12 de noviembre de 2024 - Año 44 - Nº 14835 75¢ Martes El medio libre de Panamá Caso dietilenglicol: CSS pagará $603 mil a tres peritos Un psiquiatra, un psicólogo y un contador cobrarán $4,500 por cada caso que atenderán como parte de las demandas relativas al envenenamiento masivo de 2006, con el refrigerante dietilenglicol. Hoy martes el tema será discutido en la Comisión de Presupuesto. VEA 6A Hoy por hoy Cuando desde el Ejecutivo se pregona austeridad y sacrificios para salvar la Caja de Seguro Social (CSS), llama la atención el gasto propuesto de $603 mil para tres peritos –un contador, un psicólogo y un psiquiatra–en el caso de las víctimas del envenenamiento masivo con dietilenglicol en 2006. Este gasto, en medio de la crisis financiera de la CSS, genera cuestionamientos. ¿Es razonable pagar sumas tan altas? En países como España, existen estándares de costos para profesionales, algo que evitaría precios arbitrarios. La CSS, en su legítimo intento de excluir posibles estafadores de las listas de víctimas, parece nuevamente ser objeto de abuso financiero. Este caso debe evaluarse detenidamente mientras pensamos, de forma paralela, en revisar los costos de los peritajes en Panamá, que al parecer se manejan de acuerdo a quién es el demandado y no de acuerdo a un criterio técnico. Deportes Panorama Por ley, Meduca debe medir en 2025 rendimiento estudiantil 4A Negocios Etesa dará detalles de licitación de energía 1B Ellas.pa ‘Like A Virgin’ cumple 40 años 5B Compra directa de laptops, sin el aval del Gabinete La ministra de Educación, Lucy Molinar, pactó la contratación de $241.7 milloneshace dos meses. Se desconocen los detalles del acuerdo con OLPC. Ereida Prieto-Barreiro [email protected] El Ministerio de Educación (Meduca) acordó la compra directa de 654 mil laptopsa un costo de $241.7 millones con la fundación One Laptop per Child (OLPC) sin la aprobación del Consejo de Gabinete, como exige la Ley de Contrataciones Públicas de 2006. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, confirmó que el convenio no ha sido discutido en Gabinete, aunque esto es un requisito legal para compras que superan los $3 millones. A pesar de esta omisión, la ministra de Educación, Lucy Molinar, firmó en septiembre el acuerdo con OLPC y defendió la decisión argumentando que el precio ofrecido es menor al de otros proveedores. La Prensa intentó obtener copia del convenio, pero la solicitud fue rechazada debido a la falta de refrendo de la Contraloría General. La ministra también sostuvo que, como hay un“con - venio marco” para que el Estado adquiera sus lap - tops, la ley impide realizar licitación pública. Sin embargo, el diputado Ernesto Cedeño cuestiona la legalidad del acuerdo, ya que sin la autorización del Consejo de Gabinete carecería de validez jurídica. Aunque el Meduca asegura que buscaron cotizaciones y encontraron que OLPC ofreció el mejor precio, no ha mostrado pruebas de ello, aumentando las dudas sobre la transparencia y legalidad de la transacción. VEA 2A Seis muertes por lluvias; cancelan clases en Chiriquí INUNDACIONES Flor Bocharel ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Se han reportado al menos seis muertes relacionadas con el mal tiempo en el país, incluida la de un menor de año y medio, cuyo cuerpo fue encontrado en el río Soy en Divalá, Chiriquí. Ante las continuas lluvias y la saturación de los suelos, las autoridades educativas de Chiriquí suspendieron las clases para hoy martes 12 y mañana 13 de noviembre. Al menos 5,000 personas han sido afectadas por el temporal en diversas provincias, que se inició a principios de noviembre. Se registran deslizamientos y dificultades de acceso en áreas como la comarca Ngäbe Buglé, donde seis comunidades están incomunicadas. Los deslizamientos han afectado varias vías en Chiriquí, como la carretera Interamericana a la altura de Bella Vista de Tolé y la vía principal en Palmira, Boquete. Además, en Barú, la carretera hacia Los Plancitos sufrió un hundimiento. Las cuadrillas trabajan en la remoción de escombros, mientras que las autoridades monitorean la situación de las lluvias, que continúan generando riesgos en Chiriquí, principal zona de producción de hortalizas y vegetales del país. VEA 4A Rector de la UMIP pretende reelegirse por cinco años más El rector de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), Víctor Luna Barahona, busca reelegirse por cinco años más. Ya fue notificado como candidato al igual que Demóstenes Sánchez, Fulvia Garay y Ernesto Cordovez. VEA 2B Deuda del panameño sube $1,282 millones en un año FINANZAS PERSONALES Reyna Katiuska Hernández [email protected] La deuda total de los panameños con bancos, cooperativas, financieras y comercios en general aumentó en unos 1,282 millones de dólares en un año. Así, en septiembre de 2023, el saldo acumulado era de 38,942 millones de dólares, y ahora, en el mismo período, supera los 40,225 millones de dólares. Los mayores compromisos se encuentran en hipotecas, préstamos personales, tarjetas de crédito y financiamiento de automóviles. Paralelamente, el nivel de morosidad en tarjetas de crédito ha disminuido del 13% al 10%. VEA 1B De las esferas del poder a huéspedes de las cárceles CORRUPCIÓN En los últimos meses, varios exfuncionarios de alto rango, como Guillermo Ferrufino, Giácomo Tamburrelli, Ramón Ashby, Pedro Sánchez Moró y Bosco Vallarino, han sido condenados por corrupción y peculado. Ferrufino y Tamburrelli cumplen sus penas en El Renacer, mientras Ashby y Sánchez Moró están en Tinajitas. Vallarino, tras ser condenado por corrupción, logró sustituir su sentencia por una multa de $12,000 y salió de prisión. VEA 2A Guillermo Ferrufino, Ramón Ashby, Pedro Sánchez Moró y Giácomo Tamburrelli. LP/Carlos Vidal Lucy Molinar Archivo UI UNIDAD INVESTIGATIVA Sub-17 femenina jugará ante Costa Rica la final 4B
2A LaPrensa Panamá, martes 12 de noviembre de 2024 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Lucy Molinar justifica compra directa de laptops sin licitación La ministra de Educacióndefiende la adquisición directa de computadoras sin licitación, basándose en un convenio marco y asegurando que la oferta de OLPC es la más económica. Ereida Prieto-Barreiro [email protected] La compra directa de 654 mil computadoras portátiles, a un costo de $241.7 millones, no ha sido ni discutida ni aprobada en el Consejo de Gabinete, como exige la Ley de Contrataciones Públicas de 2006. “En efecto, eso no ha ido a Gabine te”, dijo aLa Prensa el ministro de la Presidencia y secretario del Consejo de Gabinete, Juan Carlos Orillac, sobre el “convenio ” que pactó el Ministerio de Educación (Meduca) con la fundación One Laptop per Child (OLPC), para la compra de las laptops. “Con toda la transparencia que nos caracteriza, es un tema que debe pasar por aprobación o no del Consejo de Gabinete. Será explicado, examinado y discutido por el Gabine te”, remarcó. En varias ocasiones, La Prensa ha intentado obtener copia del convenio (incluso invocando la Ley de Transparencia de 2002), pero tanto el Meduca como OLPC se han negado. El 17 de octubre pasado, la ministra de Educación, Lucy Molinar, respondió por escrito que“no es viable” fa - cilitar copia del documento, ya que el mismo no ha sido refrendado por la Contraloría General de la República. En ningún momento la ministra advirtió en su respuesta que el convenio todavía no tenía el aval del Consejo de Gabinete, lo que es un requisito previo a cualquier refrendo. Por tanto, la excusa aludida por Molinar en su nota (de cinco páginas) a La Prensa para no compartir una copia del documento no sería la razón más apremiante para mantener ese velo: el convenio, hasta ahora, es inexistente. Y si existe, no sería válido. “Desde el punto de vista jurídico, la ministra Molinar puede firmar todos los acuerdos que le da la gana, pero para que se conviertan en una obligación contractual, requerirá la autorización del Consejo de Gabinete, ya que el monto supera los $3 millones”, dijo el diputado independiente Ernesto Cedeño, que es abogado y antes ejerció como funcionario de la Contraloría. Cedeñoremarcóque,sinel visto bueno del Gabinete, ese convenio “carece de toda validez jurídica, por lo que la Contraloría no puede refrendarlo, ya que estaría violando la ley”. La Prensa preguntó al contralor Gerardo Solís si había recibido el documento para refrendo y dijo que en su despacho no ha ingresado nada al respecto. Ya hay ‘ac uerdo’formal Que el tema no haya sido tratado en Gabinete no fue impedimento para que la ministra Molinar y la vicepresidenta de OLPC, Lylian Peraza, firmaran un “ac uerdo”, el pasado 5 de septiembre. Ahí se anotó que la compra asciende a 654 mil laptops para repartir a estudiantes y educadores de séptimo a duodécimo grado en centros educativos oficiales de todo el país, en los próximos cuatro años. Se acordó que los primeros que recibirán su computadora serán 54 mil docentes, en 2025. ¿Qué dice la ley? La Ley 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas en el país, establece en su artículo 2, numeral 6, que “le corresponderá al Consejo de Gabinete la evaluación y aprobación de las contrataciones mediante procedimiento excepcional, que sobrepasen los $3 millones”. Como ya se sabe, el“conve - nio” con OLPC implica la compra directa de las computadoras, por $241.7 millones. Este monto será segmentado. Por ejemplo, la ministra ya dijo en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, hace tres semanas, que la partida requerida en el presupuesto para la vigencia fiscal 2025 (que debe entrar en vigencia en menos de dos meses) es de $141 millones. Antes de hablar con el ministro de la Presidencia, La Prensa intentó que el Meduca facilitara copia de la resolución en la que el Consejo de Gabinete aprobó la contratación de OLPC. Una funcionaria del departamento de comunicaciones de la entidadindicóque “eso no pasa por Gabinete, porque es un convenio de cooperación”. Al recordarle lo que dicta el artículo 2 de la Ley 22 de 2006, la funcionaria comunicó que haría las consultas para brindar una respuesta más precisa. Sin embargo, al cierre de esta nota, no hubo más comunicación. Argumentos que no convencieron El 16 de septiembre pasado, la ministra fue citada al pleno legislativo, para responder por la compra de las laptops. Ahí invitó a las empresas a competir con la propuesta que le presentó OLPC, aunque 11 días antes ya había firmado un acuerdo con esa fundación. Luego, el 22 de octubre, regresó a la Asamblea, para sustentar el presupuesto de $3,581 millones asignado al Meduca para 2025. De nuevo salió el tema de las lap - tops. El diputado independiente Betserai Richards preguntó a Molinar sobre las inconsistencias en la entrega de equipos y los cuestionamientos internacionales que pesan sobre OLPC. La ministra remarcó que esas críticas se dieron cuando la fundación tenía otros dueños. Ahora hay otro grupo al mando, que encabeza el banquero nicaragüense Roberto Zamora Llanes. El viceministro de Educación, Roberto Sevillano, que acompañaba a Molinar ese día, agregó que un estudio demostró que el Meduca se ahorraría plata si le compraba los aparatos a esa fundación, aunque no mostró dicha documentación. En su nota a La Prensa, Molinar escribió que “OL - PC ofreció 51% menos del precio establecido en convenio marco y [en un estudio] de mercado con especificaciones superiores”. Alegó que, precisamente, la existencia de ese convenio marco era la razón por la que no podía convocar a una licitación pública. “La ley no lo permite si el bien está en convenio marco”, anotó. Esa versión la respaldó el viceministro. Sevillano dijo en la Comisión de Presupuesto que se intentó llamar a un acto público, pero el personal de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) no lo permitió. “No nos dieron la autorización correspondiente… Nosotros elaboramos los pliegos de licitación, pero cuando los enviamos a la DGCP, nos dijeron que no, porque estaba el convenio marco, pero que obtuviéramos tres cotizaciones”, dijo Sevillano, agregando que, si encontraban un mejor precio, “entonces sí te la autorizamos”. Según el Meduca, buscaron seis cotizaciones y todas tenían un precio más elevado que aquel que ofreció la fundación. La entidad no ha mostrado los montos de dichas cotizaciones. Sevillano contó que nunca contactaron al fabricante de las computadoras que le vende a OLPC (gestión que sugirieron varios diputados), porque el precio se los ofreció directamente la fundación. Desde el Ejecutivo confirmaron que el proyecto de las ‘laptops’ aún no ha sido llevado al Consejo de Gabinete. Cortesía/Presidencia de la República De servidores públicos a reclusos: los nuevos huéspedes de El Renacer y Tinajitas CORRUPCIÓN Eliana Morales Juan Manuel Díaz [email protected] Guillermo Ferrufino, Giácomo Tamburrelli, Ramón Ashby, Pedro Sánchez Moró y Bosco Ricardo Vallarino tienen algo en común: son exfuncionarios de alta jerarquía que, en los últimos meses, han sido noticia porque les llegó el momento de cumplir las condenas que les fueron impuestas por causas judiciales derivadas de irregularidades cometidas durante su paso por el sector público. Ferrufino, exministro de Desarrollo Social, se entregó a la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional el pasado 7 de octubre, luego de que se ofreciera una recompensa para quien diera pistas sobre su ubicación. Tamburrelli, exdirector del antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN), había sido detenido cuatro días antes, el 4 de octubre. Ashby, exrepresentante de corregimiento de Calidonia, fue capturado el 30 de septiembre en una residencia en Condado del Rey, en la capital. Sánchez Moró, exalcalde de Arraiján, fue capturado el 12 de octubre en La Chorrera, y dos días después, el 14 de octubre, cayó Vallarino, exalcalde de Panamá, en un apartamento en el corregimiento de San Francisco. ¿Dónde están? ¿Dónde están cumpliendo sus condenas?, es una de las preguntas que ha surgido después de sus capturas. Ferrufino y Tamburrelli cumplen su pena en el Centro de Rehabilitación El Renacer, prisión que ha albergado a prisioneros que han ostentado el poder: el dictador Manuel Antonio Noriega, el expresidente Ricardo Martinelli, así como exministros y exjefes de entidades públicas. Ferrufino acumula condenas que suman 10 años de prisión por corrupción y enriquecimiento injustificado. Tamburrelli enfrenta penas de 48 y 96 meses de cárcel por peculado. En El Renacer también están otros dos internos que manejaron fondos públicos de manera irregular: Charles Sadat Bonilla, condenado a 80 meses de prisión por peculado y corrupción de funcionarios en perjuicio del PAN, a través de un contrato para la compra de llantas para la flota vehicular de la extinta entidad; y Jorge Chu - rro Ruiz, exadministrador de contratos del Ministerio de Obras Públicas, condenaGuillermo Ferrufino, exministro de Desarrollo Social. Archivo UI UNIDAD INVESTIGATIVA do a 72 meses de cárcel por el caso Blue Apple. Ashby, condenado a 60 meses de cárcel por peculado, cumple su pena en el Centro de Detención de Tinajitas. En esa cárcel también se encuentra Sánchez Moró, condenado a siete años de cárcel por peculado. Mientras tanto, Bosco Ricardo Vallarino obtuvo una victoria en los estrados judiciales. La jueza de cumplimiento Esther Hinestroza le sustituyó la pena de 48 meses de prisión que se le había impuesto (corrupción) por una multa de $12,000, la cual deberá pagar en un plazo de ocho meses. Vallarino ya dejó la cárcel El Renacer. Decomisan más de 2 mil kilos de drogas en Veraguas NARCOTRÁFICO Juan Manuel Díaz [email protected] Uno de los más importantes golpes al narcotráfico fue realizado por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) tras el decomiso de 2 mil 276 kilos en una lancha en el sector de isla Jicarón, en la provincia de Veraguas. En el operativo se detuvo a dos nicaragüenses y un costarricense que transportaban la droga en una lancha rápida que tenía como destino Centroamérica. Según las autoridades, se tratadeunodelosmásimportantes decomisos de drogas realizados en lo que va del año por el Senan. Las investigaciones preliminares indican que la embarcación con la droga pudo haber realizado varias paradas para abastecerse de combustible en alta m a r. La Fiscalía de Drogas ha establecido que las redes del narcotráfico utilizan embarcaciones artesanales para suministrar combustible y comestibles a las lanchas que utilizan las costas del Pacífico para llevar droga hacia Centroamérica. Solo el pasado 7 de noviembre las autoridades decomisaron un total de 2 mil kilos de drogas en dos operaciones realizadas en las islas de Taboga y Otoque; en ambas diligencias la droga estaba oculta en lanchas que simulaban realizar actividades de pesca. En lo que va del año las autoridades han decomisado unas 97 toneladas de drogas en operaciones realizadas en alta mar y puertos locales, en donde los estupefacientes son introducidos en contenedores con destino a Europa y EstadosUnidos. En el año 2023 los estamentos de seguridad lograroneldecomisode119.2toneladas de drogas, mientras que en el 2022 las incautaciones alcanzaron las 137 toneladas de drogas. La droga tenía como destino Centroamérica. Cor tesía
3A LaPrensa Panamá, martes 12 de noviembre de 2024
4A LaPrensa Panamá, martes 12 de noviembre de 2024 Panorama Por ley, Meduca debe medir en 2025 rendimiento estudiantil La Ley No. 434 de mayo de 2024, tiene como objetivo aplicar pruebas académicasa todos los estudiantes del sistema público y privado; establece principios, obligaciones y procedimientos a aplicar. EDUCACIÓN Aleida Samaniego C. [email protected] El Ministerio de Educación (Meduca) debe llevar a cabo, el próximo año, una evaluación estandarizada para medir el rendimiento académico de los estudiantes de educación básica general y media en Panamá. Esta medida, establecida por la Ley No. 434 del 31 de mayo de 2024, tiene como objetivo aplicar pruebas académicas a todos los estudiantes que asisten a centros educativos en los subsistemas regular y no regular del sector oficial y partic ular. La ley detalla los principios, obligaciones y procedimientos necesarios para la medición de los aprendizajes, asegurando que las evaluaciones se realicen bajo los principios de independencia, igualdad, comparabilidad, periodicidad, reserva individual, pertinencia y relevancia. Estas evaluaciones y otras pruebas externas permitirán obtener datos clave sobre el desempeño estudiantil. Los resultados de estas pruebas servirán como insumo para la toma de decisiones educativas en el ámbito nacional, regional y local, y para impulsar la formación continua de los docentes. Además, se utilizarán para implementar proyectos de mejora en los centros educativos, ajustados a sus necesidades específicas, con la finalidad de elevar la calidad educativa en Panamá. La ley también contempla la autoevaluación institucional, en la que cada centro educativo deberá generar un diagnóstico de su situación actual para identificar áreas de mejora en los servicios educativos. Los centros deberán presentar un informe ejecutivo con los resultados de la autoevaluación, promoviendo la transparencia y la participación de la comunidad educativa en los procesos de mejora continua. Con la implementación de estas evaluaciones estandarizadas, el Meduca no solo monitorea el aprendizaje de los estudiantes, sino también evalúa su capacidad para enfrentar situaciones del contexto real, basadas en los conocimientos adquiridos. Los resultados que se obtengan permitirán realizar los ajustes necesarios en cada institución educativa, garantizando el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje y promoviendo una educación más efectiva y alineada con las necesidades de los estudiantes. De hecho, el Meduca debe divulgar los resultados obtenidos por los estudiantes en la evaluación, reservando su derecho a la privacidad individual. Estos resultados se usarán para orientar la toma El Meduca debe divulgar los resultados obtenidos por los estudiantes en la evaluación, reservando su derecho a la privacidad individual. Archivo Ríos de Chiriquí están en peligro AMBIENTE Aleida Samaniego [email protected] Los ríos de Chiriquí, en particular el Chiriquí Viejo, están sometidos a una serie de amenazas que implican serios desafíos para la salud y la sostenibilidad de los ecosistemas que dependen de ellos. En los últimos cinco años, este río ha causado al menos tres inundaciones que se han visto exacerbadas por los efectos del cambio climático y la deforestación. Estos eventos no solo ponen en riesgo a las comunidades cercanas, sino que también deterioran la calidad del agua, ya afectada por el incremento de la actividad agrícola y la pérdida de cobertura forestal. Estos cambios drásticos subrayan la urgente necesidad de fortalecer los sistemas de alerta y adoptar medidas efectivas de mitigación. En este contexto, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) organizó el Café Científico “Vulnerabilidad hidrológica en Chiriquí y calidad de agua”, en colaboración con el Instituto de Investigación en Gestión Territorial, Riesgo y Cambio Climático (Tericc) y el Centro de Investigación en Enfermedades Emergentes y Zoonóticas (Cieez) del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges). El evento, celebrado en David, Chiriquí, contó con la participación de las investigadoras Catalina Espinosa, directora del Tericc, y Aydeé Cornejo, experta en ecotoxicología acuática. Espinosa destacó la importancia de las cinco principales cuencas hidrográficas de la provincia de Chiriquí, que desempeñan funciones esenciales tanto para los ecosistemas como para la economía local, siendo fuentes de agua para el consumo humano, la agricultura y la generación de energía hidroeléctrica. Sin embargo, señaló que el crecimiento de la actividad agrícola, la expansión urbana y la falta de políticas públicas robustas están acelerando la pérdida de calidad en estos cuerpos de agua. Para hacer frente a estos problemas, Espinosa subrayó la necesidad urgente de adoptar un enfoque sostenible y territorial en la gestión de los recursos hídricos. Por su parte, Cornejo presentó sus investigaciones sobre los efectos de pesticidas, el enriquecimiento de nutrientes y la sedimentación en las comunidades de macroinvertebrados de la región, que actúan como indicadores clave de la salud de los ecosistemas acuáticos. Según explicó, estos factores de estrés no operan de forma aislada, sino que interactúan de manera compleja, intensificando el impacto general en los ecosistemas. Para abordar estos desafíos, Cornejo ha desarrollado protocolos de monitoreo de calidad de agua ajustados a las condiciones tropicales de Panamá, que incluyen un índice biológico calibrado y guías de identificación de especies indicadoras. Este trabajo ha dado lugar a un programa de biomonitoreo participativo, que involucra a las comunidades locales en el diagnóstico y protección de los cuerpos de agua. Últimas lluvias y sus impac tos Con las recientes lluvias, en la provincia de Chiriquí se han reportado hasta 65 incidencias relacionadas con el temporal. Entre ellas destaca la crecida del río Caldera y una cabeza de agua que afectó un hotel en Boquete, en la comunidad de Valle Escondido. El hotel emitió un comunicado informando que, gracias a las medidas preventivas implementadas con la asesoría de José Donderis, exdirector del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), se lograron evitar mayores daños en sus instalaciones. José Guerra, director regional encargado del Sinaproc en Chiriquí, informó que se mantienen activos nueve albergues gestionaParte de los daños causados por el coletazo del huracán ETA en la comunidad de Bambito, en Tierras Altas. Archivo dos por la Gobernación de la provincia y el Despacho de la Primera Dama. Además, añadió que, con el objetivo de garantizar la seguridad en la provincia, el personal de rescate se mantiene en constante monitoreo en sectores vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) ha pronosticado que las lluvias continuarán con intensidad variable en toda la parte alta y media de Chiriquí. de decisiones y para la generación de políticas públicas. Evaluaciones en Panamá Entre las evaluaciones que se realizan en Panamá están el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y el Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). A pesar de que el país ya había completado gran parte de los preparativos y de que la versión nacional de la prueba estaba lista, el Meduca decidió que el próximo año no participará en la prueba internacional PISA. Esta evaluación, que se realiza cada tres años y cuyos resultados reflejan el estado de la educación un año después, permite a los países medir el rendimiento de sus estudiantes y la efectividad de sus políticas educativas. La intención de retirarse de la prueba fue dada a conocer por la propia ministra de Educación, Lucy Molinar. Pasados 15 días de haber asumido el cargo, en una entrevista en el programa Cara a Cara de Telemetro, declaró que “cualquier prueba solo confirmará lo que ya sabemos sobre la educación en el país”. La decisión fue notificada al director de Educación del organismo internacional de la OCDE, Andreas Schleicher, el pasado 29 de julio. Schleicher destacó que la participación de Panamá en la prueba PISA 2025 habría sido una oportunidad única para recopilar datos sobre nuevas áreas de evaluación, en particular, las competencias de los estudiantes en ciencias ambientales y sus actitudes frente al cambio climático y otros desafíos ecológicos. Según el director de Educación de la OCDE, estas áreas son de especial relevancia en un contexto global donde la sostenibilidad ambiental cobra cada vez mayor importancia. Origen de la ley La ley surgió de una propuesta legislativa presentada por los exdiputados del Partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), Corina Cano y Francisco Alemán, quienes, tras su aprobación, indicaron que esta iniciativa fue “socializada con dirigentes gremiales, académicos, padres de familia y personal técnico del Ministerio de Educación”. Cano explicó que este proyecto de ley busca niveles de excelencia, pues “de los resultados del proceso de medición académica conoceremos con exactitud las deficiencias en cada centro educativo para optimizar la calidad educativa haciendo los reajustes correspondientes”. Preocupa saturación de suelos en Chiriquí EMERGENCIA CLIMÁTICA Flor Bocharel ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Tras 10 días de constantes lluvias en la provincia de Chiriquí, se registran desbordes de canales, derrumbes, afectaciones en puentes rurales, ríos en su máximo nivel y saturación de los suelos. Las zonas más afectadas en esta provincia son los distritos de Barú y Boquete. Omar Smith, director general del Sinaproc, confirmó la situación y destacó que la saturación de suelos preocupa porque el agua se queda en la superficie, provocando las inundaciones. Informó que se está dotando a los albergues de los insumos necesarios mientras dure la situación. Las cifras del Sinaproc dan cuenta de que en Chiriquí se han registrado: 52 deslaves;3 operaciones de rescate trasladando a un lugar seguro a 8 personas en Boquete, Cochea y Tierras Altas; 31 árboles caídos sobre las vías de comunicación; 6 árboles caídos sobre residencias, un incendio en una residencia; 159 viviendas afectadas por inundación; 4 viviendas afectadas por deslizamientos de tierra; 1,003 personas afectadas por el mal tiempo en toda la provincia; 8 albergues instalados en la provincia con 577 personas. Del 1 al 9 de noviembre, se registraron cinco víctimas fatales debido a inmersiones en ríos y deslizamientos de tierra, así como dos muertes adicionales por un accidente de tránsito en Chiriquí, cuando un vehículo cayó en un canal, según los informes del Sinaproc. Deslave en Los Plancitos, distrito de Barú. Flor Bocharel
5A LaPrensa Panamá, martes 12 de noviembre de 2024 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] CONSULTA. A partir de hoy y hasta mañana, cualquier persona interesada en participar en las consultas del proyecto de reformas a la CSS podrá anotarse en una lista en la comisión legislativa de Trabajo, Salud y Desarrollo Social o a través del correo [email protected]. Aunque ya se advirtió que cada diputado tendrá hasta 30 minutos para intervenir, aún no se ha especificado cuánto tiempo se le concederá a los ciudadanos particulares. Ojalá no ocurra que, sobre la marcha, alguien decida quién tendrá más tiempo para hablar y quién tendrá menos… TRÁMITE.El Ejecutivo aún no ha sancionado ni promulgado en Gaceta Oficialel proyecto de ley que adopta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2025. ¿Era ese el apuro? OJOS.Más países estarían buscando unirse al Parlacen como “observadores permanentes”, según Carlos Hernández, presidente de ese organismo. Hernández mencionó a India y Turquía, siguiendo el ejemplo de Rusia, que en septiembre pasado se incorporó al foro centroamericano. Los tres guardan una estrecha relación con los Brics. Es sorprendente que la labor del Parlacen sea conocida en esos confines de Eurasia, pero en Panamá, que incluso es miembro desde su fundación, casi nadie sabe qué hacen en ese foro, salvo cobrar. ¿Será que alguien anda por allá tocando puer tas? CHIFEO. El PRD se ausentó de la reunión convocada por José Raúl Mulino con los presidentes de los partidos políticos para exponer el proyecto de reformas a la CSS. Benicio Robinson avisó que estaba de viaje, y Rubén De León, quien en teoría es el representante legal de ese colectivo, tampoco se presentó. Hasta mayo pasado iban a resolver todos los problemas del país y ahora no les interesa nada. FUERA.El presupuesto de $90 millones asignado a la Asamblea en 2025 no alcanza para cubrir su abultada planilla (que ya cuenta con 4,750 funcionarios), por lo que muchos promotores deportivos y culturales deberán dedicarse a otra cosa (por ejemplo, a trabajar). Y eso que muchos, en un mundo ideal, deberían haber aprendido a vivir en una celda de 3x2. Sala Penal confirma condenas por corrupción judicial CA SACIÓN Juan Manuel Díaz [email protected] La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de casación para 10 personas, entre exfuncionarios del Segundo Tribunal de Justicia y particulares, condenadas a 6 y 4 años de prisión por su participación en una red de corrupción que recibía dinero a cambio de otorgar medidas cautelares e influir en jurados de conciencia. Con la ponencia de la magistrada Ariadne García y el voto de sus homólogas María Eugenia López y Maribel Cornejo, la Sala Penal decidió no admitir el recurso de casación, dejando en firme las condenas impuestas por el liquidado Juzgado Segundo Liquidador Adjunto. El fallo de primera instancia sancionó a los implicados tras comprobarse que funcionarios del Tribunal contactaban a los jurados para influir en sus veredictos en juicios por homicidio. Algunos funcionarios también adelantaron fechas de juicio, concedieron medidas distintas a la detención preventiva y tramitaron fianzas de excarcelación. La investigación comenzó en 2015, cuando el entonces presidente de la Corte, José Ayú Prado, denunció presuntos cobros de coimas en los juzgados penales del Segundo Tribunal Superior Penal y la Oficina de Descongestión Judicial para liberar a personas vinculadas a procesos penales e influir en jurados. La Sala Penal de la CSJ autorizó intervenciones telefónicas solicitadas por el Ministerio Público, que permitieron recabar pruebas de las actividades ilícitas. También se descubrió que un funcionario cobraba dinero a abogados para adelantar o retrasar fechas de juicios según sus necesidades. El escándalo llevó al Segundo Tribunal a implementar mayores controles en el sistema de tramitación de casos del sistema inquisitivo. #RealidadAutismo UTILICE REFERENCIAS VISUALES Y AUDITIVAS PARA EXPLICAR LOS CAMBIOS A SU HIJO.
6A LaPrensa Panamá, martes 12 de noviembre de 2024 Panorama CSS: peritos a $4,500 por paciente; el alto costo de tres expertos Los fondos saldrán de la partida de servicios médicos de la Caja de Seguro Social. Un abogado demandante tilda el costo del trámite como el ‘negocio del siglo’. El tema será discutido hoy en la Comisión de Presupuesto. DEMANDAS DEL DIETILENGLICOL Eliana Morales Gil [email protected] La Caja de Seguro Social (CSS) tramita un traslado de partidas por $603 mil para pagar los servicios de tres peritos que actúan en el proceso judicial derivado de la demanda de indemnización contra la entidad por el caso de envenenamiento masivo con dietilenglicol, proceso que se encuentra en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). De acuerdo con documentos de la Dirección de Presupuesto de la Nación que se analizarán en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional este martes 12 de noviembre, los servicios de peritaje incluyen los pagos a un psiquiatra, un contador público autorizado y un psicólogo. $4,500 por paciente El psiquiatra atiende a 85 pacientes y, por cada uno de ellos, cobra $4,500, lo que suma $382,500. El contador público ve el caso de 25 pacientes y, por cada uno, cobra $4,500, por lo que recibirá $112,500. Algo similar ocurre con el psicólogo, quien analiza a 24 pacientes y, por cada uno, recibirá $4,500, totalizando $108 mil. El dinero se trasladará del rubro denominado “ser vicios médicos en el país.” El trámite fue autorizado el pasado 10 de septiembre por la junta directiva de la CSS, atendiendo una solicitud de Enrique Lau Cortés, entonces director de la institución. La resolución 57,184-2024, que da luz verde a la gestión, lleva las firmas de Manuel Antonio Pérez, presidente, y de Edwin Salamín, secretario. ¿'Negocio del siglo’? Entre los documentos que sustentan el procedimiento, constan tres cartas de abril y mayo de 2024 en las que la Procuraduría de la Administración informa a Juan Ospina, quien en esos días era jefe de Asesoría Legal de la CSS, que José Alexis Cifuentes, Zoila Glen Araya y Alejandro Cuadra participaron como peritos psiquiatra, psicológico y contable, respectivamente. Sin embargo, en los documentos no constan los criterios utilizados para establecer el costo de cada peritaje. En Panamá, a diferencia de otros países, no existe regulación sobre este tema. En España, por ejemplo, un peritaje judicial puede oscilar entre 300 y 2,000 euros, de acuerdo con el caso, según sitios en internet que contienen abundante información sobre el tema. Uno de los abogados que interpuso demandas contra la CSS por el envenenamiento masivo con dietilenglicol declaró a La Prensa que lo máximo que ha pagado a peritos en medio de este caso es $1,500, por lo que calificó como “desproporcionada” y “desventajosa” la cifra que pagará la CSS por sus peritajes, y denominó el traslado de partida como “el negocio del siglo.” Por estos días, la CSS está en el centro de la mirada pública, ya que en el Legislativo se analiza un proyecto de ley que plantea cambios relevantes al sistema público de pensiones. El gobierno, y en particular las autoridades de la CSS, han solicitado a la población un esfuerzo de sacriLa mayoría de las víctimas se dio producto de jarabes que contenían el tóxico dietileneglicol. Archivo Sin definir, qué pasará con sede del Instituto Alfredo Cantón en San Miguelito OBRA PENDIENTE Yaritza Mojica [email protected] Estudiantes, padres de familia, docentes y administrativos del Instituto Dr. Alfredo Cantón están a la esperadequelaUniversidadTecnológica de Panamá (UTP) envíe al Ministerio de Educación (Meduca) un informe patológico final sobre el estado actual de la infraestructura del centro educativo, ubicado en el corregimiento de Mateo Iturralde, en San Miguelito. Este centro educativo, que tiene una matrícula superior a 1,200 estudiantes, fue reubicado el año pasado en el edificio de la antigua Oxford (cerca de la Iglesia del Carmen) para recibir clases, ya que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), tras una evaluación efectuada en 2022 reveló que parte de la estructura no estaba en condiciones óptimas. Para este año escolar, las autoridades educativas decidieron dividir los grupos y habilitaron el pabellón más nuevo del colegio, ubicado en Paraíso, para que los estudiantes de séptimo grado recibieran las clases, mientras el resto continuaba en el edificio alquilado cerca de la Iglesia del Carmen. No obstante, hace dos semanas, este centro educativo fue nuevamente sometido a un estudio de sus paredes, pisos, pabellones, losas, salones y otras estructuras, realizado por expertos de la UTP, el Cuerpo de Bomberos de Panamá (CBP) y técnicos del Sinaproc, para determinar si la escuela debe demolerse o puede ser repara d a . La decisión de revaluar el centro escolar se debió al deterioro de las instalaciones alquiladas para los estudiantes del Instituto Dr. Alfredo Cantón, por lo cual Meduca decidió rescindir el contrato de alquiler. Ante esta situación, las autoridades educativas reorganizaron las clases por nivel escolar para que los estudiantes pudieran finalizar el año en el único pabellón que está en buenas condiciones, ubicado en Paraíso, San Miguelito, y en módulos adicionales. Ante este panorama, la ministra de Educación, Lucy Molinar, explicó que el informe de la UTP no debería demorar más de un mes. “El 30 de octubre se realizaron una serie de pruebas en el plantel, y la decisión se tomará tan pronto se conozcan los resultados. No es justo que hayan pasado tres años esperando una decisión sobre si se construye o no el Cantón”, indicó. Según Molinar, la administración pasada a cargo de Maruja Gorday de Villalobos demoró demasiado en resolver la situación del Instituto Dr. Alfredo Cantón, por lo que informó que, una vez se obtengan los resultados patológicos del plantel, la entidad ya cuenta con los pliegos de condiciones para ambos tipos de proyectos: ya sea que se deba demoler por completo el colegio, que tiene 55 años de construido, o que se realicen rehabilitaciones en las áreas afectadas y se remodele la escuela. Por su parte, padres de familia del Cantón, como Juana Zambrano, están a la expectativa de lo que sucederá con este centro educativo. “Yo estudié en el Cantón, mis hijos están en esta escuela; uno estaba allá en Oxford y la otra aquí en Paraíso. Eso no es justo, los estudiantes de San Miguelito necesitan este colegio, pero que sea seguro”, señaló la angustiada madre. La diputada independiente de Vamos, Alexandra Brenes, también ha cuestionado al Meduca sobre la situación que está padeciendo el Cantón y otros centros educativos del distrito que necesitan remodelación. Pidió a Molinar definir la construcción de este centro educativo, uno de los principales que se ubican en San Miguelito. El Instituto Dr. Alfredo Cantón fue el primer colegio secundario construido en San Miguelito en 1969. Mientras esperan los resultados de la UTP, los estudiantes del Cantón están terminando el año escolar por módulos, alternándose los grupos por semana para recibir sus clases presenciales. Este sistema continuará hasta finalizar el año escolar. La estructura data de 1969. Yaritza Mojica ficio para salvar la entidad. Sobre las demandas En marzo pasado, este medio reportó que un informe de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia reveló que la Unidad Especial de Dietilenglicol, creada para dar trámite a las más de 400 demandas de indemnización por contaminación con el tóxico, logró que el 85% de los casos en trámite pasaran a la fase de presentación de pruebas. En 2017 se produjo la primera condena contra el Estado por el envenenamiento masivo con medicamentos que contenían dietilenglicol, producidos por el laboratorio de la CSS en 2006. La Sala Tercera condenó a la CSS al pago de $188,897 a Maybeth Coronado, quien demostró haber sufrido graves afectaciones por el consumo de medicinas contaminadas con dietilenglicol. Miembros del Comité por el Derecho a la Salud y la Vida, que aglutina a sobrevivientes y familiares de víctimas del tóxico, aseguran que el número de personas afectadas por el consumo de medicamentos contaminados es mucho mayor que la cantidad de demandas en trámite en este momento. Las losas y pabellones del Instituto Alfredo Cantón fueron evaluados por la UTP para determinar su condición. Yaritza Mojica
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8A LaPrensa Panamá, martes 12 de noviembre de 2024 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Sobre nuestra identidad y autoestima Patria Percy Núñez Jáuregui [email protected] Soy un asiduo lector y admiro los artículos del comentarista Rodrigo Noriega. Su contenido es excelente y sus consideraciones son cónsonas con nuestra realidad. Sin embargo, me llamó la atención la siguiente frase, tal vez cargada de pesimismo, expresada en el análisis publicado el pasado 3 de noviembre, titulado “La Complejidad de la Independencia de 1903: “... el país se mantiene en una perpetua crisis de identidad y de baja autoestima . . .” Al respecto, algo de historia: en 1904, el entusiasmo inicial que caracterizó nuestra separación, aunado al ingreso de cuatro de los diez millones y al movimiento económico producto de los trabajos de la construcción, se vio pronto opacado por una serie de imposiciones, contra las cuales nuestros primeros gobernantes poco pudieron hacer, empezando por la forzosa entrega de los puertos de La Boca y Cristóbal. Muy pronto caímos en cuenta de las nefastas implicaciones resultantes de habernos convertido en un protectorado como consecuencia de la unánime, pero tristemente necesaria aprobación del tratado Hay-Bunau Varilla. No olvidemos que el documento fue favorecido por todos nuestros próceres. A este primer trauma siguieron muchos. Los más destacados: las desmilitarizaciones de 1906 y 1912, el control de las radiocomunicaciones, la despoblación obligada de Gatún, Gorgona, Chagres, Emperador y Culebra; las intervenciones en nuestras elecciones y la permanencia de tropas norteamericanas en Chiriquí por varios años a partir de 1918. Ese mismo año, Ernesto T. Lefevre logró rechazar las aspiraciones del general Pershing, quien solicitaba ocupar Taboga, lo cual fue ampliamente rechazado por la ciudadanía. Pero hacemos especial énfasis en la Guerra de Coto, en relación a la cual Belisario Porras, a quien podemos considerar tal vez nuestro primer gobernante en “re tar abiertamente al imperio”, se destacó por su beligerancia y patriotismo. A esta consideración debemos añadir que, pese a la dependencia que sufrimos durante los primeros veinte años de existencia, a mi buen saber y entender, que yo sepa, ningún panameño llegó a expresar o tomó alguna iniciativa para que nos convirtiéramos en “... una estrella más ...”o en volver a ser colombianos... En otras palabras: sí teníamos desde entonces una identidad. Durante la década de 1920, se dio la vergonzosa ocupación de la ciudad motivada por los sucesos del Movimiento Inquilinario y, a fines de la misma, se inicia la respuesta, originalmente preñada de patriotismo, de Acción Comunal. Finalmente, intelectuales de la talla de Ricardo J. Alfaro y Narciso Garay, tras el frustrado intento del tratado Kellog-Alfaro, logran en 1936 el Arias-Roosevelt, que entra en vigor en 1939: nuestra identidad se fortalece, ya que dejamos de ser un protectorado. Otro hecho a destacar, como uno de los de mayor trascendencia en cuanto a identidad, fue el masivo rechazo al convenio Filós-Hines, mediante el cual se pretendía mantener las bases militares en cualquier parte de nuestro país, a pesar de que la Segunda Guerra Mundial ya había terminado. Siguió luego el Remón-Eisenhower, tal vez más concerniente a aspectos económicos, pero acompañado de aquello de “¡... Ni millones Nuestra independencia, en opinión de muchos, debería celebrarse más bien un 9 de enero. Opinamos que lo ocurrido ese día fue lo que terminó de definirnos como una verdadera nación. ni limosnas, queremos justicia…!” A pesar de todo lo mencionado, la Zona del Canal continuaba en los años 30, 40, 50 y 60s siendo una gran base militar en la que también civiles de varias generaciones, con un gobierno aparte, habitaban un paraíso tropical con entrada restringida a los descendientes de quienes habían cedido un espacio de su terruño “para beneficio del mundo”. Y entonces empezó aquello de “Soberanía por encima de Economía”; nuestra intelectualidad lidera, se manifiesta y escribe. Arellano Lennox, Boyd, Castillero y Linares siembran banderas y los heroicos institutores se enfrentan valientemente a los zonians en 1964. Hay muertes. Chiari reivindica su apellido, Moreno e Illueca logran proceder con un nuevo tratado, pasan los 3 en 1, llega Torrijos y, muy bien asesorado y tomando ventaja del momento y otra serie de factores, logra nuestra completa re-integración territorial. Fin de la historia: no tenemos una crisis de identidad. Sin embargo, sí es correcto afirmar que actualmente nuestra autoestima está lejos de ser la mejor. Hay un honesto y peligroso pesimismo en la clase media y trabajadora, producto de los nefastos ejemplos que han dado nuestros pésimos gobernantes y de la evidente corrupción y el juega-vivo. Si bien estas taras, propias de regiones de tránsito, siempre hicieron parte de nuestra idiosincrasia, ya han alcanzado niveles altísimos durante los últimos años. Con optimismo, en especial con educadores motivados, tal vez podamos transmitir a nuestra juventud valores y resaltar la importancia que tuvieron estos eventos, poco difundidos. Nuestra historia carece de entreguismo y está repleta de heroísmo. Sin olvidar la importancia de todo lo arriba resumido, nuestra independencia, en opinión de muchos, debería celebrarse más bien un 9 de enero. Opinamos que lo ocurrido ese día fue lo que terminó de definirnos como una verdadera nación. EL AUTOR es autor es cardiólogo. Huracán Rafael y sus afectaciones en la comarca Ngäbe Buglé Vulnerabilidad Jhonathan Vejerano [email protected] Las intensas lluvias que han azotado recientemente la comarca Ngäbe Buglé han revelado, una vez más, la fragilidad de nuestras infraestructuras y la falta de atención sostenida hacia las comunidades más vulnerables del país. Los desbordamientos de ríos y los deslizamientos de tierra han devastado los distritos de Besiko y Ñürüm, dejando a su paso cultivos destruidos. Las localidades de Chube - Niba y Soloy se encuentran entre las más afectadas. La situación es tal que la ayuda solo puede llegar por aire o mediante vehículos 4x4, debido a la intransitabilidad de los caminos. No es la primera vez que estas comunidades enfrentan estas situaciones. Lamentablemente, tampoco es la primera vez que las autoridades reaccionan con lentitud, como si las necesidades de nuestros pueblos originarios pudieran seguir esperando. El informe del Banco Mundial, Panamá: del crecimiento a la prosperidad, destaca las profundas brechas territoriales que afectan a las comarcas, donde el 76% de la población vive en pobreza. La limitada capacidad para enfrentar desastres naturales golpea con más fuerza a los más vulnerables. Es urgente abordar estas desigualdades y fortalecer la resiliencia de estas regiones para garantizar un desarrollo más inclusivo y sostenible. Cada temporada de lluvias se convierte en una nueva prueba de supervivencia para las familias de la comarca, que ven cómo sus cultivos se pierden y cómo el acceso a alimentos, medicinas y otros bienes esenciales se vuelve un reto casi insalvable. Es indignante que estas regiones, históricamente ignoradas en los planes de desarrollo e inversión del Estado, solo reciban atención cuando los desastres naturales alcanzan niveles críticos. Aun así, la respuesta sigue siendo insuficiente. La falta de infraestructura adecuada, como puentes y caminos que resistan las inclemencias del tiempo, no es solo una carencia logística: es una falla de política pública que perpetúa la desigualdad y el abandono. La situación en la comarca Ngäbe Buglé es cada vez más alarmante. Las previsiones meteorológicas no ofrecen alivio. Los reportes indican que las lluvias podrían continuar, aumentando el riesgo de deslizamientos de tierra y crecidas de ríos. La región de Chiriquí, que incluye parte de la comarca, ha sido declarada bajo alerta por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que se mantiene en constante vigilancia. Uno de los mayores desafíos para las autoridades y los organismos de socorro es el acceso extremadamente limitado a las zonas afectadas. La falta de transporte adecuado y recursos logísticos ha dejado a muchas comunidades en un estado de aislamiento total, sin recibir asistencia en alimentos ni insumos esenciales. La precaria condición de los caminos, agravada por la erosión y los continuos deslizamientos, ha hecho de la evacuación y la distribución de ayuda humanitaria una tarea prácticamente imposible. Entre noviembre y enero, las lluvias en esta región se intensifican a niveles críticos, afectando la seguridad de miles de estudiantes y docentes. No es exagerado decir que asistir a la escuela se convierte en un verdadero acto de valentía para los jóvenes de Kankintú. En muchas comunidades, no existen puentes seguros; los ríos se cruzan con poleas improvisadas o pasarelas de bambú, exponiendo a niños y adolescentes a situaciones peligrosas y, en algunos casos, fatales. Esto no solo representa una barrera física, sino también una amenaza constante a su integridad. Muchas escuelas de la comarca aún funcionan en estructuras de ranchos y carecen de recursos básicos. Los centros de salud son prácticamente inexistentes. Es inaceptable que docentes permanezcan atrapados en escuelas sin acceso a alimentos, mientras que comunidades remotas como Chube-Niba enfrentan una crisis por la falta de medicamentos e insumos esenciales. No se puede hablar de equidad cuando miles de personas quedan abandonadas ante desastres naturales, sin recibir la asistencia urgente que necesitan para cubrir sus necesidades más básicas. Recordemos que hacer patria también significa reconocer y solidarizarnos con las necesidades de quienes lo han perdido todo. Desde la comarca, exigimos mayor atención y respaldo, igual que para otras regiones del país devastadas por los efectos del huracán Rafael. EL AUTOR es egresado del egresado del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana LLAC-2022. Cada temporada de lluvias se convierte en una nueva prueba de supervivencia para las familias de la comarca, que ven cómo sus cultivos se pierden y cómo el acceso a alimentos, medicinas y otros bienes esenciales se vuelve un reto casi insalvable. Ficciones Sociedad Pedro Crenes [email protected] Mi maestro, José Antonio Marina, cita en su libro Las culturas fracasadas. El talento y la estupidez de las sociedades,aT.WAdorno, que afirma que “existe una personalidad que desea estar sometida a una figura de autoridad, admira la acción directa, se rige por estereotipos, y no acepta motivaciones subjetivas. Estos son rasgos de la inteligencia social, en este caso, baja”, que configuran para mí la “nostalgia del dictador ”, de derechas o izquierdas, civiles o militares. Estamos enfermos de ficción, y contra ella nada se puede hacer. Cuando alguien ha decidido creerse un cuento, es muy difícil hacerlo cambiar de opinión: en eso consiste el fracaso de nuestra sociedad. Estamos muy apegados a mitos, a creer hechos a medio comprobar, a fundamentar nuestros argumentos en romanticismos folclóricos que no representan más que a una parte muy pequeña de nosotros: ¿cuántas niñas de nuestro país se pueden comprar una pollera, «nuestro» traje nacional? Creemos que votamos, y es solo un 34%, legítimo, claro, pero que no representa a la mayoría. Decimos que “Dios es panameño”y hemos vuelto a elegir un gobierno con las mismas malamañas de siempre porque en el fondo somos corruptos: sufrimos un síndrome de Estocolmo asociado al sistema clientelar y corrupto, no somos capaces de deshacernos de él porque no encontramos seguridad en la transparencia y el buen gobierno. Nos hemos creído la ficción que dice que los gobiernos malos nos ocurren, no los elegimos, que no somos responsables, son una especie de mala suerte que nos ha venido, no se sabe exactamente por qué terribles pecados del pasado. Nos quitamos de encima la responsabilidad de nuestros actos inventándonos una historia de terror, en la que nunca somos los monstruos, solo víctimas. Nada se puede hacer contra la ficción: lo hemos demostrado otra vez fiesteando y carnavaleando para celebrar un cuento tricolor llamado Panamá, que nos sale caro, y que encima nos roban los mismos de siempre pero con distinto sombrero. EL AUTOR es escritor
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