11A LaPrensa Panamá, lunes 28 de octubre de 2024 Opinión En tiempos de crisis del IVM CSS Francisco Sánchez Cárdenas [email protected] He escuchado objetivos y valiosos debates sobre la grave crisis del IVM de la CSS. Algunos quieren ignorar que el problema del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) se originó desde su fundación, en la primera mitad del siglo pasado, y desde entonces, y no por la estructura del modelo de pensiones, si no por la mala administración, la politización y la corrupción que se inició cuando se pensionaban personas, por amiguismo y politiquería, que no tenían derecho alguno. Esto fue continuado y agravado por una acentuación de corrupción, la mediocridad de varias generaciones de administradores y la irresponsabilidad de los tres últimos gobiernos. Hoy, con un gobierno que le ha tocado la inevitable tarea de enfrentar la crisis, seguimos viendo un enfrentamiento ideológico de conceptos, estrategias y objetivos. Dadas la condiciones sociales, económicas y políticas del país, esta situación de enfrentamiento es inoportuna y contraproducente dado el peligroso nivel de inestabilidad social como consecuencia del desempleo, el alto costo de la vida, la insatisfacción por los malos servicios básicos, el narcotráfico, la falta de justicia, la impunidad, etc. Hoy, entre otros, hay dos grupos poderosos en posiciones equidistantes. Uno de ellos pretende soluciones desde la perspectiva de la lógica de la empresa privada de inversión y ganancia. Para ellos la solución es de innovación sesgada y para justificarse afirman que los ingresos del Estado no dan para más, y que ya están destinados a otros gastos. Pero obvian reconocer que la economía del país da para “malgastar ”400 millones en Juntas Comunales, 800 millones en subsidio de arroz, 200 millones en una Asamblea Nacional corrupta, y no mencionan los millones de Riego de Tonosí, comida deshidratada, Techos de Esperanza, la descentralización paralela, los auxilios económicos, las cirugías bariátricas, Odebrecht, New Business, Blue Apple, y los más de 1,000 millones en incentivos a constructores de hoteles turísticos, así como la retención ilegal de cuotas obrero patronales destinadas a la CSS y sus oportunas moratorias, como tampoco la evasión de 1500 millones del Itbms. Este mismo grupo ubica la solidaridad en el rango de limosna o migaja con un 120 a los 70. El otro grupo lo resuelve todo con un discurso basado en una solidaridad de espíritu humanista sin tomar en cuenta la característica individualista del ser humano, cuyos valores deben ser moderados por las Biblias, los códigos y las autoridades. Por ello no es ético, prudente ni político, despojar a los cotizantes del subsistema individual de sus cuotas y ahorros y volcarlos en el subsistema de reparto definido que no está funcionando. La riqueza del país es su geografía, su belleza turística, su ecología, su hoy proscrita riqueza geológica y su gente, que cuando se le prepara bien es eficaz y eficiente. Ahí tenemos el ejemplo de nuestro canal manejado 100% por panameños. Es cierto que los múltiples ingresos que son parte de un PIB de cerca de $80 billones están destinados a variados propósitos, pero somos testigos que a través de la caja única del gobierno han pasado expeditamente a la increíble corrupción generalizada. Además de combatir la maldita corrupción, ya es hora de que parte de los réditos que se originen de los múltiples hubs, zonas francas y libres, los puertos, consulados marítimos y otros, empresas privatizadas, y el Canal, se utilicen para responder a las urgentes necesidades sociales que nos agobian, entre otras la crisis del IVM. De igual manera, ya es hora que se ponga orden en el tema de los subsidios e incentivos eternos. Llegó el momento de que todos comprendamos que los cambios demográficos y las expectativas de vida son cambiantes, pero con buena voluntad y adecuada administración las repercusiones no deben ser dramáticas, tal como lo serían ahora si se aplican medidas paramétricas que afectan a un pueblo asfixiado, y como lo serán en un futuro con las exiguas pensiones que otorgaría un subsistema individualista de ahorro. Esperamos que las autoridades actuales, que valientemente afrontan el problema, no harán recaer el gran peso de las soluciones sobre los más débiles. Las autoridades deben llevar el país hacia el siguiente nivel de desarrollo donde la mala distribución de una riqueza, que forjamos todos con nuestro esfuerzo, sea historia superada y no presente agobiante. Escribo todo esto porque observo algunas intenciones de hacer cambios para que todo quede igual, aunque mejor solo para algunos, cuando escucho a grupos que opinan que los recursos del Estado hoy ya están bien empleados, y cuando escucho a economistas de prestigio que, con el afán de aterrorizar a la sociedad, hacen similitud de la deuda externa con la crisis del IVM que, aunque relacionadas, son de diferente origen y manejo. Uno de los grupos lo resuelve todo con un discurso basado en una solidaridad de espíritu humanista sin tomar en cuenta la característica individualista del ser humano, cuyos valores deben ser moderados por las Biblias, los códigos y las autoridades. EL AUTOR es médico Salvar la CSS, responsabilidad de todo buen presidente Debate Carlos Pareja [email protected] Sumar buena fe, liderazgo y una jerarquía transformadora logrará un bienestar social sostenible. “La política tradicional no permite conocer la realidad diaria de la Caja de Seguro Social (CSS), que está en etapa terminal. Sin embargo, utilizando la herramienta de eficiencia conocida como ‘diag - nóstico situacional’ llevado a cabo por profesionales idóneos, independientes y apolíticos, se puede evaluar si la gestión es eficiente o corrupta, y si se cumplen los reglamentos, normas y protocolos de manera vinculante, con rendición de cuentas. Actualmente, la CSS está secuestrada políticamente, sometida a la discrecionalidad manipulada. Se maquillan los detalles de la gestión diaria de atención en salud, lo que impide hacer los ajustes pertinentes, a pesar de contar con un capital humano técnico y administrativo de excelente calidad, que ha sido arrasado por el ‘tsunami politi - q u e r o’. Este equipo está desmotivado y confundido debido a la mafia política enquistada en la institución, lo que también afecta la transparencia en el manejo y estatus de los fondos de la CSS. Tradicionalmente, esta información ha sido monopolizada por los círculos cercanos a la Presidencia y la Asamblea Nacional. Es evidente que la CSS sigue secuestrada, una secuela de gobiernos anteriores, que la han tratado como un botín político: unos $7 mil millones de presupuesto y 42 mil puestos de trabajo. En cada administración se tejen argumentos discrecionales, excusas egocéntricas y manipulaciones, siguiendo una tradición que Noam Chomsky describiría como una estrategia para mantener el control, como se ha visto en las compras de rubros, carnes y otros alimentos. Respetuosamente, presidente José Raúl Mulino, confiamos en su valentía y buena fe para renacer la CSS mediante una nueva ley. No se deje confundir por la tradición de su círculo cercano, que podría ocultarle la verdad, distrayéndolo con asuntos menores. Es una práctica común en estos círculos ‘panameños’, donde se actúa con base en suposiciones como ‘creo, intuyo, pienso, opino, me parece’, sin considerar la verdadera situación. La política de salud ha deshonrado la meritocracia, priorizando la participación partidista, recomendaciones y clientelismo, en lugar de la experiencia y probidad personal. Ojalá nombre una comisión por seis meses compuesta por idóneos e independientes, y mejor aún si incluye extranjeros de países con buenos sistemas de salud como Uruguay y Costa Rica. Este diagnóstico situacional permitiría realizar los ajustes necesarios en el personal, adecuar las instalaciones sanitarias y optimizar el uso de recursos, medicinas e insumos. También se podría elaborar una ley o reglamento en sintonía con los avances científicos mundiales. Panamá tiene un tesoro invaluable en su capital humano, con más de 30 mil profesionales técnicos que, con verdadero nacionalismo, y basados en un diagnóstico situacional con reglamentos humanizados, garantizarían el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, capítulo VI, artículo 109, que obliga al Estado a velar por la salud de todos los habitantes del país, que ya superan los 4.5 millones. La salud es un estado de bienestar en todo sentido, un derecho inalienable del ser humano, que la política criolla tradicional ha soslayado y manipulado discrecionalmente a través de los grandes medios. Presidente Mulino, Panamá lograría un bienestar social general y reduciría sustancialmente la desigualdad y pobreza actual si transforma sosteniblemente la gestión diaria de la CSS para que sea efectiva, eficiente y eficaz, con un costo-beneficio positivo para la nación. Permitir que la CSS recupere su autonomía y sea gestionada bajo los principios de la meritocracia, sin interferencias de la política partidista, sería un paso fundamental para el país. EL AUTOR es médico jubilado Una política tributaria para rescatar la CSS Seguridad social Klaus Bieberach [email protected] Los tributos incluyen impuestos y contribuciones sociales, entre otras fuentes de financiamiento público. La evolución del sistema sin una política tributaria clara ha creado un esquema que discrimina entre asegurados y no asegurados. La Caja de Seguro Social (CSS) es, en esencia, una institución de seguros, no una aseguradora cualquiera, sino una entidad con fines sociales creada para cubrir “riesgos ”(principalmente enfermedades, accidentes y pérdida de capacidad de generar ingresos) y para gestionar programas de importancia vital para el Es tado. En este contexto, resulta contradictorio que las cuotas pagadas a la institución pública de seguridad social no sean deducibles del impuesto sobre la renta, mientras que los pagos realizados a proveedores privados de seguros médicos, gastos médicos y fondos de pensiones sí lo son. Ambos gastos tienen el mismo objetivo. Es decir, el asegurado en el régimen estatal paga impuesto sobre la renta por el gasto destinado a su salud y jubilación (cuota), pero el contribuyente que cubre esos mismos riesgos por medios privados no enfrenta una carga fiscal similar. Cabe recordar que la CSS recibe cuotas sobre los ingresos de sus afiliados, a quienes otorga beneficios, mientras que el Estado recauda impuestos tanto de afiliados como de no afiliados y sirve a ambos grupos. Si asegurados y no asegurados reciben la misma atención médica, los asegurados se ven discriminados. En cambio, si el Estado hace una contribución que beneficia solo a asegurados, el no asegurado queda en desventaja, pues sus aportes se destinan exclusivamente a un grupo al que no pertenece. La diferencia entre la CSS y el Estado se hace evidente en el financiamiento de las pensiones, que benefician a asegurados con diversos niveles de poder adquisitivo: el sistema no debería constituirse en un mecanismo de transferencia de recursos desde no asegurados con bajos recursos hacia asegurados con mayores ingresos. La definición de una política tributaria clara permitiría alinear las respuestas a las necesidades con su financiamiento de manera justa. Hay oportunidades, como en la compatibilidad entre el sistema de jubilaciones y el programa “120 a los 65”. Los afiliados contribuyen a su pensión; quienes no contribuyen pueden calificar para una ayuda del Estado. Una política tributaria clara podría rediseñar el programa “120 a los 65 como una red de seguridad financiada por el Estado, proporcionando una base de ingresos a la que puedan aplicar tanto asegurados como no asegurados, mientras que las pensiones a cargo de la CSS podrían constituirse como un beneficio extra. Esto permitiría al Estado conceder el beneficio de “120 a los 65 a los asegurados que califiquen, reduciendo la carga de la CSS y mitigando la discriminación. Una revisión sobre la razón de ser de la CSS como entidad de seguridad social, y no como sustituto de un trabajo digno, revela que pagar beneficios sin que el riesgo asegurado se haya materializado discrimina contra quienes financian dichos beneficios. La jubilación es la prestación que mitiga la pérdida de ingresos por la disminución de la capacidad laboral debido a la vejez. Sin embargo, actualmente la CSS otorga pensiones a personas con plena capacidad laboral, quienes concluyen su vida laboral en contra de su voluntad por programas de retiro, aunque aún tienen mucho que aportar a la sociedad. Por tanto, las reformas a la CSS deberían considerar limitaciones al beneficio de la pensión en la medida en que el asegurado no sufra una disminución en sus ingresos. Existen muchos temas adicionales que nuestro sistema ha mantenido en el olvido, como la atención a las necesidades de los trabajadores panameños expatriados, quienes dejan de cotizar mientras son asignados fuera de Panamá. Concluimos este artículo con la reflexión de que debemos definir una política tributaria clara para rediseñar la seguridad social que nos protegerá en las próximas décadas. Resulta contradictorio que las cuotas pagadas a la institución pública de seguridad social no sean deducibles del impuesto sobre la renta, mientras que los pagos realizados a proveedores privados de seguros médicos, gastos médicos y fondos de pensiones sí lo son. EL AUTOR es abogado tributario
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