6A LaPrensa Panamá, sábado 2 de noviembre de 2024 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista La opinión de Hilde Autonomía universitaria: por una educación superior de calidad Debate Pedro Arcia [email protected] La autonomía no es un refugio para usurpadores o para sitiar una universidad. La autonomía universitaria como pilar fundamental ha permitido la construcción de una educación superior inclusiva, diversa y crítica en muchos países. Esta filosofía apoya el derecho de las universidades a gobernarse a sí mismas, sin interferencias indebidas producto de intereses mezquinos, desempeñando un papel importante en el desarrollo de la libertad académica, la investigación innovadora y la creación de un entorno en el que todas las voces sean escuchadas. Sin embargo, este principio se ha convertido recientemente en un tema controvertido, ya que algunos grupos minoritarios buscan utilizar la autonomía universitaria como una herramienta de poder y control, en lugar de un mecanismo para promover la educación inclusiva y democrática. Intentamos aquí exponer cómo diversas instancias están involucradas en la autonomía universitaria dentro del entorno universitario tales como: los académicos, los estudiantes, los administradores y el Estado. La primera perspectiva es la de los profesores e investigadores, quienes nos constituimos en los máximos defensores de la autonomía universitaria. Sostenemos que la libertad académica es necesaria para garantizar que la investigación se realice sin presiones externas. Esta independencia nos permite desarrollar conocimientos sin vernos limitados por agendas políticas o económicas, lo que en última instancia beneficia a la sociedad, a través de una investigación más rigurosa y diversa. Es la autonomía una herramienta de desarrollo profesional. Esto nos brinda la oportunidad de innovar métodos de enseñanza y enseñar habilidades analíticas a estudiantes con pensamiento crítico, sin imponer un plan de estudios determinado por actores externos. Desde esta perspectiva, la autonomía es clave para la producción y transferencia de conocimiento, en un ambiente de respeto y libertad. Desde la visión de los estudiantes como principales beneficiarios de la educación universitaria, tienen una posición muy clara sobre la autonomía. Para ellos, es un mecanismo para garantizar que las universidades funcionen como espacios de libre pensamiento, donde puedan experimentar un aprendizaje significativo, no solo académicamente, sino en toda su extensión. Pero también como ciudadanos críticos que comprenden su entorno social. En relación al papel de los administradores universitarios quienes desempeñan un rol fundamental y que a veces se considera un elemento secundario. Creemos que su trabajo garantiza una gestión autónoma y eficiente. Desde su perspectiva, la autonomía debería permitirles actuar de forma independiente, sin tener que reaccionar a presiones externas que interfieran con su trabajo. Mientras que, desde la perspectiva del Estado, se considera la autonomía universitaria como un principio necesario y un tema que requiere supervisión y control. Los gobiernos y la jurisprudencia tienen la responsabilidad de garantizar que las universidades tengan los recursos que necesitan para brindar educación de calidad, pero también deben garantizar que estas instituciones rindan cuentas ante la sociedad. Desde esta perspectiva, el Estado considera que la autonomía universitaria debe equilibrarse con la responsabilidad social y legal, que incluye mecanismos de seguimiento y control para evitar abusos o desvíos de los objetivos educativos. Uno de los principales problemas del conflicto con la autonomía universitaria es la interpretación que se dé o el que hacen algunos grupos pequeños, que intentan monopolizar la toma de decisiones y el control de la universidad so pretexto de proteger su autonomía. Esto no solo va en contra del espíritu de democracia que debería prevalecer en las universidades, sino que también socava la confianza pública en estas instituciones que deben ser modelos. La autonomía universitaria no debe utilizarse como medio para obtener privilegios, o usurpar el control institucional. Más bien, debe entenderse como un derecho colectivo, que pertenece a todos los miembros de la comunidad universitaria y debe ejercerse de manera transparente, inclusiva y responsable. La universidad en este sentido debe preservar el espacio para el diálogo, la reflexión y la democracia, permitir que todos los actores desempeñen sus respectivos roles y considerar la autonomía como un medio para lograr una educación inclusiva y diversa y de calidad. EL AUTOR es docente universitario y fundador de la Universidad Especializada de las Américas. La profesionalización del servicio civil: ¿utopía o un hecho a corto plazo? Gobernanza Esteban Martínez Lasso [email protected] La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en un proyecto conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicó recientemente un extenso y detallado estudio sobre la gobernanza pública en América Latina y el Caribe (ALC), titulado Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2024. Este informe ofrece datos actualizados sobre el desempeño de las administraciones públicas en la región de ALC y los compara con los países miembros de la OCDE, que suman 34. [OECD (2024), Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2024, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/Of191dcb-es. Traducido por el BID, 2024.] Según este estudio, “los gobiernos deben reforzar las competencias”. Además, señala que esto es fundamental en materia de gobernanza para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo y que las “buenas prácticas en el reclutamiento”pueden facilitar que la fuerza laboral del sector público se adapte a un entorno de cambios constantes. El estudio revela que, de los 15 países de ALC encuestados, 7 emplean campañas de comunicación para atraer a empleados cualificados, mientras que solo 4 ofrecen oportunidades de crecimiento profesional o acceso a programas de aprendizaje y desarrollo. Se subraya que, para implementar reformas y establecer prioridades con legitimidad, se necesita un nivel adecuado de confianza en las instituciones. La falta de confianza puede comprometer la eficacia de las políticas e iniciativas públicas, mientras que un mayor nivel de confianza en el gobierno facilita el consenso y la acción colectiva, así como el apoyo a reformas políticas que implican sacrificios a corto plazo (OCDE, 2022; citado en OECD 2024). El estudio señala que “la confianza en las instituciones públicas puede mejorar la viabilidad y la eficacia de las políticas…” y destaca que la desconfianza de los ciudadanos en sus gobiernos a menudo proviene de la percepción de que estos no abordan eficazmente la desigualdad y que las instituciones públicas carecen de las competencias o los valores necesarios para mejorar los estándares de vida. (Keefer y Scartascini, 2022; citado en OCDE 2024). Se añade que esta falta de confianza también puede resultar en un menor cumplimiento de las políticas por parte de la población y una menor disposición a cooperar con iniciativas gubernamentales destinadas a reducir la desigualdad (Keefer y Scartascini, 2022; citado en OCDE 2024). Asimismo, se enfatiza que la confianza en las instituciones públicas democráticas es un concepto multidimensional impulsado por dos componentes complementarios que los gobiernos pueden abordar: la competencia y los valores. Los servicios públicos, como hospitales, escuelas y tribunales, influyen en la vida de muchas personas y representan puntos de interacción entre la ciudadanía y el gobierno. La satisfacción con estos servicios es un indicador ampliamente utilizado para medir el desempeño del sector público desde la perspectiva del ciudadano o usuario. [OECD (2024), Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2024, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/Of191dcb-es.] La eficiencia operativa de las instituciones públicas en Panamá podría mejorar y fortalecer el compromiso y desarrollo profesional de los servidores públicos si el país logra institucionalizar (mediante ley) el “Modelo de Gestión del Talento Humano por Competencias”. Otros países de la región, como República Dominicana, Colombia y Chile, y en Europa, España, Suecia y Reino Unido, ya han implementado este modelo y cuentan con una administración pública moderna y profesionalizada. EL AUTOR es abogado y profesor de Gerencia Pública. Facultad de Administración Pública, Universidad de Panamá. Los servicios públicos, como hospitales, escuelas y tribunales, influyen en la vida de muchas personas y representan puntos de interacción entre la ciudadanía y el gobierno.
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