a mediados de abril pasado, el abogado Jorge Camarena denunció algo muy similar en el programa radial del periodista Álvaro Alvarado – Noticias 180 minutos –, indicando que una exfuncionaria de la Contraloría le exigió a un contratista una coima del 10% del valor del contrato pactado con el Estado, el cual, hasta el día de hoy, no ha sido cancelado debido a que el contratista se negó a pagar el soborno. Denuncias públicas Camarena conoce ese caso porque el contratista del que habló en el programa de Alvarado es su cliente. Denunció que no era el único, que había varios contratistas en la misma situación, es decir, que se han negado a pagar para que la Contraloría entregue los cheques adeudados por el gobierno. Son varios empresarios —nacionales y extranjeros—que han sufrido este acoso para que paguen coimas, que van del 10% al 15%, a cambio de recibir los pagos adeudados, sostuvo. El abogado indicó que a su cliente se le advirtió que si “no pagaba un 10% de la cantidad del monto total, se iban a retener los pagos. Eso fue en 2020 y ese cliente… hasta la fecha no ha recibido el pago. Siempre se le han puesto excusas y más excusas, pero no le han pagado”. MOP, Conades... Otros testigos dan cuenta de un supuesto radio de acción de los servicios legales de Castillo. Se trata de contratistas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), donde una funcionaria de mando medio supuestamente recibía costosos regalos de Castillo. Y no es todo. El Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) sería otra de las instituciones en las que Castillo habría tenido interacción con algunos de sus contratistas. Testigos que han hablado con este medio bajo estricta reserva de su identidad así lo han relatado. Han narrado que tuvieron que pagar altas sumas de dinero a Castillo por sus gestiones de cobro ante el Estado. Tras su intervención, recibían los cheques en corto tiempo. Esto contrastaba con su situación anterior, cuando sus reclamos tardaban hasta años para recibir los pagos. La carta del FBI —que solo menciona un caso—es tá firmada por la persona en la Embajada de Estados Unidos que ejerce el cargo de agregado jurídico de la Oficina del Agregado Jurídico, FBI República de Panamá. Odila Castillo no ha atendido los cuestionarios que le ha enviado La Prensa, pero Castillo, Guardia & Asociados ha emitido comunicados en los que sostiene que los señalamientos en su contra tienen el único fin de crear “morbo” y “lacerar el buen nombre”de la firma.
3A LaPrensa Panamá, miércoles 13 de noviembre de 2024 Tal Cual Mónica Palm [email protected] ¡AUXILIO!. El director general de la CSS podrá seguir concediendo “becas y auxilios”, ya que esa facultad no ha sido eliminada en el paquete de reformas propuesto a la Asamblea. ¿Alguien ha rendido cuentas por la concesión de estas ayudas económicas? ¿Quiénes se han beneficiado hasta ahora? ¿Cuánto le ha costado eso a los asegurados? Después de la experiencia vivida con estos temas, ¿por qué han considerado que es buena idea mantener esa atribución? ¿Qué quieren lograr con eso? ¿Politizar la Caja y convertirla en el nuevo Ifarhu? ANTECEDENTE. Hace cinco años, el 12 de noviembre de 2019, la Policía Nacional presentó una denuncia en contra del diputado Jairo Salazar por obstruir la justicia e intentar ejercer como abogado sin tener idoneidad. El caso fue asignado a la magistrada Ángela Russo. Dos años después, la denuncia fue archivada, porque, según Russo, la Policía no pudo reunir elementos de convicción “idóneos”que acreditaran el hecho punible. Raúl Pineda puede dormir tranquilo. MOROSOS.Por todo un año, el Ministerio de Vivienda no pagó el alquiler de su sede principal, en Plaza Edison. Ahora se les acaba de aprobar una partida de $713,278 para saldar la cuenta correspondiente al periodo enero-diciembre de 2023. No debe haber ninguna excusa válida para no pagar un gasto fijo como ese. ¿En qué habrán gastado los fondos asignados? BURL A.El “nini”de la embajada dedicó un cariñoso mensaje al dictador Daniel Ortega con motivo de su cumpleaños. “Que siga cosechando muchos más éxitos para el beneficio de su pueblo”, escribió. ¿Esto es broma o es en serio? PEÑAZO. Si usted reside o circula en Arraiján, mejor es que ni se le ocurra escupir un chicle, alimentar palomas en el parque o colgar una chancleta en el tendido eléctrico. Esas son algunas de las 101 faltas administrativas anunciadas por la alcaldesa Stefany Peñalba, las cuales conllevan multas de hasta $10,000. Si su ¿Quiénes se han beneficia ha costado eso a los asegu rados? Después de la expe riencia vivida con estos te mas, ¿por qué han consi mascota hace mucho ruido entre las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m., tendrá que pagar $100. Así que, si su perro acostumbra a ladrar a la luna, mejor es que se lo lleve a su recámara. Los ladrones van a estar felices. CACERÍA. Dicen que al personal que labora en los despachos de los magistrados les están aplicando la prueba del polígrafo, luego de la filtración de un documento interno. Por tanto, están asumiendo que alguien les ha mentido o que tendría razones muy poderosas para hacerlo. Defensa de Pineda acude a la CSJ a conocer denuncias PROCESO Juan Manuel Díaz [email protected] Víctor Orobio, abogado del diputado del Partido Revolucionario Democrático, Raúl Pineda, acudió ayer a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para conocer los detalles de dos investigaciones en las que presuntamente se vincula a su cliente con actividades de blanqueo de capitales. Orobio precisó que existen dos denuncias contra Pineda, una presentada por la exdiputada Zulay Rodríguez y otra que fue enviada la semana pasada por el Ministerio Público, y que ambas deberán ser archivadas, ya que el Ministerio Público no tiene facultades para ejecutar escuchas telefónicas a un diputado; que es la Corte la única facultada por la Cons - titución para investigar y enjuiciar a los diputados. Orobio dijo que preguntaría en la secretaría de la Corte a qué magistrado le corresponde adelantar el trámite de ambas denuncias y si serían acumuladas en un solo expediente. Pineda es mencionado en la investigación por la Operación Jericó en la que están imputadas 37 personas, entre ellas Abraham Rico Pineda, hijo del diputado, quien se encuentra recluido en la cárcel La Nueva Joya. La semana pasada el Ministerio Público envió a la Corte las sumarias con las transcripciones de las conversaciones sostenidas por Rico Pineda con personas presuntamente implicadas en la red de blanqueo de capitales, entre las que se encontraría su padre. Orobio también se refirió al proceso por la presunta comisión de delitos relacionados con drogas que se le sigue al diputado de Darién, Isaac Mosquera. Indicó que está pendiente de un recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia que lo absolvió. Víctor Orobio. Richard Bonilla Panorama
4A LaPrensa Panamá, miércoles 13 de noviembre de 2024 Al grano Flor Mizrachi [email protected] No acabo de procesar la compra de las laptopsdel Meduca. O dicho como es. No acabo de entender el nivel de opacidad y terquedad de Lucy Molinar en esto que ella considera su gran logro hasta ahora. Voy con el hecho. Meduca hace una compra directa de 654 mil laptopsa $241.7 millones, de la mano con la fundación One Laptop per Child. Ahora sí, desgranemos. ¿Hay algún estudio que sustente la razón de esa inversión, qué índice mejorará y cómo se medirá? ¿Dónde está? Digo, ya con su decisión de retirarnos de la prueba PISA basada en su opinión de que medirnos no ayuda en nada, es claro que los estudios no van con ella. Son casi $250 millones en laptops. Sí, estamos en deuda con los niños, que no salen preparados para enfrentarse al mundo. Pero todavía hay 340 escuelas rancho y más de mil escuelas sin luz, agua ni internet. Eso es el 44% de las escuelas. Ah, y para esas han dicho que a los jóvenes les subirán un PDF. Porque dice la ministra que hay que “cambiar la forma de enseñar”, ¿pero qué diferencia hay entre el PDF y darle al pelao el papel impreso? Esto es para los alumnos de media y premedia de las escuelas oficiales. ¿Esas laptopsayudan igual a un alumno de la montaña que a uno que piensa que sin celular se muere? ¿Tiene un niño de la comarca la misma necesidad que uno del Fermín Naudeau? ¿Cómo funcionan esas computadoras? ¿A qué tienen acceso? ¿Cómo evitarán que sean una distracción? ¿Quién supervisará, si hasta lo básico anda al garete? Dice Lucy que la fundación ofreció 51% menos del precio establecido en el convenio marco y en el mercado. Son computadoras de menos de $400. ¿Qué especificaciones tienen? ¿Dónde están las otras cotizaciones que dice tener? ¿Qué ofreció la fundación para que los eligieran sin licitación? ¿La fundación les sustentó sus resultados en otros países? Porque Mr. Google dice que no les ha ido bien… Además, Molinar dice que están en Panamá hace 10 años. Y la fundación dice que ahora, por este proyecto, es que se están instalando aquí. ¿Entonces? Lo otro es que el acuerdo no incluye mantenimiento ni piezas. Molinar dijo que la fundación le daría seguimiento a las reparaciones y la fundación dice que eso todavía no está definido pero que “todo el proyecto es responsabilidad del Meduca”.Y la cerecita. Molinar dice que como las computadoras están hechas 80% de plástico reciclado, pueden ser “reparadas por los propios estudiantes y sus padres”. ¿Ah? Más allá, la ministra habla de un convenio marco del que ha cambiado su versión varias veces. Primero dijo que era un convenio marco. Después, que estaba en Panamá Compra, que entráramos cuando quisiéramos a verlo. Después, que no era un convenio marco sino de cooperación. Luego, que no podía divulgarlo hasta que Contraloría lo refrendara. ¿Qué dijo Contraloría? Que ellos ni han recibido eso. Y antes del refrendo debió ir a gabinete, y eso no pasó. Lo confirmó el propio secretario del gabinete, ministro además. Entonces, si no es ni oficial, ¿por qué se incomoda cuando la cuestionan y lo defiende con ahínco? Dice que los estudiantes están perdiendo la motivación de ir a la escuela. Ajá, ¿y las laptopse vitarán la deserción? ¿Tan sencilla era la solución a ese problema? De haberlo sabido antes…Ah, pero cuando fue a la Asamblea a hablar del tema, salió Camacho a decirle a sus colegas que tenían que ceñirse a las cuatro preguntas que le habían mandado de antemano. Por cierto, ¿cómo mejoró la educación con las 116 mil 800 laptopsque compró ella misma en 2013? ¿Lo midieron? $83 millones se fueron ahí. Y dos años después encontraron 26 mil en un depósito del Meduca. Ministra. El poder, en democracia al menos, es para hacer lo que se debe, no lo que se quiere. Solo el año pasado 20 mil alumnos repitieron el año y 9 mil 145 abandonaron la escuela. Hay 76 proyectos de infraestructura educativa inconclusos. Hay gabinete psicopedagógico en menos del 10% de las escuelas. Al menos no sea un obstáculo para que lo poco que sirve siga funcionando. Por ejemplo, el Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar Docente, ahorcándose “por falta de plata”. Antes de las laptops, ¿no necesitamos docentes mejor capacitados? No llegue a destruir, ministra, que bastante se queja de que le destruyeron lo que usted construyó. Póngase seria, que su soberbia y tozudez en este tema hacen ruido. Panorama Aprueban traslados para pagarle a Odebrecht y a contratistas de Blue Apple Diputados asignan fondos para cubrir deudas millonarias en proyectos de infraestructura, beneficiando a empresas vinculadas en escándalos de corrupción. COMISIÓN DE PRESUPUESTO Yaritza Mojica Eliana Morales Gil [email protected] La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó ayer 12 de noviembre un total de $505 millones en traslados de partidas desde el presupuesto del Ministerio de Educación (Meduca) hacia el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). Estos fondos, que no fueron gestionados en su momento por la administración anterior, se destinarán al pago de deudas pendientes con contratistas de obras públicas y proyectos de vivienda en el país, incluyendo a compañías involucradas en escándalos de corrupción. Transferencias y deudas en el MOP La primera aprobación correspondió al MOP, dirigido por el ministro Jorge Luis Andrade, quien recibió $368.5 millones para saldar deudas con al menos 107 empresas responsables de proyectos viales pactados durante el gobierno anter i o r. Algunas de estas empresas, como Bagatrac y Meco, han sido señaladas en el caso de corrupción conocido como Blue Apple, que involucra sobornos de contratistas a funcionarios y particulares entre 2009 y 2014 para asegurar contratos de obras públicas. Bagatrac, por ejemplo, recibirá $24 millones y Meco $37 millones. Durante la sesión, el diputado independiente Roberto Zúñiga cuestionó al ministro Andrade sobre la finalización y el cumplimiento contractual de estas obras. Andrade respondió que todas las obras fueron completadas y que los pagos han sido certificados por el MOP y aprobados por la Contraloría General de la República. Entre los proyectos mencionados por el ministro están la rehabilitación de la carretera de Puerto Armuelles y otros tramos en Chiriquí y Bocas del Toro, así como el diseño y construcción de la carretera Gonzalillo-Pedregal-Transístmica, entre otros. Destino de los fondos en el Miviot El Miviot, por su parte, recibió $136.5 millones, de los cuales $132.3 millones serán usados para saldar 129 cuentas a nivel nacional que abarcan 34 contratos pendientes de pago, según explicó el ministro de Vivienda, Jaime Jované, a los 13 diputados presentes. Uno de los montos más discutidos es el de $15.2 millones asignados al Consorcio Norberto Odebrecht para el proyecto de Renovación Urbana de Colón. Esta empresa, ahora con el nombre de Novonor, ha sido investigada en Panamá por corrupción y blanqueo de capitales y debe $146 millones al Estado panameño. A pesar de esto, Jované justificó el pago diciendo que corresponde al Miviot cumplir con sus obligaciones contractuales, aunque será la Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la que decida si el pago se realiza directamente o se retiene para compensar la deuda de Odebrecht. El diputado independiente Jonathan Vega manifestó su preocupación por la falta de garantías de que la empresa cumpla con su deuda, y solicitó al MEF que informe por escrito a la Comisión de Presupuesto sobre el monto total de la deuda de Odebrecht y los costos de los proyectos en los que mantiene pagos pendientes. Por su parte, el diputado Jorge González expresó su inconformidad, destacando que estos recursos podrían usarse en otras áreas de necesidad del Estado. Programa Techo de Esperanza y pagos por tierras invadidas Además de los fondos destinados a Odebrecht, $53.1 millones de la partida para el Miviot irán al programa Techo de Esperanza, iniciado en la administración de Juan Carlos Varela. Este programa, que actualmente registra un avance del 40%, ha entregado más de 11,000 viviendas, aunque algunos proyectos enfrentan problemas debido a que están construidos en terrenos ajenos, lo que ha llevado al desmantelamiento de algunas casas en áreas como Mariato. También se incluyó una partida de $4 millones para indemnizar a propietarios de tierras invadidas por asentamientos informales en áreas de Bocas del Toro y Darién. Según el Miviot, hay una deuda de $67 millones en pagos pendientes por tierras ocupadas de manera irregular. Otros traslados aprobados La Comisión de Presupuesto también aprobó $3.5 millones para el pago de suministros y $713,278 para el arrendamiento de oficinas del Miviot en Plaza Edison. A pesar de los cuestionamientos, la aprobación de estos traslados de partidas fue respaldada por el voto de ocho diputados, con dos abstenciones registradas. ‘ Inaceptable’ el pago de $603 mil a tres peritos FONDOS DE LA CSS Eliana Morales Gil [email protected] El diputado independiente Betserai Richards, miembro de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, tildó de“inaceptable” y “camarón” que la Caja de Seguro Social (CSS) gestione un traslado de partida de $603 mil para pagar los honorarios de tres peritos que actúan en el proceso judicial derivado de la demanda de indemnización contra la entidad por el caso relativo al envenenamiento masivo con dietilenglicol. “Inaceptable porque, si lo comparamos con lo que cuesta un peritaje en otros países de Europa, por poner un ejemplo, serían $1,000 o $1,500 (...)”, manifestó el diputado del circuito 8-6, y añadió que un psiquiatra, un psicólogo y un contador cobrarán $4,500 por paciente. En efecto, una noticia de La Prensadio a conocer que el psiquiatra atiende a 85 pacientes y, por cada uno de ellos, cobra $4,500 o $382,500. El contador público ve el caso de 25 pacientes y, por cada uno, cobra $4,500 o $112,500. Algo similar ocurre con el psicólogo, quien analiza a 24 pacientes y, por cada uno, recibirá $4,500 o $108 mil. “La plata no es de ellos y lógicamente la malgastan. Yo sí creo que debemos cuidar los recursos del Estado, y queremos hacerle las preguntas al director de la CSS [Dino Mon] porque este es un camarón que dejó la administración anterior [...]”, añadió el diputado. De acuerdo con documentos oficiales, el dinero se trasladará del rubro denominado “servicios médicos en el país”. El trámite fue autorizado el pasado 10 de septiembre por la junta directiva de la CSS, atendiendo una solicitud de Enrique Lau C., entonces director. La Resolución que da luz verde a la gestión lleva las firmas de Manuel Antonio Pérez, presidente, y de Edwin Salamín, secretario de la directiva . Los peritos Entre los documentos que sustentan el procedimiento, constan tres cartas de abril y mayo de 2024 en las que la Procuraduría de la Administración informa a Juan Ospina, quien en esos días era jefe de Asesoría Legal de la CSS, que José Alexis Cifuentes, Zoila Glen Araya y Alejandro Cuadra participaron como peritos psiquiatra, psicológica y contable, respectivamente. Sin embargo, en los documentos no constan los criterios utilizados para establecer el costo de cada peritaje, ni el tipo de análisis, investigación y valoración que realizaron. Uno de los abogados que interpuso demandas contra la CSS por el envenenamiento masivo con dietilenglicol dijo a este medio que lo máximo que ha pagado a peritos en medio de este caso es $1,500, por lo que calificó como“desproporcionada” y“desventajosa” la cifra que pagará la CSS. Las demandas contra la CSS por el envenenamiento masivo se encuentran en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. El análisis del traslado de partida de la CSS para pagar los peritajes figuraba en la agenda de la Comisión de Presupuesto del Legislativo. Sin embargo, a las 4:50 p.m. de este martes, las autoridades de esa institución no lo habían sustentado. En total, los diputados debían atender a 22 instituciones. Diputado Betserai Richards. Archivo Los diputados Sergio Gálvez, Raúl Pineda, Rafael Buchanan y Manuel Cohen. Elysée Fernández
5A LaPrensa Panamá, miércoles 13 de noviembre de 2024
6A LaPrensa Panamá, miércoles 13 de noviembre de 2024 Panorama ATTT proyecta convertir las prestatarias en concesionarias En el país existen actualmente 200 prestatarias conformadasy prestando el servicio, pero solo dos cuentan con la concesión oficial del Estado para brindarlo. SERVICIO PÚBLICO Yaritza Mojica [email protected] Estabilizar la tarifa en el transporte, garantizar la seguridad en cada viaje y regularizar la frecuencia de las rutas son aspiraciones que tienen los usuarios del transporte público, expectativas que podrían alcanzarse con el cambio de las empresas prestatarias a concesionarias. Estos cambios podrían empezar a implementarse si la apuesta del director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Jorge Ábrego, de modernizar el sistema de transporte público, comenzando con el proceso de convertir las prestatarias en concesionarias, se concreta. Para entender lo que pretende el nuevo director de la ATTT, hay que comprender que una prestataria se conforma a partir de la agrupación de certificados de operación individuales, es decir, que pertenecen a diferentes personas; cada certificado permite a su propietario operar un vehículo. La prestataria administra estos certificados y ofrece o presta el servicio dentro de una ruta. En este caso no necesariamente quien conduce es el dueño del autobús ni una persona contratada para conducir el vehículo, ya que los dueños suelen “alquilar ” el derecho de conducir, es decir, que quien conduce debe llenar una cuota diaria a pagar y a partir de allí es que comienza a reunir lo que ganará en el día. Actualmente, en todo el territorio de Panamá existen aproximadamente 200 prestatarias -que incluyen transporte urbano y ruralconformadas y con contratos en trámite, sin embargo, solo dos tienen la concesión aprobada por el Estado. El resto de estas solicitudes aún no se ha perfeccionado, es decir, prestan el servicio en diversas comunidades del país, pero no tienen la concesión oficial de la ruta. La concesionaria, por su parte, opera mediante una concesión estatal para una ruta determinada, controla los certificados de operación y asume responsabilidades laborales, como contratar personal, pagar prestaciones e impuestos y cubrir la seguridad social de los conductores, explicó Ábrego. El director de la ATTT informó que, por el momento, continúa en reuniones con “altas autoridades” para definir el tema de las prestatarias, ya que considera que con esta regulación también podrían mejorarse las condiciones laborales de los conductores y lograrse una regulación del servicio en beneficio de los usuarios del transporte público de pasajeros. Ábrego detalló: “Uno de nuestros proyectos es realizar todas las acciones tendientes a que las empresas prestatarias pasen a ser concesionarias, y si no pueden, entonces llamar a un acto público y licitar esas rutas”. El plan es que esta idea se concrete en el marco de un programa a cinco años, dando prioridad a las prestatarias que ya están en funcionamiento. La transición a concesiones podría incluir taxis, transporte colectivo, turismo, transporte colegial, piqueras y terminales de transporte, que actualmente operan bajo el sistema de prestatarias. Las dos concesiones vigentes en el país en la actualidad son: el sistema de transporte masivo Mi Bus, que cuenta con 1,450 certificados de operación, y una terminal de transporte en Aguadulce, provincia de Coclé. El vocero de la Asociación Nacional de Usuarios del Transporte Público, Luis Torres, explicó que no está de acuerdo con que se cambien las prestatarias a concesionarias sin antes realizar una amplia consulta con los usuarios, quienes son los principales clientes del sistema de transporte público. Torres solicitó que el debate sea amplio, no limitado únicamente a los representantes de los usuarios en la Mi Bus es una de las dos concesionarias que opera en el país. Archivo Ifarhu ha presentado cinco denuncias ante el Ministerio Público por ‘auxilios’ FONDOS PÚBLICOS Eliana Morales Gil [email protected] Jaime Díaz, director del Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), informó que su equipo ha presentado cinco denunciasanteelMinisterioPúblico para que se investiguen supuestas irregularidades en los trámites gestionados por la administración anterior (2019-2024) para otorgar auxilios económicos de manera discrecional y en el manejo financiero de la institución. No serán los únicos recursos que llevarán al Ministerio Público. Prometió que, a medida que continúen investigando, irán denunciando. Díaz respondió a una pregunta del diputado independiente Augusto Tu t o Pa - lacios en medio de una sesión de la Comisión de Presupuesto, a la que acudió para solicitar traslados de partida por $42 millones para pagos de becas. Precisamente, $3 millones de los fondos sustentados ante la comisión se usarán para pagar auxilios económicos a estudiantes panameños. El director del Ifarhu también explicó que las denuncias no apuntan a alguien en particular, sino a quien resulte responsable. Además, manifestó que están trabajando para robustecer el departamento de auxilios, ayudas que de ahora en adelante, dijo, se otorgarán por méritos, ya sean académicos o deportivos. Ileana Molo acude a firmar documentos El funcionario afirmó repetidas veces que están colaborando con el Ministerio Público en todo lo que requiera. Admitió que la antigua directora del Ifarhu, Ileana Molo, ha visitado la entidad para firmar documentos que necesitaban ser “subsanados”. Este último tema surgió a raíz de una pregunta formulada por el diputado perredista Raphael Buchanan. “Tengo información de que la antigua directora [Molo] estuvo en la institución hace pocas semanas firmando documentos”, aseguró. Díaz dijo que se trata de documentos que la exfuncionaria “dejó pendientes de fi r m a ”. El diputado perredista recriminó este hecho. El director de la institución contestó que operan“bajo lo que la ley les permite”. Añadió que era una“obligación” de Molo dejar esos documentos firmados. Fue en ese momento cuando intervino otro funcionario del Ifarhu para añadir que se ha requerido a Molo para que subsane documentos que la Contraloría solicita y, como los trámites se hicieron durante su administración, se requiere su firma. En el gobierno pasado, el Ifarhu estuvo bajo el mando de dos directores: Bernardo Nando Meneses, quien gestionó la institución hasta enero de 2023, e Ileana Molo, quien tomó el control de la entidad desde febrero de 2023 hasta el 30 de junio de este año. Ambos pertenecen al Partido Revolucionario Democrático (PRD), colectivo político oficialista durante el gobierno pasado. Las diputadas independientes Jeanine Prado y Alexandra Brenes, quienes acudieron a la comisión para hacer preguntas al jefe del Ifarhu, coincidieron en que cinco denuncias no son sufiEl director delIfarhu, Jaime Díaz. Isaac Ortega cientes para todo el cúmulo de anomalías detectadas en la administración pasada. El jefe del Ifarhu siguió respondiendo múltiples preguntas de los diputados. Minutos antes de las 4:00 p.m., la Comisión de Presupuesto aprobó los traslados de partida que suman $42 millones. Auxilios económicos a la car t a De acuerdo con datos divulgados por la Presidencia de la República, el Ifarhu repartió $380,833,655.91 en auxilios económicos no reembolsables y otros programas entre 2014 y 2024. En esa lista están los nombres de 23,631 beneficiarios, el monto otorgado a cada uno, el monto desembolsado, la fecha y detalles de la entidad educativa y la carrera elegida. Esta información complementa la base de datos interactiva que presentó La Prensa el 9 de abril de 2024, con 4,903 beneficiarios (aunque solo 2,144 fueron identificados por su nombre) de los auxilios económicos que repartió el Ifarhu entre el 7 de julio de 2019 y el 24 de mayo de 2023. junta directiva, con la finalidad de garantizar que durante ese proceso no se incremente la tarifa (costo del pasaje) para los pasajeros. “Necesitamos que el pasaje continúe en los 25 centavos, como actualmente cobra Mi Bus”, remarcó. Desde 1993, la ley exige que las prestatarias deben ser concesionarias, aunque en la práctica esto no se ha implementado plenamente. Eleuterio Araúz, presidente del Consejo de Transporte del Interior, S.A., apoya la idea de cambiar las empresas prestatarias a concesionarias con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los transportistas y brindar un servicio de mejor calidad. Araúz destacó que, aunque la Ley 14 de 1993, la Ley 34 de 1999 y la Ley 42 de 2007 exigen que se otorguen concesiones al transporte público, esta medida no se ha implementado de manera efectiva en Panamá. Señaló que “los gobiernos anteriores no han cumplido con esta regulación, lo que ha afectado tanto a los transportistas como a los usuarios”. El presidente del Consejo de Transporte del Interior, S.A., indicó que esperan que en esta administración se pueda dar continuidad a los trámites de concesiones que ya habían comenzado. Araúz resaltó que actualmente algunos contratos de concesión están en revisión en la Contraloría General de la República. El gremio de transportistas insiste en que se debe continuar con el trabajo y la documentación ya avanzada para evitar costos adicionales y más demora. Aunque no precisó la cantidad de trámites de concesión en proceso, reiteró que, en todo el país son al menos 200 las prestatarias que aspiran a convertirse en concesionarias. Araúz solicitó que el gobierno actual no empiece de cero, sino que dé seguimiento a los avances ya logrados, ya que en muchos casos las prestatarias han realizado inversiones. Por el momento, la ATTT mantiene reuniones para tratar de concretar este proyecto, según destacó la entidad. Decomisan tres toneladas de droga y aprehenden a 34 personas OPERACIÓN JUNGLA Juan Manuel Díaz [email protected] La operación Jungla desarrollada por la Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas desmanteló una red criminal que logró transportar al menos tres toneladas de droga a puertos de Bélgica, Holanda, Taiwán, India, Francia y España. La fiscal de drogas, Marta Barrios, explicó que la investigación se inició desde julio de 2022 y se logró la aprehensión de 34 personas a las que se les formularán cargos por los delitos de conspiración para la introducción de drogas y blanqueo de capitales. Según Barrios, la red criminal está compuesta por personas que manejaban una serie de empresas de carga que eran usadas para la introducción de la droga a los puertos con la colaboración de trabajadores portuarios, quienes se encargaban de colocar la droga dentro de contenedores. La estructura criminal utilizaba plataformas de comunicación encriptadas para realizar las coordinaciones para el transporte de la droga hacia el mercado europeo. También explicó que en este caso se logró establecer que uno de los cabecillas de la red criminal sostuvo reuniones en restaurantes de la localidad con líderes de grupos colombianos para coordinar la introducción de varios cargamentos de droga. Las pesquisas revelaron que la organización utilizaba amigos, parejas sentimentales y allegados como testaferros. Las autoridades dieron detalles de la operación. Richard Bonilla.
7A LaPrensa Panamá, miércoles 13 de noviembre de 2024 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. ¿La segunda vuelta o las elecciones intermedias? Intituciones Iván Rogelio Robles [email protected] Lo que ha venido aconteciendo de manera cada vez más creciente y descarada en la Asamblea Nacional deja en plena evidencia la complicidad entre los diputados de los partidos tradicionales para impedir los cambios estructurales que garantizarían una mayor transparencia en el sistema. Para muestra, tres instancias recientes: la forma como se eligieron los miembros de su Junta Directiva, el rechazo de las comisiones a los proyectos de ley que pretendían modificar su reglamento interno para evitar que empresas con acuerdos de pena participen en contrataciones públicas, y la aprobación del presupuesto de 2025 en primer debate sin terminar las vistas presupuestarias requeridas. Estas incesantes componendas oportunistas son un reflejo de lo que también podría ocurrir en las elecciones presidenciales si existiera la “segunda vuelta”, tan ansiada por muchos panameños. El problema de base es que en Panamá aún prevalece el clientelismo a la hora de elegir cargos de elección popular, sobre todo en el interior del país. Ante dicho escenario y aplicando la analogía con la Asamblea, encontraríamos que en la primera vuelta ganaría el candidato independiente o no tradicional, pero en la segunda vuelta se unirían todos los partidos tradicionales para evitar que el ganador en la primera vuelta accediera al poder y trabajara por instaurar los cambios estructurales que urgen para limpiar el imperante sistema clientelista y corrupto. ¡Ojo con clamar por una reforma constitucional o legal para implantar la segunda vuelta! Si algo ha quedado claro es que los políticos tradicionales no le temen al voto de castigo, ya que la ciudadanía lo ejerce solo una vez cada cinco años. Es decir, apenas dos veces en una década. En otras palabras, otorgamos a la clase política un exceso de confianza al mando de nuestros destinos y recursos por un período de tiempo demasiado extenso. Ello apunta a que el cambio más apremiante que debe hacerse a nuestra Constitución para mejorar el sistema democrático no es la segunda vuelta presidencial –ya que reforzaría el oportunismo de la partidocracia–sino instaurar las llamadas elecciones de medio término o elecciones intermedias (midterm elections en inglés) para reelegir o castigar a los diputados tras los primeros dos años y medio de su gestión: práctica existente en Estados Unidos y en muchas otras democracias en este continente y más allá. El sistema de elecciones intermedias es, sin lugar a dudas, la manera más eficaz –además de la certeza del castigo judicial, por supuesto–de que los funcionarios electos teman el costo político de su conducta al percatarse de que conseguir y mantener una curul o cargo público les será más difícil, ya que el electorado aún tiene muy presentes sus actos reprochables, sobre todo porque estos tienden a darse en épocas cercanas a una elección. Cada nación que celebra elecciones intermedias exige un protocolo particular, ya sea para renovar parcialmente su órgano legislativo (unicameral o bicameral, y llámese asamblea, congreso o parlamento), o elegir a autoridades locales o una combinación de ambas opciones. Todos, sin embargo, comparten el propósito de mantener a la clase política temerosa del escarnio público en las urnas, que es la forma como verdaderamente pueden hacerse valer nuestros derechos políticos de conformidad con la Constitución y, por consiguiente, lograr que los funcionarios elegidos sujeten sus actos a las expectativas de sus votantes. El célebre economista Milton Friedman sostenía que no podemos ser crédulos y pensar que los políticos van a ser honestos y eficaces porque sí. Lo que debemos hacer es dejarles bien clara la agenda específica de temas que deben resolver y que si durante su gestión no actúan conforme a esta exigencia ciudadana serán castigados en las urnas, por lo que tanto ellos como sus partidos sufrirán graves derrotas a corto plazo. Recordemos que las constituciones nacieron para garantizar no solo la división de poderes, sino también que el pueblo –el verdadero soberano –pueda ejercer su legítimo poder político de manera eficaz, activa y fiscalizad o ra . El problema de base es que en Panamá aún prevalece el clientelismo a la hora de elegir cargos de elección popular, sobre todo en el interior del país. EL AUTOR es abogado Jubilaciones especiales Pensiones Rodrigo Julio Molina O. [email protected] Las jubilaciones especiales en Panamá, particularmente para miembros de la Policía Nacional y otras entidades del sector público, están reguladas por diversas leyes y normativas que permiten a ciertos grupos acceder a pensiones o jubilaciones con condiciones más favorables debido a la naturaleza de su trabajo o por su tiempo de servicio. Estas regulaciones están orientadas principalmente a aquellos empleados que desempeñan funciones de alto riesgo o con condiciones laborales excepcionales. Para los miembros de la Policía Nacional: 1. Ley 55 de 2013: Esta ley establece un régimen de jubilación especial para los miembros de la Policía Nacional de Panamá, permitiéndoles acceder a sus pensiones con condiciones especiales, como una edad de jubilación menor y requisitos más flexibles en términos de años de servicio en comparación con otros trabajadores del sector público. 2. Requisitos de jubilación especial: -Los miembros de la Policía Nacional pueden optar a la jubilación especial después de cumplir 25 años de servicio, independientemente de su edad, lo que les permite retirarse antes que otros trabajadores. -Edad mínima: Los policías pueden jubilarse a partir de los 50 años, siempre y cuando hayan cumplido con el tiempo mínimo de servicio requerido. 3.Cálculo de la pensión: -La pensión se calcula tomando en cuenta el tiempo de servicio y el salario promedio durante un período determinado. Los jubilados reciben un porcentaje del salario que corresponde a su nivel y antigüedad. -En algunos casos, la pensión puede ser un porcentaje del salario base, dependiendo de las regulaciones específicas y las reformas que se hayan implementado a lo largo del tiempo. 4. Jubilaciones por riesgo o exposición a condiciones especiales: Los miembros de la Policía Nacional que se encuentren en situaciones de riesgo o que hayan estado expuestos a condiciones extremas en el desempeño de su labor pueden tener derecho a beneficios adicionales o a un tratamiento preferencial en el proceso de jubilación. 5.Regulación Adicional: A lo largo de los años, ha habido reformas y ajustes a las leyes de jubilación, especialmente en cuanto a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. Por ejemplo, el régimen de jubilación de los miembros de la Policía Nacional ha sido objeto de análisis para garantizar que los recursos sean suficientes para cubrir las pensiones a largo plazo. En Panamá, además de la Policía Nacional, existen otros grupos que tienen acceso a jubilaciones especiales debido a su naturaleza de trabajo, como los miembros de las Fuerzas Armadas (aunque la policía es la principal institución beneficiada por esta normativa), así como ciertos trabajadores del sector salud y otros servidores públicos que cumplen con requisitos específicos. Es importante señalar que las jubilaciones especiales, aunque están contempladas en diversas leyes, pueden estar sujetas a cambios o reformas a medida que el gobierno implementa nuevas políticas públicas o realiza ajustes en la administración financiera de los sistemas de pensiones. Si estás buscando información más actualizada o específica sobre el régimen de jubilación de un grupo en particular, te recomiendo consultar directamente la Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá o las normativas más recientes sobre jubilaciones y pensiones para los miembros de la Policía Nacional.| EL AUTOR es abogado La atención médica no debe reducirse a un negocio El futuro de la CSS Carlos Pareja [email protected] Sr. Presidente, José Raúl Mulino, ante mi dificultad para ser escuchado por usted, le escribo con la esperanza de contribuir a una reforma que logre una mejor atención de salud en la CSS. Los círculos cercanos a usted (similares al “go - biernito”) bloquean todo lo que no sea de su agrado, especialmente si no proviene de figuras políticas o empresariales influyentes. Hoy concluyo esta cruzada que, desde el inicio, solo buscaba promover un cambio en la actitud y en los procesos del personal (médicos, técnicos y administrativos) a través de un diagnóstico situacional. Este diagnóstico permitiría ajustar las normas, protocolos y modelos de atención diaria. Sin embargo, la situación sigue igual de grave que hace diez años. Este valioso personal, que mantuvo una excelente gestión hasta fines de los años 90 con vocación, mística y empatía, se ha visto afectado por el entorno político oscuro actual, donde parece que “todo tiene un costo” o“¿qué hay para mí?”. Esto ha llevado a una gestión manipulada, excusas egocéntricas y una falta de receptividad a la realidad. Usted sabe que la Caja de Seguro Social (CSS) está gravemente enferma, sin un diagnóstico situacional que permita conocer el rendimiento detallado de cada funcionario y de la atención de salud a los pacientes. Gobiernos anteriores se han negado a realizar este diagnóstico, y su círculo actual se concentra en compras de medicamentos e insumos sin abordar la eficiencia de la institución. Nos dirigimos al colapso, resultado de la mala gobernanza y la corrupción de los últimos diez años. El proyecto de ley propuesto evita evaluar la producción y gestión específica del trabajo, algo dictado por los contratos de 40 horas semanales. Cada grupo profesional tiene reglamentos que deben cumplirse, y es crucial que usted fomente una gestión noble y auténtica en este valioso capital humano. Sr. Presidente, no permita que sus asesores y la Asamblea manipulen discrecionalmente la información sobre salud, que hoy es desfavorable. El 31 de octubre, se le informó erróneamente sobre cientos de cirugías cardíacas en Chiriquí realizadas en 23 días. ¿Será otro “gobiernito ”? Este tipo de malentendidos impide ajustes razonables, pues la realidad no se comprende cabalmente. La CSS necesita evitar la política partidista, el clientelismo y la globalización de la salud como negocio. Actualmente, la CSS es un botín de campaña: 7 mil millones de dólares y 42 mil puestos, sin meritocracia, experiencia, rendición de cuentas ni justicia efectiva. La gestión actual no cambiará en los próximos meses, y nuestra realidad es de atención médica deficiente, desigual y deshumanizada. Sr. Presidente, pedimos a Dios que el proyecto de reforma de la CSS no busque simplemente legitimar esta triste realidad, sino que plantee una verdadera transformación. Es esencial que, antes de proponer cambios, exista un diagnóstico situacional independiente que revele la situación real de la atención médica en Panamá. Se necesitan ajustes y reformas consensuadas, informadas y humanísticas. El personal de salud necesita revitalizarse, con una vocación de servicio que brinde empatía y compromiso. Propuestas: -Imprescindible realizar un diagnóstico situacional sin buscar culpables, sino soluciones. -Conocer y ajustar normas, reglamentos y protocolos de manera vinculante, para resolver con eficacia. -Fomentar un cambio de actitud y rumbo en los cinco actores principales: gobierno, funcionarios, cotizantes, usuarios y medios de comunicación. Para alcanzar el diagnóstico situacional y adecuar normas, sugiero la creación de una comisión de tres médicos idóneos e independientes que respondan directamente a usted, logrando en 3 a 6 meses las normas, protocolos y reglamentos que garanticen una atención con eficiencia, calidad y calidez, cualidades que hoy no existen. Sr. Presidente, es básico implementar una política de probidad, meritocracia y rendición de cuentas, libre de clientelismo. a. Promover una campaña educativa-cultural que fortalezca la empatía y el sentido de pertenencia hacia la CSS. b. Reconstruir y adecuar las instalaciones de salud en el país, ya que menos del 5 % funcionan aceptablemente. Medite, Sr. Presidente. Cambie el pensamiento político y logre un “diagnóstico situacional”real de la atención en salud institucional. Ambas instituciones, CSS y MinisteriodeSalud(Minsa),estándisfuncionales y no deben integrarse en este momento. Tras corregir las deficiencias, sí se podrá evaluar una integración basada en el artículo 115. Últimas noticias: -El proyecto de ley 51 presentado a la Asamblea el 6 de noviembre se basa en la solidaridad y da estabilidad a las pensiones, lo cual es positivo. -Sin embargo, la falta de interés y visión de sus asesores legitima la terrible y desafortunada atención de salud de hoy en día. Por favor, no permita la integración CSS-Minsa hasta que logre una buena atención en salud. EL AUTOR es médico jubilado Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista
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