Tu opinión nos interesa [email protected] Economía &Negocios 1B LaPrensa Panamá, lunes 28 de octubre de 2024 PROCESO DE ARBITRAJE Avanzan demandas contra Panamá por cierre de minas El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha señalado en múltiples ocasiones queno se sentará a conversar con ninguna empresa que tenga demandas activas contra el país. Alex E. Hernández V. Especial de La Prensa [email protected] Las compañías mineras que tenían concesiones o intereses en Panamá no van a esperar a que el Gobierno decida cuál será el futuro de la extracción metálica. El presidente José Raúl Mulino ha señalado que primero se aprobarán las reformas a la Caja del Seguro Social (CSS) y después su administración abordará el tema minero. Mientras la atención del Gobierno se centra en la CSS, empresas como Orla Mining, que tenía tres concesiones para extraer oro en Cerro Quema, en la provincia de Los Santos, y Corporación Franco-Nevada, socia de First Quantum en la mina de Donoso, han avanzado con el proceso de arbitraje que interpusieron contra Panamá. Procesos de arbitraje y demandas millonarias En el caso de Orla Mining, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, ya designó a los tres árbitros que decidirán si la empresa canadiense tiene derecho a recibir los 400 millones de dólares que exige al Estado por la no renovación de sus concesiones. En Cerro Quema, donde Orla Mining asegura haber invertido 120 millones de dólares, las tres concesiones no se renovaron debido a la moratoria en la aprobación o renovación de concesiones mineras, establecida por la Ley 407 del 3 de noviembre de 2023, que prohíbe la minería metálica en todo el territorio nacional. Las concesiones en Cerro Quema incluyen un proyecto de oro a cielo abierto en etapa de prefactibilidad, un recurso de sulfuro de cobre y oro, y varios objetivos de exploración que se extienden por más de 10 mil hectáreas. Para decidir quién tiene la razón, si la empresa o Panamá, el Ciadi designó a Yves Derains, de Francia, como presidente, mientras que Horacio Grigera Naón, de Argentina, fue nombrado por la empresa, y Panamá seleccionó al también argentino Ignacio Torterola. En cuanto al proceso interpuesto por la Corporación Franco-Nevada, que exige una compensación de 5 mil millones de dólares por las pérdidas económicas sufridas por el cierre de la concesión de Minera Panamá, filial de First Quantum, el Ciadi, ubicado en Washington, Estados Unidos, está a la espera de que las partes alcancen un acuerdo para designar al presidente del panel. La compañía canadiense ya escogió como árbitro al alemán Klaus Sachs, mientras que Panamá seleccionó a José Antonio Rivas, quien tiene las nacionalidades colombiana y estadounidense. En 2016, Franco-Nevada firmó un acuerdo con First Quantum, en el cual se comprometió a desembolsar mil millones de dólares para financiar la construcción del proyecto minero ubicado en una concesión de 13 mil hectáreas en los distritos de Donoso y Omar Torrijos, en la provincia de Colón. Con este acuerdo, que tenía una duración de 20 años, Franco-Nevada tenía la opción de comprar parte del oro y la plata extraídos por Minera Panamá a un precio inferior a la cotización de ambos minerales en el mercado internacional. Franco-Nevada ha indicado en sus estados financieros que ha destinado más de 2 millones de dólares al proceso interpuesto contra Panamá. Ambos procesos se interpusieron bajo lo establecido en el Tratado de Libre Comercio firmado entre Panamá y Canadá en 2010. Sobre los procesos interpuestos contra Panamá, el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, ha señalado que, al ser procesos en curso, no puede opinar al respecto y se ha limitado a decir que el futuro de la minería en Panamá será revisado por el Gobierno el próximo año. Roderick Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), indicó que respeta la postura del Gobierno de esperar hasta 2025, pero aclaró que no la comparte, ya que considera que no solo se trata del futuro de la inversión en los proyectos cancelados, sino también de los efectos para las comunidades, proveedores y trabajadores afectados. “Esperar hasta el 2025 para abordar el tema afectará aún más la situación actual, que ya arroja cifras preocupantes para más de 24 sectores económicos de Panamá. Ya hay empresas quebradas y despidos que superan los 31 mil trabajadores, lo cual crea inestabilidad en la credibilidad y confianza para nuevas inversiones en Panamá”, explicó. Señaló que las empresas que han interpuesto arbitrajes contra Panamá no van a esperar a que el Gobierno se siente a negociar. “No pueden esperar; son procesos con tiempos jurídicos que deben respetarse”, acotó. Mulino ha señalado en múltiples ocasiones que no se sentará a conversar con ninguna empresa que tenga procesos de demandas activas contra el país. Demandas de First Quantum La compañía canadiense mantiene dos procesos activos contra Panamá, en los que solicita una compensación superior a los 20 mil millones de dólares. Durante una llamada con analistas de mercado, Tristan Pascall, director ejecutivo de First Quantum, confirmó que la audiencia final de uno de los arbitrajes se realizará en septiembre de 2025. Esta demanda fue presentada en la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y se presentó en base a la cláusula de arbitraje del contrato de concesión que el gobierno de Laurentino Cortizo firmó a finales de octubre de 2023, y que un mes después fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. El segundo proceso se presentó bajo los lineamientos del TLC con Canadá y la empresa asegura que tiene 3 años para avanzar con esta demanda. Donoso era la mina que más aportaba a los números de la empresa canadiense con más del 40% de su producción total de cobre, y un porcentaje similar en sus ingresos. Actualmente, First Quantum se concentra en incrementar sus operaciones en Zambia, donde cuenta con dos yacimientos. El ejecutivo también confirmó que la empresa no se ha reunido con Mulino, pero indicó que el programa de Preservación y Gestión Segura fue entregado el 27 de agosto, junto con una presentación formal al MICI el 25 de septiembre. “El plan aún está pendiente de la aprobación del gobierno y, por lo tanto, la empresa aún no ha implementado algunos aspectos del mismo”, indicó. El Gobierno ha señalado que, antes de aprobar cualquier plan presentado por la empresa, contratará una auditoría ambiental para evaluar el impacto que la operación minera ha tenido y establecerá un plan de acción para mitigar cualquier daño identificado. Sobre este punto, Pascall comentó a los analistas del mercado de valores que la esperanza de la empresa es que la auditoría esté lista para el momento en que el Gobierno se disponga a conversar. “Por el momento no se ha aclarado si se reanudará a principios del año que viene o, al menos, se abordará el problema a principios del año que viene”, dijo. Sobre las 121 mil toneladas de concentrado de cobre que están almacenadas en la mina de Donoso, el director ejecutivo de First Quantum dijo que el mismo está en condiciones razonables en términos de contenido de cobre. “Nos sigue preocupando la degradación del azufre en ese material, lo cual sigue planteando algún peligro para el medio ambiente. Lo mejor para el medio ambiente y para todos los que están allí es que se envíe ese material. Entendemos que es la intención del gobierno hacerlo mediante la aprobación del plan de gestión segura de conservación, que permitiría el traslado de ese material. Creemos que es importante que eso ocurra tan pronto como sea posible en la práctica”, dijo Pascall. Se estima que la venta del material podría alcanzar los 200 millones de dólares. First Quantum ha señalado que los fondos de la venta se utilizarían en el programa de preservación de la mina, ubicada en una concesión de 13 mil hectáreas. La empresa asegura que es dueña del material porque se procesó antes del fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia el 28 de noviembre de 2023. La semana pasada, el ministro de Comercio anunció que la Contraloría General había refrendado el contrato para que la empresa SGS Panamá Control Services realice la auditoría del estado real del concentrado. El acuerdo, de 73 mil dólares, indica que la empresa deberá realizar pericias físicas y químicas del concentrado, distribuido en pilas de aproximadamente 14 metros de altura por 180 metros de largo. El presidente de Camipa opina que la demora en aprobar el programa presentado por la empresa arriesga el trabajo que Minera Panamá ha realizado con fondos propios, los cuales no son infinitos. Advirtió que las instalaciones se están deteriorando, por lo que podrían colapsar y generar problemas ambientales irreversibles. En sus estados financieros del tercer trimestre, First Quantum indicó que, en ese periodo, destinó 13 millones de dólares al mes para mantener las condiciones de los equipos y las barreras ambientales en óptimas condiciones. Para los últimos meses del año, espera un gasto similar. “Durante el trimestre, las actividades en el sitio (Donoso) se redujeron aún más con la disminución de los equipos activos para la instalación de gestión de relaves y el mantenimiento de la mina a cielo abierto. La compañía está gestionando activamente los costos del plan de manejo y conservación de la mina y ajustará el nivel de empleo y el costo de estas actividades de acuerdo con las condiciones sobre el terreno en Panamá”, detalló la empresa en sus estados financieros. Reacciones del sindicato de trabajadores Consultado sobre el número de trabajadores en la mina, Michael Camacho, directivo del sindicato Unión de Trabajadores de Minera Panamá (Utramipa), indicó que actualmente se mantienen más de mil trabajadores activos en el proyecto, aunque señaló que en los últimos meses se han registrado retiros bajo la figura de mutuo acuerdo. Comenta que han enviado cartas al MICI y al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para conocer qué pasará con el futuro de los trabajadores, ya que ha pasado un año desde el cierre del proyecto, pero a la fecha no han recibido respuesta. Al ser consultada sobre la posibilidad de reducir aún más la cantidad de trabajadores en Donoso, que antes de la suspensión superaba los 5 mil colaboradores, Minera Panamá informó que ha estado implementando varias opciones para los empleados con el fin de evitar la reducción de personal. “Nuestra opción sigue siendo el diálogo y esperamos poder entablar dicho diálogo con las autoridades para una solución en conjunto. Como tal, el concentrado restante en el sitio sigue siendo un asunto urgente y uno que esperamos pueda resolverse lo antes posible”, indicó la empresa. Altas demandas y costos millonarios $400 Millones, es la cantidad que exige Orla Mining al Estado panameño, como compensación por la no renovación de sus concesiones. $5 mil Millones, demanda la Corporación Franco-Nevada a Panamá por las pérdidas económicas tras el cierre de la concesión de Minera Panamá. $13 Millones al mes, es la cifra que First Quantum destinó en el tercer trimestre para el mantenimiento de equipos y barreras ambientales en la mina de Donoso. La empresa canadiense Orla Mining reclama una compensación de $400 millones por la no renovación de las tres concesiones que tenía en Cerro Quema para extraer oro. Alexander Arosemena EMBALSE GATÚN EMBALSE ALHAJUELA 87.46 pies 239.03 pies Nivel de aguas mínimo - 75 pies Nivel de aguas mínimo - 190 pies 77 83 87 195 205 215 Infografía: LP - Fuente: ACP Niveles de lagos afluentes del Canal
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