2A LaPrensa Panamá, viernes 1 de noviembre de 2024 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom El secreto de Odila Castillo: su lista de clientes fue revelada Exfuncionaria de la Contraloríarepresenta a varias constructoras y contratistas estatales involucradas en proyectos millonarios; declinó cuestionamientos sobre sus ingresos y clientes. Rolando Rodríguez [email protected] El pasado 20 de septiembre, en vísperas de las publicaciones sobre las actividades y propiedades de la abogada y exfuncionaria de la Contraloría Odila Castillo, La Prensa le envió un cuestionario de 27 preguntas que la aludida decidió no responder. Una de esas interrogantes era muy simple: ¿sería posible obtener una lista de sus mayores clientes, los cuales, en su mayoría, son proveedores y contratistas del Estado? ¿Cuánto les cobró por sus servicios en los años 2021, 2022 y 2023? Esos clientes no solo contratan con entidades del sector público, sino que tramitan adendas, liquidaciones y modificaciones basadas en el principio de equilibrio contractual. Por tanto, es información de carácter público. Este medio ha obtenido una lista parcial de sus clientes. Obviamente, no de la mano de la abogada, quien, como ya es sabido, en el lapso de dos años se volvió millonaria, acumulando riquezas en cuentas bancarias, adquiriendo costosos locales comerciales en Panamá y Chiriquí, un penthouseen Santa María y 11 apartamentos, valorados en más de $2 millones en la vía Ricardo J. Alfaro, en la capital, además de un apartamento rentado en las playas de Buenaventura. Grupo Allen Transeq, vinculada al expresidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) Carlos Allen Arosemena, es uno de los principales clientes de la firma de la exfuncionaria de la Contraloría: Castillo, Guardia & Asociados, Abogados. Esta empresa ocupa la cuarta posición entre las que, individualmente o en consorcio, han acumulado una respetable cantidad de millones, al menos hasta enero pasado, en licitaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP): aproximadamente $127 millones, para ser más exactos. Por ejemplo, Transeq fue contratada por el MOP para construir el llamado corredor del Caribe (carretera Quebrada Ancha-María Chiquita), en la provincia de Colón, obra adjudicada por unos $84 millones, en consorcio con una compañía dominicana: Ingeniería Estrella, S.A., que también figura como cliente de Castillo. Ingeniería Estrella ha tenido que dar explicaciones en República Dominicana sobre transacciones bancarias con empresas controladas por Odebrecht, mientras que en Haití, en 2020, fue señalada por supuestos despilfarros de fondos estatales, trabajos no concluidos o realizados de forma “negligente”, favoritismo en la adjudicación de contratos y desembolsos injustificados a su favor, según un cable de la agencia EFE. Castillo también tiene como clientes otras dos empresas del grupo de Allen: Constructora Pacífico, S.A., que preside Iris Allen Arosemena. Además, la sociedad Inverland Panama, Corp., que preside Carlos Allen Arosemena. IBT Group/Ingeniería REC Otro de sus clientes es la polémica empresa IBT, cuya subsidiaria local ha estado involucrada en los escándalos relacionados con la adjudicación de obras públicas en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), tras ser contratada para construir centros de atención médica en todo el país por un monto global de unos $237 millones: Bugaba (Chiriquí), Manuel Amador Guerrero (Colón), Anita Moreno (Los Santos) y Metetí (Darién). El gobierno pasado dio órdenes para reanudar los trabajos del suspendido hospital Manuel Amador Guerrero, que terminó costando más que todos aquellos adjudicados a IBT: originalmente era de $110 millones y acabó en $256.3 millones. Los elegidos por el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) para terminar la tarea que inició IBT en el mencionado hospital en Colón fueron tres empresas unidas en consorcio, dos de las cuales, al menos, son clientes de Castillo: Transeq e Ingeniería REC, S.A. La Odila Castillo Archivo Los Martinelli Linares fracasan en intento de separar a López del caso Blue Apple JUSTICIA Juan Manuel Díaz [email protected] Los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, fracasaron en su intento para separar a la magistrada María Eugenia López del conocimiento del proceso que se les sigue por presunto blanqueo de capitales por el caso Blue Apple. Un fallo dado a conocer a través del edicto No.1164, reveló que el pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió rechazar de plano una recusación presentada por los hermanos Martinelli Linares para separar a la magistrada López del caso Blue Apple. El fallo, que lleva la firma de la magistrada Ángela Russo y contó con el respaldo de los restantes ocho miembros que conforman el Pleno de la Corte, decidió no acoger la petición hecha por el abogado Luis Eduardo Camacho González, en representación de los hermanos Martinelli Linares. El pasado 6 de septiembre, a través de un sorteo electrónico, López fue asignada como la magistrada sustanciadora del proceso a los hermanos Martinelli por el caso Blue Apple. Con la designación de López como magistrada sustanciadora se dio inicio al trámite del proceso a los hermanos Martinelli en el caso Blue Apple, luego que el Juzgado Segundo Liquidador dictó un ruptura procesal, en vista de que ambos fueron juramentados como diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Es competencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia la investigación y juzgamiento de los diputados de la Asamblea Nacional y del Parlacen. Tras este fallo del pleno de la Corte empieza el proceso de investigación por parte de los magistrados de la Corte, que deben fijar las fechas, tanto principal como alterna, para la audiencia de fondo, las cuales deberán notificarse a todas las partes. Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares fueron reelectos como diputados suplentes del Parlacen en las elecciones del pasado 5 de mayo. Luis Enrique es suplente de Giselle Burillo, y Ricardo Alberto es suplente de Carlos Outten, quien a su vez es suplente de Tomás Benavides (circuito 9-2, Veraguas). El 13 de noviembre de 2023 el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales dictó un veredicto condenatorio para los exministros de Obras Públicas Federico Suárez y Jaime Ford. En el caso de Suárez, la sanción penal fue de 158 meses de prisión y el pago de una multa de $27.4 millones; en el caso de Ford, la sanción fue una multa de $11.4 millones, sin pena de prisión. Mientras, Ricardo FranLos hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares. Archivo colini recibió una pena de 60 meses de cárcel y una multa de $470 mil. También fueron condenados Octavio Samaniego, con 152 meses de prisión; Juan Daniel Samaniego, 64 meses de cárcel; y César Jaramillo, 72 meses de arresto. También se impuso una pena de 80 meses de prisión a George Joseph Moreno, y de 60 meses de cárcel a Alcides Bernal. Esta sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales el pasado 4 de abril. La investigación se inició el 30 de octubre de 2017 por el delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad Blue Apple, que era receptora de coimas procedentes de fondos provenientes de la adjudicación de contratos de infraestructura a empresas aprobadas por parte del Es tado. tercera socia de este consorcio es Promotora y Desarrollo Mexicana de Infraestructura, S.A. (Proinfra), a la que Allen Arosemena personalmente dio la bienvenida cuando se afilió a la Capac en marzo de 2023. A su vez, Ingeniería REC, S.A. está presidida por otro expresidente de la Capac, Eduardo Di Bello, cuya empresa devolvió al Estado $1.3 millones, tras alcanzar un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público en el caso Blue Apple, en el que estuvo involucrado otro cliente de Odila Castillo: Constructora Rodsa. La firma de Castillo también lleva los asuntos de Constructora La Caleta, S.A., del mismo grupo empresarial de Di Bello. Constructora Rodsa Rodsa está en el quinto lugar entre las empresas que obtuvo más dinero en licitaciones del MOP hasta enero pasado ($118 millones), exactamente detrás de Transeq. Juan Alexis Rodríguez, de Rodsa, también fue delator de Blue Apple: en 2018, le contó al MP que fue contactado por Jorge Churro Ruíz, director de Administración de Contratos del MOP en el gobierno de Martinelli, para pedirle coimas. Pero Churro Ruíz, en vez de exigir el 5% del valor de los contratos que el MOP le adjudicó –que era el monto que el funcionario le pedía a otros empresarios involucrados en el caso– le solicitó más: entre el 8% y el 10%. Precisamente, en la tabla de honorarios que Castillo ha circulado entre potenciales clientes, figura como pago de sus honorarios profesionales el 10% del monto total de“la solución jurídica que finalmente sea refrendada” por la Contraloría, es decir, las adendas u otros recursos previstos para elevar el costo de los contratos en caso de ser necesario. Constructora Rigaservices Otra contratista del Estado. Las obras asignadas a esta empresa suman, solo durante el gobierno pasado, cientos de millones de dólares. En su página web se encuentran 17 obras adjudicadas que tienen que ver con el sector salud, algunas con problemas, como los que sufrió, a causa de lluvias, la policlínica de Aguadulce Dr. Manuel de Jesús Rojas, inundada en julio pasado, a pocas semanas de su inauguración. Pero la más notoria de todas las obras de Rigaservices es la terminación de la Ciudad de la Salud, una obra de la Caja de Seguro Social (CSS) que terminó costando casi $1,300 millones. Además de una cartera con 17 proyectos vinculados a la salud, siete de los listados en un informe de la Dirección Ejecutiva Nacional de Infraestructura y Servicios de Apoyo de la CSS están en manos de Rigaservices. Esta empresa ha acumulado contratos que la colocan como la líder indiscutible de los proyectos hospitalarios, con obras cuyos costos alcanzan, en conjunto, al menos $1,460 millones. El contralor Gerardo Solís, quien fue jefe de Odila Castillo, se deshace en elogios para su exsubalterna. “Su mérito –dijo en una entrevista–es que la Ciudad de la Salud se construyó porque ella destrabó el entuerto litigioso local e internacional”. Pero ni él, ni el ahora exdirector general de la CSS, Enrique Lau, ni Castillo quisieron responder cómo se logró llevar ese proyecto a término o cuánto cobró la abogada a esta empresa por sus servicios. Donante Otro cliente de la firma Castillo, Guardia & Asociados es Urban Company, S.A., cuyo presidente es Pablo José Gómez Tejeira, quien le donó $50 mil a la campaña del presidente José Raúl Mulino en dos pagos: el primero fue de $10 mil y el segundo, de $40 mil. Urban Company tiene un par de obras con el Ministerio de Salud, obtenidas en el gobierno pasado, y otras de vieja data a nombre del presidente de la mencionada empresa. El cliente especial La lista de clientes de Castillo no deja de sorprender. Gabriel Andrés Solís Arias, hijo del contralor y suplente del diputado Javier Sucre (PRD), saltó a la fama hace poco, cuando propuso un anteproyecto de ley para hacer de uso obligatorio en todos los hogares panameños la instalación de detectores de gas. La iniciativa legislativa sería conveniente para todos los panameños, pero en especial para Solís Arias, quien figura como apoderado de dos sociedades anónimas que distribuyen detectores de gas. Este diputado suplente también aparece como secretario en la directiva de la sociedad Block Security, una agencia de seguridad que preside Menalco José Solís Díaz, hermano del contralor Solís. Como se puede ver, hay motivos evidentes para mantener esta lista bajo llave, aunque para el contralor Solís –el antiguo jefe de Castillo–las investigaciones publicadas por este medio sobre la fortuna que hizo su exasesora en tan poco tiempo solo son “una maravillosa historia de éxito”. UI UNIDAD INVESTIGATIVA MÁS INFORMACIÓN Escanea el código QR y lee la lista completa de los clientes prensa.com/
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