2A LaPrensa Panamá, miércoles 23 de octubre de 2024 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Javier Cachafeiro, de testaferro en caso del PAN a asesor presidencial JUICIO Mónica Palm Juan Manuel Díaz [email protected] Javier Cachafeiro Richa, uno de los investigados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionado con las irregularidades en el manejo del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), es ahora asesor en la Presidencia de la República. El juicio por este caso inició ayer martes 22 de octubre, pero Cachafeiro no será finalmente procesado porque alcanzó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, en el que se comprometió a participar como testigo y contar sobre el manejo de las coimas en las contrataciones y compras realizadas por el PAN durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). Precisamente, Cachafeiro testificó en el primer día de juicio y reconoció su participación como testaferro de Rafael Guardia Juárez, hijo del exdirector del PAN, Rafael Guardia Jaén. $6,000 como asesor El acuerdo de Cachafeiro con la fiscalía fue validado por la juez Águeda Rentería el pasado 24 de agosto. Para entonces, Cachafeiro ya tenía casi dos meses como funcionario en la Presidencia. Su nombramiento consta en el buscador de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Anati). Devenga $6,000 al mes, que se pagan a través de la planilla 172. La fecha de inicio de labores es el 2 de julio de 2024. Como asesor de Mulino, Cachafeiro viajó en misión oficial a Nueva York del 19 al 26 de septiembre pasado, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Por ese viaje, la Presidencia gestionó el pago de un viático de $1,400. La entidad envió la solicitud de pago el pasado 19 de septiembre y la Contraloría General de la República la respaldó al día siguiente. Lo que testificó Cachafeiro En el primer día de juicio, Cachafeiro -que acordó participar como testigo de la fiscalía- contó que fue “enga - ñado” por Guardia Juárez, con quien mantenía amistad desde el año 2005. La cercanía era tal, que Alcaldes y ediles exigen la totalidad de los fondos de la descentralización Dana Castañeda, presidente de la Asamblea, advirtió que si no se resuelve el recorte presupuestario a la descentralización, no habrá presupuesto para 2025. Resaltó la importancia de esta herramienta para mejorar infraestructura y atender las necesidades urgentes de las comunidades locales. PRESUPUESTO Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] La mañana de ayer 22 de octubre, la Asamblea Nacional fue testigo de una manifestación inusual: cerca de 500 representantes y 100 alcaldes, provenientes de todos los rincones del país, se reunieron en un ambiente de creciente tensión. Con pancartas en mano y voces firmes, exigían la defensa de los fondos destinados a proyectos de inversión que, según ellos, son el motor del desarrollo local. Uno de los primeros en tomar la palabra fue Jorge Herrera, diputado del Partido Panameñista y presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, quien se dirigió a la multitud: “Si de 700 juntas comunales cinco hicieron algo malo, para eso están los tribunales de justicia”, afirmó con tono enérgico. Herrera se refería a la cuestionada descentralización paralela, durante el gobierno anterior, en el cual se transfirieron unos 320 millones de dólares, sin los debidos controles, a gobiernos locales mayormente en manos del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Luego dijo: “Hay que transparentar el sistema de los gobiernos locales, pero no se puede satanizar a las juntas comunales”, añadió. Los gritos de apoyo no tardaron en escucharse. El conflicto está en los recursos con los que contarán 701 juntas comunales y 81 municipios el próximo año. De cara al próximo año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene contemplado destinar un presupuesto de 140.4 millones de dólares para la Autoridad Nacional de Descentralización, lo cual luego se transfiere a las juntas comunales. Esta cifra representa una reducción de 57.1 millones de dólares en comparación con los 197.5 millones de dólares asignados en 2024. Dentro de estos 57 millones de dólares menos, el recorte más significativo es de 43 millones de dólares en el presupuesto destinado al Programa de Inversión de Obras Públicas y de Servicios (PIOPS), el cual juega un papel fundamental en el financiamiento de proyectos comunitarios. El impacto El impacto de la medida se observa en las 81 alcaldías del país, a las que no se les ha asignado ningún monto del presupuesto correspondiente al programa PIOPS. Según la normativa, cada alcaldía debería recibir 110,000 dólares anualmente para proyectos de inversión local. Sin embargo, en la propuesta del presupuesto para 2025, el monto asignado es cero, lo que representa un déficit de 8.9 millones de dólares en comparación con lo que dicta la legislación. El panorama no es mejor para las juntas comunales. De las 701 que existen en el país, solo 88 recibirán los 110,000 dólares completos que por ley les corresponde, mientras que las restantes 695 verán reducidos sus fondos a la mitad, con apenas 55,000 dólares asignados para el próximo año. Este recorte representa una reducción total de 34 millones de dólares, generando serias dudas sobre la capacidad de estas juntas para seguir ejecutando proyectos clave, como obras de infraestructura, mejoras de servicios básicos y otras iniciativas locales. Para la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, esta medida representa un “retroceso” en el tema de la descentralización. “El 80% de los gobiernos locales son nuevos y estamos comprometidos con la transparencia y la participación ciudadana”, apuntó. En palabras de Hernández, los gobiernos locales, a diferencia de las demás entidades, son los únicos que realizan consultas ciudadanas antes de ejecutar una obra con estos fondos. Además, hizo referencia a que los recursos que se están reclamando están establecidos en la legislación. Como se recordará, el artículo 112-A de la Ley 37 de 2009, modificada por la Ley 66 de 2015 sobre descentralización, establece la asignación a todos los municipios de los recursos provenientes de la recaudación del impuesto de inmuebles, estimado en 110,000 dólares a cada junta comunal. Por su parte, Miguel Batista, presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá, subrayó que hay que buscar una solución al recorte presupuestario, puesto que, de lo contrario, varias alcaldías y juntas comunales no podrán brindar una respuesta a las comunidades el próximo año. Mientras tanto, el diputado de la coalición Vamos, Neftalí Zamora, dijo que no cumplir con la ley es cercenar a los gobiernos locales. “Este no es dinero para planilla, y más del 90% es para inversión. En los últimos años no se ha respetado este tema”, puntualizó. Castañeda responde a los ediles Por su parte, la diputada y presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, manifestó que la descentralización es la herramienta clave para mejorar la infraestructura y atender las necesidades de la población. Durante su intervención, Castañeda hizo hincapié en el impacto directo que tiene la descentralización en las comunidades. “Salvamos vidas, enterramos gente, resolvemos problemas de agua”, afirmó, recordando que la descentralización es la única política que se realiza a través de la consulta ciudadana, garantizando que las decisiones estén alineadas con las prioridades de la población. Uno de los grandes desafíos que enfrenta la Asamblea es la aprobación del presupuesto antes del 31 de octubre, una fecha que, según Castañeda, impone una presión considerable sobre el proceso. Aun así, destacó la disposición del Ejecutivo para colaborar en la búsqueda de una solución que permita cumplir con la ley de descentralización y atender las necesidades urgentes de los municipios, muchos de los cuales ya han realizado consultas ciudadanas para definir sus proyectos prioritarios. Aseguró que los diputados, quienes tienen la responsabilidad de aprobar el presupuesto, trabajarán de la mano con el MEF para encontrar un camino viable. “Si no se resuelve [el recorte a la descentralización], no habrá presupuesto”, dijo la presidenta de la Asamblea a ediles y alcaldes presentes. Los alcaldes y representantes se presentaron ayer a la Asamblea Nacional. Isaac Ortega cuando Guardia Jaén fue gerente general del Banco Hipotecario (antes de ir a dirigir el PAN), lo contrató en dicha entidad. Interrogado por el fiscal anticorrupción Ariel De Gracia, narró que Guardia Juárez le propuso ser agente residente y representante legal de algunas sociedades (como Kalúa,S.A. y Musashi Investment, s.A.), pero que nunca imaginó que estas serían utilizadas para facilitar algún ilícito. Según las investigaciones, a través de esas sociedades se movieron millones de dólares, a fin de blanquear las coimas pagadas por contratistas del PAN. Relató que nunca preguntó a los Guardia para qué querían esas sociedades. Se enteró cuando todo “explo - tó”en los medios de comunicación. Dijo que incluso firmó documentos en blanco, algunos de los cuales le fueron entregados en su oficina por Loraine Guardia Juárez. A Cachafeiro le preguntaron qué hacía ahora en Presidencia. Dijo que no quería responder, pero, emplazado por la juez Rentería, expresó que daba asesoría en temas “sensitivos”. Tampoco quiso responder cuánto ganaba. No tuvo que hacerlo porque la juez decidió que esa respuesta no era necesaria para el correcto desarrollo del juicio. Los hijos de Guardia Jaén están siendo enjuiciados, pero él no, porque ya pactó un acuerdo de pena con la fiscalía. Cuando terminó su participación (que se extendió por casi una hora), Cachafeiro se retiró de la sala, con su abogado William Parodi. Un grupo de diputados de la Asamblea Nacional ayer martes. Isaac Ortega Dana Castañeda, presidenta de la Asamblea. Archivo
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